16 de octubre de 2017

Conversaciones en el 13º Congreso Jurídico de la Abogacía de Icamalaga.


La conciliación de la vida laboral y familiar en la abogacía, con una ponencia defendida por nuestra vicedecana, Inmaculada Atencia Robledo, ha sido uno de los temas destacados del 13º Congreso Jurídico de la Abogacía de Icamalaga, #AbogacíaMLG . En materia de conciliación es necesario sobre todo cambiar la mentalidad, ir más allá de la cultura del presentismo. "Conciliación  no implica siempre hablar de mujeres, hombres, horarios y embarazadas" señalaba Inmaculada Atencia. Durante su ponencia se anunciaron además varias medidas por parte del Colegio para potenciar la conciliación, como la creación de la Comisión de Igualdad y Conciliación.

El programa formativo del Congreso ha estado formado por un total de 70 ponencias, divididas en 31 secciones y cuatro comisiones, cuatro mesas redondas y una mesa institucional. Se han abordado otras cuestiones de actualidad, como los delitos de odio en las redes sociales, la futura reforma legal para aumentar la protección de los animales, las llegadas masivas de inmigrantes en pateras, los efectos del Brexit en el sector inmobiliario, las reclamaciones por el cobro indebido de impuestos como el IBI o la plusvalía, la mediación como herramienta para solucionar conflictos, la Justicia Penal y la corrupción o la triple condena (penitenciaria, social y personal) que supone para una mujer entrar en prisión, así como asuntos relacionados con violencia de género, menores, Derecho Laboral, Bancario, Familia o Penal. 

Gracias a la colaboración con Lefebvre · El Derecho, os presentamos una serie de entrevistas con magistrados, profesores, catedráticos, abogados y fiscales que han participado como ponentes en el congreso. Todos abordan cuestiones relacionadas con el ámbito jurídico, realizando recomendaciones para evitar la comisión de delitos, abordando cuestiones judiciales relacionadas con las nuevas tecnologías o facilitando un interesante análisis de la normativa vigente española.

Os dejamos aquí la lista de reproducción en nuestro canal de Youtube, en la que se incluyen también entrevistas con algunos de los coordinadores de las distintas secciones formativas del Congreso. Próximamente estará disponible la tertulia del Congreso, también realizada gracias a la colaboración con Lefebvre y la Sección de Gestión de Despachos.



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4 de octubre de 2017

Plusvalía: cuándo procede su pago

Autor: Federico Nicolás Carrizo, abogado
Carrizo Abogados




Uno de los temas jurídicos más actuales, junto al de las cláusulas suelo y la devolución de los gastos notariales ha sido el propiciado por el pago del impuesto conocido como plusvalía. El mismo se regula en el Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba la Ley de Haciendas Locales, y su nombre técnico es el de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que interesa destacar puesto que ahí radica en buena parte su controversia a la hora de tributar o no el impuesto.

Antes, es preciso analizar dentro del mencionado Reglamento 2 artículos; a) artículo 104 que define la naturaleza del impuesto como un impuesto directo que grava el incremento que experimentan los terrenos urbanos a consecuencia de una transmisión…… Y b) artículo 107 que define su base imponible, la cual está constituida por el incremento del valor de los terrenos urbanos.

De ambos, se deducen varios requisitos fundamentales para que se pueda generar el impuesto, tal y como se estableció en la Stcia del TC de fecha 16/02/2017: se configura este impuesto cuando se dan 3 requisitos; a) que se transmita un suelo; b) que en el momento de la transmisión ese suelo sea urbano; y c) que se haya producido un incremento real del valor del suelo.


Pues bien, es evidente que el tercer requisito c) no se produce en algunos casos, y sin embargo, las haciendas locales han aplicado unas normas de valoración objetivas e irreales para devengar igualmente el impuesto.

Una razón por la cual en los últimos años no hay incremento de los valores del suelo es como consecuencia de la pasada crisis económica. Es evidente, que durante los años de “boom” inmobiliario los precios sufrieron unas subidas que no eran reales. Unos años más tarde, y durante la crisis, muchos propietarios se vieron en la obligación de desprenderse de tales inmuebles a un precio menor por el cual se adquirieron. A pesar de vender por un precio menor del que compraron, y no darse las circunstancias para que se devengara el impuesto, las haciendas locales seguían emitiendo el impuesto, y por lo tanto era obligatorio su pago.

A raíz de esta situación se interpusieron varias demandas a nivel autonómico (Sentencias del TSJ de Cataluña de 18 de Julio de 2013, número 805/2013, y 3.120/2012 de marzo de 2012). En todas ellas se declara dar primacía al artículo de la LHL 104 sobre el 107, lo que quiere decir, que para imponer el impuesto, habría que acreditar el incremento real del valor del inmueble, ya que si no existiera, no se generaría el tributo, no habría sujeción al impuesto simplemente como consecuencia de la no existencia del hecho imponible.


Posteriormente, y al hilo de lo anteriormente expuesto, se interpuso la cuestión de inconstitucionalidad n.º 1012-2015 por el Juzgado Contencioso nº 3 de Donostia en base a sus normas forales sobre los artículos 107 y 110.4 de la Ley de haciendas locales por posible infracción al principio de capacidad económica (art. 31 CE) y al derecho de defensa (art. 24 CE). Lo que interesa destacar de esta sentencia del TC de fecha 16/02/2017 es el análisis que hace de los artículos del Real Decreto en cuestión, ya que de la forma que lo habían venido aplicando los Ayuntamientos, se aplicaba la norma mediante un método objetivo de valoración (que no tenía porque ser real)

En otro orden de cosas, esta sentencia sienta las bases sobre las cuales se podrán no pagar las plusvalías cuando se venda a un valor inferior al que se compró, ya que la estimación objetiva que se venía haciendo del impuesto (tanto a nivel autonómico como estatal) no contemplaba una minusvalía, por lo que se gravaba un incremento ficticio del terreno.


Dicha sentencia no admite la cuestión de inconstitucionalidad, sin embargo en su fallo estima parcialmente la misma declarando inconstitucionales y nulos los artículos forales únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Finalmente, tenemos otra sentencia del TC de fecha 11 de Mayo de 2017 que argumenta análogamente. La misma, si estima la cuestión de inconstitucionalidad, declarando inconstitucionales y nulos los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, pero únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Podemos concluir diciendo que para que se devengue dicho impuesto, evidentemente se tienen que dar los 3 requisitos expuestos en la Sentencia de fecha 16/02/2017, y el que ha generado más controversia es especialmente el incremento real del valor del suelo, que puede ser fácilmente acreditado con las escrituras de compraventa.

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imagen inicial: pexels

27 de septiembre de 2017

¿Qué es el grooming?

Autora: Carmen Andrey Martín, abogada
Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla


A estas alturas todos tenemos claro que Internet y las Redes Sociales han supuesto más que un cambio, una auténtica revolución a la hora de comunicarnos; somos conscientes de sus efectos positivos pero lógicamente, como todo, no solo tiene pros sino también contras: el acceso a “comunidades virtuales” como Facebook, Twitter o Instagram, entre otras, donde los adolescentes (que son unos auténticos nativos digitales) suben y comparten fácil y asiduamente fotos y vídeos de carácter personal les hace más vulnerables a la posibilidad de convertirse en víctimas de alguno de los llamados ciberdelitos, como es el caso del grooming

El término grooming procede del inglés groom que significa literalmente “acicalar” o “cuidar” y, en un sentido más amplio, el aplicable a este caso, “engatusar” o  “embaucar”; de esta forma, el grooming consiste en contactar y embaucar a un menor para, bien mantener una relación sexual con él, bien para que le muestre imágenes de contenido pornográfico y en las que lógicamente sea protagonista el propio menor de edad. 

Concretamente, el art. 183 ter del Código  Penal (CP), a partir de la modificación operada en 2015, establece que el que a través de Internet, teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 183 y 189 , siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, será castigado con: 

  • pena de prisión de uno a tres años o
  • multa de doce a veinticuatro meses 

En una gran mayoría de casos de grooming el adulto tratará de coaccionar, extorsionar o amenazar al menor con difundir ese material de contenido erótico si no accede a citarse con él o a realizar determinados actos sexuales; para estos casos, independientemente que se solape el grooming con otras figuras delictivas, el CP prevé que, sin perjuicio de las penas correspondientes al resto de delitos cometidos en su caso, si media coacción, intimidación o engaño, las penas anteriormente descritas se impondrán en su mitad superior. 

En caso que la conducta consista en embaucar al menor para que le facilite material pornográfico referido a un menor la pena será de prisión de seis meses a dos años. 

En definitiva, los requisitos para que hablemos de grooming son los siguientes: 
  • que la víctima sea un menor de dieciséis años
  • que el medio utilizado sea Internet, teléfono o cualquier otro de información y telecomunicación
  • que el autor realice actos encaminados al acercamiento y seducción del menor, ganándose su confianza
  • que esa confianza tenga como fin el realizar actos de naturaleza sexual con el menor o bien conseguir que le envíe imágenes o vídeos de contenido pornográfico en el que el propio menor sea el protagonista.
Como siempre, en este tipo de situaciones la clave está en la prevención y en la educación parental: concienciar a los adolescentes sobre la necesidad de configurar adecuadamente la privacidad de sus perfiles y hacerles conscientes de las consecuencias tan negativas que puede tener para ellos el contactar con desconocidos en redes sociales y cuanto más enviarle datos o imágenes de carácter personal. 

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6 de septiembre de 2017

La justicia, la legalidad y la impresión del justiciable

Autor: Juan José Reyes Gallur, abogado
Especialista en Derecho de Familia


Este verano hemos sido espectadores de varios casos en los que el progenitor custodio ha tomado la vía de los hechos consumados, asesorados o no por “juristas”, y se han negado a la entrega o restitución de los hijos al otro progenitor. Me refiero a los casos de Maracena y Archidona. En el primero de ellos se pide la ejecución del Convenio de la Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, de 25 de octubre de 1980, en el segundo un mero incumplimiento del régimen de visitas.

Lo preocupante de ambos casos es que ambas partes decidieron voluntariamente dejar de cumplir la ley y las resoluciones judiciales dictadas y actuaron bajo un mismo modelo de conducta: ocultarse con sus hijos y entregarse voluntariamente. Ambas son puestas en libertad. Pero lo verdaderamente importante y que parecemos olvidar es qué piensan esos hijos, qué desean y qué efectos tendrá en la relación con el otro progenitor, o dónde está el interés superior del menor.

La diferencia entre estos dos casos y el de la también conocida María José Carrascosa (madre que se niega a retornar a su hija) puede estar en la autoritas del tribunal. En éste, dicha señora ha estado muchos años en prisión por desacato, es decir, por negarse a restituir a su hija al padre.

Pero en todos estos casos, obviamente mucho más complejos de lo que los medios de comunicación nos muestran, es la sensación de que en España al final es mejor la política de hechos consumados.

Pues bien, todos esto nos lleva a la reciente sentencia que acaba de dictar el Tribunal Supremo el 19 de julio de 2017 (Id Cendoj: 28079110012017100439) en la que concede mantener la guarda y custodia de la menor hija trasladada a Venezuela por la madre sin el consentimiento del padre.

La referida sentencia, cuya lectura recomiendo, parte del hecho de que el padre instó el oportuno proceso de restitución al amparo del convenio de la Haya, paralelamente un proceso de modificación de medidas, pero a pesar de todo esto, el transcurso del tiempo, (política de hechos consumados), hace que pasados tres años no sea viable la devolución de la menor hija al padre en aras del interés superior del menor.

Así justifica el alto Tribunal su decisión:
“Es cierto que la madre ha trasladado su residencia y la de la hija a Venezuela sin sustento en un acuerdo con el padre o en la decisión de uno de ellos consentida expresa o tácitamente por el otro, ni en una decisión judicial previa identificación de los bienes y derechos en conflicto puesto que lo ha hecho de forma unilateral. Y, como consecuencia de este cambio el padre interesó, y obtuvo en su momento, la modificación de la medida de custodia, que se argumenta más que en el interés del menor en el hecho del traslado y en el incumplimiento del mandato judicial, del que deduce un ejercicio inadecuado de la guarda de su hija por la madre y la incapacidad de esta para ejercer una guarda responsable de la misma.
Resolver conforme al interés del menor es lo que ha hecho la Audiencia valorando los únicos datos de que dispone como son el desconocimiento de la niña de la figura del padre, con el que no ha mantenido apenas convivencia, y el hecho de que está escolarizada en Venezuela y cuenta con el apoyo de su familia materna. Sin duda podían haberse puesto a disposición del tribunal unos datos más fiables sobre la situación de la niña, así como del padre y de la madre para asumir estos menesteres y resolver un problema, ya de por si complejo dada la situación creada, en función de lo que resulte más favorable para su desarrollo físico, intelectivo e integración social haciendo posible la relación con ambos progenitores pues solo de afectar el cambio de residencia a los intereses de la menor, que son los que deben ser preferentemente tutelados, podría conllevar un cambio de la guarda y custodia. Pero los datos son los que son y sin duda justifican en este momento la medida adoptada, sin que ello sirva de instrumento para consolidar la vía de hecho emprendida por la madre, pues siempre estará abierta su revisión al cambio de circunstancias que, en relación a madre e hija, es la misma desde el nacimiento de esta en el año 2012.”

Es curioso que al final, el propio Tribunal Supremo conceda el placet a una situación como esta, pero también es cierto que, esa decisión, que se ajusta a una “justicia material” a favor de la menor es absolutamente injusta para ella y para el padre, ya que a la postre, privará a esa hija de un padre y a un padre de su hija, pues si el padre ha estado cuatro años litigando para el retorno de su hija y al final no ha habido cambio de custodia, ¿la madre cumplirá el régimen de comunicaciones a partir de esta sentencia?.

En otro orden de cosas, tenemos la sentencia de fecha 20 de julio de 2017 (Id Cendoj: 28079110012017100451). En este caso, un padre pide extinguir la pensión de alimentos del hijo al estar trabajando y con efectos desde la presentación de la demanda. La Audiencia Provincial estima dicha petición bajo un argumento justo: “se acredita que el hijo ya mayor de edad estaba trabajando al momento de la interposición de la demanda, percibiendo ingresos suficientes, e incluso superiores a la cuantía establecida en concepto de alimentos”, sin embargo el Supremo revoca esa sentencia y mantiene la doctrina legal “ que «cada resolución desplegará su eficacia desde la fecha en que se dicte y será solo la primera resolución que fije la pensión de alimentos la que podrá imponer el pago desde la fecha de la interposición de la demanda, porque hasta esa fecha no estaba determinada la obligación, y las restantes resoluciones serán eficaces desde que se dicten, momento en que sustituyen a las citadas anteriormente» (sentencias 3 de octubre 2008 ; 26 de marzo 2014 ; 25 de octubre 2016 )”.

En definitiva, estas decisiones, basadas en el interés del menor o en la legalidad pueden ser justas, no lo dudo, pero la impresión del justiciable al final puede ser otra bien distinta.

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Imagen inicial: Carl Schindler [Public domain], via Wikimedia Commons

27 de julio de 2017

Equipaje de verano: una película, un libro y un destino




Esta semana el blog se despide hasta septiembre y nos gustaría hacerlo con una entrada más ligera y veraniega: tres recomendaciones para juristas de vacaciones, o con algún rato libre.

Empezamos por una película: Pasaporte para Pimlico (Henry Cornelius,1949) una sorprendente comedia británica, un buen ejemplo de las producciones de la época dorada de los estudios Ealing. Un viejo tratado descubierto por azar abre la posibilidad de que un barrio londinense se declare independiente del resto del país. Este es el punto de partida de un ingenioso guión repleto de elementos jurídicos, que nos hará disfrutar y desear ser un ciudadano más de Pimlico.


Arthur y George (Ed. Anagrama, 2007) es una magnífica novela de Julian Barnes, inspirada en la historia real de George Edalji, un abogado de origen hindú, que influyó en la creación del primer tribunal de apelación en Inglaterra. Si a ello añadimos que el Arthur del título es nada más y nada menos que Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, ya tenemos motivos suficientes para incluir este libro en nuestro equipaje.


Por último, un destino ideal para juristas: La Haya, en Holanda. Conocida como la «capital de la justicia mundial», encierra múltiples atractivos, aunque, evidentemente, comenzaremos por la visita a dos instituciones fundamentales:
Palacio de la Paz, La Haya

  • La Corte Internacional de Justicia. Hay visitas guiadas (en holandés y en inglés) a su sede en el Palacio de la Paz. El Centro de visitantes proyecta además un documental de aproximadamente 35-40 minutos (que podremos ver también en español) sobre la historia del Palacio.
  • El Tribunal Penal Internacional. Puede visitarse a diario y el acceso es gratuito (en su página web podéis consultar toda la información). El pasado 17 de julio se celebró el Día de la Justicia Penal Internacional, coincidiendo además con el decimoquinto aniversario de la creación del tribunal.

Como todo no van a ser tribunales, os dejamos algunas pistas más para recorrer esta preciosa ciudad holandesa, en El viajero y Traveler, respectivamente. ¡Buen viaje y feliz verano!

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- Doce personas con piedad
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Imágenes:
Cartel de la película Pasaporte para Pimlico. Fuente: wikipedia
Palacio de la Paz, sede de la Corte Internacional de Justicia. Fuente: wikicommons

13 de julio de 2017

Turno de oficio: un trabajo en equipo

El Departamento del Turno de Oficio con Francisco Javier Lara Peláez, decano de Icamalaga
Hoy, 12 de julio, celebramos el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio. Este año, el Colegio de Abogados de Málaga ha querido otorgar un reconocimiento al personal del Departamento del Turno de Oficio. Las premiadas han sido María José Santiago, Inés María Rando, Malena Sondermejer y Vanesa Álvarez. Nuestro decano, Francisco Javier Lara Peláez, ha destacado su ejemplar trabajo en pos del buen funcionamiento del servicio, mencionando especialmente la labor desempeñada en los últimos meses con la atención prestada a las personas migrantes que llegan de forma masiva a nuestras costas.

En esta entrada compartimos algunas impresiones sobre su experiencia en el Turno de Oficio.

¿En qué consiste vuestra labor? ¿Cuál es la principal motivación para  desempeñar vuestro trabajo en el Turno de Oficio cada día?


Las premiadas, con diputadas de la Junta de Gobierno y trabajadores del Colegio
Nuestra labor es la organización del servicio principalmente en Málaga capital, pero atendemos toda la provincia. Somos muchos los empleados que trabajamos en el Turno de Oficio, y todos merecen este reconocimiento, pero además otros compañeros de otros departamentos  que son nuestro soporte, sin ellos no podríamos realizar muchas labores.
Se trata de un servicio muy complicado que requiere de tareas muy heterogéneas, por lo que nuestro principal objetivo es que todo encaje y se pueda ofrecer un buen servicio a los ciudadanos por parte de los letrados adscritos al turno.

Ahora que recibís este premio, quizá sea el momento para echar la vista atrás. ¿Hay alguna anécdota que recordéis con especial cariño?

A diario tenemos muchas anécdotas, sobre todo en fechas como las actuales en las que la luna está llena (estamos convencidas de ello).


Entre las anécdotas más divertidas destaca la de la señora que pidió letrado de  oficio porque cuando le entregaron los huesos de su marido, detectó que no eran los suyos porque su marido tenía una prótesis en el fémur. O la señora que denunciaba que los extraterrestes le habían puesto un chip en la cabeza. O cuando piden letrado para “desapartarme porque mi marido es disolvente” (quiero separarme porque mi marido es insolvente). O la señora que vino a pedir letrado porque “estaba muerta” .La realidad era que en el Registro Civil figuraba así porque su hermana había tramitado su declaración de fallecimiento para poder heredar una casa, y nuestro compañero le contestó que la veía “muy viva”.

Por último, nos gustaría destacar que se trata de un servicio que ha evolucionado muy bien a lo largo de estos años, pero hace falta una mayor implicación de la administración para que nuestro trabajo y el de los letrados sea más fácil, y disfrute del beneficio un mayor número de usuarios que lo necesitan.

Muchas gracias a María José, Inés, Malena y Vanesa por su amabilidad y enhorabuena por este merecido reconocimiento.


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28 de junio de 2017

El delito de acoso y su interpretación


El nuevo delito de acoso recogido en el art. 172 ter del Código Penal fue el objeto de análisis en la última edición de Café criminis. Se trata de una actividad clásica en la programación de formación de la Sección de Derecho Penal, sin duda una de las más populares entre los colegiados por su enfoque dinámico y práctico.

Julia Soria Montañez, abogada y miembro de la Sección de Derecho Penal, fue la encargada de exponer y analizar los aspectos más interesantes del delito de acoso, conocido también por su denominación en inglés, stalking. Junto a ella, Francisco Álvarez Benítez, abogado y coordinador de la Sección, presentó y moderó este #cafécriminis. 

Antes de la reforma del Código Penal de 2015, no existía en España ninguna regulación al respecto. Julia destacó algunos de los aspectos más llamativos del art. 172 ter. En primer lugar, la expresión «sin estar legítimamente autorizado». ¿Qué quiere decir esto? ¿Existe un acoso legítimo?  Parece que el origen está en la necesidad de justificar ciertas actividades de vigilancia y persecución llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Para nuestra ponente, no habría hecho falta esa mención, ya que su actividad se entiende perfectamente regulada por la legislación vigente. 

En esta línea se planteó qué ocurriría en el caso de los detectives privados y su labor de vigilancia. Tanto Julia Soler como Francisco Álvarez concluyeron que no podría incluirse en la legitimación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La conducta de acoso debe ser insistente y reiterada. No hay jurisprudencia sobre qué se entiende por reiterada, como veremos un poco más adelante. Se exige la concurrencia de alguna de estas cuatro conductas:

  1. Vigilar, perseguir o buscar su cercanía física
  2. Establecer o intentar establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación o por medio de terceras personas. En este tipo, la tentativa se castiga igual que el delito consumado. Para Julia Soler, esto vulnera el principio de proporcionalidad. Además, la referencia a terceras personas podría causar problemas de autoría (autoría mediata)
  3. El uso indebido de sus datos personales para la adquisición de productos o mercancías, el contrato de servicios o hacer que terceras personas se pongan en contacto con ella
  4. Atentar contra su libertad o el patrimonio o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella
En estos dos últimos supuestos, nos encontramos ante conductas que podrían encuadrarse en otros tipos ya existentes en el Código Penal, lo que iría en contra del principio de intervención mínima del Derecho Penal, según señaló Julia Soler.

Hay muy poca jurisprudencia sobre el delito de acoso o acecho. La primera sentencia en la que encontramos una condena por este nuevo tipo es la Sentencia de 23 de marzo de 2016, del Juzgado de Instrucción de Tudela (ROJ: SJI 3/2016) El texto de la sentencia resalta la importancia de que la conducta altere la vida de la víctima, así como la necesidad de que la conducta sea insistente y reiterada.

Otro ejemplo de sentencia condenatoria lo tenemos en la Sentencia 80/2017 de 27 de marzo  de la Audiencia Provincial de Madrid. (ROJ:SAP M3438/2017) En este caso, además, el acusado intentó alegar « enamoramiento» hacia la víctima para pedir una reducción de la pena; petición que le fue denegada. 

El Tribunal Supremo parece inclinarse, al menos de momento, por una interpretación más restrictiva que la de las Audiencias Provinciales. Así se observa en la Sentencia 3274/2017, de 8 de mayo. (ROJ: STS 1647/2017)

Para empezar, declina determinar cuándo se considera que una conducta es insistente o reiterada:
No estamos en condiciones -ni se nos pide- de especificar hasta el detalle cuándo se cubren las exigencias con que el legislador nacional ha querido definir la conducta punible (cuándo hay insistencia o reiteración o cuándo adquiere el estatuto de grave la necesidad de modificar rutinas o hábitos), pero sí de decir cuándo no se cubren esas exigencias. En este caso, no se cubren.
Y estima que los cuatro episodios que constituyen el supuesto de posible acoso en este asunto, reúnen la idoneidad para que pueda obligar a la víctima a modificar su vida

No se desprende del hecho probado una vocación de persistencia o una intencionalidad, latente o explícita, de sistematizar o enraizar una conducta intrusiva sistemática (persecución, reiteración de llamadas...) capaz de perturbar los hábitos, costumbres, rutinas o forma de vida de la víctima.

Habrá que esperar, por tanto, nuevos pronunciamientos para comprobar qué dirección toma nuestra jurisprudencia, ya que de momento parece que podría optar por limitar mucho la interpretación del delito.

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Imagen inicial: pexels

15 de junio de 2017

Pasar a la acción: III Encuentro Redes sociales y sector legal en Málaga


La semana pasada tuvimos la suerte de acoger en el Colegio el III Encuentro de Redes sociales y Community management en el sector legal (#EncuentroCMlegal), una iniciativa del Instituto de Innovación Legal, cuyo objetivo es ser un punto de encuentro entre el Derecho y la Tecnología.

Esta tercera edición formaba parte del Málaga Innovation Festival, que entre el 5 y el 11 de junio ha traído a nuestra ciudad más de 600 start ups de todo el mundo y más de 500 inversores.

En esta entrada queremos repasar algunas de las ideas más interesantes de la primera mesa, dedicada al Impacto de las redes sociales en la comunicación y marketing de los despachos de abogados.

Amanda Guglieri y Eduardo Fernández-Fígares

Amanda Guglieri, socia del Instituto de Innovación Legal, basó su intervención en desmontar mitos en torno al argumentario clásico sobre “por qué estar en redes sociales”, destacamos especialmente dos:

-El marketing de contenidos se está convirtiendo en una commodity más.
-Las redes sociales no son gratis: una estrategia en redes cuesta, el trabajo de un community manager cuesta ¡hay que tenerlo en cuenta!

Respecto a la gran cuestión de  quién debe llevar las redes sociales del despacho, si un community manager interno o externo, Amanda Guglieri señalaba que lo fundamental es que se alinee con los objetivos y la filosofía del despachos, y que tenga conocimientos jurídicos.
Amanda también compartió algunos consejos para la gestión de las redes sociales del despacho:
reservar los nombres en todos los perfiles y personalizar las urls, apostar por las relaciones significativas, potenciando el offline.

Javier Martín Fernández y Fernando Anaya 

En cuánto a qué redes es mejor utilizar, Javier Martín Fernández, socio  director de F&J Martín Abogados y Catedrático de Derecho Financiero y Tributario destacó la utilidad e importancia de Linkedin para los abogados. Las páginas personales funcionan mejor que las de empresa en esta red social, por lo que se hace más difícil conseguir una comunidad con la página del despacho. En las páginas personales es importante mantener la coherencia

Por su parte, Eduardo Fernández-Fígares ha basado su estrategia y su negocio en el vídeo: su canal de Youtube En los tribunales (vinculado al blog Abogado para todos), es un ejemplo de éxito en el sector. En este sentido, Eduardo nos explicaba que con Youtube sobre todo consigue empatía virtual, mientras que con el blog posiciona bien en Google.

La página web es el punto débil de la mayoría de los despachos, apuntaba Javier Martín. Sin una web actualizada a la que dirigir la atención y el tráfico captado en redes, no tiene ningún sentido tener presencia online. El punto fuerte de su estrategia, nos explicaban Javier y Fernando Anaya, community manager del despacho, es una newsletter personalizada y una base de datos muy bien segmentada.

Para terminar, nos gustaría dar las gracias al equipo del Instituto de Innovación Legal (Mª Jesús González-Espejo, Laura Fauqeur y Amanda Guglieri) y recordar el mensaje de Mª Jesús González-Espejo: en cuestiones de tecnología y redes sociales, no basta con la formación, hay que perder el miedo y pasar a la acción.

Más sobre el III Encuentro CM Legal aquí

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7 de junio de 2017

Regulación de las viviendas turísticas en Andalucía

Autor: Rafael J. Cantero Castillo, abogado
Coordinador de la Sección de Prevención de Blanqueo de Capitales del Colegio de Abogados de Málaga



El arrendamiento de viviendas no sólo tiene como fin cubrir las necesidades de vivienda permanente de los ocupantes, sino que también puede cubrir necesidades temporales como el uso de viviendas con fines turísticos y vacacionales. De acuerdo con la distribución competencial que establece nuestra Constitución, la regulación de los arrendamientos urbanos corresponde al Estado, mientras que la competencia sobre viviendas turísticas es exclusiva de las Comunidades Autónomas.

En Andalucía es el Decreto 28/2016, de 2 de febrero, el que regula el arrendamiento de las viviendas que se realicen por un período inferior a dos meses y cuyo uso se realice con motivos vacacionales, actividad muy frecuente en nuestra provincia. Se considera a las viviendas turísticas como un tipo de alojamiento turístico, junto a los hoteles, los apartamentos turísticos y las viviendas rurales. Por esta razón, se justifica su ordenación con el objetivo de proteger los derechos de los usuarios y evitar la competencia desleal y los perjuicios que se pueda ocasionar a los demás operadores turísticos. Es decir, el alojamiento turístico tiene una naturaleza administrativa, más regulada y con menor cabida para la autonomía de la voluntad, mientras que el sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos es de naturaleza civil.

La nota característica de una vivienda para que se considere turística en Andalucía es que se comercialice o promocione a través de canales turísticos, como las agencias de viaje, las empresas que medien u organicen servicios turísticos y las páginas web en las que se incluya la posibilidad de reserva de alojamiento. En estos casos, quien explote la vivienda con fines turísticos, que podrá ser el propietario u otra persona con la que se haya establecido una relación fehaciente (por ejemplo, el usufructuario de la vivienda), deberá realizar una declaración responsable ante la Consejería competente, que deberá incluir la identificación de la vivienda, los datos del propietario y domicilio a efectos de notificaciones y los de la persona que explote la vivienda y el título de su relación con el propietario, en caso de que sea un tercero. Tras la comunicación, la vivienda será inscrita de oficio en el Registro de Turismo de Andalucía. Se presume que el propietario de la vivienda es el responsable de su explotación.
El servicio de alojamiento en vivienda turística se puede prestar mediante la cesión de viviendas completas o por habitaciones, dependiendo la capacidad de los dispuesto por la licencia de primera ocupación. En todo caso, el límite máximo se fija en quince plazas para el caso de viviendas completas, y de seis plazas para uso por habitaciones; en ambos casos se fija un máximo de cuatro plazas por habitación.
La vivienda turística para poder ser ofertada deberá cumplir los requisitos, detallados en el art. 6 del mencionado Decreto 28/2016, de 2 de febrero

La relación entre operador y ocupante se formalizará en un documento por duplicado que, al menos, deberá contener el nombre de la persona o entidad explotadora de la vivienda, el código de inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía, el número de personas que la van a ocupar, las fechas de entrada y salida, el precio total de la estancia, así como un número de teléfono para el caso de incidencias. El operador deberá conservar el documento al menos un año y tiene valor probatorio a efectos administrativos.

El servicio deberá incluir los suministros (agua, electricidad, refrigeración y calefacción), la limpieza a la entrada de los nuevos usuarios y el uso del menaje y la ropa de baño y cama.

La duración, así como los momentos de inicio y fin de la ocupación será el que determinen las partes. Subsidiariamente comenzará a las 16,00 horas del día de entrada y terminará a las 12,00 horas del día de salida, debiendo el responsable encontrarse disponible, o concertar previamente la entrega de las llaves. También se deja al arbitrio de las partes las condiciones de precios, reservas, anticipos y cancelación, aunque el Decreto 28/2016 establece un régimen supletorio.

Respecto a los derechos y obligaciones de las partes, son los que la Ley establece con carácter general en materia de turismo. Se hace especial hincapié en el respeto de las normas de convivencia, cuyo incumplimiento puede dar lugar a requerir por parte del prestador del servicio a requerir el abandono de la vivienda en veinticuatro horas. También se limita el “derecho de admisión”, ya que no se podrá restringir el acceso a las viviendas con fines turísticos por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión u otra circunstancia personal o social.

Sobre el régimen de infracciones y sanciones, es de aplicación el recogido por la regulación sectorial, aunque el Decreto 28/2016 incide especialmente sobre la actividad clandestina. Se considera actividad clandestina la publicidad por cualquier medio de difusión o la efectiva prestación de servicios turísticos, sin haber cumplido el deber de presentación de la declaración responsable. Esta infracción es considerada grave y puede ser sancionada con multa de 2.001 a 18.000 euros y accesoria de suspensión del ejercicio de la actividad o clausura del establecimiento por un periodo inferior a seis meses.

Por último, conviene señalar que, si el servicio se ofrece según los requisitos recogidos en el Decreto 28/2016, la actividad de alojamiento en vivienda turística en Andalucía se considerará exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido. Sin embargo, sí tendrá que tributar por IVA si se incorporan servicios complementarios del sector hotelero como recepción y atención permanente y continuada al cliente, limpieza periódica del inmueble y el alojamiento, cambio periódico de ropa de cama y baño, lavandería, custodia de maletas, prensa, reservas, etc.

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