Aula de inglés jurídico (II): El proceso civil

En esta ocasión vamos a dedicarnos a explicar algo del proceso civil (civil procedure) en términos generales para aprender nueva terminología específica. El proceso se inicia interponiendo una demanda ante el juzgado (filing and issuing a claim form with the court) para lo cual hay que pagar una tasa (pay a fee).  En general parece que el demandante (claimant) tiene la posibilidad de elegir el juzgado ante el cual interponer la demanda (suit), no parece haber estrictas normas de competencia como existen en España. En el momento en que se incoa el procedimiento (proceedings are issued) se interrumpe el cómputo del tiempo de cara a la prescripción de acciones (for limitation purposes).

La demanda será notificada (served on) al demandado/a (defendant) quien deberá acusar recibo de la notificación (acknowledge service) en el plazo de 14 días desde la misma. Lo que la parte demandada recibe es un response pack, esto es, un paquete de formularios para las distintas posturas que puede adoptar frente a la acción ejercitada contra él o ella (the action brought against him/her), a saber: allanarse (admit the claim), contestar a la demanda oponiéndose (defend the claim) e incluso reconvenir (counterclaim).

El proceso civil es esencialmente escrito, como en nuestro caso, de tal manera que hasta el día del juicio (trial), lo que hay es un intercambio de escritos (statements of case) y en cuanto a la determinación del procedimiento, el juzgado remitirá unos cuestionarios a las partes para determinar la complejidad del caso (assess the complexity and importance of the case) y en base a esto derivarlo por uno de tres posibles cauces procesales. Así, una demanda civil se tramitará por una de estas tres vías en función de la cuantía del asunto (the amount involved) y la complejidad del mismo:

• The small claims track, para casos cuya cuantía no supere las 5.000 libras
• The fast track, para cuantías comprendidas entre 5.000 y 15.000 libras
• The multitrack, para cuantías superiores a las 15.000 libras

Una vez determinado el tipo de procedimiento, las partes se revelarán las pruebas documentales (documentary evidence) y de otro tipo que pretendan emplear en caso de llegar a juicio. Esta fase, denominada disclosure and exchange of evidence, se concibe como una forma que las partes muestren sus armas con un posible efecto disuasorio que les lleve a medir las fuerzas de su rival y a llegar a una solución extrajudicial (out-of-court settlement).

Finalmente y si las partes no logran llegar a un acuerdo (arrive at a settlement) el juzgado señalará fecha para la vista oral (list the case for trial). En el juicio, declararán los testigos (witnesses will give evidence), se considerarán todas las pruebas y tras las conclusiones finales de los abogados de las partes (submissions by counsel), el /la juez dictará sentencia (give judgment).

En cuanto a las costas y su tasación (assessment of costs) lo normal es que la parte perdedora sea condenada a su abono, debiendo calcularse su cuantía por medio de la tasación en caso de no producirse acuerdo entre las partes a este respecto.

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¿Testigos? ¡No, gracias! Pautas para un interrogatorio eficaz

El ponente durante su intervención

En esta entrada queremos resumir algunas de las reflexiones que Juan de Dios Camacho Ortega hacía sobre los interrogatorios en el marco del Curso Estrategias y técnicas procesales (particularmente laborales) celebrado los días 13 y 14 de septiembre en el Colegio de Abogados de Málaga. Juan de Dios Camacho es Magistrado-Juez  titular del Juzgado de lo Social nº 1 de  Córdoba. 

En su presentación, Juan de Dios Camacho se definió como un “investigador procesal privado”, que lleva 25 años estudiando  el proceso, siempre en relación con la vida. La vida está presente en la estructura medular del proceso.  Por eso, los abogados deberían ampliar su visión sobre el proceso, trabajando la empatía. Como abogados, debemos ser capaces de ponernos en el lugar y de pensar como el juez, como el compañero cuya tesis tenemos que rebatir y como nuestro cliente.

El jurista no debe quedarse en el estudio de las actualizaciones legales, en el conocimiento de la última reforma legislativa. Debe ir un paso más allá: estudiando y conociendo otras disciplinas. Él estudió, entre otras cosas, Sociología y Psicología, dedicando tiempo a leer psicología penal, especialmente norteamericana.  Centrándose más en el aspecto del testimonio, Camacho  afirmaba que los juristas tienen que estudiar la psicología del testimonio, la comunicación no verbal.  En este sentido, recomendó leer a Martínez Selva. Antes de comenzar a analizar la figura del testigo, Camacho nos dio una de sus reglas de oro: ¿Testigos? No, gracias

Los testigos conllevan un elemento de incertidumbre, ya que no podemos tener control sobre lo que finalmente van a declarar ni sobre lo que preguntará la otra parte.Si tenemos que usarlos, hay que prepararse muy bien. En un 80% de los juicios penales, la condena se basa en la declaración de un testigo. Por eso, hay que tener mucho cuidado con el testimonio. La mente humana es muy frágil. Debe intervenir un profesional adecuado.

Primero hay que entrevistar al candidato a testigo, después fidelizarlo y analizarlo, hasta decidir si lo usaremos.En la entrevista utilizaremos técnicas  como la escucha activa y  el parafraseo: le haremos un resumen de su propio testimonio para que nos lo confirme.

Lo ideal sería poder entrevistar al testigo en el lugar de los hechos, para  lograr recrear los recuerdos. Tenemos que eliminar las emociones, quedarnos con los hechos objetivos: en el juicio importan los hechos pertinentes, útiles y traídos legalmente al proceso.

Ejemplos de preguntas para la entrevista: aspectos que debemos tener en cuenta

• ¿Qué clase de testigo es? ¿Directo (estaba allí, en el lugar de los hechos) o indirecto?  
• ¿Qué hechos conoce el testigo? ¿Qué hechos necesito para probar y construir mi caso? Aquí, Camacho volvía a citar el art. 217 LEC que, en su opinión, debería presidir todos los despachos, todo abogado debería tenerlo siempre presente. 
• ¿El testigo tiene compromisos (tachas)? 
• ¿El testigo tiene debilidades? Nervios,  lenguaje corporal, etc.

En cada pregunta vamos a puntuar al testigo con un 1 o con un 0. Al finalizar la entrevista, y en función de la puntuación obtenida, decidiremos si lo vamos a usar o no en juicio, si el candidato se convierte finalmente en testigo.

Una vez que lo consideramos testigo, trabajamos con él en el despacho, antes del juicio: es la fase de verificación del testigo. Tenemos que instarle a decir la verdad.  Camacho recomienda ensayar  y trabajar, si es posible, llevarlo con nosotros a ver juicios, para que se familiarice con el escenario. No se trata de adoctrinar al testigo, sino de contarle lo que va a pasar. Preparar y ensayar éticamente con mi testigo no es ilegal, el no hacerlo es una irresponsabilidad.

Hay que cuidar también los aspectos formales  (la ropa, la manera en la que se va a presentar ante el tribunal) y la comunicación no verbal: el testigo habla incluso cuando no habla. No podemos descuidar su lenguaje corporal, sus miradas y gestos antes y después de su intervención en el juicio.

Una vez en sala, si el tribunal no hace al testigo las preguntas generales de la ley, debemos hacerlas nosotros. Hay que hacer preguntas narrativas, preguntas abiertas que permiten micronarraciones. Si podemos, más adelante  haremos preguntas de detalle (o seguimiento, en términos de psicología del testimonio). Es como una técnica del embudo, que aplicaremos de forma inversa en el contrainterrogatorio.

Otras reglas de oro: jamás preguntar si no conocemos la respuesta y hacer preguntas cortas. Imprimiremos un ritmo lento al interrogatorio, para que nuestro testigo esté tranquilo. También debemos inculcarle que responda de forma pausada a las preguntas de otra parte, para que nosotros podamos reaccionar y, en su caso, impugnar alguna pregunta. Por el contrario, en el contrainterrogatorio intentaremos imprimir un ritmo rápido.

Por último, debemos recordar que si el juez tiene que preguntar al testigo, los abogados de las dos partes han fallado como profesionales. En el curso de su intervención, Juan de Dios Camacho recordó la película Veredicto final (The Verdict, Sidney Lumet, 1982), cuando el abogado Frank Galvin (interpretado por Paul Newman) le decía al juez: “Señoría, si va usted a llevar mi caso, le ruego que no lo pierda”

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 Imagen superior: Departamento de Formación del Colegio de Abogados de Málaga

Reintegro de gastos sanitarios (II): reclamaciones

Autor: Francisco Damián Vázquez Jiménez, abogado

Sección de Consumo del Colegio de Abogados de  Málaga

Habitualmente el orden jurisdiccional social (al amparo del Art. 2 b LPL) sería el competente para atender este tipo de reclamaciones de reintegro de gastos sanitarios, por lo que sería necesario interponer la correspondiente demanda ante el Juzgado de lo Social, que en su momento dictará la correspondiente sentencia, frente a la cual cualquiera de las partes podrá presentar recurso de suplicación, en caso de que no sea favorable a sus intereses, y en su caso posterior recurso de casación por unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo

Sin embargo, a veces nos encontramos con resoluciones, en las que se indica que el orden jurisdiccional contencioso-administrativo es el competente, por lo que en esos casos se debe interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 meses desde la resolución desestimatoria. Por lo tanto, pueden existir conflictos o cuestiones de competencia entre el orden social y contencioso administrativo. En virtud del Art. 139 y s.s. Ley 30/92, de 26 de noviembre existirá un expediente de reclamación patrimonial administrativa y con base en el art. 2 e. LJCA, sería competente el orden contencioso administrativo para el conocimiento de los litigios de reintegro o reembolso de gastos sanitarios de medicina privada cuyo título no sea el derecho a la asistencia sanitaria en una urgencia vital en el sentido estricto de la expresión, sino la compensación o indemnización por funcionamiento anormal del servicio público sanitario.

Merece la pena detenerse en aquellos casos en los que además de la solicitud de reintegro de gastos sanitarios, existe un error o mala praxis médica que también se reclama por el paciente (lo que desgraciadamente es muy habitual). Por ejemplo, citando un caso real: ciudadano al que el correspondiente Hospital Público le realiza una serie de pruebas, le detecta un cáncer incurable, y por consiguiente lo desahucia ya que no es posible la intervención quirúrgica, viéndose el paciente obligado a acudir a la sanidad privada, para solicitar una segunda opinión médica, teniendo que sufragar de su bolsillo las nuevas pruebas diagnosticas, quimioterapia, gastos de desplazamiento y de estancia, etc, y sorpresivamente el Hospital privado le informa que existe un error de diagnóstico por parte del Hospital público y que no padece dicho cáncer.

En estos casos es aconsejable interponer dos reclamaciones: una de reintegro de gastos sanitarios, exigiendo la devolución de todos los gastos médicos ocasionados, y otra reclamación patrimonial administrativa requiriendo la correspondiente indemnización de daños y perjuicios causados por el error de diagnóstico y también los gastos médicos ocasionados. La reclamación patrimonial administrativa quizás sería más lenta, ya que habitualmente los servicios encargados de resolver las reclamaciones sanitarias en toda España presentan bastante dilación, siendo más rápidos los que resuelven los reintegros de gastos sanitarios, ya que son más ágiles y sencillos. No obstante, como consejo práctico, y como hemos realizado en ocasiones,  se podría interponer una reclamación de gastos sanitarios y a la vez una reclamación patrimonial administrativa (en esta última no solo se pide indemnización por la mala praxis médica, sino que también se solicitan los gastos sanitarios privados en los que ha incurrido el paciente).

De esa forma se tienen dos oportunidades de que se reconozca el pago de dichos reintegros sanitarios (social o  administrativo). Obviamente en el momento que sea abonado los gastos en uno de los expedientes, se deberá comunicar en el otro, para evitar un enriquecimiento injusto.

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Imagen superior tomada de: http://www.zurich.com.mx

Parejas de hecho vs PACS

Autor: Juan José Reyes Gallur, abogado.

Sección de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Málaga

Es evidente que siempre han existido y existirán al margen o conjuntamente con el matrimonio las mal llamadas parejas de hecho. Digo mal denominadas, porque a mi humilde entender, prefiero otros términos como el de parejas estables o  uniones civiles.

Ya en España se intentó por el Partido Popular, (estando en la oposición), presentar un proyecto de contrato de unión civil, que fue abandonado y como consecuencia surgieron las leyes de parejas de hecho/estables dictadas por las distintas comunidades autónomas, dudándose incluso de su constitucionalidad, a excepción de las que tienen competencias en derecho civil que pasaron de esas leyes a integrarlas en su derecho foral, como ocurre con el Código Civil catalán (Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia).Todas estas normas nacieron para regular las uniones entre parejas del mismo sexo a los que no les era posible contraer matrimonio, situación que desaparece el  1 de julio de 2005, tras la ley 13/2005 que modificó el Código Civil.

Todas estas leyes siguen vigentes y exigen su inscripción en algún registro para su eficacia, olvidando  que seguirán existiendo parejas de hecho "de hecho", y que además de esas formas de convivencia "more uxorio" hay  otras uniones civiles  que obedecen a otras necesidades o conveniencias  y que excluyen el aspecto sexual. 

Pensemos en las dos señoras mayores que conviven juntas por puro interés económico y de compañía, solteras o viudas, que han compartido gran parte de sus vidas y su economía, ayudándose mutuamente, pero en las que sólo una es titular del contrato de arrendamiento de renta antigua. Y hete aquí que la titular fallece. Pues curiosamente si estuvieran  inscritas como pareja hay sucesión, pero si no lo están o no quieren hacerlo porque se les tacharía de una determinada orientación sexual, no hay subrogación en el contrato por la que sobrevive.

Pues bien, la legislación francesa  ha regulado estas situaciones con los Pactos de Solidaridad (PACS) de las que denominan uniones libres, y atendiendo a esas  regulaciones, y sobre todo a la práctica diaria, sería más que conveniente que como  el matrimonio entre parejas del mismo sexo ya está en nuestro Código Civil, deberíamos dar un paso más en nuestra mentalidad jurídica y ampliar el contenido de estas uniones libres, bien mediante los PACS o mediante el  contrato de unión civil pero a nivel de Código Civil común evitando así la disparidad de leyes autonómicas, los conflictos de competencia y la jurisprudencia muchas veces contradictoria.

Ya que nuestros legisladores  parece que quieren regularlo todo, que lo hagan en profundidad.

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  Imagen superior tomada de http://salutcestblonde.net