27 de julio de 2016

Testamento digital: el futuro de tu identidad digital

Autora: Carmen Andrey Martín, abogada
Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla


Nuestra identidad digital tiene cada vez mayor incidencia en nuestra vida cotidiana: la mayoría de nosotros tenemos cuentas de correo electrónico y somos usuarios de redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram. También es lo más usual tener guardadas nuestras fotografías, películas o música favoritas en algún soporte digital o volcadas en Internet. Todo esto configura un “patrimonio digital” que es susceptible de transmisión y puede ser legado tras el fallecimiento de una persona.
Parece necesario teniendo en cuenta lo anterior que en el momento en que una persona se plantea a quién va a dejar en herencia su casa o el dinero de sus cuentas bancarias también se pregunte qué hacer con su “identidad digital”. Tanto la sociedad como las nuevas tecnologías avanzan más rápidamente que la legislación (no sólo la española sino la internacional) por lo que las leyes sucesorias no están adaptadas a la realidad social que vivimos.

Por ahora la única opción existente para determinar qué destino queremos darle a nuestro patrimonio digital es introduciendo en el testamento una cláusula a modo de “testamento digital”, que contenga:

  • Identificación de las personas autorizadas para que se les facilite contraseñas necesarias a fin de acceder a nuestra información o documentos virtuales y, en general, para gestionar nuestro patrimonio digital.
  • Indicaciones sobre el destino que queremos dar a ese patrimonio digital: si queremos que sea eliminado o bien cualquier otra gestión concreta.
  •  Inventario de nuestro patrimonio digital: cuentas de correo electrónico, perfiles de redes sociales, archivos de música, películas, fotografías, eBooks etc…

A pesar de lo anterior, a causa del vacío legal existente, la persona que reciba las instrucciones de uso del patrimonio digital del fallecido puede encontrarse con problemas legales por la protección de datos personales o por los derechos de intimidad o propia imagen. De ahí que las propias webs estén comenzando a implementar sus políticas para estos casos: Google por ejemplo tiene el llamado “Administrador de cuentas inactivas” para que los herederos soliciten el cierre de las cuentas de Google+, Gmail y todos los productos del buscador. Deberán acreditar el grado de parentesco con el fallecido y una vez verificado se darán de baja las cuentas; Apple por el momento y a falta de una regulación legal del patrimonio digital entiende que todos derechos generados por los contenidos comprados en iTunes terminan con la muerte de una persona; Instagram o Facebook permiten que la cuenta del fallecido quede abierta a modo de homenaje.

Mientras llega o no esta actualización de la normativa sucesoria empezamos a encontrar sitios webs que ofertan como servicio gestionar las últimas voluntades de una persona en relación a su patrimonio digital, de forma totalmente compatible con un testamento notarial según publicitan en sus webs . Según mi opinión lo más conveniente sería, mientras la legislación se pone al día, introducir en el propio testamento una cláusula específica que resuelva la situación de ese patrimonio digital pero que en cualquier caso quede  constancia ante notario como de cualquier otra disposición relativa al patrimonio, a fin de garantizar la confidencialidad del usuario y evitar la posibilidad de dar un uso deficiente a los datos personales que configuran nuestra identidad digital. 

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20 de julio de 2016

Otoño en Torremolinos. #CJAM16


Este año os invitamos a disfrutar de Torremolinos, con una oferta única de formación y networking en el sector legal: el 12º Congreso Jurídico de Icamalaga #CJAM16. Los días 6 y 7 de octubre de 2016, Torremolinos se convertirá en el punto de referencia de la formación científico jurídica. Después del éxito de la anterior edición en Marbella, donde contamos con casi 1500 participantes, queremos seguir sumando y creciendo.

Seguimos apostando por abrir el Congreso también a estudiantes, que contarán de nuevo con una tarifa reducida de 60€. También otros colectivos como abogados del Turno de Oficio en Málaga, compañeros de otros Colegios y de los Colegios de Procuradores, Graduados Sociales y Administradores de Fincas de Málaga., disfrutarán de precios especiales. Podéis consultar todo lo relativo a las inscripciones en la web del Congreso.




La imagen del CJAM16 es obra del artista murciano Rubén Lucas, que resultó ganador del ya tradicional concurso que el Colegio organiza para elegir el cartel anunciador.

El programa  incluye 27 secciones formativas con 70 ponencias, mesas redondas y mesas de trabajo, con  de gran actualidad, como la crisis de los refugiados, con una mesa redonda organizada conjuntamente por la Sección de Extranjería y la Comisión de Derechos Humanos o la nueva casación contencioso-administrativa, que analizaremos con Luis Díez Picazo, presidente de la Sala III del Tribunal Supremo.

La evolución de la jurisprudencia sobre violencia de género será objeto de estudio de la mando de Ángeles Carmona Vergara, presidenta del Observatorio contra la Violencia de género. Otros asuntos candentes como el turismo sanitario, la aprobación del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos o la llegada de la inteligencia artificial a la abogacía (Proyecto Watson) estarán presentes en las Secciones de Internacional, Gestión de Despachos y Nuevas Tecnologías.

Este año presentábamos la Sección de Derecho y Bienestar Animal, la primera en toda Andalucía. En el CJAM16 se estrenan con tres ponencias. Como siempre, el Grupo de Abogados Jóvenes participa con una interesante propuesta. “Abogadas: una historia viva” con Francisca Sauquillo Pérez del Arco, abogada y Premio de Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía en 2015.

Las novedades referentes a las cláusulas bancarias abusivas, la refinanciación en el concurso de acreedores tras las últimas modificaciones legislativas, el ‘fair play' financiero de la UEFA (con Emilio García Silvero, Jefe del Departamento disciplinario y de integridad de la UEFA)  o el ‘derecho al olvido' en internet en el ámbito de la Unión Europea (con Javier De la Cueva) son algunos de los asuntos que se tratarán en estos dos intensos días de formación.

Este Congreso es además un gran punto de encuentro para intercambiar experiencias y conocimientos con compañeros de toda España (e incluso de otros países de Europa). Y también supone una oportunidad ideal para "desvirtualizar" a esos compañeros a los que seguimos en redes sociales. Por eso, os  invitamos a participar activamente en Twitter con la etiqueta del Congreso #CJAM16
¡Nos vemos en Torremolinos!

Para saber más:
-#CJAM16

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13 de julio de 2016

Tributación de no residentes

Autor: Federico Carrizo, abogado
Carrizo Abogados



La tributación de los no residentes podría dar para escribir un libro, pero lo cierto es que este artículo pretende ser práctico y lo voy a centrar en la demanda más frecuente que solemos tener los letrados por parte de los no residentes, ya que la tributación de la renta más común por parte de los mismos es la obtenida por  personas físicas sin establecimiento permanente y poseedores de uno o varios inmuebles urbanos, y no de personas jurídicas (las cuales abordaremos en otra entrada).

La regulación de dicha tributación se articula mediante dos Reales Decretos; Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

Pues bien, una vez vista su regulación, cabría hacer una distinción entre lo que es un residente y un no residente a efectos fiscales, ya que hay una idea generalizada en asociar no residentes a ciudadanos extranjeros, no siendo ciertamente así,  aunque cabe decir que en la mayoría de los casos si lo es. Un claro ejemplo es que hay ciudadanos extranjeros residentes fiscalmente en España y ciudadanos españoles no residentes a efectos fiscales.

Para determinar la residencia “a efectos fiscales” de una persona física se tienen en cuenta varias circunstancias, pero la fundamental es que el contribuyente permanezca en España más de 183 días durante el año natural. Por norma general, esta estancia en un país no debe ser probada a la Hacienda pública española (pensemos la estancia en cualquier otro país de la Unión Europea por parte de un ciudadano de un estado miembro, el cual le faculta para moverse y establecerse libremente por los países del territorio europeo), sin embargo, cuando dicha estancia suele ser en paraísos fiscales, si es posible que  se soliciten, y se deban aportar pruebas fehacientes de la estancia en dichos territorios, de todos es conocido la estancia de ciertos deportistas “españoles” de élite que sin embargo tributan fuera del fisco español.

La acreditación de la residencia fiscal de los no residentes se debe realizar en la Delegación de Hacienda más cercana con departamento de no residentes. La solicitud de la misma se realiza a través de un formulario de la Hacienda Pública (modelo 01) en la cual se solicita un certificado de residencia fiscal en España, y el cual nos han devolver negativamente; es decir, se solicita la solicitud de residencia fiscal en España del no residente y lo que se recibe es una contestación de la Agencia Tributaria denegando tal solicitud, por lo que se infiere que quién solicita dicho certificado es un no residente.

 Una vez marcadas las líneas de lo que es un no residente o no, hemos de determinar que la cuestión que más se aborda en términos generales a efectos fiscales, que es el de las personas físicas no residentes (en su mayoría extranjeras) que poseen uno o varios inmuebles urbanos en España. Pues bien, en gran parte de los casos, los clientes piensan que no tienen obligaciones tributarias en España por el mero hecho de ser no residentes, no siendo así, ya que además de los gastos que le genera la vivienda de por sí (agua, luz, comunidad de propietarios, IBI, etc..) los no residentes tienen la obligación de presentar la declaración de la renta de no residentes.

Este es un impuesto de carácter anual que grava directamente sobre los bienes inmuebles que sean utilizados para uso propio y ajenos a cualquier actividad económica.

Dicho impuesto se devenga el 31 de diciembre a través de un formulario electrónico o papel (modelo 210) de la Agencia Tributaria. La base para el calculo de dicho impuesto se encuentra en el valor catastral, por lo que estamos ante un impuesto proporcional, ya que cuanto mayor sea el precio del inmueble, mayor será el pago del impuesto.

Finalmente, el impago de dicho impuesto puede conllevar sanciones de todo tipo por parte de la agencia tributaria, por lo que es recomendable aconsejar a todos los clientes no residentes  la conveniencia de liquidar dicho impuesto, ya que el porcentaje a pagar suele ser mínimo en comparación con las sanciones.

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Foto inicial: pexels.

6 de julio de 2016

Claves para mejorar la inteligencia emocional del abogado

Autora: Berta Santos Rouco,
Abogado y Coach jurídico




El ejercicio de la abogacía está inmerso en una serie de cambios que están obligando al abogado a desarrollar nuevas competencias para la práctica de la profesión, además de las competencias técnicas tradicionales.

Estas nuevas competencias implican darle importancia a la dimensión humana de la profesión. El abogado no es una figura que actúa en solitario sino que desempeña su actividad e interactúa con diferentes personas, ya sea con colaboradores, abogados contrarios, clientes y personal del juzgado.

A este respecto, resulta cada vez más importante el manejo de este tipo de relaciones por parte del abogado, así como de las situaciones de estrés y de tensión que se producen en la práctica diaria.

Actualmente es fundamental para el abogado que, además de contar con unas excelentes competencias técnicas, sea capaz de adquirir otras competencias de management o de gestión de aplicación a su ejercicio profesional como la comunicación, el liderazgo y la inteligencia emocional.

La inteligencia emocional permite al abogado manejar sus propias emociones, además de ayudare a comprender las emociones de los demás. Dominar el lenguaje emocional y reconocer las emociones de los otros son aspectos fundamentales para construir relaciones auténticas, empáticas y generar vínculos de confianza con las personas.

La inteligencia emocional es una competencia que puede desarrollarse ya sea a través de formaciones específicas o a través de procesos de coaching. Cada vez son más los abogados que se ocupan de esa materia, como parte de su desarrollo profesional.

Los abogados comienzan a comprender la necesidad de los clientes de buscar abogados capaces de entender su caso, tomando en consideración también cómo les afecta a nivel emocional el asunto. Un abogado capaz de gestionar sus emociones adecuadamente, que muestra cercanía y confianza, sin que ello suponga, que el abogado se convierta en el psicólogo del cliente, son aspectos cada vez más valorados por los clientes. Una adecuada gestión emocional permitirá al abogado tener mayor conocimiento de su cliente, aumentar su satisfacción laboral, generar mejor ambiente de trabajo en el despacho y mejorar su capacidad para trabajar en equipo.

En este sentido, la práctica de la abogacía y las emociones no son incompatibles sino que el abogado ha de ser capaz de comprenderse y conocer sus propios comportamientos para poder entender a los demás. De lo contrario al abogado será percibido por el cliente con desconfianza, distancia e inseguridad, lo que impedirá lograr un mayor entendimiento del caso y lograr fidelizar al cliente.

A continuación enumeraremos los aspectos fundamentales que pueden ayudar al abogado a desarrollar su inteligencia emocional:

  1. Incrementar la consciencia de sus propias emociones
    Para ello es importante que el abogado sea capaz de parar la vorágine de su día a día, tomar la distancia necesaria aunque sea sólo por unos minutos y darse cuenta de cómo está reaccionando ante una determinada situación y por qué. Ese paréntesis es especialmente recomendable en situaciones intensas, de gran tensión o de estrés.
  2. Manejar sus propias emociones
    Una vez que el abogado ha reflexionado y es consciente de su reacción ante una determinada situación es fundamental que pueda encontrar la manera de expresar sus emociones. Para ello, en ocasiones será necesario replantear la relación con sus colaboradores o incluso también con los clientes cuando el abogado sienta que ésta se está deteriorando y que necesite clarificar ciertos aspectos. La expresión de las emociones ayuda a mejorar problemas de comunicación entre las personas y evitar la creación de emociones y comportamientos negativos o enrarecidos.
  3. Percibir las emociones de los otros
    Entender las emociones de los demás mediante la interpretación del lenguaje no verbal, aprender a interpretar los gestos, el silencio, la posición corporal. Todo ello puede dar una información valiosa al abogado ya sea respecto a sus clientes o respecto a los abogados contrarios, en las reuniones de negociación o en el juzgado.
  4. Influir en las emociones de los demás
    En la medida en que el abogado es capaz de comprender sus propias emociones y las emociones de los demás, puede elegir la respuesta más adecuada ante una determinada situación, minimizar conflictos y construir relaciones de confianza. Un abogado con inteligencia emocional podrá influir y tener mayor impacto en los demás, así como contar con una visión más global del asunto.
En consecuencia, son numerosos los beneficios que obtendrá el abogado en el desarrollo de su inteligencia emocional. La competitividad y la exigencia que existe hoy en día en la profesión implican la necesidad del abogado de convertirse en un profesional más completo, un abogado que sea gerente y líder de su despacho, que pueda acercarse a su cliente y conocerlo mejor. Sin duda, invertir en esta competencia redundará en aspectos positivos para el abogado, su despacho y, por supuesto, sus clientes.

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