14 de marzo de 2018

Las incidencias urbanísticas del anteproyecto de ley que modifica la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía


Autor: Gonzalo García Weil, abogado
Responsable de Formación continua en el Colegio de Abogados de Málaga

La Sevilla del Siglo XVI 

El BOJA del pasado 7 de marzo  publica la Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de Bienes Culturales y  Museos, por la que se somete al trámite de información pública el  anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

El plazo de información pública es de 20 días contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el BOJA.

El  anteproyecto se puede consultar a través de la web .Las alegaciones pueden presentarse, además de en el registro de entrada de la Consejería de Cultura y por los medios que señala el artículo 16.4 de la ley 39/2015,  de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante correo electrónico dirigido a informacionpublica.dgbcym.ccul[@]juntadeandalucia.es

Para el legislador andaluz la experiencia acumulada en la aplicación, de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, aconsejan modificar determinados aspectos "para mejorarla, optimizarla y adecuarla a necesidades que han surgido en su aplicación desde la entrada en vigor hace más de diez años y, del mismo modo, adaptarla a recomendaciones internacionales en materia de protección de bienes Patrimonio de la Humanidad"

A continuación destacamos algunas de las modificaciones de índole o alcance urbanístico que se proponen:

1.- Con la nueva redacción a los apartados 1, 2 y 3 del artículo 13, se regula un breve procedimiento para la declaración de los bienes muebles, las actividades de interés etnológico (ambas categorías se incorporan al Inventario con esta modificación) y los bienes inmuebles, como integrantes del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz, que prescinda de trámites innecesarios, y al mismo tiempo, posibilitar que la incorporación a los catálogos urbanísticos de los municipios se realice de manera inmediata sin tener que esperar a la elaboración o modificación de los mismos, fijándose un plazo máximo de 2 años desde la publicación de la resolución en que se les reconozca como integrantes del patrimonio histórico andaluz para la aprobación definitiva de la innovación (en el supuesto de ser necesaria) y sin que dicha obligación pueda quedar excusada por la existencia de un planeamiento contradictorio con la protección de los bienes incluidos en el Inventario, ni por la inexistencia de planeamiento que contemple a los referidos bienes.

2.- Se incluye una Subtipología de “paisaje cultural” dentro de la figura de Zona Patrimonial (adaptación a la  Convención Europea del Paisaje , Florencia, año 2000 y al  Convenio Europeo del Paisaje del Consejo de Europa del año 2000).

3.-  Prohibición de alineaciones nuevas, alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones en Conjuntos Históricos, Sitios Históricos, Lugares de Interés Etnológico, Lugares de Interés Industrial o Zonas Patrimoniales, hasta la aprobación definitiva del planeamiento con los contenidos del artículo 31 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, al objeto de armonizar esta Ley con la legislación estatal de patrimonio histórico, hecho que ha sido puesto de manifiesto en diversas sentencias judiciales.

4.-  Se modifica el artículo 33 para dar satisfacción a una demanda reiterada de simplificar y agilizar el trámite de autorización administrativa de obras o actuaciones en el patrimonio histórico, de esta manera se suprime la necesidad de autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico para la realización de obras interiores, siempre que no afecten al subsuelo, a la estructura y configuración arquitectónica y a elementos decorativos del patrimonio histórico, y afecten a inmuebles comprendidos en el entorno de un Bien de Interés Cultural y en inmuebles incluídos en Conjuntos Históricos, Sitios Históricos, Zonas Arqueológicas, Lugares de Interés Etnológico, Lugares de Interés Industrial o Zonas Patrimoniales, que no estén inscritos individualmente en el Catálogo General del Patrimonio Andaluz.

5.-  Obligación de la presentación de una  evaluación de impacto patrimonial a los titulares de cualquier proyecto que incida en elementos del Patrimonio Mundial situados en Andalucía.

6.- En las demoliciones de inmuebles incluidos en "Lugares de Interés Industrial" será necesaria, en determinadas circunstancias, la autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.

7.- Se procede a una delegación de competencias en los ayuntamientos con plan urbanístico de los previstos en el artículo 30 de la  Ley 14/2007, de 26 de noviembre, que podrán autorizar directamente, en aras a una mayor agilización y simplificación de la tramitación administrativa, las obras y actuaciones que cumplan con el planeamiento urbanístico aprobado y que afecten a inmuebles inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y sus entornos, reservándose sólo la Consejería competente en materia de patrimonio histórico la competencia para autorizar las obras y actuaciones en Monumentos, Jardines Históricos y Zonas Arqueológicas.

8.- Se modifica el  artículo 59.2 de modo que la excavación arqueológica se entienda hasta la profundidad a la que se esté afectando al subsuelo en cualquiera de los sistemas de cimentación existentes que sea necesario, para evitar  una mayor afección al subsuelo del que contempla el aprovechamiento urbanístico, que  puede irrogar daños irreversibles al patrimonio arqueológico existente en dicho subsuelo. 

9.- Se modifica el régimen sancionador (nueva redacción a los artículos 109, 110, 112, 118 y 119 del Titulo XIII), para, de esta forma, atender a lo establecido en materia de régimen sancionador por  la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece en su artículo 29.3 que en la imposición de las sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción.

Se establece un plazo de seis meses para la resolución y notificación del procedimiento sancionador.

En cuanto a la  prescripción de las sanciones, se adapta a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, (por ejemplo el "dies a quo"  será desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla).

Como a todo anteproyecto de ley, le queda por delante el tradicional recorrido legislativo en el que suelen producirse modificaciones de mayor o menor calado, pero con este breve estudio del mismo he querido adelantar las modificaciones de índole o alcance urbanístico que conllevará la modificación la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Imagen inicial: atribuída a Alonso Sánchez Coello [Public domain], via Wikimedia Commons

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