28 de septiembre de 2016

Unión Europea y España: 30 años de encuentro

Autora: María Isabel Carmona González, abogada
Especialista en Derecho Mercantil, Internacional y de las Nuevas Tecnologías
Miembro de la Sección de Nuevas Tecnologías del Colegio de Abogados de Málaga

Logo de los 30 años de España en la UE (Comisión Europea en España)

La celebración de un aniversario siempre es una buena ocasión para hacer balance y reflexionar sobre el futuro. Este año se cumplen 30 años de la incorporación de nuestro país a la Unión Europea y con este motivo la Fundación General de la Universidad de Málaga, en el marco de los cursos de verano organizados en su sede de Marbella, impartió durante los días 18 a 22 del pasado mes de julio el curso "España en la UE y la UE en España 1986-2016. Balance y prospectiva" dirigido por la Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Institucionales de la Universidad de Málaga Dª Magdalena Martín Martínez.

Logo de la Presidencia española del Consejo (Ministerio de la Presidencia)

Además de reflexionar sobre lo que ha supuesto para España su pertenencia a la UE el curso pretendía ampliar el foco del análisis sobre otra interesante perspectiva: valorar la huella que ha dejado nuestro país en la propia Unión y especialmente cuál debe ser nuestra posición frente a los problemas a los que actualmente se enfrenta el proyecto europeo.

Aunque cada una de las jornadas del curso estuvo dedicada al análisis de un bloque de temas específico para facilitar su examen (vertiente política, jurídica, social, económica e internacional) la interconexión existente entre ellos hizo que se algunas cuestiones se abordaran desde un planteamiento más global. Pese a que es difícil sintetizar en pocas palabras la riqueza de las reflexiones que se expusieron y debatieron a lo largo de las cinco jornadas del curso, pueden extraerse una serie de conclusiones generales en las que coincidieron la mayor parte de los ponentes.

Un balance en general muy positivo.
La opinión mayoritaria fue que nuestra pertenencia a la UE ha resultado muy positiva ya que nos ayudó, entre otras cuestiones, a consolidar la democracia o modernizar nuestra economía y, en definitiva, a avanzar como país en el contexto internacional. Por otra parte, España se ha caracterizado por ser un socio activo con una actitud constructiva que ha realizado importantes aportaciones al avance de la Unión, tales como la dimensión y perspectiva latinoamericana o las significativas contribuciones a la Carta de Derechos Fundamentales y al desarrollo de modelos de políticas de igualdad.

Sin embargo el optimismo y la ilusión del principio se han visto atemperados por la actual situación de crisis que padecemos a todos los niveles pese a que nuestro nivel de desafección por el proyecto europeo sigue estando por debajo de la media. Si bien no nos cuestionamos la necesidad de pertenecer a la Unión quizás nos falte realizar un esfuerzo de prospectiva: tenemos que decidir cuál debe ser el futuro papel de España en la UE y cómo debe ser esa UE en la que queremos estar.

Los grandes retos.
En las diferentes intervenciones se analizaron en profundidad los grandes retos a los que se está enfrentando la Unión y cuya superación es vital para la propia supervivencia del proyecto europeo destacando tres:
  1. La pérdida de confianza en el actual modelo europeo. Si bien se considera que los valores que promovieron la fundación de la UE y su desarrollo no están en riesgo, la situación mundial actual precisa que se pongan al día. El Brexit ha supuesto una cruda llamada de atención ante esta realidad y un escenario que obliga a dar una solución inmediata a la disyuntiva entre avanzar en la consolidación del proyecto común o devolverlo a un entorno limitado por los intereses de los estados-nación.  Se apreció un cierto consenso sobre los motivos de esta desaffectio por el proyecto europeo que recorre el continente: una baja calidad tanto de la democracia como de los líderes nacionales, un cambio en la valoración de los problemas y sus responsables donde los logros se atribuyen a la acción de los estados y los problemas a la "burocracia" de Bruselas y una falta de liderazgo a nivel comunitario, incapaz de asumir riesgos y cambiar la actual desazón por ilusión en un futuro común. Y aunque no se propusieron soluciones concretas sí se reclamó un fortalecimiento del liderazgo y de las instituciones para poder avanzar en el proyecto europeo.
  1. La crisis económica y financiera.  Los incuestionables efectos que la crisis dejó en el ámbito europeo (recuperación precaria, riesgo de estanflación, incremento de la desigualdad económica etc.) tienen que solucionarse en un entorno donde el proceso de Unión Económica permanece inacabado. Aunque se crearon mecanismos de coordinación que se reforzaron tras la crisis (p.ej. mecanismos de asistencia financiera para países con dificultades de financiación), dichos mecanismos no estaban previstos en los Tratados por lo que tuvieron que generarse al tiempo que evolucionaba la crisis incluso acudiendo a fórmulas de derecho internacional (tratados) situadas al margen del derecho comunitario. Esto ha dificultado la obtención de soluciones basadas en una perspectiva comunitaria y menos en intereses nacionales.  Desde la posición española se propusieron como alternativas la revisión de la arquitectura del estado (especialmente en el diseño del sistema de financiación de los entes autonómicos y locales) y una mayor integración para que Europa pueda verdaderamente ser la solución como proclamaba Ortega.
  1. Crisis de los refugiados y la evolución de los principios básicos sobre los que se fundamenta el desarrollo de la Europa de los ciudadanos. La actual crisis de refugiados a que se está enfrentando el proyecto europeo ha puesto de rabiosa actualidad la evolución de la libertad de circulación de personas y el sistema común europeo de asilo al tiempo que está sacudiendo uno de los elementos esenciales de su construcción. Sigue planteándose la disyuntiva entre avanzar hacia un modelo de unión más inclusivo y solidario o volver a los orígenes centrándose en la construcción de una unión de carácter predominantemente económico. De nuevo la Europa de los mercaderes frente a una Europa de los ciudadanos.
Caminando hacia el futuro.

Si bien se manifestó un cierto acuerdo sobre la necesidad de permanecer en la UE no quedó tan claro cuál es el modelo de Unión en el que queremos quedarnos y cómo. La política europea se ha caracterizado siempre por intentar buscar un equilibrio entre posiciones contrapuestas por lo que la solución a los problemas detectados debería afrontarse desde esta perspectiva; trabajando en la búsqueda de equilibrios entre la libertad y la seguridad, la profundización en la integración o la vuelta a la perspectiva de los estados nacionales, la Europa del comercio o la de los ciudadanos etc. intentando además conjugar democracia y soberanía en un entorno globalizado cuando estos conceptos no pueden darse a la vez y con la máxima intensidad.

El proceso se encuentra lastrado por la falta de calidad de liderazgo tanto a nivel europeo como nacional pero debe seguir adelante. Hoy nos enfrentamos a problemas globales que requieren soluciones globales y Europa debe convertirse en un actor principal que participe en la gobernanza de la globalización y no se limite a defenderse de ella. De no ser así nuestro futuro podría verse seriamente comprometido.

Si te gustó esta entrada, tal vez te interesará leer:
- Retroactividad de las sucesiones de no residentes en España
- Tax lease. El no falseamiento de la competencia o el tiro errado de la Comisión.
- La patente única europea.

Imágenes:
http://ec.europa.eu/spain/sobre-la-ue/espana-30-ue/index_es.htm
http://www.xn--espaa-ue-yyavan30-ixb.eu/

20 de septiembre de 2016

Cooperativas de vivienda ¿Una alternativa a la burbuja?

Autora:  Lucía Álvarez de Toledo Martínez, abogada
Asociada del área de Litigación y Arbitraje de Cuatrecasas, Gonçalves-Pereira, Olivencia Ballester


A raíz de la tan esperada recuperación económica y con las noticias sobre la progresiva reactivación de un mercado inmobiliario, afectado por la aun latente crisis, a nadie se le escapa que grúas y ladrillos vuelven a estar en movimiento. Y con ello la vuelta a un modelo mayoritariamente especulativo que hace prever un nuevo encarecimiento de la vivienda. Esta subida viene provocada, fundamentalmente, por la intervención de las grandes promotoras que, años atrás, se habían visto obligadas a replegar velas y en la mayoría de los casos habían mantenido apalancados miles de inmuebles vacíos a la espera de que recuperaran su valor tras la gran crisis.

En estos momentos en los que se nos promete una nueva época de bonanza y vemos cómo la burbuja inmobiliaria trata de volver a recuperar parte del aire que antaño perdió, resurgen también, aunque con menor protagonismo, modelos alternativos para la adquisición de vivienda, como es el caso de las cooperativas.

Una cooperativa de vivienda es una empresa constituida por personas que desean acceder a una residencia en propiedad a un precio más bajo que el ofertado en el mercado. La nota característica de la cooperativa es la ausencia de ánimo de lucro mercantil, que permite el acceso a la vivienda a precio de coste. En Andalucía, las cooperativas están reguladas por el Decreto 123/2014 de 2 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 14/2011 de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Es notorio que con la caída de precios en el mercado inmobiliario, el ahorro que suponía estar en una cooperativa era menor y, por ello, años atrás se redujo la incidencia de este modelo. Además, otra serie de dificultades añadidas derivadas de la retirada de la práctica totalidad de las ayudas públicas, la eliminación de la desgravación por la compra de vivienda habitual, la subida del IVA, la dudosa labor de las sociedades gestoras y la imposibilidad de acceso a la financiación bancaria – por la exigencia a las cooperativas de la venta anticipada del 70% de las viviendas para acceder a un préstamo - provocaron la práctica desaparición del modelo cooperativo en este ámbito.
Sin embargo, con el germen de la recuperación económica son muchas las voces que nuevamente defienden el papel de la cooperativa frente a otras formas de adquisición. Ahora bien, para que este modelo incremente realmente su popularidad, se hace necesaria una contribución activa por parte de las Administraciones Públicas que permita rebajar el riesgo calificado para las operaciones de crédito promotor y de suelo cuando se realicen con cooperativas de viviendas cubiertas al 100% con socios cooperativistas. El control de la Administración es fundamental, asimismo, para asegurar las buenas prácticas en este mercado y la depuración de responsabilidades en los proyectos ya iniciados.


Como hemos adelantado, la esencia de este modelo es permitir al futuro propietario el ahorro de los costes de la intermediación promotora. No obstante, antes de plantearse acudir a este régimen, existen una serie de precauciones que deben ser tenidas en cuenta para realizar una inversión coherente y sin riesgo.

En el caso de que nos planteemos seriamente optar por la cooperativa de vivienda como medio para convertirnos en propietarios de un inmueble, debemos tener en cuenta que al adherirnos a esta empresa, nos convertiremos automáticamente en auto-promotores, asumiendo múltiples responsabilidades frente a proveedores y trabajadores, para las que en la mayoría de los casos no estaremos preparados. Es por ello que, antes de embarcarte en esta aventura, deberás poner especial atención para evitar cualquier fraude de supuestas cooperativas que no se comportan como tales, sino que hacen al cliente asumir todos los riesgos económicos del proyecto sin posibilidad de tomar decisiones o revocar aquellas que ya se han tomado.

En todo caso, antes de incorporarte a una cooperativa puedes comprobar si existe alguna que sea de tu interés en la Federación de Cooperativas de Viviendas de España y, una vez encontrada la que se ajuste a tus necesidades, deberás verificar que esté inscrita en el Registro de Cooperativas y constituida ante notario, así como que se trate de una sociedad solvente, capaz de asumir el proyecto que emprende.

Una cuestión esencial antes de realizar una inversión de este tipo, es comprobar cuáles son las características del suelo donde se pretende construir y si se trata de una vivienda pública, de un contrato con opción de compra o de una compraventa o permuta. Además, es fundamental que las cantidades que aportan los cooperativistas estén garantizadas mediante aval bancario o a través de una compañía de seguros. En este punto, hay que tener en cuenta que la Ley de Ordenación de la Edificación obliga a las personas socias a devolver tales cantidades en el caso de incumplimiento en cuanto al plazo o la forma de ejecución.

Por último, antes de entregar cantidades a cuenta, es imprescindible verificar que existe un proyecto técnico o anteproyecto que garantice los plazos de ejecución de la obra, así como que esté disponible la suficiente información sobre los planes de pagos y financiación y sobre tus derechos como cooperativista o cliente.

Superados los anteriores filtros, la cooperativa puede convertirse en una alternativa más que razonable frente al sistema tradicional de compra de vivienda, pues además de suponer un ahorro en cuanto al coste, permite a los cooperativistas adoptar, por mayoría, mejoras en las calidades de sus viviendas y los planes de pagos suelen ser accesibles, para adaptarse a la capacidad económica de los socios, siempre que no se comprometa la viabilidad de la promoción.

Si te gustó esta entrada, tal vez te interesará leer:

Imágenes: pexels

14 de septiembre de 2016

Una toga para los intérpretes

Autora: Victoria Moreno Leyva,
Traducción/interpretación judicial 

La semana pasada me invitaron a un cumpleaños. Si lo pienso detenidamente, me parece un rito maravilloso esto de celebrar el aniversario del nacimiento de una persona. Así como la liturgia que acompaña a la celebración del hecho de envejecer. A grandes rasgos, nos reunimos con la familia y los amigos, compartimos una tarta en la que soplamos las velas que representan los años vividos y nos regalan presentes para celebrar el pasado y el futuro.

Bueno, que yo lo que quería era hablaros del cumpleaños al que fui la semana pasada. Mi amiga cumplía los treinta – según mi abuela treinta y uno, porque lo que cuenta es el año que vas a vivir - y en esta ocasión, quería hacer algo especial. Nos envió un email con información de la fiesta. En el email también mencionaba una petición: los invitados debían ir de blanco. En mi caso, me centré en planificar el volumen de trabajo para cumplir con el plazo de entrega, no podía perderme el cumpleaños. El día de la fiesta me levanté muy temprano, revisé por última vez el texto y lo envié al cliente con satisfacción y alivio. Me di una ducha, me puse mis pantalones cortos, la camiseta más fresquita y conduje en dirección al cumpleaños. Por el camino me llegó el email de confirmación de recepción. Genial. Ahora tocaba disfrutar. Cuando llegué a mi destino, aparqué y llamé a la puerta de la casa. Al abrir ¡menuda sorpresa! Había olvidado por completo la petición. A mi alrededor todos iban de ibicencos y yo de grancanaria.

La situación era cómica y llamaba la atención porque sin pretenderlo, me había convertido en el elemento disonante de la fiesta. Rompía la armonía, si, pero al fin y al cabo era una fiesta, pasada la vergüenza inicial, y el ayqueverquecabezatienes, no influyó un ápice en la diversión general.

Entonces pensé en cómo esa sensación me era familiar.

Interpretación judicial Icamalagablog
Me acordé de las veces que interpretando en  sala lo había pensado. En los juicios, mientras miraba al estrado: los abogados, el juez, el fiscal...Todos llevaban aquellas togas negras, solemnes, rituales, litúrgicas y esenciales para celebrar el acto del juicio. Esas vestiduras que los preparan para una ceremonia casi teatral. Recordé uno de mis primeros juicios, cuando me llamaron para que fuera a sala, sin citación previa y sin saber de qué delito se trataba. Me visualicé con prisa por los pasillos, con unas cuñas marrones y un vestido largo azul claro de florecitas, si si, de estos hippies que se llevan ahora tanto. Se trataba de un juicio por tentativa de homicidio y hasta los GEO llevaban uniforme. Me acordé de lo que me habría gustado haber pedido prestada una toga. Me imaginé como sería la nuestra. De un azul añil brillante, con puñetas bordadas y el escudo del Cuerpo de Intérpretes Judiciales en un hilo amarillo y azul grancanario.

Obviamente, cada uno es libre de vestir como guste, aunque en determinadas situaciones, trabajos o fiestas de cumpleaños, conviene más no alterar la armonía del entorno y adaptarse al contexto en el que se va estar.


Y como por el momento, el Cuerpo de Intérpretes Judiciales carece de toga, bata, pijama o uniforme, intento entretanto ir lo más armónica posible en sala. Quizás el dónde fueres haz lo que vieres de mi abuela resuma esta percepción. Y es que el intérprete judicial es una parte tan esencial en la celebración del acto del juicio como el resto de invitados, digo, de las partes.  

Si te gustó esta entrada, tal vez te interesará leer:

7 de septiembre de 2016

La Justicia francesa: breve presentación de sus tribunales


Autora: Lucie Davioud,
Jurista-lingüista y fundadora de Leglosa


Independientemente de que seamos juristas y de que nuestra profesión esté íntimamente relacionada con el Derecho, en ocasiones nos encontramos con que debemos trabajar con un sistema jurídico extranjero. En estos casos, es conveniente conocer al menos cuáles son sus principales características, así como sus similitudes y diferencias con relación al sistema jurídico español.

En concreto, este artículo trata sobre la organización de la Justicia en Francia. Sin embargo, como se trata de un tema muy vasto, empezaremos por presentar y describir someramente cuáles son los órganos jurisdiccionales del país vecino y sus respectivas competencias.

En Francia, la organización de la Justicia está regulada en el Code de l’organisation judiciaire y el Code de justice administrative, que ordenan el sistema judicial y determinados órganos jurisdiccionales administrativos, respectivamente.

La primera diferencia que observamos es que, mientras que en España la jurisdicción ordinaria está dividida en cuatro órdenes jurisdiccionales, Francia cuenta con dos: el ordre judiciaire, en el que se resuelven los conflictos entre particulares y las infracciones de naturaleza penal; y el ordre administratif, en el que se resuelven los conflictos entre particulares y el Estado o la Administración pública. Son dos órdenes completamente independientes el uno del otro, tal y como lo exige el principio de la separación de poderes, en virtud del cual un juez del ordre judiciaire no podrá conocer de asuntos relacionados con la Administración pública.

Asimismo, cada uno de esos órdenes está compuesto por órganos jurisdiccionales (juridictions) de primera instancia, de segunda instancia y de casación —que es el órgano más alto del orden en cuestión—, organizados piramidalmente.

Leglosa

Así, en la base del ordre judiciaire están los órganos jurisdiccionales de primera instancia (juridictions de première instance, también llamadas juridictions de premier degré), que conocen de los asuntos por primera vez. A su vez, estos están divididos en dos grandes categorías: las juridictions civiles (órganos jurisdiccionales civiles) y las juridictions pénales (órganos jurisdiccionales penales).

Las primeras, por su parte, están integradas por el tribunal de grande instance (órgano jurisdiccional común), tribunal d’instance, juridiction de proximité (hasta principios de 2017), tribunal de commerce (se encarga de dirimir los litigios entre comerciantes), conseil de prud’hommes (que resuelve, en el ámbito privado, los conflictos entre el empleador y el empleado nacidos del contrato del trabajo), tribunaux des affaires de sécurité sociale y tribunal paritaire des baux ruraux.

Por su parte, los órganos jurisdiccionales penales son competentes en función de la infracción cometida, dividida en tres tipos según la gravedad: contravention, délit y crime (de la menos grave a la más grave). Desde septiembre de 2003 y hasta 2017, tanto el Tribunal de police (contraventions de 5ème classe) como la juridiction de proximité (contraventions de las primeras cuatro categorías) son competentes para conocer de las contraventions. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2017, fecha en la que se suprimirán las juridictions de proximité, el tribunal de police recuperará la competencia total en materia de contraventions.
Puede suceder que las partes no estén satisfechas con la resolución dictada por el órgano jurisdiccional competente de primera instancia. En este caso, en principio podrán recurrirla ante la cour d’appel, tribunal de segunda instancia. Este está dividido en varias chambres (salas), especializadas en materias (p. ej., chambre des appels correctionnels, chambre commerciale, chambre sociale, etc.).

Si aún con todo éstas no obtuvieran satisfacción, podrán interponer un recurso de casación ante la Cour de cassation, el Alto Tribunal del ordre judiciaire: es único y se encuentra en París. No se sitúa en una tercera instancia, puesto que su labor consiste en pronunciarse sobre la legalidad de la resolución dictada en última instancia por los órganos jurisdiccionales civiles y penales, y no sobre el fondo del asunto, garantizando así la uniformidad de la jurisprudencia a escala nacional.

El ordre administratif, por su parte, está estructurado de la misma manera que el ordre judiciaire.


Así, en la base encontramos los tribunaux administratifs y cours administratives d’appel, que son los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia, respectivamente. El Conseil d’État culmina la configuración de este orden: es el Alto Tribunal del mismo.

Sin embargo, y a diferencia de la Cour de cassation, que solo tiene competencia para conocer de los pourvois en cassation (recursos de casación), el Conseil d’État también es competente, por motivos históricos, para conocer de los asuntos en primera y segunda instancia que la ley determine.

Finalmente, concluimos este artículo con el Tribunal des conflits, encargado de resolver los conflictos de competencias que necesariamente van a surgir entre los dos órdenes jurisdiccionales antedichos, determinando cuál de los dos es competente en cada caso. Se trata de un órgano jurisdiccional paritario, formado por miembros de la Cour de cassation y del Conseil d’État, completamente independiente de los dos órdenes jurisdiccionales.

A este respecto, la organización judicial francesa constituye una excepción: si bien los conflictos de competencias son inherentes a esta dualidad jurisdiccional, de entre todos los países que han adoptado este sistema judicial, tan solo Francia ha creado un órgano específico para su resolución.

Si te gustó esta entrada, tal vez te interesará leer:

- El Coronel Chabert
- La profesión de abogado en Inglaterra