Con clave administrativa: La nueva Ley de evaluación ambiental.

Alberto Jiménez Madrid

La nueva Ley de evaluación ambiental (Ley 21/2013, de 9 de diciembre) fue la protagonista de una nueva edición de “Con clave administrativa”, las sesiones formativas que organiza la Sección de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Málaga.
Alberto Jiménez Madrid, Doctor en Ciencias Ambientales, Profesor y Perito Judicial fue el encargado de analizar esta norma, que unifica la Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. y del RD Legislativo 1/2008 que aprueba el Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos) y que además, supone la transposición de dos Directivas comunitarias a nuestro ordenamiento:

• Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, sobre evaluación de las repercusiones de determinados planes y programas en el medio ambiente, 
• Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre, de evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, que la presente ley transpone al ordenamiento interno. 

Los objetivos de esta ley, son entre otros: homogeneizar la legislación, impulsar el desarrollo sostenible y simplificar y racionalizar los procedimientos de evaluación .Al respecto, Alberto Jiménez destacó que un término como “desarrollo sostenible” se trata de forma demasiado genérica en la Ley, un extremo que subrayó igualmente Gonzalo García Weil, coordinador de la Sección de Derecho Administrativo en su intervención.
Esta misma queja es aplicable a la exigencia de que la evaluación de impacto ambiental haga referencia al cambio climático. Entre las principales novedades destacan además:

• la exigencia por primera vez de una declaración de impacto ambiental para la fractura hidráulica horizontal o fracking,
• la inclusión del bunkering (que se recomienda traducir en español por  repostaje en el mar o transbordo de combustible, según la Fundéu) (entre las infracciones que se contemplan en la Disposición final 1ª (que modifica la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad) 
• el concepto de bancos de conservación de la naturaleza (Disposición adicional 8ª) que se definen como títulos ambientales o créditos de conservación y que serán otorgados por el Ministerio de Agricultura, Medio ambiente y o por las Comunidades Autónomas, según los casos. Su objetivo es compensar la pérdida de biodiversidad causada por la ejecución de proyectos con impactos ambientales. 

Otro punto de interés fue el relativo a la capacidad técnica del autor de los documentos de la evaluación de impacto, que se regula en el art. 16 ¿Qué se entiende por capacidad técnica? Alberto Jiménez señaló que la ley debería haber especificado más. Se ha perdido la oportunidad de tener en cuenta la labor que desempeñan los ambientólogos. El ponente reivindicó que tienen mucho que decir y aportar sobre esta materia.

Os dejamos a continuación el vídeo de su ponencia.



La sesión concluyó con las intervenciones de Gonzalo García Weil y María José Medialdea, de la Sección de Derecho Administrativo y Elisa Santiago, de la Sección de Urbanismo.
Gonzalo García Weil recordó algunos datos significativos:

• en España existen más de 10.000 expedientes sin resolver por parte de la Administración General del Estado 
• el período de espera medio es de 15, 9 años para obtener una resolución 

En este contexto surge una ley que pretende agilizar los trámites, aunque la voluntad política en su aplicación y en la dotación de recursos, como se puso de manifiesto durante el debate, jugará un importante papel.

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