Conflicto sobre autonomía local: la protección del litoral andaluz (II)

Autor: Manuel Castillo Ruiz,

Letrado de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto de Málaga

Miembro de la Sección de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Málaga

Las diputaciones Provinciales de Málaga, Cádiz, Granada y Almería han planteado ante el Tribunal Constitucional, un conflicto en defensa de la autonomía local frente al Decreto Ley 5/2012 de Medidas Urgentes en Materia Urbanística y para la protección del Litoral de Andalucía.

Las citadas Diputaciones Provinciales argumentan esencialmente:

• a) Inexistencia de la extraordinaria y urgente necesidad que se exige a un Decreto Ley. Las Diputaciones mantienen que la creación y regulación de un Plan de Protección del Corredor Litoral que hace el artículo 1.Uno, del Decreto Ley 5/2912, no responde a una extraordinaria y urgente necesidad, ni se justifica la misma, lo que obligaría a que se hubiese aprobado siguiendo el procedimiento legislativo, ya fuera ordinario o urgente. De esta forma, las Diputaciones entienden que la creación y regulación del Plan del Corredor Litoral es manifiestamente inconstitucional.
• b) Vulneración del principio de autonomía local. Al devenir inconstitucional, el artículo 1 del Decreto Ley, la medida cautelar de suspensión de los procedimientos de aprobación de los planes de sectorización y planes parciales contemplados en el artículo 2 deviene inane, al declararse nula la creación del Plan. 

Alegan las Diputaciones que estamos ante una norma con rango de Ley que viene a paralizar de forma indiscriminada el procedimiento de tramitación de cualquier plan de sectorización o plan parcial de suelo urbanizable que afecte a la franja de terreno litoral. Se trataría de una medida suspensiva que afecta de manera directa, y sin posible participación ni procedimiento alguno, a las competencias municipales en materia de planeamiento. Ni siquiera hay procedimiento administrativo, ni audiencia a los municipios afectados que hubiera permitido analizar motivadamente los supuestos concretos en los que se encuentran los distintos suelos urbanizables sectorizados y no sectorizados de todos los municipios afectados. Se trata de una ley Decreto que ya nuestro Tribunal Constitucional ha considerado en ocasiones contraria a las garantías constitucionales, no dándose la necesaria intervención del ente local afectado ni de los particulares. 

De esa forma se eleva a la categoría de norma con rango de ley lo que en todo caso debía ser un procedimiento administrativo en el que se analizaran los intereses supramunicipales, municipales y privados en presencia para tomar decisiones motivadas y justificadas con datos concretos y no genéricas y arbitrarias. Esta medida incluso impide a los Ayuntamientos afectados que puedan, en base al derecho a una tutela judicial efectiva, impugnarla ante la jurisdicción contencioso-administrativa, quedándole solo la vía abierta de la defensa constitucional de su autonomía local. Lo mismo mantienen las Diputaciones recurrentes respecto de la medida que contiene el art. 3 del Decreto-Ley referida a los plazos de adecuación de los planeamientos generales al POTA y la sustitución de la inactividad por parte de la Junta de Andalucía, pues supone no respetar la autonomía local impedir que el Ayuntamiento en cuestión tenga la posibilidad de demostrar en el seno de un específico procedimiento administrativo que el desarrollo propuesto es acorde a los criterios del POTA.

Otro tanto ocurre para las Diputaciones con la medida prevista en el Art. 1.Dos del Decreto Ley pues plantea ahora que el POTA sea vinculante para el planeamiento urbanístico general municipal, no encontrando ninguna medida que justifique tal cambio legislativo mediante un decreto ley.

El Consejo Consultivo de Andalucía, con fecha 20 de marzo actual, ha emitido el dictamen preceptivo relativo al conflicto en defensa de la autonomía local planteado por las Diputaciones, efectuando las siguientes consideraciones:

1. Que no concurre la legitimación ad causam exigida por la LOTC, ya que las provincias de Almería, Cádiz, Granada y Málaga no pueden sustituir procesalmente a los municipios integrados en su territorio, que son los titulares de las competencias supuestamente lesionadas.
2. Que no forma parte del conflicto en defensa de la autonomía local, la discusión sobre la concurrencia o no del presupuesto de extraordinaria o urgente necesidad para dictar el Decreto-Ley.
3. Que la suspensión por un plazo de dos años del procedimiento para la aprobación de los planes de sectorización y de los planes parciales en suelo urbanizable, incluidos en la franja de 500 metros, no lesionan la autonomía local porque se trata de una medida cautelar que tiene una clara vigencia transitoria y despliega sus efectos, exclusivamente, sobre determinados municipios y posee un reducido alcance material, para evitar una ilegalidad sobrevenida del planeamiento, no afectando al resto de competencias urbanísticas de los municipios. Medidas que vienen previstas en el art. 35.4 de la LOUA y en la Disposición Adicional Quinta de la misma.
4. Que tampoco lesiona la autonomía local establecer un plazo de 8 años para que los municipios se adapten al POTA y que, en caso contrario, la Consejería Autonómica competente pueda actuar por sustitución lo cual viene amparado en el art. 31.2.A.b de la LOUA.

El referido dictamen cuenta con un voto particular, formulado por dos Consejeros, en el que se manifiesta que las Diputaciones están legitimadas a tenor del art. 3.3 de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía que dispone: “La provincia es una entidad local determinada por la agrupación de municipios, cuya principal función, de conformidad con los mismos, es garantizar el ejercicio de las competencias municipales y facilitar la articulación de las relaciones de los municipios entre sí y con la comunidad autónoma de Andalucía.”

Los Consejeros discrepantes señalan que el Consejo Consultivo no ha delimitado adecuadamente el objeto del conflicto pues se ha centrado en los artículos 2 y 3 del Decreto-Ley 5/2012 sobre las medidas cautelares y urgentes adoptadas, que podrían ser procedentes sino partieran de una premisa errónea, y es que el conflicto en defensa de la autonomía local se dirige en primer lugar contra la inconstitucionalidad de la creación y regulación de un Plan de Protección del Corredor Litoral mediante lafigura del Decreto Ley, lo cual puede dar lugar a una vulneración directa de la autonomía local.

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Imagen inicial tomada de: http://www.andalucia.org/es/playas/