30 de marzo de 2016

Economía colaborativa y sociedad digital


Autor: Manuel Arias Maldonado,
Profesor Titular de Ciencia Política en la Universidad de Málaga



Napoleón conquistó Europa como Alejandro Magno había llegado hasta Asia: a caballo. Aunque varios siglos separaban a los dos emperadores, sus tecnologías no diferían en exceso. Y no sería hasta la aparición de tanques y aviones que las campañas militares no mudaron de rostro. Sirva esta analogía para recordar que los más profundos cambios sociales, como subrayara Marx, son siempre cambios en su base tecnológica. Ahora mismo, estamos experimentando una transformación de gran alcance debida al proceso de digitalización, resultado del desarrollo de nuevas tecnologías de la información ligadas a la aparición de Internet y la generalización del smartphone. Nuestra sociedad ya era sociedad de la información y ha pasado a ser también sociedad red, organizada en cada vez mayor medida alrededor de plataformas digitales que difuminan las barreras entre producción y consumo: cada uno de nosotros, activos ciudadanos digitales, somos prosumidores que agregan contenidos a la red y consumen contenidos agregados por los demás. En ese contexto, hemos empezado a hablar de una sociedad colaborativa cuyo fundamento es, de forma nada sorprendente, la economía y el consumo colaborativo.

Son destacados ejemplos de actividad colaborativa Wikipedia (enciclopedia online sin ánimo de lucro y escrita por millones de usuarios en todo el mundo), Uber y AirBnB (plataformas digitales que nos permiten usar un servicio de taxi o contratar un alojamiento ofrecido por particulares), los contenidos artísticos abiertos o las formas de ciencia colaborativa que aúnan esfuerzos de sujetos dispersos con intereses comunes (desde la observación astronómica a la anotación de las novelas de Nabokov). Hablamos así de plataformas que facilitan la colaboración entre sujetos antes aislados entre sí, capaces de intercambiar bienes o servicios sin ánimo de lucro. Si somos estrictos a la hora de hablar de economía colaborativa, se trata de bienes ociosos: el asiento vacío en nuestro coche, el sofá del salón, la mecedora que cambiamos por una patineta. Las nuevas tecnologías traen consigo un descenso dramático de los costes de transacción y facilitan la creación de comunidades que albergan las nuevas formas con que se despliega la vieja tendencia humana -innata, al decir de Adam Smith- a la colaboración y el intercambio.

¿Podemos hablar, pues, de una sociedad colaborativa radicalmente distinta de la precedente? Hay quienes así lo piensan: la sociedad de coste marginal cero estaría produciendo un cambio cultural cuya base son las conductas colaborativas, la organización horizontal y no jerárquica, la transparencia y la trazabilidad en los procesos de producción, así como la preferencia por las recompensas intrínsecas antes que materiales. Se trata de una dinámica alejada del viejo colectivismo centralista; Neil Gorenflo habla de un "individualismo colaborativo". Otros esperan que el consumo colaborativo traiga consigo el fin de la "neofilia" que nos empuja a adquirir nuevos bienes sin pausa. Incluso se anuncia una nueva concepción del poder ligada a la generalización de los instrumentos colaborativos, que vería limitada la potencia de las viejas entidades estatales en favor de movimientos y campañas ciudadanas. Paul Mason, elevando la apuesta, llega a ver en estas nuevas tecnologías la semilla del postcapitalismo.

Puede ser; pero quizá no convenga exagerar. En realidad, la colaboración ha sido siempre un fundamento de la organización social, sólo que en conjunción con actitudes competitivas que no van a desaparecer ni, a decir verdad, están del todo ausentes en la esfera colaborativa. Véase la evolución experimentada por algunas de las plataformas antecitadas, originadas en la pura cooperación y rápidamente convertidas en empresas que no osan decir su nombre. Por lo demás, ¿hay algo más capitalista que convertir la mecedora olvidada en el desván en un objeto de intercambio? Por añadidura, estas formas de colaboración sólo pueden florecer en sociedades liberales donde rigen el imperio de la ley, los derechos de propiedad y la independencia de los tribunales; no tiene así demasiado sentido contraponerlas a un contexto social que ayudan a transformar en una dirección interesante.

Ahora bien, conviene subrayar que crean no pocos problemas por el camino: los taxistas protestan contra Uber, los hoteleros contra AirBnb, los salarios descienden. Es aquello que Hayek llamaba la "compulsión impersonal" del cambio económico que obliga a todos los actores sociales a adaptarse: mientras, unos ganan y otros pierden. Estamos por ello obligados a encontrar la ordenación legal adecuada para repartir los costes y los beneficios de esta reordenación general, sin incurrir en un excesivo proteccionismo de los monopolios ni dejar a los nuevos actores digitales a la intemperie legislativa.

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23 de marzo de 2016

Concurso: diseña la imagen del 12º Congreso Jurídico de la Abogacía Icamálaga

La imagen del 7º Congreso, celebrado también Torremolinos, fue obra de Eugenio Chicano

El Congreso Jurídico de la Abogacía en Málaga  (CJAM) se ha consolidado como una cita jurídica de referencia en España y una de las más destacadas en Europa por la cantidad y calidad de los ponentes. En la edición de 2015, que se desarrolló en el Palacio de Congresos de Marbella, participaron 1.500 profesionales procedentes de toda España e incluso del extranjero.

Diseñar la imagen de un Congreso de estas características es una gran oportunidad no sólo para diseñadores y artistas, sino para cualquier profesional con talento y creatividad. Este año, el Colegio vuelve a convocar un concurso para elegir el cartel del que será el duodécimo Congreso Jurídico de la Abogacía en Málaga, (#CJAM16) que se celebrará los días 6 y 7 de octubre de 2016 en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la Costa del Sol-Torremolinos. 

¿Qué tienes que hacer para participar?
  • Podrá tomar parte en el concurso cualquier persona mayor de edad.
  • El plazo de admisión finaliza el 8 de abril.
  • Solo podrás presentar una obra, original e inédita, que cumpla los requisitos señalados expresamente en las bases.
  • Es importante que tengas en cuenta que el cartel debe incluir obligatoriamente los siguientes textos:
12º CONGRESO JURÍDICO DE LA ABOGACÍA
ICAMALAGA 
6 Y 7 DE OCTUBRE DE 2016. 
PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE LA COSTA DEL SOL- TORREMOLINOS

  • Las obras deberán presentarse sin firmar, siendo identificadas éstas con un lema de libre elección.
  • Las obras serán entregadas personalmente o remitidas, debidamente embaladas, a la dirección:Colegio de Abogados de Málaga. Departamento de Formación y Cultura. Paseo de la Farola, 13. 29016 Málaga. Además, se leerá claro y resaltado en el exterior del embalaje la frase “Concurso Cartel Anunciador 12º Congreso Jurídico de la Abogacía Icamálaga”.
¿Quién formará el jurado?
El jurado estará compuesto por miembros de la Junta de Gobierno y presidido por nuestro decano, Francisco Javier Lara. La obra ganadora recibirá un premio de 1.000€. Podéis acceder al texto completo de las bases aquí. Y el anexo con la solicitud de participación, aquí
Nos gustaría contar con vuestra participación y vuestra ayuda para difundir el concurso. Os mantendremos informados de todas las novedades actualizando esta entrada y compartiendo lo más interesante en nuestros distintos perfiles en redes sociales. ¡El #CJAM16 se pone en marcha!

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16 de marzo de 2016

La traducción de las actas de reuniones (II)

Autor: Antonio F. Castillo González
Traductor

El registro de las actas es una subespecie del lenguaje jurídico y administrativo. Se trata de modos de escritura muy tradicionales, lo que permite que la terminología publicada en 1976 (Herbert) siga aún plenamente vigente.

Al ser el acta «una relación escrita», es frecuente que abunde el texto narrativo, sobre todo el discurso indirecto, con multitud de verbos introductorios, como —en español— «decir», «exponer», «manifestar», «comentar», «contestar», etc. expresados generalmente en presente de indicativo (Orellana, 1987, 124). Estos verbos tienen, naturalmente, sus equivalentes en inglés: to say, to report, to state, to note, to reply, etc., que introducen oraciones en estilo indirecto (indirect speech). Conviene disponer de amplias listas de estos verbos para irlos alternando y no caer en la repetición y la monotonía.

Hay un par de párrafos de mi libro La traducción de actas de juntas de propietarios (español-inglés) que no me resisto a reproducir, porque se refieren a la dificultad más importante, sin duda alguna, con que se encuentra el traductor de actas. Recordemos primero que las actas en español se escriben en presente de indicativo. Pues bien,
En inglés se utiliza siempre el simple past, y lo que sería una ventaja al redactar se torna en desventaja al traducir, ya que hay que ir cambiando los tiempos verbales en la mayoría de los casos. La complejidad estriba en que los verbos de las oraciones subordinadas, que en español pueden estar en diversos tiempos («dice/dijo que hizo, hacía, había hecho, haría, había de hacer, debía hacer»; «propone que se haga; propuso que se hiciera, que se haría»), deben cambiarse por el correspondiente tiempo en inglés, para lo cual no hay una regla fija, ya que el tiempo que se haya de usar dependerá de la vigencia de la aseveración expresada por el texto original, así como de la intención con que se hace. Así, «dice que es peligroso» puede traducirse por he/she said that it was dangerous, si se alude a una situación superada, o por he/she said that it is dangerous si se desea destacar la existencia actual del peligro.
Este cambio de tiempos verbales obliga a una revisión final cuidadosa de la traducción, a fin de comprobar que se ha mantenido la coherencia. Si se lleva a cabo una revisión rutinaria, sea o no por un hablante nativo, éste será uno de los aspectos a los que el revisor deberá estar atento.Incluso el traductor experimentado puede cometer errores. 

En la traducción directa, los tiempos pasados del inglés se pasan al presente en español: He proposed that a recess be taken for thirty minutes daría lugar a «Propone que se haga un receso de treinta minutos», pero She reported that the case had been shelved se convertirá en «Manifiesta que el caso ha sido archivado».

Para familiarizarse con el lenguaje de las actas, conviene leer actas en ambos idiomas y observar las diferencias de estilo. También son de interés los libros relacionados en la bibliografía.

También resulta muy útil conocer las parliamentary rules (Robert's Rules of Order) —muy presentes en internet y en la mente de todo anglosajón culto— que determinan casi universalmente cómo funciona una junta en los países anglosajones y evita la necesidad de que cada cámara tenga que tener su reglamento. Por ejemplo, la necesidad de que cualquier propuesta que no esté en el orden del día ha de ser secundada (y se tomará nota de la persona que la secunda) para que pueda ser tratada, o que una cuestión de orden (a point of order) siempre tiene prioridad.

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Imagen inicial: pexels

9 de marzo de 2016

Nueva regulación de los apartamentos turísticos en Andalucía

Autores 
Amin Khello ( Abogado en Ramón C. Pelayo Abogados) y Alba Noa Casal Lucena (Licenciada en Derecho y alumna del Master en Práctica Jurídica en ISDE)



Con el verano a la vuelta de la esquina, muchos son los propietarios que empiezan a plantearse la posibilidad de alquilar sus apartamentos, con la finalidad de sacar un rendimiento a sus propiedades privadas, lo cual es cada vez más común, ya que se está produciendo un aumento del uso del alojamiento privado en el sector turístico.

Quizás aquellos que deseen poner en alquiler sus viviendas desconozcan que esta realidad ha provocado la necesidad de regular este tipo de alquileres turísticos, para combatir la competencia desleal y el intrusismo, circunstancias que se han venido dando desde la exclusión de los alquileres por temporada, de la Ley de Arrendamientos Urbanos de junio de 2013 .

Con el objetivo de regularlos, el Consejo de Gobierno aprobó el martes 2 de Febrero el Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos y de modificación del Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos, que impone la obligación de inscribir las viviendas que vayan a destinarse a fines turísticos, en el Registro de Turismo de Andalucía, para lo cual las personas o entidades explotadoras de estos servicios, dispondrán de plazo hasta el 11 de mayo.
El Decreto nace con la finalidad de regular las viviendas que ofrezcan servicios de alojamiento turístico y así establecer unas mínimas garantías de calidad y seguridad para las personas usuarias, ya que, además de servir para elaborar un censo de viviendas turísticas, contempla la obligación de identificar a los turistas que vayan a hacer uso de ellas, presentando un documento de identificación, tal y como reza el propio Decreto.

¿Dónde y cómo llevamos a cabo el Registro?

La persona o entidad que explote este servicio deberá acudir a la Consejería competente en materia de turismo para formalizar una declaración responsable, sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Decreto, conteniendo la misma, los datos identificativos de la vivienda, del propietario de la misma o de la entidad o persona que vaya a proceder a la explotación del servicio.

¿Cómo sabemos si nuestro apartamento entra en el ámbito de los regulados por el Decreto?

Pues bien, el artículo tres del Decreto entiende por viviendas con fines turísticos, aquellas ubicadas en suelo de uso residencial, donde se ofrezcan mediante precio, el servicio de alojamiento, dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Quedarán por tanto excluidas del mismo, las viviendas contratadas por tiempo superior a dos meses, las ubicadas en el medio rural, y los conjuntos formados por tres o más viviendas de una misma persona titular o explotadora, que ese hallen ubicadas en un mismo inmueble o grupo de inmuebles contiguos o no.

Una vez que hemos corroborado que nuestra vivienda y el servicio que queremos llevar a cabo, entran dentro de la actividad regulada por el Decreto, quedamos desde ese momento sujetos al cumplimiento de los requisitos establecidos en el mismo.

¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir nuestro inmueble?
  • disponer de licencia de ocupación, 
  • contar con ventilación directa al exterior o a patios, 
  • refrigeración por elementos fijos en las habitaciones y salones, 
  • estar suficientemente amuebladas, 
  • contar con botiquín de primeros auxilios, 
  • Hojas de quejas y reclamaciones, 
  • información turística en soporte físico o electrónico,
  •  ropa de cama y menaje de la casa en general.
Además, deberemos ofrecer instrucciones sobre el funcionamiento de los electrodomésticos, limpieza de la vivienda a la entrada y salida de nuevos clientes, información sobre las normas relativas al uso de las instalaciones y por último, facilitarles un número de teléfono, al que poder llamar para resolver lo antes posible, cualquier incidencia.

Una vez que hayamos encontrado inquilinos para nuestra vivienda, deberemos formalizar un contrato con los mismos, en el momento de su recepción, para lo cual les entregaremos un documento que contenga
  • el nombre de la persona o entidad explotadora de la vivienda, 
  • el código alfanumérico de inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía, 
  • el número de personas que la van a ocupar, 
  • las fechas de entrada y salida, 
  • el precio total de la estancia
  •  y número de teléfono al que hicimos mención anteriormente.
Las personas usuarias, para hacer uso de la vivienda, deberán presentar su documento de identificación a los efectos de cumplimentar el correspondiente parte de entrada conforme a la normativa vigente sobre libros-registro y partes de entrada de personas viajeras en establecimientos de hostelería y otros análogos.

La copia del documento o contrato previsto en el apartado 1 del artículo 7, una vez cumplimentado y una vez cumplimentado y firmado por la persona usuaria, deberá conservarse por la persona o entidad explotadora estando a disposición de los órganos competentes de la Administración de la Junta de Andalucía durante un año, teniendo valor de prueba a efectos administrativos y la consideración de contrato, como bien dice el Decreto.

Por último, menciona también en su artículo 7 que la persona o entidad explotadora entregará a la usuaria la vivienda a la hora que ambas hayan pactado. Si no se hubiera convenido nada con respecto al momento de la entrega y terminación del periodo, se presumirá que el derecho de ocupación de la vivienda comienza a las 16 horas del primer día del periodo contratado y finaliza a las 12,00 horas del día en que finaliza dicho periodo. En caso de que la persona propietaria o explotadora no se encontrase en la vivienda a la hora de llegada o salida de los clientes, éstos deberán concertar previamente la entrega de llaves.

La infracción de las normas contenidas en este Decreto, acarreará responsabilidad administrativa, cuyo régimen sancionador será el previsto en el Título VIII de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre del Turismo de Andalucía, la cual contempla infracciones, de hasta 18.000 euros para las graves y 150.000 euros para las muy graves.

Por lo tanto el inicio de la prestación del servicio de alojamiento, sin prestar con anterioridad la declaración responsable ante la Consejería competente, será considerada como una actividad clandestina, la cual está tipificada como infracción grave en el artículo 71.1 de la mencionada ley.

Para evitar que las viviendas que no hayan accedido al registro puedan publicitarse, se está intentando llegar a un acuerdo con los portales web que ofrecen viviendas o habitaciones en alquiler para uso turístico, para que impidan dicha publicidad, tal y como expresó el Consejero Andaluz de Turismo, Don Francisco Javier Fernández, en rueda de prensa del pasado día 2 de febrero. También detalló que se abre la posibilidad de que, si algún alojamiento turístico no cumpliese con algún requisito estructural tendrá un año a partir de la inscripción para subsanarlo.

La Federación de Viviendas Turísticas de España (FEVITUR) anunció unos días posteriores a la comparecencia del Consejero de Turismo, su intención de impugnar el decreto, específicamente en su articulado 1 letra d) donde quedaban excluidas del ámbito de aplicación del decreto "los conjuntos formados por tres o más viviendas de una misma persona titular o explotadora, que estén ubicadas en un mismo inmueble o grupo de inmuebles contiguos o no, les será de aplicación la normativa sobre los establecimientos de apartamentos turísticos", regulados en el Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos, ya que esto obligaría a los apartamentos turísticos, a cambiar el uso del suelo de residencial a terciario, como se establece para establecimientos hoteleros.

Estaremos atentos al desarrollo de esta nueva legislación.

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Foto inicial: pexels

2 de marzo de 2016

El swap y sus liquidaciones con naturaleza concursal

Autor: Diego Castro Pardo
Asociado Senior, KPMG Abogados

Es conocida la línea jurisprudencial que nuestro Más Alto Tribunal viene desarrollando durante los últimos años con respecto a la calificación que han de recibir los créditos correspondientes a las liquidaciones de contratos de permutas financieras (“swaps”) que se producen con posterioridad a la declaración del concurso, afirmando, de manera reiterada, que habrán de ser considerados como créditos concursales, y no contra la masa.

En este sentido, por medio de la reciente sentencia de fecha de 17 de noviembre de 2015, fijó como doctrina jurisprudencial que:

"Los créditos derivados de contratos de permuta financiera en que el deudor se encuentre en concurso son créditos concursales y no contra la masa, con independencia de que se hayan devengando antes o después de la declaración de concurso".

Ahora bien, es posible, por el contrario, que no sea tan conocida la nueva línea jurisprudencial abierta por el Supremo con esta sentencia en lo que respecta a la consideración de las liquidaciones posteriores a la declaración del concurso como “concursales” a pesar de la claridad del texto del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, sobre “Reformas Urgentes para el Impulso a la Productividad y para la mejora de la Contratación Pública” (“RDL 5/2005”) en su redacción vigente desde el 1 de julio de 2011, y que las calificaría como “contra la masa”.

Debemos tener presente que el citado Real Decreto Ley resulta de aplicación en aquellos supuestos donde la financiación se instrumenta mediante un Contrato Marco de Operaciones Financieras (“CMOF”), tal y como este es definido en su artículo 5.

Entre dichas operaciones financieras se encuentran incluidas las permutas financieras o “swaps en sus distintas modalidades, puesto que son instrumentos financieros previstos en el párrafo segundo del artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores y, por tanto, expresamente contenidos en el ámbito de aplicación del RDL 5/2005, vid. artículo 5.2.c).

Dentro de este ámbito de aplicación el Tribunal Supremo llegó a afirmar, mediante sentencias de fechas 10 de julio de 2014 y 2 de septiembre de 2014, que el Real Decreto Ley incluso resultaría de aplicación en aquellas liquidaciones procedentes de un único swap, sin necesidad de que se encuadrara en un marco de operaciones financieras.

En este sentido, el Tribunal Supremo, mediante sentencias de fechas 17 y 18 de noviembre de 2015, ha abierto una nueva vía que resulta contradictoria con respecto a la conclusión alcanzada en sus sentencias de fechas 10 de julio de 2014 y 2 de septiembre de 2014, ya que cambia de criterio y termina concluyendo que el Real Decreto Ley única y exclusivamente resultará de aplicación en aquellas liquidaciones que tengan como origen un swap encuadrado en un marco de otras operaciones financieras.

Este cambio de criterio alcanza una gran relevancia en el tratamiento que han de recibir las liquidaciones procedentes de los swaps no encuadrados en un marco general de operaciones financieras y una vez sea declarado el concurso, puesto que, si antes era claro que el Supremo calificaba como concursales los créditos devengados por las liquidaciones de permutas financieras, ahora reafirma esta postura, incluso, en contra de lo recogido expresamente en el RDL 5/2005.

Ahora bien, la evidente confrontación entre el texto de la ley y lo afirmado por el Supremo es evitada cuando el Tribunal ha limitado el ámbito de aplicación de dicho Real Decreto Ley e impide que se extienda a las contrataciones singulares de swaps que no se ven afectadas por otros contratos en un marco general de contratación.

Conviene destacar que el artículo 16.2 del RDL 5/2005, en su redacción actual, recoge expresamente la aplicación del art. 61.2 de la Ley Concursal y, por tanto, habrían de calificarse como “créditos contra la masa” aquellas cantidades liquidadas con posterioridad a la declaración del concurso.

En consecuencia, la redacción actual del RDL 5/2005 no deja lugar a dobles interpretaciones, y entra en pugna directamente con la clara línea del Tribunal Supremo destinada a proteger la masa del concurso, con base en su convicción de que los contratos de permuta financiera se habrían utilizado masivamente para clientes minoristas y un tratamiento formalista del acuerdo marco de compensación podría utilizarse para proporcionar ventajas concursales a simples contratos bancarios (en este sentido, la citada sentencia de fecha 17 de noviembre de 2015, en su Fundamento Jurídico Segundo).

Por este motivo, no ha dudado en dar una nueva interpretación al ámbito de aplicación de la citada norma, contradiciendo su doctrina anterior, y logrando, al menos de momento, salvar la línea marcada por nuestra legislación con respecto a la naturaleza de créditos contra la masa que habrían de recibir las liquidaciones posteriores a la declaración del concurso y provenientes de un contrato de permuta financiera.

Si bien es cierto que las sentencias de fechas 17 y 18 de noviembre de 2015 no aplican la redacción actual del artículo 16 del RDL 5/2005 puesto que los hechos tuvieron lugar antes de que entrara en vigor, y no se podría descartar que el Supremo calificara como “contra la masa” los créditos cuando hubiera de aplicar la redacción actual del precepto, también es cierto que, hasta la fecha, ha procurado por todos los medios realizar una interpretación protectora de la masa del concurso, hasta el punto de que ha entrado en conflicto con sus propias conclusiones anteriores.


Deberemos esperar para conocer la postura de nuestro Más Alto Tribunal con respecto a la calificación que habrá de darse a las liquidaciones provenientes de permutas financieras posteriores a la declaración del concurso, y en las que resulte de aplicación el RDL 5/2005 con la redacción que tiene actualmente en vigor, y será interesante ver cómo logra integrar la claridad del precepto legislativo con su doctrina protectora de la masa del concursado.

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Imagen inicial: http://www.lifeofpix.com/