6 de abril de 2016

A vueltas con el transporte y la economía colaborativa (I)

Autor: José Andrés Diez Herrera, abogado ICA Madrid
(Bufete Diez, Gómez & asociados SLP)
Especialista en transporte y economía colaborativa
(Suspendió en España la aplicación Uber Pop)



La evolución de ciertos sectores económicos, y en particular, el transporte y el alojamiento van unidos, en estos momentos, a la denominada economía o consumo colaborativo, existiendo muchas definiciones de ella, desde el de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que viene a afirmar que El desarrollo de las tecnologías de la información en el ámbito de la digitalización de la economía, los dispositivos móviles y las nuevas plataformas y aplicaciones han dado lugar durante los últimos años al desarrollo de nuevos modelos de consumo “, o el de la denostada pero comúnmente aceptada Wikipediainteracción entre dos o más sujetos, a través de medios digitalizados o no, que satisface una necesidad real o potencial, a una o más personas”, siendo quizá el concepto de “relación entre dos o más personas que sirviéndose o no de aplicaciones tecnológicas, cambian, transmiten o ceden bienes o servicios” el más próximo o acertado.
Han pasado 16 meses desde que el magistrado del Juzgado Mercantil nº 2 de Madrid decidiera suspender en toda España la aplicación Uber Pop, propiedad de la mercantil estadounidense Uber Technologies Inc, con carácter previo a la demanda -ratificada su decisión posteriormente por Auto de 22 de mayo de 2015 en la vista de oposición a la anterior resolución-, encontrándose el proceso principal a la espera de tramitación de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), sin olvidar, que mientras tanto, otro Juzgado Mercantil, el nº 3 de Barcelona, ya elevó una cuestión parecida en virtud de un proceso principal de cese de actividad de una mercantil española encuadrada en el entramado empresarial Uber encontrándose pendiente de las conclusiones definitivas del Abogado General para su posterior sentencia. 
Por su parte, otros dos procesos judiciales mercantiles abiertos todavía en España –uno de ellos pionero a nivel mundial (Blablacar)-, dilucidan si las meras aplicaciones o plataformas tecnológicas que permiten a través de ellas que un usuario reciba un transporte, bien por un particular sin licencia o autorización administrativa (Blablacar), o bien, por un transportista (Cabify), son acordes a derecho. 

Las cuestiones jurídicas a resolver son claras: 
  • Si cada una de las demandadas con sus respectivas aplicaciones realizan transporte, por lo que de no serlo resultaría de aplicación la Directiva de Servicios 123/2006, de 12 de diciembre, y por lo tanto, no necesitarían autorización para mediar en el transporte.
  • Si de ser un servicio de transporte (entendido como actividad auxiliar del mismo), y por lo tanto no resultado la citada Directiva de Servicios, le resultaría de aplicación la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio electrónico en el mercado interior; así como a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, o si de lo contrario, únicamente le resulta de aplicación la normativa europea y estatal sobre la materia, reflejada, en éste último caso, en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres – Ley 16/1987, de 30 de julio- y su Reglamento -RD 1211/1990, de 28 de septiembre- 

En definitiva, ¿el consumo o economía colaborativa se puede considerar libre jurídicamente para incumplir la regulación de cada sector económico, o por el contrario, se encuentra, en todo caso, sujeto a ella, independientemente de la ausencia de adaptación de esa legislación sectorial nacional a las nuevas necesidades?, ¿resulta necesaria una regulación a nivel europeo que equilibre el consumo colaborativo con la de cada sector?

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