Autor: Rubén Fernández Vela
Consultor legal de tecnología y entornos digitales.
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La complejidad de los asuntos públicos hace que la mejor forma
para resolverlos sea contar con todos los agentes implicados, entre los que los ciudadanos destacan como uno de los principales.
Como explica U. Beck, “(...) políticamente hablando, es mucho más responsable y
democrático incorporar a una ciudadanía, cada vez más formada y competente, si de
verdad queremos gobernar con soltura y tino (...)” Así, una verdadera participación ciudadana en los asuntos de la administración puede
convertirse en uno de los mejores remedios para combatir y cambiar el momento actual, no solo de dificultad económica sino, también, de escepticismo e incredulidad fruto de la desconfianza sobre las
instituciones que nos representan.
El concepto de “Administración Pública” resulta bastante impreciso al comprender a todas las
organizaciones que tienen una función administrativa del Estado. La Constitución contempla una Administración que se desglosa en tres niveles: estatal, autonómico y local. En este último nivel y gracias a las
competencias transferidas a los municipios es donde, como ciudadanos, quedamos integrados en
su comunidad organizada, somos miembros de ese lugar haciéndonos titulares de
responsabilidades y derechos sobre el entorno
que lo delimita. Por tanto, se nos debería incentivar y motivar a participar y hacernos sentir
implicados. Por supuesto, otorgándonos los medios apropiados, no solo para ello, sino también para que veamos que
existe una respuesta por parte de la administración a nuestras
acciones, pudiendo comprobar que han sido tenidas en cuenta y han servido para
cambiar o mejorar las cosas.
Pero del deber al haber hay un abismo. El problema de la
Administración, en los tres niveles, es la absoluta falta de cercanía hacia sus
administrados, siendo inexistente un diálogo que es necesario y debe ser
constante, teniendo como resultado la unilateralidad de las administraciones a
la hora de tomar las decisiones. El único punto de conexión entre ciudadanos y
Administración se produce cada mil cuatrocientos sesenta días, esto es, cada
cuatro años momento en el que ejercen su derecho al voto.
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Prisma de la Conversación: visión de los medios sociales organizado por cómo la gente usa cada red. |
¿Puede el
abismo entre administradores y administrados ser eliminado? Sí. Gracias a Internet, la Web, entendida como su
servicio estrella, y las Redes Sociales, que pueden hacer que los canales de comunicación entre la ciudadanía y la Administración
se conviertan en más fluidos y la participación sea la manera más natural, sencilla
y continuada para todos los agentes implicados.
Esta forma de estructurar las relaciones de la Administración-Gobierno con los ciudadanos
se conoce como Gobierno Abierto (Open Government). Se trata de administrar y
gobernar mediante canales directos entre ciudadanos y administración gracias a
Internet. Con esta solución, se consigue un acercamiento de la administración a los ciudadanos -y viceversa- dotándose a
éstos de fórmulas de control, participación, toma de
decisiones y otros mecanismos en relación a las acciones del Gobierno. De esta
manera se hace real el concepto de democracia, gobernar entre todos, sintiéndose cada ciudadano parte de su entorno gracias a ser parte
de la administración
del mismo.
Es en el ámbito local
donde este modelo de Administración
permite obtener una mayor vinculación relacional. Se pueden observar hasta tres
tipos de “relaciones virtuales” con los ciudadanos: una informativa de la
actividad municipal, otra instrumental en la que se incluyen las relaciones
sobre los trámites con los ciudadanos y, finalmente,
una relación de coproducción entre ciudadano y administración.
La pregunta ahora es,
¿Cómo alcanzar esos niveles de
relación y que, además, resulten efectivos?
La Administración debe, en los procesos de diseño, desarrollo y evaluación de
las políticas públicas realizar una serie de acciones que le permitan, por un lado, mejorar la relación del gobierno con los ciudadanos en la
prestación de servicios, facilitando el acceso a las distintas áreas públicas a
través de los canales electrónicos, garantizando un acceso seguro a los
ciudadanos y volcando los servicios de la Administración en los distintos
entornos y plataformas digitales. Por otro lado, será necesaria una renovación de la gestión interna de los
Ayuntamientos, diseñando, en su rutina administrativa, fórmulas de
integración de los distintos canales de comunicación digital para la
tramitación de los procesos internos, desarrollo e implantación de políticas
públicas y gestión de los servicios. Finalmente, será esencial fomentar formas
de la participación democrática directa, incrementando el grado de implicación
ciudadana en la discusión, debate y participación en procesos de decisión de
los asuntos que les conciernen, aumentando la transparencia de la acción
pública.
Como nueva ágora del siglo XXI, la Web, a través de su
enorme potencial, puede elevar los niveles de democracia directa,
revitalizándola, convirtiendo a los ciudadanos en agentes activos, responsables
y co-constructores de la sociedad a la que pertenecen.
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Imagen inicial tomada de: http://theconversationprism.com.
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