Apuntes sobre la prisión permanente revisable

José Luis Díez Ripollés, durante su ponencia

La Sección de Derecho de Penal del Colegio organizó el día 26 de abril una Jornada dedicada al estudio del Anteproyecto de Reforma del Código Penal. Los ponentes fueron José Luis Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga, Ricardo Puyol Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal nº4 de Málaga y Luis Ángel Baeza Díaz-Portales, Fiscal Jefe de Marbella.Luis Ángel Baeza es además colaborador habitual en las actividades formativas del Colegio de Abogados de Málaga y profesor de la Escuela de Práctica Jurídica Antonio Naya del Colegio.

A lo largo de una intensa mañana se analizaron las líneas generales de la modificación, tanto de la parte general como de la especial del futuro texto. En esta entrada nos centraremos en el análisis que durante la jornada se hizo  de la prisión permanente revisable. Desde que se aprobó el Código Penal de 1995, se han realizado 26 modificaciones del mismo, señalaba Díez Ripollés, primer ponente. La modificación proyectada afecta a más de 200 artículos de los 600 que tiene el Código. Díez Ripollés llamaba la atención sobre el dato de que España es el segundo país en cuanto a porcentaje de encarcelamiento en el seno de la Unión Europea. La pena de prisión, afirmaba, es la protagonista de nuestro sistema penal.
Señalamos a continuación los principales rasgos de la modificación, destacados por los tres ponentes:

1. Persistencia en el reforzamiento de la tendencia rigorista: Continúa la línea de endurecimiento de las penas, compartida por los dos partidos mayoritarios. Además esta reforma afecta a derechos y libertades fundamentales. Se produce un endurecimiento de los delitos tradicionales contra la propiedad, con un sesgo clasista, en opinión de Díez Ripollés. Luis Ángel Baeza, por su parte, concluía que  esta es la reforma más dura de todas las que se han hecho, no sólo por el incremento de las penas, sino por la introducción de figuras nuevas que  considera muy peligrosas para la función del Derecho Penal.
2. Populismo: Los ponentes coincidieron al hablar de “populismo legislativo”. En este punto, Luis Ángel Baeza fue especialmente crítico, llamando la atención sobre el hecho de que en la propia Exposición de Motivos del anteproyecto se dice que se busca mejorar la imagen de la Administración de justicia (cita textual a continuación)

"La necesidad de fortalecer la confianza en la administración de justicia hace necesario  poner a su disposición un sistema legal que garantice resoluciones judiciales previsibles  que, además, sean percibidas en la sociedad como justas"

Centrándonos ya en la prisión permanente revisable nos encontramos, en palabras de Díez Ripollés, con una cadena perpetua que exige cumplir veinticinco años antes de la posibilidad de una revisión. De esos veinticinco, los primeros quince han de cumplirse en régimen de primer grado. En España, la cadena perpetua dejó de existir en 1870. En otros países, la cadena perpetua se empieza a revisar en torno a los quince años (en los países nórdicos esta cifra se reduce a ocho años). Cuando tenemos penas de cumplimiento efectivo de cuarenta años, ya estamos en la práctica ante una cadena perpetua.

Por su parte, Ricardo Puyol también se detuvo en la prisión permanente revisable, manifestando el punto de vista del Consejo General del Poder Judicial y haciendo referencia al informe que este órgano emitió sobre el anteproyecto. La prisión permanente revisable es una pena nueva, sin embargo, afirmaba Puyol, el legislador no ha querido llamar a las cosas por su nombre. Como se dice en el citado informe del CGPJ:

"La prisión permanente revisable no se incluye en el catálogo de penas del artículo 33 vigente, dando así a entender que se trata de una simple pena grave de prisión superior a cinco años. Tampoco se describe su contenido en el artículo 35, cuando define la pena de prisión. En consecuencia, si el anteproyecto fuera aprobado en su actual redacción, en ninguna parte del Código penal estaría definida esta nueva pena, debiendo suponerse entonces que se trata de una pena de prisión perpetua, aunque ni siquiera se utiliza este ‘nomen iuris’, sino el de prisión permanente.
Esta técnica legislativa no es admisible en la legislación penal, que está sometida a los principios de seguridad jurídica para evitar ámbitos de incertidumbre, inconcreción y, en suma, de inseguridad jurídica (artículo 25.1 de la Constitución). Según aquilatada doctrina constitucional, la garantía material derivada del artículo 25.1 de la Carta Magna lleva consigo la exigencia de que la norma punitiva permita predecir con suficiente grado de certeza las conductas que constituyen infracción y el tipo y grado de sanción del que puede hacerse merecedor quien la cometa."

La prisión permanente revisable según el CGPJ  podría por tanto conculcar el principio de legalidad, más que el de reinserción como fin de la  pena. En este sentido, el CGPJ se basa en  que no se excluye al  penado de prisión permanente revisable del régimen general de beneficios.Las críticas del CGPJ se refieren también a  la indeterminación de la duración de la pena, basándose en jurisprudencia europea. En países como Alemania, Italia o Francia se contempla la cadena perpetua pero con plazos de revisión perfectamente tasados, a los que ya nos hemos referido. Además, no debería dejarse en manos de los tribunales la determinación de los plazos de revisión, para evitar disparidad de criterios. Ricardo Puyol coincide con Díez Ripollés en la crítica a la Exposición de Motivos del anteproyecto: la introducción de la prisión permanente revisable no tiene una razón político-criminal que la justifique. Así se deduce de los datos sobre criminalidad incorporados en el informe del CPGJ.

Queremos terminar con algunas de las reflexiones de Luis Ángel Baeza,  quien afirmaba que el problema no está  en el Código Penal, sino en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el pretendido Código Procesal Penal. ¿Es realmente necesario reformar el Código Penal? Una reforma del Código Penal debe ser reflexionada y sobre todo consensuada. Las modificaciones legislativas deberían ir acompañadas de una memoria económica, ya que, como ocurre en este caso, muchas de las modificaciones propuestas no son viables económicamente. 

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