20 de abril de 2017

II Jornadas de Territorio y Urbanismo en Manilva

Autor: Organización de las Jornadas


Los próximos días 17 al 19 de mayo se celebrarán las II Jornadas de Territorio y Urbanismo organizadas por el Ayuntamiento de Manilva (Málaga), dándose así continuidad a las que tuvieron lugar hace ahora dos años en abril de 2015. Estas Jornadas son promovidas con el objetivo principal de procurar una reflexión sobre la planificación y gestión del territorio que ayude a mejorar el ejercicio de la función pública en esta materia, y dotar a la vez de un espacio de deliberación común entre la ciudadanía y los profesionales. Muy diversas fueron las temáticas que se ofrecieron en la primera y novedosa edición, ampliándose ahora con esta nueva convocatoria.

En esta segunda edición se abordará un tema tan crucial para el devenir futuro de la planificación como es la nulidad de los instrumentos de ordenación como disposiciones de carácter general, para ello se contará con la clarificadora perspectiva de D. Rafael Fernández Valverde, magistrado de la sección 5ª de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, ponente de la conocida sentencia que anuló el Plan General de Ordenación Urbanística de la ciudad de Marbella. A la mesa-coloquio que seguirá a la conferencia inaugural del miércoles 17 de mayo se sumará la valiosa aportación de nuestra compañera Dª Belén Villena Moraga, así como un representante del equipo redactor del PGOU de Marbella aún por confirmar. 

El día 18 de mayo, también en sesión vespertina, se expondrá otro asunto de indudable trascendencia para un territorio costero como el de nuestra provincia. D. José Juan Suay Rincón, magistrado del Tribunal Supremo en la sección 5ª de lo contencioso administrativo, nos acercará a la “nueva” definición del dominio público marítimo terrestre en la reformada Ley de Costas y a su régimen concesional, siendo de obligada referencia su sentencia por la que el Alto Tribunal vino a suprimir el derecho preferente en la adjudicación concesional de los popularmente denominados “chiringuitos”. 

Las II Jornadas de Territorio y Urbanismo tratan a su vez de aumentar la oferta formativa con un enfoque más transversal, de este modo se otorga principal atención a un factor tan esencial en la ordenación del territorio como es la gestión de los recursos hídricos, para lo cual se contará en la última sesión del viernes 19 de mayo con una introducción temática de la mano del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba, D. Mariano López Benítez, que expondrá el procedimiento para la remunicipalización del servicio público de abastecimiento de agua, para posteriormente participar en un coloquio con representantes del sector público y privado.

Otra cuestión que será objeto de análisis en la última sesión es el destino de los patrimonios públicos de suelo y la planificación de la vivienda pública como medios de regulación del mercado inmobiliario; la exposición del marco teórico correrá a cargo de la profesora de Derecho Administrativo de la UMA, Dª Elsa M. Álvarez González, y el jefe de los servicios jurídicos del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga, D. Jorge García de Herrero Fernández respectivamente. Posteriormente tendrá lugar una mesa coloquio en la que participará el concejal del Ayuntamiento de Madrid por Ahora Madrid, D. Pablo Carmona Pascual, y un representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que aportarán una visión singular y alternativa a las prácticas institucionales.

Con la voluntad de mantener vivo un debate tan necesario entre todos los operadores en los procesos de ocupación y uso del suelo, el Ayuntamiento de Manilva apuesta por consolidar este espacio de deliberación abierto, contando para ello con la imprescindible colaboración de la Fundación de la Universidad de Málaga y el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, cuyos colegiados disponen de una reducción en el precio de inscripción.

Deseando que estas Jornadas tengan una acogida similar o incluso mayor que su antecesora, esperamos que concurran tanto profesionales expertos en los temas que se han programado como cualquier ciudadano que se sienta interpelado, confirmándose así una decidida apuesta municipal por generar y consolidar espacios de formación y reflexión colectiva donde la protagonista principal ha de ser inexcusablemente la ciudadanía, y donde la percepción del espacio urbano como ágora sin la cual la democracia no es posible cobre sentido.

Podéis descargar el díptico informativo de las Jornadas aquí
Más información en el email: jornadas.urbanismo[@]fguma.es

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6 de abril de 2017

La internacionalización de despachos de abogados

Los representantes del ICEX y Víctor Manuel Bañares
Incluso en tiempos de incertidumbre económica, la Costa del Sol y la provincia de Málaga se han erigido en polos de atracción de inversiones extranjeras en materia inmobiliaria y de negocios. La Sección de Derecho Internacional del Colegio de Abogados de Málaga anima a los despachos de abogados de la provincia a buscar nuevas oportunidades de negocio fuera  de nuestras fronteras. Con este fin, hoy se ha celebrado una jornada sobre internacionalización de los despachos de abogados, con la participación de representantes del Instituto de Comercio Exterior (en lo sucesivo, ICEX) y de compañeros que han compartido su experiencia personal en este tipo de procesos.

En la primera mesa han participado Rafael Fuentes Candau, Director Provincial de Comercio e ICEX en Málaga y Fernando León Caicoya, Jefe del Departamento de Servicios Profesionales de ICEX, presentando los servicios que la institución ofrece a los despachos. En esta línea destaca el convenio que el ICEX tiene con el Consejo General de la Abogacía Española, gracias al que se realizan seminarios y jornadas técnicas de marketing e internacionalización.
¿Puedo saber dónde van mis clientes? Fernando León recomienda usar el Directorio ICEX, que  publica listado de empresas españolas por países, siempre que lo hayan autorizado.

En la segunda mesa hemos podido conocer dos experiencias diferentes de internacionalización,con Francisco Almansa y Adolfo Martos Gross. Ambos ponentes han señalado la importancia de tener paciencia al embarcarse en este tipo de proyectos.


Francisco Almansa y Adolfo Martos Gross
Francisco Almansa nos ha contado la trayectoria de implantación de Almansa y Asociados en Rusia, partiendo de una filosofía basada en la comprensión de la cultura del país. Almansa destacaba una serie de factores clave para un pequeño despacho que quiere establecerse en otro país:

  • Competencia: En su caso, tuvieron en cuenta que Rusia, a pesar de ser un mercado más complicado por factores como el idioma o el clima, tenía también una menor densidad de competencia, algo que pudieron convertir en una ventaja con el tiempo.
  • Barreras lingüísticas: Conocer el idioma es fundamental ya que la lengua es una manifestación de la mentalidad del país.
  • Barreras reputacionales: En muchos casos, hay que vencer la mitología negativa que existe en torno a cada país, normalmente por desconocimiento.
  • Barreras administrativas: En relación con el ejercicio de la abogacía, debemos conocer cuál es el nivel de regulación de la profesión. En Rusia está poco regulado y es relativamente sencillo poder realizar labores de consultoría.
  • Barreras económicas: Hay que considerar la inversión de los períodos iniciales: sobre todo con los gastos de viajes. En esta primera fase aún no hay clientes o hay muy pocos, por lo que, de nuevo es importante ser pacientes.
  • Barreras emocionales: Compromiso con el proyecto. No hay garantías, hay que tener paciencia y adaptarse al plan, también hay que tener paciencia con el país de acogida donde queremos implantarnos.

Adolfo Martos Gross, por su parte, nos ha contado la internacionalización desde otra perspectiva: a través de la pertenencia a una asociación internacional. Desde hace varios años, Adolfo preside TEN, The European Network , una asociación de ámbito europeo cuyos objetivos principales son  intercambiar conocimientos, conseguir referencias por parte de otros despachos y aportar de este modo valor añadido a tus clientes extranjeros. Sin embargo, no hay que olvidar el fin último: aumentar la cartera de clientes.

El ponente insistía en que, para obtener rendimientos de la pertenencia a estas asociaciones, es necesario cumplir ciertos requisitos: que el despacho esté implantado o que tenga una orientación hacia las áreas civil y mercantil. Hay que tener en cuenta los costes: cuotas anuales y asistencia a las reuniones anuales. Y tener claro que debemos participar y ser activos. Aunque también hay riesgos: el tiempo, la inversión económica. Para él, el balance es positivo. Pertenecer a una asociación de este tipo permite diversificar, por ejemplo, en tiempos de crisis.

Estas son algunas de las  asociaciones citadas por Adolfo Martos Gross en su intervención.

La jornada se completaba con la ponencia sobre marketing a cargo de Brendan Anglin, de la que esperamos poderos contar más muy pronto.

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29 de marzo de 2017

El transporte y las aplicaciones tecnológicas tras las últimas resoluciones judiciales españolas.

Autor: José Andrés Diez Herrera
Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
Bufete Diez, Gómez & asociados SLP
Especialista en transporte y economía colaborativa



Comentaba, en un artículo anterior, la evolución de ciertos sectores económicos, y en particular, el transporte, con la inmersión de la tecnología; y explicaba la primera resolución judicial dictada por el Juzgado Mercantil nº 2 de Madrid, que decidió suspender en toda España la aplicación Uber Pop, propiedad de la mercantil estadounidense Uber Technologies Inc, con carácter previo a la demanda, sin olvidar, que existía una cuestión prejudicial (1) al TJUE, cuyo fallo conoceremos, seguramente, a lo largo de esta primavera, y que decidirá cómo debe interpretarse la irrupción de las aplicaciones tecnológicas en el ámbito del transporte de viajeros urbano a los ojos de la normativa europea, y cuyo fallo determinará si su actividad se encuadra en los servicios de la sociedad de la información; si es un servicio de transporte, o por el contrario, si tiene una funcionabilidad de carácter mixto, y  que lo cierto es que afectará a la totalidad de aplicaciones de transporte que ejerzan la actividad en Europa.
Los órganos judiciales españoles, por su parte, al margen de la esperada sentencia europea, han creado su propia respuesta aunque dispar, dependiendo del modelo de negocio de las diferentes aplicaciones de transporte.

UBER POP
Así, resulta de especial importancia el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 28, de fecha 23 de enero de 2017 (2) ratificando la suspensión de la aplicación Uber pop previamente dictada por el Juzgado Mercantil nº 2 de Madrid, y cuyo estudio resulta muy interesante al ser pionero sobre esta materia, y totalmente dispar al creado por el Juzgado Mercantil de instancia, aun manteniendo el mismo fallo, al decir, en síntesis:

La prestación de servicios de transporte urbano discrecional sin la correspondiente autorización administrativa constituye una actividad infractora de normas que tienen por objeto la regulación de la actividad concurrencial y, por lo tanto, un acto de competencia desleal previsto en el artículo 15.2 LCD.
La actividad debe ser considerada como transporte y no un servicio de la sociedad de la información
El control de la actividad de transporte de la matriz americana a través de una filial en Holanda sirviéndose de una Plataforma debe ser considerado prestador de servicios con establecimiento en un Estado miembro. 
UBER no es un operador neutral ni un mero operador tecnológico. No puede acogerse a la exención de responsabilidad prevista para los PSSI.

BLABLACAR

Diferente cuestión ha sido la reciente sentencia 30/2017, 2 de febrero, del Juzgado Mercantil nº 2 de Madrid en el asunto Blablacar (3), quien apartándose de su propio criterio respecto a la sentencia que dictó sobre la aplicación UberPop, y sin entrar en valoración de la prueba de las partes admitida en el proceso, desestima la demanda de competencia desleal interpuesta por Confebus, al afirmar (textualmente):

Blablacar realiza una actividad ajena a la regulada en la legislación de transportes
Blablacar ha generado una plataforma no para organizar transporte, sino para poner en contacto a particulares que quieren realizar un viaje juntos, y compartir determinados gastos del trayecto, y para dar calidad al servicio de contacto ha puesto unos márgenes y unos límites, y un formato de actuación. Que en modo alguno es obligatorio para quienes lo usan.

Es cierto que la legislación va siempre por detrás de la realidad, pero desde luego, la falta de indefinición no puede ser objeto de demanda ni de auxilio judicial. Ni en la mejor escuela de derecho libre podría este juzgador crear un precepto que disciplinase esta nueva realidad socio económica.
En definitiva, deberá ser la propia sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, autora  de la resolución, anteriormente citada, que mantuvo la suspensión de Uber Pop en España, quien en los siguientes meses resuelva el recurso de apelación interpuesto bajo dos parámetros:

-Bien, si resulta de aplicación su propio criterio jurídico recientemente conocido sobre Uber para aplicarlo a Blablacar

-O si mientras tanto, el TJUE ha fijado sus propios parámetros para interpretar el derecho europeo sobre el transporte y la tecnología de los servicios de la sociedad de la información, y que obligarán a los Tribunales nacionales a aplicarlos a cada caso.

Notas:
(1) Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona (Asunto C-434/15)
(2) Rollo de apelación 494/2016
(3) Blablacar es la denominación bajo la cual particulares con sus propios vehículos realizan servicio de traslado compartido de viajeros en sus desplazamientos por un precio, y bajo las condiciones fijadas por la aplicación.

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22 de marzo de 2017

Reflexiones en torno al Impuesto sobre Sucesiones

Autor: Rubén Mayorga Martín, abogado
Responsable del Departamento de Sucesiones en Galatea Abogados



En este momento de debate abierto acerca del Impuesto sobre Sucesiones en España y la presión de la propaganda mediática a la que está siendo sometido, veo necesario comentar aquellos aspectos que representan una realidad y aquellos otros que proliferan desde hace un tiempo y que, a mi modo de
ver, son únicamente falacias usadas para hacer creer a quien no es rico que sí lo es, con el fin de alarmar a la sociedad en un intento de lograr la presión suficiente como para suprimir dicho impuesto, lo cual sólo beneficiaría básicamente a una élite determinada y no a la mayoría de la población.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que este impuesto tiene un papel redistribuidor de la
riqueza, de forma que estamos ante un impuesto progresivo al cual tendremos la obligación de hacer
frente en función de nuestra capacidad contributiva, o lo que es lo mismo, cuanto más heredemos más
vamos a pagar, paliando así el efecto transmisor de desigualdad social que provocan las herencias.

Resulta necesario comprender que este efecto debe ser sometido a unos límites fiscales, ya que de
contrario se estaría fomentando la desigualdad de oportunidades y la división en clases sociales cada
vez más distantes en cuanto a su nivel de riqueza. Una vez claro el fin del impuesto, hay que destacar
que actualmente en la aplicación del mismo se procura una especial protección a la transmisión familiar, estableciendo así reducciones en el tributo, en función del grado de parentesco, que facilitan la transmisión de la herencia a la familia más directa, quienes además son generalmente los beneficiarios en la mayoría de herencias, lo que lleva a que en la mayor parte de este tipo de transmisiones no se llegue a tener que pagar el impuesto.

Por otro lado, vivimos en un estado de autonomías, donde las distintas comunidades autónomas tienen la competencia cedida en materia de este impuesto, lo que provoca que su gestión sean distinta
según la comunidad en la que nos encontremos, resultando comprensible que en cada una existan
reducciones y tramos de aplicación distintos. No obstante, entendiendo que cada comunidad es libre de gestionar su impuesto, en algunas, como Madrid, parece que se han olvidado del fin redistribuidor del mismo, reduciendo su impacto fiscal tanto que prácticamente nunca se tributa o se hace a un nivel muy bajo, provocando el traslado de grandes patrimonios a estas comunidades para no tributar, lo que resulta cuanto menos cuestionable de cara a la estabilidad del Estado ya que contribuye a la competencia fiscal y a la desigualdad económica y laboral entre comunidades.

Para ir finalizando, quisiera profundizar un poco sobre el caso de Andalucía, tan criticado,
donde cabe destacar que recientemente se ha incrementado la reducción a 250.000€ para cónyuge o parientes directos en la base imponible del impuesto, es decir, que sólo se pagaría en caso de que cada uno de esos herederos recibiese por adjudicación de herencia una suma superior a ese valor, cosa que en la mayoría de herencias no se da, y ahí es cuando me surge la pregunta, ¿en serio todos los que protestan o están asustados van a recibir estas herencias?, creo que no, de hecho la mayoría ni se acercan a esas cifras, simplemente están mal informados. 

Esta falta de información lleva también a que mucha gente englobe todos los impuestos que va a afrontar en la sucesión, confundiendo el Impuesto sobre Sucesiones con el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como Plusvalía, que se paga por la transmisión de inmuebles. Por lo tanto, sabiendo que en la mayoría de herencias suele haber al menos un inmueble, creo que debe quedar claro esta diferencia entre ambos impuestos y es que en la mayoría de casos no se paga por el de sucesiones, en cambio, siempre se paga la plusvalía municipal por la transmisión de los inmuebles urbanos, lo que lleva a que, siendo este un país con una cultura bastante extendida de invertir en ladrillo, en ocasiones los herederos tengan que pagar altas cifras debido a la plusvalía, aunque no se llegue a tener que pagar por sucesiones.

En conclusión, no creo que la solución sea eliminar el impuesto, sino más bien centralizarlo o
equipararlo
de forma que no existiese esa competencia entre comunidades, procurando un sistema de aplicación que proteja aquellas transmisiones hacia cónyuges o parientes directos pero sin olvidar el fin  redistribuidor de la riqueza que tiene este tributo. 

Si eres un ciudadano medio, no tienes que temerle nada a este impuesto, eso sí, ojo con invertir todo en inmuebles, sé previsor y deja algo de liquidez para que tus herederos puedan afrontar el pago de las plusvalías, y sobre todo, infórmate y que no te engañen.

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15 de marzo de 2017

Cómo vencer la falta de tiempo y hacer crecer tu despacho

Autora: Mar Bravo, de Innovassistant



Hace meses que notas que te falta el tiempo y que no llegas a todo. Las tareas se  acumulan en tu escritorio y además de atender a tus clientes tienes que hacer muchas cosas más: responder a miles de mails, hacer las minutas, llevar tu contabilidad, quizás también publicar en redes sociales… Son tareas que suponen un gran volumen de horas a lo largo del día y empiezas a ver que cada vez puedes dedicar menos tiempo a lo que verdaderamente es tu profesión: la abogacía.

¿Te has encontrado en esta situación o actualmente estás en ella? Sí, lo sé, se pasa mal.

Primero, porque ves cómo dedicas muchas horas a tareas que sabes que no deberías estar haciendo tú o que odias hacer y, segundo, porque esto empieza a tener consecuencias en tu despacho y en tu vida personal.

Es una situación muy común en los profesionales que trabajan solos, ya que además de hacer su trabajo tienen que sacar adelante otros ámbitos ajenos a su negocio como pueden ser el marketing o las ventas, a los cuales no solo tienen que dedicarles tiempo en ejecutarlos sino también en formarse ya que muchas veces son terrenos desconocidos para ellos.

Además, suele ocurrir cuando las cosas nos van bien. Llegan por fin clientes al despacho, que empieza a volar casi solo. Sin embargo, a medida que se hace grande, crecen las otras responsabilidades inherentes a un despacho que funciona y que nos quitan tiempo y las ganas.

Te preguntas: ¿Qué puedes hacer en esta situación? Contratar un asistente virtual puede suponer un gran cambio en tu negocio.

Lo primero que te puede venir a la mente es que ha llegado el momento de contratar a alguien. No obstante, quizás no tienes un espacio que ofrecer para que pueda trabajar contigo, pero sobre todo te preocupa la inversión necesaria para contratar a alguien.

Ante estos obstáculos un asistente virtual es la mejor opción. Un asistente virtual es un profesional freelance que te ayuda a llevar tu negocio. Al ser autónomo trabaja de forma remota, desde su casa u oficina, por tanto, no necesita que le proporciones un espacio físico ni un equipo específico, ya que usa el suyo propio. Además, no supondrá una gran inversión porque puedes contratarlo por tareas repetitivas de tu negocio o asuntos puntuales que necesites, dependiendo de tu volumen de trabajo.

De esta manera, contarás con más tiempo para poner el foco en lo verdaderamente importante: tu defender a tus clientes. Y es que piénsalo bien: tú no puedes hacerlo todo, necesitas algo de ayuda para que tu empresa funcione sin que acabes siendo su esclavo y se consuma toda tu energía e ilusión.

En resumen: no trates de hacer el trabajo de todo un equipo de personas, el despacho que soñaste puede verse afectado.


¿Qué puede hacer un asistente virtual por un abogado? Si no estás familiarizado con este término ni sabías de la existencia de este perfil profesional puede que no sepas cómo puede ayudarte. Lo cierto es que el asistente virtual puede darte soporte en muchas áreas de tu día a día, por ejemplo:

  • Administración. Puedes externalizar aquellas tareas diarias que tanto tiempo te consumen como mantener tu correo al día, gestionar tu agenda, recordatorio de plazos, asuntos personales, preparación de presentaciones, moderar comentarios de tu blog, construir y actualizar tu base de datos, preparar presupuestos, enviar minutas o controlar los cobros, entre muchas otras.
  • Marketing. Este área esencial en tu negocio también puedes dejarla en manos de un asistente virtual con total confianza. Se encargará de publicar y programar tus contenidos en redes sociales, atender a las consultas que recibas por estas vías, crear listas de suscriptores con tu gestor de email marketing, crear y programar correos electrónicos para promover contenido, crear newsletters y maquetar, publicar y programar artículos para tu blog.
  • Ventas. Si, como suele ocurrir con los abogados, no te sientes cómodo vendiendo, puedes delegar esta parte a tu asistente virtual, quien te ayudará a marcar objetivos, definir tu plan de acción y a desarrollar estrategias de implementación. También creará procesos efectivos que lleven a tu negocio a alcanzar sus metas y potenciará sus ventas.  
Si crees que tu despacho necesita crecer y dedicas mucho tiempo a tareas administrativas, de marketing, ventas o de gestión, contratar un asistente virtual aunque solo sean unas horas al mes, puede suponer un gran salto cualitativo y te permitirá crecer a la vez que disfrutas del camino.

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8 de marzo de 2017

La mujer en la abogacía

Autora: Inmaculada Atencia Robledo, abogada
Vicedecana del Colegio de Abogados de Málaga



Con motivo del Día Internacional de la Mujer, y no sólo la trabajadora, que se celebra el día 8 de marzo de cada año, cuya primera celebración en algunos países europeos se remonta al año 1911, y declarado como tal en el año 1972 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, me han pedido y me he animado a escribir sobre la mujer en la abogacía.

Mi primer recuerdo como abogada me lleva a pensar en mi padre, Manuel Atencia García. Desde pequeña tuve claro que quería ser abogada como él. Aunque no tuvo intención de influir en mi decisión y en mi futuro profesional me transmitió su pasión por la abogacía. Seguro que mi admiración por sus cualidades personales, por sus habilidades sociales y su gran preparación jurídica caló en mi decisión de dedicarme a la abogacía.    

Mi otro recuerdo es de mi hermana Inés. Desde que me incorporé al despacho al terminar la carrera de derecho, ha sido junto a mi padre, mi maestra.  

Esas circunstancias profesionales y personales vividas en torno a mi padre y a mi hermana como un binomio integrador ha sido sin duda un hecho determinante en mi visión profesional de la abogacía. El hecho de trabajar con los dos, hombre y mujer, me hizo darme cuenta de lo importante de la visión conjunta y complementaria de las cosas y a concluir que en la complementariedad de miras está el valor.

La realidad es que mi experiencia profesional como mujer ha sido positiva. En los años que llevo ejerciendo la profesión no he percibido, al menos de forma directa, discriminación alguna y si así hubiera sido en el fuero interno de algún profesional, compañero o cliente estoy convencida de que esa percepción se fue dispersando en cuanto comprobara que la profesionalidad de una persona no se determina por el sexo de quien ejerce la profesión. Ninguno de ellos, ni jueces, ni magistrados, ni fiscales, ni letrados de la administración de justicia, ni compañeros, ni procuradores, han actuado ni conmigo ni en mi presencia de forma discriminada. Y en cambio sí que he vivido cómo algunos de ellos han puesto en valor la incorporación de la mujer al mundo de la abogacía.
   
Por ello, lejos de recordar situaciones de discriminación vividas en el pasado y algunas de las que desgraciadamente quedan, mi visión quiero que sea  optimista y positiva.  

Sin embargo, una cosa es mi experiencia personal, y otra muy distinta la realidad de que siguen existiendo obstáculos reales en el mundo profesional para la mujer. Las estadísticas así lo recogen, pues por desgracia continúan existiendo diferencias salariales en perjuicio de la mujer y por desgracia la mujer continúa encontrando dificultades para poder acceder en igualdad de condiciones a puestos de responsabilidad y dirección en sus empresas. Y ello unido al hecho de estar ante una sociedad que valora la cultura del presentismo por encima de la cultura conciliadora, me lleva a concluir, aún a mi pesar, que nos queda camino por recorrer. Y en la abogacía como en las demás profesiones también.

Por ello lo que me queda es animaros a reflexionar sobre la forma de poder ayudar a concienciar a nuestro entorno de la importancia de la igualdad de la mujer en el mundo profesional y de la importancia de la implantación de políticas integradoras,  y os animo a estar presentes a tal fin en la sociedad para hacernos visibles y poner en valor a la mujer y lo que representamos. 

1 de marzo de 2017

Encuentros con ONGs: Amnistía Internacional, de pie por la libertad

Carlos Alonso Sot, de Amnistía Internacional y Charo Alises Castillo, presidenta de la Comisión DDHH Icamalaga




Con la proyección de este vídeo, que celebra los 50 años de existencia de Amnistía Internacional, comenzaba la intervención de Carlos Alonso Sot, responsable del equipo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de  Amnistía Internacional en Málaga, durante el encuentro celebrado en nuestro Colegio el pasado día 23 de febrero. Esta ha sido la primera sesión del nuevo ciclo, Encuentros con ONGs, organizado por la Comisión de Derechos Humanos y cuya finalidad es conocer la labor y actividades que desarrollan estas organizaciones sin ánimo de lucro.

Amnistía Internacional es una organización global e independiente que cuenta con más de 7 millones de miembros que defienden los derechos humanos en todo el mundo. En su página web podéis ver con más detalle cuál es su historia y cómo trabajan sobre el terreno, destacando siempre su independencia.

El objetivo, en resumen, es mejorar la situación de los Derechos Humanos en general.
Centrándonos en España, se recordó la figura de Marcos Ana, el primer caso por el que trabajó Amnistía Internacional en nuestro país, con este emotivo vídeo


Dentro de las distintas áreas de trabajo de Amnistía Internacional, despertó gran interés entre los asistentes todo lo relativo al trabajo en materia de asilo y refugio. Nos hablaron de la campaña #Yoacojo, actualmente en marcha y de los últimos informes publicados en relación con la Frontera Sur:
Irene Carretero, responsable del  equipo de Migración y refugio del grupo de Málaga, nos explicó que Amnistía Internacional no trabaja en la asistencia directa a estas personas, sino que lo hace
en red con otras organizaciones, como en el caso del Plan de Apoyo a las personas refugiadas,  que se hace de forma conjunta con la Universidad de Málaga y 10 organizaciones más.
La propuesta de Amnistía Internacional pasa por descentralizar el sistema de asilo, apostando por una mayor implicación de las entidades locales, con el fin de evitar más viajes y desplazamientos, que exponen a las personas migrantes a nuevas vulnerabilidades.
En esta línea, se produjo un interesante debate relacionado con la labor que desempeñan también nuestros compañeros del Turno de Oficio de Extranjería en la asistencia a las personas que llegan a nuestras costas y la de otras ONGs como Cruz Roja y CEAR.

Más información sobre Amnistía Internacional en Málaga, aquí

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22 de febrero de 2017

Formación en negociación. Derecho y práctica colaborativa.

Autora: María Gabriela Domingo Corpas, abogada
Secretaria de la Asociación ACF Abogados Colaborativos de Familia




Jornada de presentación de la formación en Negociación y práctica colaborativa en el Colegio de Abogados de Málaga

¿Estamos satisfechos los abogados y nuestros clientes con la vía legal y judicial de resolución de conflictos? Parece que cada vez hay mayor temor a afrontar un proceso ante los tribunales, porque el resultado puede ser inesperado o podemos tardar mucho en tener una solución. Nos encontramos todos los días con conflictos que no tienen respuesta ni solución en el marco legal y procesal en el que hasta ahora nos hemos movido.

En nuestro trabajo diario, nos encontramos con los siguientes problemas:
  • Procesos judiciales muy largos. Lentitud de la justicia
  • Respuestas que no satisfacen las expectativas
  • Compañeros poco preparados o muy competitivos que no facilitan los mejores resultados.
  • Clientes insatisfechos, aún con sentencias favorables
  • Relación trabajo / ingresos inadecuada
Y precisamente ese amplio campo de conflictos a los que no puede dar respuesta la justicia, está haciendo que el rol del abogado cambie y deje de ser únicamente asesor legal y litigante para convertirse en un especialista en gestión de conflictos, teniendo que disponer de otras herramientas además de las legales y judiciales para poder obtener el mejor rendimiento. De ahí que la negociación estratégica y el derecho colaborativo estén adquiriendo cada vez un mayor impulso, y que haya mucha demanda de este tipo de formación.

Negociación estratégica y derecho colaborativo


La negociación es la base de los métodos de gestión de conflictos por vía no judicial o arbitral. Negociar estratégicamente implica planificar para obtener los resultados deseados.

El Derecho Colaborativo es un proceso de negociación especialmente diseñado para ser utilizado por los abogados, aunque no quedan fuera de su ámbito otros profesionales.

Se basa en un trabajo en equipo entre los abogados, sus clientes y eventualmente profesionales de otras disciplinas (p. ej. mediadores, psicólogos, coaches, asesores fiscales, peritos, etc.) con el fin de poder explorar de forma eficaz las posibilidades de acuerdo y lograr así unos resultados que sean más convenientes y satisfactorios que los pueden lograrse en la vía judicial; además se da lugar a estados emocionales propicios que permitan llegar a estos acuerdos.

El hecho de que los abogados estructuren la negociación como una colaboración para la búsqueda de soluciones que sean satisfactorias para todos los implicados no supone que los abogados sean imparciales ni dejen de defender los intereses de sus clientes, al contrario. Se opta por esta vía, porque es la que mejor puede ayudar a solucionar el concreto problema de que tratamos. Las estadísticas de acuerdos alcanzados en estos procesos es de aproximadamente un 80%, y el nivel de satisfacción para los clientes y abogados es muy grande.

El Derecho Colaborativo es aplicable en cualquier área del Derecho, mercantil, laboral, civil, y especialmente en el ámbito del derecho de familia.

La Asociación de Abogados Colaborativos de Familia (ACF) está muy implicada en facilitar formación para así conseguir que haya cada vez un mayor número de abogados colaborativos, y poder ofrecer a los clientes esta otra formula de solución de conflictos.

El programa que se va a ofrecer está dirigido por el profesor D. Christian Lamm, de reconocido prestigio en España y en el extranjero. El cumplimiento de los tres módulos será computado para pertenecer a la Asociación de Abogados Colaborativos de Familia, y capacita en cualquier caso para la formación en la práctica colaborativa.

El curso va dirigido a los abogados en general, con especial indicación para los abogados de familia, pero también va destinado a cualquier profesional que trabaje en conflictos jurídicos, económicos, sociales, laborales, de empresa, etc.

Os animamos a conocer esta nueva vía de solución de conflictos en la que el abogado negociador y formado en colaboración tiene un papel fundamental.

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15 de febrero de 2017

La vivienda conyugal: últimas sentencias del Tribunal Supremo

Autor: Juan José Reyes Gallur, abogado
Especialista en Derecho de familia



East wind over Weekhaven, Edward Hopper
La vivienda familiar, su uso y qué ocurre en la liquidación de gananciales es el caballo de batalla de los abogados que nos dedicamos al derecho de familia. Confiando sean de utilidad para todos ellos, comparto estas tres últimas resoluciones del Tribunal Supremo, que para mi entender son muy relevantes:
  • Uso de la vivienda y tercero que “cohabita” en ella.  STS 19 enero de 2017. ( Id Cendoj: 28079110012017100022) .
Esta sentencia parte de la necesidad de aplicar la doctrina de la proporcionalidad en materia de alimentos, y por consiguiente reduce la pensión alimenticia al considerarse que la vivienda es una parte de los alimentos establecidos, por lo que, si el domicilio atribuido a los hijos es usado por terceros, se perjudica al alimentista al dar cobijo a un tercero que la usa y disfruta.
“Es doctrina reiterada de esta Sala (sentencias 27 de enero , 28 de marzo y 16 de diciembre de 2014 ; 14 de julio y 21 de octubre de 2015 que el juicio de proporcionalidad del artículo 146 CC «corresponde a los tribunales que resuelven las instancias y no debe entrar en él el Tribunal Supremo a no ser que se haya vulnerado claramente el mismo o no se haya razonado lógicamente con arreglo a la regla del art. 146», de modo que la fijación de la entidad económica de la pensión y la integración de los gastos que se incluyen en la misma, «entra de lleno en el espacio de los pronunciamientos discrecionales, facultativos o de equidad, que constituye materia reservada al Tribunal de instancia, y por consiguiente, no puede ser objeto del recurso de casación». Y no lo es en este caso porque este juicio de proporcionalidad en cuanto al caudal o medios del alimentante y necesidades del alimentista se ha aplicado correctamente en función de los datos que se tuvieron en cuenta en el momento de fijarse los alimentos, como son la contribución de ambos cónyuges a los gastos de la vivienda y coste de una empleada de hogar lo que, a juicio de la audiencia, son gastos de los que se beneficia la nueva familia en perjuicio del alimentante, y que motiva que la obligación de pago deba reducirse en razón a la entrada en escena de un tercero que necesariamente debe contribuir a estos gastos, estando como está integrada la vivienda en el concepto de alimentos, y esta argumentación no es irracional ni menos aún absurda para sustituirla en casación.”

  • La STS 23 de enero de 2017 (Id Cendoj: 28079110012017100042), reitera los criterios del uso de la vivienda y custodia compartida y la posibilidad de mantener el uso temporal a favor de uno de los progenitores.
“…..«Esta Sala, al acordar la custodia compartida, está estableciendo que la menor ya no residirá habitualmente en el domicilio de la madre, sino que con periodicidad semanal habitará en el domicilio de cada uno de los progenitores, no existiendo ya una residencia familiar, sino dos, por lo que ya no se podrá hacer adscripción de la vivienda familiar, indefinida, a la menor y al padre o madre que con el conviva, pues ya la residencia no es única, por lo que de acuerdo con el art. 96.2 C. Civil , aplicado analógicamente, a la vista de la paridad económica de los progenitores, se determina que la madre podrá mantenerse en la vivienda que fue familiar durante un año, con el fin de facilitar a ella y a la menor (interés más necesitado de protección), la transición a una nueva residencia ( STS 9 de septiembre de 2015; Rc. 545 de 2014 ), transcurrido el cual la vivienda quedará supeditada al proceso de liquidación de la sociedad de gananciales.» ( STS de 17 de noviembre de 2015 y 11 de febrero de 2016 , entre otras).».”

  • Liquidación de gananciales y domicilio familiar único bien a dividir. STS 27 de enero de 2017, Id Cendoj: 28079110012017100046. Esta recentísima sentencia confirma que si las partes se oponen a que la vivienda sea adjudicada a uno y compensando al otro el exceso al ser indivisible no queda más remedio que subastar, haya o no uso de la vivienda atribuido a uno de ellos. Así que cuidado con la negativa a la adjudicación de la vivienda.
El contador partidor adjudicó la vivienda a uno de ellos obligando a compensar al otro económicamente, aplicando el 1062 ,1 del Código civil, si bien ambas partes se manifestaron con rotundidad en el acta que no deseaban la adjudicación de la vivienda, con compensación en metálico a la otra parte, por no tener disponibilidad económica para ello.

A la vista de ello la sala decide que:
“4.- Por todo ello procede estimar el recurso en el sentido de que se proceda a vender la vivienda familiar identificada y sus anejos inseparables, en pública subasta con admisión de licitadores extraños, y reparto del producto de la venta al 50% para con tal activo decidir sobre la partición de todos los bienes, pudiéndose entonces hacer compensaciones en metálico si la igualdad de los lotes lo exigiese.”

Como vemos el Tribunal Supremo sigue muy activo en esta materia y nos obliga a consultarlo casi a diario.

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Imagen: wiki commons Por Edward Hopper © Heirs of Josephine N. Hopper, licensed by the Whitney Museum of American Art. (Whitney Museum) [Public domain], undefined

7 de febrero de 2017

¿Por qué especializarte en Protección de la Discapacidad?

Autora:  María José García Alguacil,
Profesora Titular de Derecho Civil 
Universidad de Málaga




¿Cuántas son las personas que dicen ser entendidas en el tema de la discapacidad? Podríamos decir que muchas. Sin embargo ¿cuántas son “expertas” en el conocimiento  y desarrollo integral de la discapacidad en los distintos ámbitos en los que ésta se manifiesta? A esta segunda pregunta deberíamos contestar que muy  pocos. Muchos son los interesados pero pocos los preocupados hasta el punto de comprometerse en una formación esmerada que les garantice que la ayuda o el apoyo que han de proporcionar a las personas con discapacidad, con las que tratan o con las que se encuentran a lo largo de la vida, sea realmente efectiva.

El Título de Experto en Protección de la Discapacidad de mayores vulnerables que ha lanzado la Facultad de Derecho junto al Colegio de Abogados y la Fundación Aequitas, pretende dar respuesta a las demandas de nuestra sociedad, en la que la discapacidad se ha convertido en su “talón de Aquiles”. Una sociedad cada vez más envejecida, con más enfermedades y con un horizonte a la vista no demasiado halagüeño. La persona con discapacidad nace o se  hace. Unos se encuentran con la discapacidad de golpe en su vida, sin haber esta pedido permiso, otros nacieron y aprendieron a vivir con ella, y otros, y estos son el colectivo al que se dirige en concreto este Título, acabarán siéndolo por la enfermedad, que en buena parte de las ocasiones, les ha proporcionado la propia vejez. Y es que como ya se ha dicho, “le hemos ganado años a la vida, pero no vida a los años”. Nos hallamos ante una población envejecida, donde la longevidad se ha convertido en la semilla de muchos de los males que asolan nuestras vidas. El Alzheimer, la demencia senil, las enfermedades degenerativas en general existieron siempre, pero lo cierto es que ahora son mucho más visibles.

 Es por  todo ello por lo que hemos querido organizar este Título de Experto, destinado a colectivos muy diversos, pues todos ellos, antes, después o en el intermedio, se encontrarán con estas personas con discapacidad. Es un Título dirigido a los profesionales del Derecho, a trabajadores sociales, a terapeutas, a psicólogos, a profesionales de la medicina, enfermeros y demás personal en contacto directo o indirecto con la persona con discapacidad. Todos, cada uno en su esfera de trabajo ha de procurar dar lo mejor de sí mismo. Pero poco puede dar el que previamente no se ha procurado una formación adecuada. No podemos pensar que sólo son los jueces, o los abogados, o sólo los médicos, o el personal de las residencias, los que de forma aislada, van a proporcionar bienestar a la vida del mayor con discapacidad. No vivimos aislados. Formamos parte de una sociedad que necesita el compromiso firme de todos y cada uno de nosotros. No podemos siempre esperar que sean otros los que solucionen los problemas de los demás. Estamos llamados a servir de una u otra forma al que tenemos al lado, a procurarle la mejor de las respuestas y el apoyo más necesario. ¿Quién no ha escuchado a veces a alguien preguntándose como podría organizar su vida, su patrimonio por si llegara a pasarle algo el día de mañana? O a alguien que te dice si es posible que a esa persona se la desherede por el mal comportamiento que ha tenido con el familiar en cuestión del que no se ha ocupado a lo largo de los años, o ¿cómo gestionar éste o ese tema?, o ¿si se podrían poner sujeciones a esta persona porque está peligrando su vida o la de su compañero?, y otras mil cuestiones a las que en este Título se le van a dar respuesta.

En definitiva, el Título nace porque existe una realidad sobre la discapacidad que es preciso poner de manifiesto. La realidad de un colectivo, en ocasiones oculto o invisible ante los ojos de quienes nos decimos “capaces”. Hemos tenido la suerte de encontrarnos por el camino con colectivos que llevan luchando por la defensa e integración de las personas con discapacidad toda la vida. Sus propuestas de modificación, a buen seguro, llegaran más pronto que tarde al destino deseado.

Ha llegado el momento de tomar conciencia de que está en nuestras manos  mejorar la situación de las personas que necesitan apoyos en sus vidas. Pero para ello, la formación es un eslabón esencial. Nosotros nos comprometemos a ayudaros a ayudarles. Necesitamos vuestro compromiso en la formación.

Podéis preinscribiros desde aquí . El plazo está abierto hasta el 17 de marzo.

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1 de febrero de 2017

Malos tiempos para la lírica...bancaria. El ITP-AJD y el prestatario

Autor: Diego Castro Pardo 
Asociado senior. KPMG abogados


Pocos días antes de tener conocimiento de un nuevo pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que castiga la práctica bancaria realizada durante los últimos años y que afecta, en esta ocasión, a la denominada “cláusula de vencimiento anticipado”, se dictó una interesante sentencia de un juzgado de primera instancia (concretamente, el número once, de Oviedo), que abordaba directamente la controvertida asunción, por parte del prestatario de la financiación, de pagar el importe concerniente al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Esta sentencia podría considerarse poco novedosa puesto que dicha controversia ya había sido objeto de análisis previamente y de manera reiterada por nuestros tribunales. Si bien, alcanza una importancia considerable si atendemos a que trata una cuestión sobre la que la sala Civil del Tribunal Supremo, ya en fecha 23 de diciembre de 2015, abrió una veda difícil de cerrar con los pronunciamientos recaídos en nuestros tribunales, al menos en la jurisdicción civil.

El Tribunal Supremo, en la citada sentencia en la que se analiza el carácter abusivo de varias cláusulas contenidas en contratos hipotecarios considera, apoyado en un razonamiento más breve que conciso, que los impuestos concernientes a las transmisiones patrimoniales (ITP) y el relativo a los actos jurídicos documentados (AJD) han de ser asumidos por la entidad que concede la financiación.

En este caso podría afirmarse que ha concurrido algo de inventiva para trasladar la carga impositiva de ambos impuestos a las entidades concedentes de la financiación cuando el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que regula los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados recoge, respectivamente en sus artículos 8 y 29, que el sujeto pasivo de dichos impuestos y, por lo tanto, obligado a su pago, son los adquirentes del bien o derecho.

Pues bien, el Supremo se desmarca de la clara redacción de dichos preceptos, y en lo que concierne al impuesto sobre los actos jurídicos documentados afirma que “[…] la entidad prestamista no queda al margen de los tributos que pudieran devengarse con motivo de la operación mercantil […]”, afirmación que parece hacer extensiva al impuesto sobre transmisiones patrimoniales, completándola con “[…] al menos en lo que respecta al impuesto sobre actos jurídicos documentados […]”.

Llegados a este punto, cabría plantearse por qué la sala de lo Civil del Tribunal Supremo afirma que, al menos en lo que concierne a la carga impositiva de los actos jurídicos documentados, el verdadero sujeto obligado a su pago sería la entidad que otorga la financiación. Sin embargo, a pesar de la considerable extensión de la sentencia citada, en lo que concierne a dicha inversión no resulta suficientemente clara, y no se alcanza a comprender el razonamiento expuesto. Para ello, es necesario acudir a otros pronunciamientos del propio Tribunal Supremo, aunque en este caso, de su sala de lo Contencioso.

En este sentido, debemos hacer referencia a la sentencia del Tribunal Supremo, sala de lo Contencioso, de fecha 27 de marzo de 2006, y de la cual se hace eco la citada sentencia del juzgado de primera instancia número 11 de Oviedo. En ella, el Tribunal Supremo afirma que el interesado en que se expidan los documentos notariales son los prestatarios porque “[…] el derecho a que se refiere el precepto es el préstamo que refleja el documento notarial, aunque este se encuentre garantizado con hipoteca y sea la inscripción de esta en el Registro de la Propiedad elemento constitutivo del derecho de garantía […]”, algo que toma especial relevancia ya que, en el caso concreto del impuesto sobre actos jurídicos documentados, el artículo 29 de la norma citada anteriormente hace referencia a que será sujeto pasivo del mismo aquel en cuyo interés se expida el documento notarial. 

Así pues, de conformidad con lo expuesto por la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo el verdadero interés residiría en el perceptor de la financiación, y no en el concedente de la misma, puesto que el interés partiría de aquel que necesita una financiación para realizar un determinado acto jurídico, y no de la entidad financiera que cubriría su interés de asegurar el cobro de la financiación otorgada con la constitución de una garantía hipotecaria.

Estaremos atentos al próximo pronunciamiento del Tribunal Supremo al respecto, ya sea de su sala Civil, ya de su sala de lo Contencioso.

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