Escolarización del alumnado: cuestiones prácticas

La Sección de Diversidad Funcional del Colegio de Abogados de Málaga organizó el pasado día 27 de junio una sesión formativa sobre “Actuaciones administrativas en la Escolarización del Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo educativo”. En dicha sesión contamos con la presencia de Concha Niño, Coordinadora del Equipo Técnico provincial de Orientación Educativa y profesional  de la Delegación de Educación, y Yolanda Bermúdez, Orientadora y Coordinadora del Equipo de Orientación de Málaga Oeste.

Este es un tema en el que confluyen nuestro interés profesional y el interés personal como padres o familiares de menores en edad de escolarización. Vamos a empezar destacando dos conceptos  cuya comprensión estimamos muy útil para la lectura de esta entrada:

-alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (conocido con el acrónimo NEAE)

Es el alumnado que presenta alguna de las situaciones que podemos ver en este cuadro:

-adaptaciones curriculares: con este nombre se engloban las principales actuaciones que se ponen en marcha para atender a este alumnado y que se refieren a modificaciones en el currículo (entendido como programa de estudios y prácticas) de distinta profundidad.

Tras establecer el principal marco legal de la escolarización del alumnado (Ley Orgánica de Educación y Ley de Educación de Andalucía) Concha Niño nos recomendó, para cualquier consulta sobre normativa en este ámbito la página de la Asociación de Inspectores de Educación en Andalucía (ADIDE-A)

La sesión se centró en  explicar cómo se lleva a cabo la escolarización del alumnado con NEAE y cuáles son los principales problemas que surgen en la práctica, desde el punto de vista de las familias y desde el punto de vista de los abogados a los que dichas familias acuden en determinados  casos. Para determinar la escolarización, se parte de una evaluación psicopedagógica, llevada a cabo por los Equipos de Orientación Educativa (EOE), un equipo multidisciplinar que plasma su valoración en el llamado dictamen de escolarización. Este dictamen determina las capacidades y las necesidades del alumnado. Como abogados debemos tener en cuenta que este dictamen  es el fruto de un proceso largo y detallado que puede durar un año. El resultado será la recomendación de escolarizar al menor en una de estas modalidades, según el grado de atención específica que necesita:

•  a)   en un grupo ordinario a tiempo completo
•  b)  en un grupo ordinario con apoyos en períodos variables
•  c)  en un aula de Educación Especial
•  d)   en un centro especializado

Esta última es la que suele causar problemas en la práctica, ya que supone la escolarización fuera de un centro educativo ordinario. Los padres tienen la opción de señalar en el dictamen si están o no de acuerdo con la modalidad seleccionada. Concha Niño destacó que el porcentaje de reclamaciones es reducido. En este campo, como en el Derecho de familia, lo que prevalece es el interés del menor, por encima de las consideraciones de los padres.

En el caso de altas capacidades intelectuales (popularmente conocido como “superdotados”) es importante distinguir lo que las ponentes denominaron “talentos”, es decir, un niño o una niña que destacan en ámbitos concretos del currículo (por ejemplo en Lengua o Matemáticas) de los que verdaderamente  tienen sobredotación intelectual. En estos casos  destacan de forma global y sobre todo por su creatividad a la hora de resolver los problemas. La Junta de Andalucía ha puesto en marcha un Plan de Altas Capacidades Intelectuales, actualmente en vigor que contempla las distintas medidas para atender a este tipo de alumnado. 

Es también interesante consultar el completo Manual que la Junta ha publicado sobre los  servicios, prestaciones y recursos  educativos para el alumnado con  NEAE.

Durante la sesión se hizo hincapié en que el tratamiento administrativo no es igual en los centros públicos que en los concertados. La administración (en este caso, la Junta de Andalucía) destina una partida presupuestaria a cubrir las necesidades de los centros en esta materia, pero en los centros concertados, serán las empresas o fundaciones las que en última instancia decidan sobre la utilización de esos recursos. Por eso, las ponentes animaron a los asistentes a recurrir a la inspección educativa (cada centro, ya sea público o concertado,  tiene asignado un inspector) en el caso de observar anomalías o deficiencias en  los centros concertados.

Asimismo, Concha Niño y Yolanda Bermúdez destacaron la necesidad de realizar las distintas peticiones o reclamaciones a los centros por escrito para que, al igual que en el ámbito jurídico, tengan un mayor valor. Además, recordaron los efectos beneficiosos del aprendizaje entre iguales y nos presentaron el Proyecto de Comunidades de Aprendizaje, actualmente en fase de borrador. Este proyecto  es un paso más en las experiencias piloto que ya se han llevado a cabo en algunos centros andaluces y que supone hacer del centro educativo un centro abierto a todos los miembros de la comunidad, en el que se contempla e integra dentro de la jornada escolar la participación consensuada y activa de las familias, asociaciones y voluntariado.

La tendencia es pues, hacia la inclusión y la participación de todos los miembros de la comunidad. 

Cuadro: Manual de servicios, prestaciones y recursos  educativos para el alumnado con  Necesidades Educativas de Apoyo específico (accesible desde www.juntadeandalucia.es)