Telefonía móvil y cumplimiento de la normativa de protección de datos: caballo de batalla del consumidor.

Autora: María Teresa Martín de la Hinojosa, abogada

Sección de Derecho de Consumo del Colegio de Abogados de Málaga

Secretaria General de la Asociación de  Consumidores Al-Andalus Málaga

En los últimos tiempos suele ser frecuente la vulneración de la normativa de protección de datos por parte de las operadoras de telefonía móvil  a las que hemos confiado nuestros datos personales cuando contratamos.

Ocasionalmente comunican  nuestros datos personales a un registro de solvencia patrimonial (ASNEF, EQUIFAX, etc.), con el consiguiente perjuicio moral y económico que ello supone al titular, el cual tiene conocimiento de dicha circunstancia cuando se persona en su entidad bancaria a financiar la compra de algún producto o  servicio, y se le deniega al estar inscrito en dichos ficheros.

Nos encontramos ante una infracción obvia del Artículo 40 del R. D 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el cual viene a decir que el responsable del fichero ha de notificar a los interesados respecto de los que hayan registrado datos personales, en el plazo de 30 días desde dicho registro, los que hubiesen sido incluidos, informándole asimismo de la posibilidad de hacer valer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Pero es más, el apartado 3 del precepto referido va más allá y exige que la notificación se efectúe  mediante un “…medio fiable, auditable e independiente de la entidad notificante, que la permita acreditar la efectiva realización de los envíos…”, y obviamente en todos estos casos, no se cumple con tal exigencia legal.

Otras veces, es una entidad ajena a la compañía telefónica la que remite una carta comunicando la cesión del crédito que la operadora decía tener con el usuario, la que hace saltar la voz de alarma, infringiendo una vez más la normativa en esta materia, concretamente el artículo 11.2 de la LOPD, ya que no se contó con el consentimiento previo de los titulares de esos datos para la cesión.

A mayor abundamiento, en algunos casos, NUNCA se ha mantenido relación contractual alguna con la operadora en cuestión, que ha tenido la “brillante ocurrencia” de solicitar la inclusión en dicho fichero.

Cítese la Sentencia de la Audiencia Nacional de 28 de septiembre de 2012, que viene a confirmar la sanción de 120.000 €  impuesta a una operadora por haber incluido en una lista de morosos a una persona que jamás había tenido vinculación contractual con dicha compañía.

Curiosamente alega la operadora que conserva copia del contrato de telefonía a nombre de la denunciante de la línea, y que el impago de varias facturas originó  la inclusión en fichero de morosos, concretamente  en el fichero ASNEF, por una deuda de 267,28 €.

Estamos ante un claro supuesto en el que en la contratación de la línea un tercero usó fraudulentamente el DNI de la usuaria para defraudar a la compañía, pero ésta no se cercioró de la identidad del contratante ni de la veracidad de los datos facilitados y aunque figura un contrato firmado, dicha rúbrica no coincidía con la existente en su DNI y la compañía telefónica no acredita que se le solicitase la exhibición del DNI ni se le solicitase fotocopia del mismo al tiempo de darle de alta como cliente.

Según la Audiencia Nacional,  la empresa, consideró suficiente que una persona le facilitara  nombre, DNI y una dirección (que no coincidía con la existente en el DNI) sin realizar ningún tipo de comprobación ni exigió documentación suplementaria a la mera manifestación verbal.

La compañía telefónica no solo trató los datos de la denunciante sin su consentimiento sino que además los asoció a una deuda inexistente, al carecer de una relación contractual en que sustentarla, y ante el impago de determinadas facturas remitió sus datos, sin que conste que efectuase un requerimiento previo de pago.

Concluyo con la Sentencia A.P. Palma de Mallorca 285/2012 de 5 de junio, la cual condena solidariamente a TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U y a la empresa cesionaria a indemnizar al actor con la cantidad de 12.000 € por los daños morales originados por ser incluido en un fichero de morosos por una deuda inexistente.

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Imagen superior tomada de http://www.infoautonomos.com