14 de marzo de 2018

Las incidencias urbanísticas del anteproyecto de ley que modifica la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía


Autor: Gonzalo García Weil, abogado
Responsable de Formación continua en el Colegio de Abogados de Málaga

La Sevilla del Siglo XVI 

El BOJA del pasado 7 de marzo  publica la Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de Bienes Culturales y  Museos, por la que se somete al trámite de información pública el  anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

El plazo de información pública es de 20 días contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el BOJA.

El  anteproyecto se puede consultar a través de la web .Las alegaciones pueden presentarse, además de en el registro de entrada de la Consejería de Cultura y por los medios que señala el artículo 16.4 de la ley 39/2015,  de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante correo electrónico dirigido a informacionpublica.dgbcym.ccul[@]juntadeandalucia.es

Para el legislador andaluz la experiencia acumulada en la aplicación, de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, aconsejan modificar determinados aspectos "para mejorarla, optimizarla y adecuarla a necesidades que han surgido en su aplicación desde la entrada en vigor hace más de diez años y, del mismo modo, adaptarla a recomendaciones internacionales en materia de protección de bienes Patrimonio de la Humanidad"

A continuación destacamos algunas de las modificaciones de índole o alcance urbanístico que se proponen:

1.- Con la nueva redacción a los apartados 1, 2 y 3 del artículo 13, se regula un breve procedimiento para la declaración de los bienes muebles, las actividades de interés etnológico (ambas categorías se incorporan al Inventario con esta modificación) y los bienes inmuebles, como integrantes del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz, que prescinda de trámites innecesarios, y al mismo tiempo, posibilitar que la incorporación a los catálogos urbanísticos de los municipios se realice de manera inmediata sin tener que esperar a la elaboración o modificación de los mismos, fijándose un plazo máximo de 2 años desde la publicación de la resolución en que se les reconozca como integrantes del patrimonio histórico andaluz para la aprobación definitiva de la innovación (en el supuesto de ser necesaria) y sin que dicha obligación pueda quedar excusada por la existencia de un planeamiento contradictorio con la protección de los bienes incluidos en el Inventario, ni por la inexistencia de planeamiento que contemple a los referidos bienes.

2.- Se incluye una Subtipología de “paisaje cultural” dentro de la figura de Zona Patrimonial (adaptación a la  Convención Europea del Paisaje , Florencia, año 2000 y al  Convenio Europeo del Paisaje del Consejo de Europa del año 2000).

3.-  Prohibición de alineaciones nuevas, alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones en Conjuntos Históricos, Sitios Históricos, Lugares de Interés Etnológico, Lugares de Interés Industrial o Zonas Patrimoniales, hasta la aprobación definitiva del planeamiento con los contenidos del artículo 31 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, al objeto de armonizar esta Ley con la legislación estatal de patrimonio histórico, hecho que ha sido puesto de manifiesto en diversas sentencias judiciales.

4.-  Se modifica el artículo 33 para dar satisfacción a una demanda reiterada de simplificar y agilizar el trámite de autorización administrativa de obras o actuaciones en el patrimonio histórico, de esta manera se suprime la necesidad de autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico para la realización de obras interiores, siempre que no afecten al subsuelo, a la estructura y configuración arquitectónica y a elementos decorativos del patrimonio histórico, y afecten a inmuebles comprendidos en el entorno de un Bien de Interés Cultural y en inmuebles incluídos en Conjuntos Históricos, Sitios Históricos, Zonas Arqueológicas, Lugares de Interés Etnológico, Lugares de Interés Industrial o Zonas Patrimoniales, que no estén inscritos individualmente en el Catálogo General del Patrimonio Andaluz.

5.-  Obligación de la presentación de una  evaluación de impacto patrimonial a los titulares de cualquier proyecto que incida en elementos del Patrimonio Mundial situados en Andalucía.

6.- En las demoliciones de inmuebles incluidos en "Lugares de Interés Industrial" será necesaria, en determinadas circunstancias, la autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.

7.- Se procede a una delegación de competencias en los ayuntamientos con plan urbanístico de los previstos en el artículo 30 de la  Ley 14/2007, de 26 de noviembre, que podrán autorizar directamente, en aras a una mayor agilización y simplificación de la tramitación administrativa, las obras y actuaciones que cumplan con el planeamiento urbanístico aprobado y que afecten a inmuebles inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y sus entornos, reservándose sólo la Consejería competente en materia de patrimonio histórico la competencia para autorizar las obras y actuaciones en Monumentos, Jardines Históricos y Zonas Arqueológicas.

8.- Se modifica el  artículo 59.2 de modo que la excavación arqueológica se entienda hasta la profundidad a la que se esté afectando al subsuelo en cualquiera de los sistemas de cimentación existentes que sea necesario, para evitar  una mayor afección al subsuelo del que contempla el aprovechamiento urbanístico, que  puede irrogar daños irreversibles al patrimonio arqueológico existente en dicho subsuelo. 

9.- Se modifica el régimen sancionador (nueva redacción a los artículos 109, 110, 112, 118 y 119 del Titulo XIII), para, de esta forma, atender a lo establecido en materia de régimen sancionador por  la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece en su artículo 29.3 que en la imposición de las sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción.

Se establece un plazo de seis meses para la resolución y notificación del procedimiento sancionador.

En cuanto a la  prescripción de las sanciones, se adapta a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, (por ejemplo el "dies a quo"  será desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla).

Como a todo anteproyecto de ley, le queda por delante el tradicional recorrido legislativo en el que suelen producirse modificaciones de mayor o menor calado, pero con este breve estudio del mismo he querido adelantar las modificaciones de índole o alcance urbanístico que conllevará la modificación la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

Imagen inicial: atribuída a Alonso Sánchez Coello [Public domain], via Wikimedia Commons

8 de marzo de 2018

Día Internacional de la Mujer: por la igualdad real


"La mejor manera de cambiar una sociedad es a través del ejemplo". Son palabras de Inmaculada Atencia, vicedecana del Colegio de Abogados de Málaga, en el acto celebrado ayer con motivo del Día Internacional de la Mujer. En su intervención destacó también que la actual Junta de Gobierno de la institución colegial, presidida por el decano, Francisco Javier Lara, es la primera paritaria en los 241 años de historia de la corporación, y que también es la primera vez que una mujer ocupa el cargo de vicedecana. “Os animo a que seamos ejemplo en el día a día”, ha señalado Atencia a las asistentes, al tiempo que ha resaltado todos los avances que se han conseguido en las últimas décadas. 

Por su parte, Isabel Ferrer, miembro de la comisión de Derechos Humanos del Colegio, ha resaltado la importancia de la educación en igualdad y ha agradecido especialmente  la presencia de profesoras y estudiantes en el acto. 

En el acto de ayer se leyeron reseñas biográficas de mujeres que han destacado por sus aportaciones en los ámbitos jurídico, médico, científico, político o artístico, y han participado autoridades como la presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, Lourdes García Ortiz; representantes de los grupos municipales del Ayuntamiento de Málaga, la presidenta de la Confederación Española de Abogados Jóvenes, Mara Monreal; la inspectora de la Policía Nacional Susana Prieto, abogadas, periodistas, la jugadora del Málaga CF Femenino Adriana Martín, profesoras, estudiantes y miembros de colectivos sociales, como Málaga Acoge. También han participado diputadas de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Málaga, la directora del Centro de Formación y la Defensora del Colegiado. 

Podéis ver las fotos del acto aquí 

La vicedecana se ha referido a la brecha salarial como uno de los caballos de batalla para conseguir una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y ha manifestado que, para atajarla, lo primero es ser conscientes de que existe. Compartimos su discurso durante un reciente acto celebrado en La Térmica (Centro de Cultura contemporánea de la Diputación de Málaga)  con motivo del Día Internacional de la Igualdad salarial.




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1 de marzo de 2018

Influencia de la liquidación de la sociedad de gananciales en la pensión compensatoria

Autor: Juan José Reyes Gallur, abogado.
Especialista en Derecho de Familia

Imagen de la serie Divorce 

En junio de 2012 analizaba aquí las sentencias que dictó Doña Encarnación Roca en esta misma materia, pero creo que es necesario abordar nuevamente este interesante tema, puesto que acaba de dictarse, el día de los enamorados, una nueva sentencia del Tribunal Supremo, (Id Cendoj: 28079110012018100078), en virtud de la cual vuelve a reiterarse la doctrina de la extinción de la pensión compensatoria cuando se produce la liquidación de la sociedad de gananciales y el cónyuge beneficiario de la pensión compensatoria percibe bienes en exclusiva, le produzcan rentas o no, pues puede venderlos en último caso.

La STS de fecha 24 de noviembre de 2011 establecía que “a partir del momento de la adjudicación ostenta la titularidad exclusiva de los bienes adjudicados, lo que le va a permitir una gestión independiente. Por ello es también adecuado que se acuerde una pensión temporal, tal como ha efectuado la sentencia recurrida.”, ello sin perder de vista cuáles fueron los argumentos en los que se fundó la concesión de dicha pensión, y si ha habido alteración cabe la supresión limitación temporal, como ocurrió en el caso que culminó con esta sentencia.

Posteriormente la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 4 de abril de 2017 procedió a rebajar la pensión compensatoria al haberse fijado aquella cuando la esposa carecía de ingresos, y ahora se le presumen tras la liquidación de gananciales:
"Téngase en cuenta que cuando se fijó la pensión ella carecía de ingresos, pues la explotación ganadera familiar la siguió administrando y gestionando el demandante. Sin embargo ahora, tras la liquidación de la sociedad de gananciales y adjudicación de bienes a ella, sí tiene ingresos que pueden rentar las fincas adjudicadas y, además, 210.000.-€ en metálico que sería la pensión de 1200.-€ mensuales durante 14 años. Por tanto esta circunstancia es sustancial y relevante para la modificación del quantum de la pensión".

Pero la actual sentencia de 14 de febrero de 2018 parece que da un paso más al frente y establece la supresión de la pensión compensatoria lisa y llanamente como consecuencia de la liquidación y adjudicación de los bienes al beneficiario de la misma.

Así nos dice que:
“A la vista de la doctrina mencionada, en interpretación de los arts. 97 y 101 del Código Civil , debemos declarar que procede la extinción de la pensión compensatoria al cesar la causa que la motivó, cual es la desaparición de la situación de desequilibrio.
Tras la liquidación de la sociedad de gananciales, la indivisión que afectaba a la titularidad de los bienes, ha devenido en atribución exclusiva de la propiedad y uso de los bienes adjudicados, con lo que los bienes han pasado a ser productivos para cada uno de los cónyuges, pudiendo disponer de los mismos, ya vendiéndolos o explotándolos, con lo que se aseguran una situación de estabilidad económica que se aproxima bastante a la existente antes de la separación conyugal y divorcio, con lo que al desaparecer la situación de desequilibrio, procede declarar extinguida la pensión compensatoria, al infringirse en la sentencia recurrida el art. 101 del C. Civil.”

Pero además, esta sentencia “en cuanto declara extinguida la pensión compensatoria·”, establece que “los efectos lo serán desde la fecha de la sentencia del juzgado ( art. 774.5 LEC ) ( sentencia 388/2017, de 20 de junio ), precepto éste aplicable al no poder equiparar la pensión compensatoria con la pensión de alimentos, por su diferente naturaleza jurídica.” .

Por tanto, y a modo de conclusión, parece que el Tribunal Supremo comienza a establecer una posibilidad, cada vez más clara, de solicitar la extinción de la pensión compensatoria tras la liquidación de gananciales, y la consolidación de la doctrina de los efectos retroactivos de la extinción desde la fecha de la sentencia de instancia.

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