1 de febrero de 2017

Malos tiempos para la lírica...bancaria. El ITP-AJD y el prestatario

Autor: Diego Castro Pardo 
Asociado senior. KPMG abogados


Pocos días antes de tener conocimiento de un nuevo pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que castiga la práctica bancaria realizada durante los últimos años y que afecta, en esta ocasión, a la denominada “cláusula de vencimiento anticipado”, se dictó una interesante sentencia de un juzgado de primera instancia (concretamente, el número once, de Oviedo), que abordaba directamente la controvertida asunción, por parte del prestatario de la financiación, de pagar el importe concerniente al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Esta sentencia podría considerarse poco novedosa puesto que dicha controversia ya había sido objeto de análisis previamente y de manera reiterada por nuestros tribunales. Si bien, alcanza una importancia considerable si atendemos a que trata una cuestión sobre la que la sala Civil del Tribunal Supremo, ya en fecha 23 de diciembre de 2015, abrió una veda difícil de cerrar con los pronunciamientos recaídos en nuestros tribunales, al menos en la jurisdicción civil.

El Tribunal Supremo, en la citada sentencia en la que se analiza el carácter abusivo de varias cláusulas contenidas en contratos hipotecarios considera, apoyado en un razonamiento más breve que conciso, que los impuestos concernientes a las transmisiones patrimoniales (ITP) y el relativo a los actos jurídicos documentados (AJD) han de ser asumidos por la entidad que concede la financiación.

En este caso podría afirmarse que ha concurrido algo de inventiva para trasladar la carga impositiva de ambos impuestos a las entidades concedentes de la financiación cuando el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que regula los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados recoge, respectivamente en sus artículos 8 y 29, que el sujeto pasivo de dichos impuestos y, por lo tanto, obligado a su pago, son los adquirentes del bien o derecho.

Pues bien, el Supremo se desmarca de la clara redacción de dichos preceptos, y en lo que concierne al impuesto sobre los actos jurídicos documentados afirma que “[…] la entidad prestamista no queda al margen de los tributos que pudieran devengarse con motivo de la operación mercantil […]”, afirmación que parece hacer extensiva al impuesto sobre transmisiones patrimoniales, completándola con “[…] al menos en lo que respecta al impuesto sobre actos jurídicos documentados […]”.

Llegados a este punto, cabría plantearse por qué la sala de lo Civil del Tribunal Supremo afirma que, al menos en lo que concierne a la carga impositiva de los actos jurídicos documentados, el verdadero sujeto obligado a su pago sería la entidad que otorga la financiación. Sin embargo, a pesar de la considerable extensión de la sentencia citada, en lo que concierne a dicha inversión no resulta suficientemente clara, y no se alcanza a comprender el razonamiento expuesto. Para ello, es necesario acudir a otros pronunciamientos del propio Tribunal Supremo, aunque en este caso, de su sala de lo Contencioso.

En este sentido, debemos hacer referencia a la sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo Contencioso, de fecha 27 de marzo de 2006, y de la cual se hace eco la citada sentencia del juzgado de primera instancia número 11 de Oviedo. En ella, el Tribunal Supremo afirma que el interesado en que se expidan los documentos notariales son los prestatarios porque “[…] el derecho a que se refiere el precepto es el préstamo que refleja el documento notarial, aunque este se encuentre garantizado con hipoteca y sea la inscripción de esta en el Registro de la Propiedad elemento constitutivo del derecho de garantía […]”, algo que toma especial relevancia ya que, en el caso concreto del impuesto sobre actos jurídicos documentados, el artículo 29 de la norma citada anteriormente hace referencia a que será sujeto pasivo del mismo aquel en cuyo interés se expida el documento notarial. 

Así pues, de conformidad con lo expuesto por la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo el verdadero interés residiría en el perceptor de la financiación, y no en el concedente de la misma, puesto que el interés partiría de aquel que necesita una financiación para realizar un determinado acto jurídico, y no de la entidad financiera que cubriría su interés de asegurar el cobro de la financiación otorgada con la constitución de una garantía hipotecaria.

Estaremos atentos al próximo pronunciamiento del Tribunal Supremo al respecto, ya sea de su sala Civil, ya de su sala de lo Contencioso.

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foto inicial: pexels

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