25 de enero de 2017

Amanda Knox:presunta inocente



Últimamente se suceden los documentales basados en casos judiciales. En una entrada anterior analizamos el fenómeno O.J. (que en menos de dos años ha servido para crear una estupenda serie documental y otra serie de ficción). La moda ha llegado también a España, donde Movistar+ ha estrenado una serie de cuatro episodios sobre el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco.

En esta ocasión nos fijamos en el documental Amanda Knox, una producción propia de Netflix. El título, sencillo y directo, es un reflejo de lo que vamos a ver: la visión de la propia Amanda Knox sobre el asesinato de su compañera de piso, Meredith Kercher, en la idílica localidad italiana de Perugia. En 2007 este suceso conmocionó a toda Italia, y puesto que Amanda es estadounidense, y la víctima era británica, el seguimiento mediático tuvo un alcance global.

El documental, de un solo capítulo, ofrece una realización algo plana y su protagonista no consigue transmitir sus emociones, ni siquiera en los momentos más dramáticos, manteniendo una constante ambigüedad durante toda la filmación. Precisamente ese aire frío y distante fue una de las causas por las que Amanda Knox sufrió un terrible juicio paralelo, que recuerda al vivido por Dolores Vázquez en el caso Wanninkhof. La escasa simpatía que despiertan Amanda y Raffaele no puede desviar la atención de las irregularidades cometidas durante toda la investigación y parte del proceso.

La narración omite los testimonios de otras personas relacionadas con el caso y se centra en tres personas, además de Amanda: Raffaele Sollecito, el joven con el que en aquella época mantenía una relación; Guiliano Mignini, el Fiscal jefe, y uno de los principales periodistas que siguieron el caso, Nick Pisa, de The Daily Mail. A través de esas intervenciones podemos trazar los tres ejes de la narración: por un lado, los acusados (Amanda y Raffaele), por otro, la acusación y el poder judicial, y por último, la prensa.

Amanda y Raffaele fueron detenidos en los días inmediatamente posteriores al crimen y condenados un año y medio después a 26 y 25 años de prisión, respectivamente. Una tercera persona, Ruddy Gedde, fue también condenada a 30 años tras identificarse su ADN en el lugar del crimen y en la actualidad es el único de los acusados que continúa en prisión. 


La labor de Giuliano Mignini como jefe de la investigación dista mucho de ser objetiva, como él mismo reconoce en algún momento del documental. Más inquietante aún es la intervención de la prensa. Nick Pisa, lejos de sentir ningún remordimiento por su actuación, recuerda orgulloso su participación en la cobertura del caso como un hito en su carrera. Asistimos estupefactos al momento en que accede sin ningún problema al interior de las dependencias del forense y tiene acceso directo a sus informes. Esto nos da una idea del grado de ineficacia de la investigación, que se revela especialmente grave en lo relativo a la recogida y custodia de las pruebas.

De hecho, ese fue uno de los fundamentos de la sentencia de apelación que absolvió en primer lugar a Amanda y Raffaele, en 2011. El Tribunal Supremo italiano anuló esa sentencia y en 2014 el Tribunal de apelación de Florencia volvió a condenarlos. Por fin, en 2015, el Tribunal Supremo emitió una sentencia de absolución contra la que no cabía recurso alguno.

Entre tanto vaivén judicial, no podemos dejar de preguntarnos y preocuparnos por la víctima y su familia. Meredith Kercher es la gran ausente del documental. En una escena hacia el final, vemos a la madre de Meredith dirigirse sola hacia su casa. Es una buena metáfora de la invisibilidad que a veces, en casos como este, envuelve a la víctima.

Además del documental, existe una más que digna película para televisión: Amanda Knox, presunta inocente (2010) de la que hemos tomado el título para esta entrada, que cuenta en su reparto con nombres conocidos como Hayden Pannetiere interpretando a Amanda, y Marcia Gay Harden en el papel de su madre. Este telefilme nos da una idea más amplia de cómo era la vida de estas jóvenes en Perugia antes de que ocurriese el crimen y también para ver con más detalle las relaciones entre los implicados en un caso del que parece que nunca sabremos toda la verdad.


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vídeo inicial: youtube-netflix

11 de enero de 2017

La relación con la Administración por medios electrónicos: presente y futuro de esta obligación

Autor:
Raúl Pérez de Arévalo Ramos
Asociado del área de Litigación y Derecho Público de Cuatrecasas




Las nuevas tecnologías han modificado la forma de relacionarnos. Ya no llamamos a un amigo para quedar a una hora determinada en un sitio concreto, sino que intercambiamos “whatsapps” hasta que logramos hacer coincidir nuestras presencias en un restaurante con buenas valoraciones de los internautas; ya no tenemos un calendario en la nevera con los cumpleaños de nuestros seres queridos, sino que confiamos ciegamente en que alguna red social nos envíe un recordatorio para poder remitir la oportuna felicitación electrónica.

Esta revolución en las relaciones tenía que llegar, tarde o temprano, a la Administración Pública. Y si bien nuestro legislador ya había abierto un tímido camino “voluntario” a estas relaciones telemáticas con la Administración (véase la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos), vemos que es ahora cuando la forma de relacionarnos con la Administración cambia de forma radical, por medio de la entrada en vigor el pasado 2 de octubre de 2016 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común.

Esta norma, publicada el 2 de octubre de 2015 como sustituta de la veterana Ley 30/1992 (junto con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público), fijaba en su Disposición Final 7ª que su entrada en vigor se produciría “al año de su publicación en el Boletín Oficial del Estado”. Dejando, pues, un periodo de 12 meses para que las partes de la relación se habituaran a esa nueva forma de relación.

Y es que era necesario un periodo de adaptación, pues el artículo 14 de esta Ley 39/2015 dispone que, si bien las personas físicas pueden optar entre relacionarse con la Administración por medios electrónicos o por medio del tradicional formato “papel”, esta opción desaparece para personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, para quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional y, finalmente, para quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.

El citado artículo 14 se cierra, además, con un apartado 3 por el que se afirma que reglamentariamente podrá establecerse la obligación de que determinados colectivos de personas físicas de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos.

En resumen, lo que esta Ley nos viene a decir es que, desde el pasado 2 de octubre de 2016, todo el mundo está obligado a relacionarse telemáticamente con la Administración Pública, salvo las personas físicas y siempre que reglamentariamente no se haya dispuesto lo contrario.

Ahora bien, habiendo transcurrido más de tres meses desde la entrada en vigor, vemos que la llamada “administración electrónica” (término no contemplado en ninguna norma, pues lo único que ha cambiado es la forma de relacionarse con la Administración, pero esta sigue siendo la misma) no tiene una implantación efectiva.

Así, son mayoría las Administraciones Públicas que no disponen de un registro o sede electrónica que permita realizar todos los trámites que tradicionalmente se venían haciendo en formato papel. Esto es, nos han enviado a la batalla, pero desarmados.

Sí podemos señalar, como excepción notable y por ejemplo, el actual funcionamiento del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que se adelantó a la entrada en vigor de la Ley 39/2015 y fijó la obligación de usos de medios telemáticos desde el mes de enero de 2016 por medio del Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. El Tribunal cuenta con un registro funcional de interfaz intuitiva para el usuario y que contempla todas las actuaciones posibles ante dicho órgano. Y a pesar de contar con una limitación de capacidad en la presentación de escritos (máximo 5 Mb), facilita instrucciones claras sobre la posibilidad de realizar tantas presentaciones como sea necesario (por ejemplo, si nuestro escrito “pesa” 15 Mb, podremos realizar tres presentaciones sucesivas). Además, detalla los formatos de archivos compatibles para evitar errores.

No obstante esta excepción y a pesar de ser mayoritaria la falta de implantación de medios que permitan la obligada relación por medios telemáticos, vemos que el legislador no tiene intención de claudicar en la implantación de las nuevas tecnologías. Prueba de ello es la previsible aprobación este mismo año de dos normas especialmente relevantes en la disciplina del derecho administrativo: 

  • la nueva ley de contratos del sector público, con un proyecto cuya redacción actual -publicada el 2 de diciembre de 2016- incluye la obligación del uso de medios telemáticos para los licitadores y órganos de contratación (Disposiciones Adicionales Decimoquinta, Decimosexta y Decimoséptima)
  • El futuro Real Decreto, de carácter básico, referido al funcionamiento de la Administración electrónica (que ha sido objeto de Consulta Pública Previa publicada en la página web del Ministerio de Economía y Hacienda, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015) que pretende resolver los problemas y suplir las carencias de las Leyes 39/2015 y 40/2015 en esta materia.

Ante este panorama y a pesar de su lenta incorporación (y la inseguridad jurídica que quizá pueda sentirse por ello), no cabe duda de que la relación por medios telemáticos con la Administración electrónica ha venido para quedarse y, como tantas veces ha ocurrido, el transcurso del tiempo y la voluntad de las partes de la relación nos llevará a un sistema más ágil, seguro y eficaz. Y todo ello sin olvidar que la Ley 39/2015 ha venido a compensar esta nueva obligación regalando a los administrativistas una extensión de plazos, por medio de la declaración de los sábados como inhábiles (artículo 30.2).

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