9 de diciembre de 2015

La Ley de Jurisdicción Voluntaria y la reforma de la LEC en materia de familia ( II)

Autor: Juan José Reyes Gallur, abogado
Coordinador de la Sección de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Málaga


DISCREPANCIAS EN LAS DECISIONES DE PATRIA POTESTAD.
La Ley 15/2015 de 2 de julio regula los nuevos expedientes judiciales, y entre ellos viene a terminar con las interpretaciones que hasta ahora existían sobre dónde o por medio de qué procedimiento había que regular tanto los conflictos sobre decisiones de patria potestad como las medidas urgentes en interés del menor al amparo del 158 del código civil.

Este proceso, que no precisa de letrado ni de procurador se limita a oír a los padres y al menor y a dictar la oportuna resolución judicial por parte del juez.

EXPEDIENTE EN LOS CASOS DE DESACUERDO CONYUGAL Y EN LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES GANANCIALES. LEY DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA.

La novedad de la ley de jurisdicción Voluntaria es el establecimiento de un expediente judicial en materia de administración de bienes para los casos de desacuerdo conyugal en la administración de bienes gananciales o de actos de disposición entre otros aspectos.

De la lectura de los artículos 1.377 y 1.389, ambos del Código civil, desaparece la necesidad de previa información sumaria y dicho expediente, y regulándose el expediente en el Capítulo III del Título III (art. 90).

Este expediente resolverá los contenciosos entre los cónyuges que tengan por objeto:
  • a) Fijar el domicilio conyugal o disponer sobre la vivienda habitual y objetos de uso ordinario, si hubiere desacuerdo entre los cónyuges.
  • b) Fijar la contribución a las cargas del matrimonio, cuando uno de los cónyuges incumpliere tal deber.
  • c) Realizar un acto de administración respecto de bienes comunes por ser necesario el consentimiento de ambos cónyuges, o para la realización de un acto de disposición a título oneroso sobre los mismos, por hallarse el otro cónyuge impedido para prestarlo o se negare injustificadamente a ello.
  • d) Conferir la administración de los bienes comunes, cuando uno de los cónyuges se hallare impedido para prestar el consentimiento o hubiere abandonado la familia o existiere separación de hecho.
  • e) Realizar actos de disposición sobre inmuebles, establecimientos mercantiles, objetos preciosos o valores mobiliarios, salvo el derecho de suscripción preferente, si el cónyuge tuviera la administración y, en su caso, la disposición de los bienes comunes por ministerio de la ley o por resolución judicial
En los expedientes sobre atribución de la administración y disposición de los bienes comunes a uno sólo de los cónyuges, el Juez podrá acordar asimismo cautelas y limitaciones, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal cuando haya de intervenir en el expediente.

En los expedientes a que se refieren los dos apartados anteriores será competente el Juzgado de Primera Instancia del que sea o hubiera sido el último domicilio o residencia de los cónyuges.

No será preceptiva la intervención de abogado ni de procurador para promover y actuar en estos expedientes, salvo que la intervención judicial fuera para la realización de un acto de carácter patrimonial con un valor superior a 6.000 euros, en cuyo caso será necesario.

El Juez oirá en la comparecencia al solicitante, al cónyuge no solicitante, en su caso, y a los demás interesados, sin perjuicio de la práctica de las demás diligencias de prueba que estime pertinentes.

En estos expedientes se dará audiencia al Ministerio Fiscal cuando estén comprometidos los intereses de los menores o personas con capacidad modificada judicialmente.

NOVEDADES EN EL PROCESO DE GANANCIALES: ART. 809 LEC.
La ley de Enjuiciamiento civil no establece un principio de preclusión de prueba en el juicio verbal al que acudimos tras el inventario, y todos sabemos que además la ley de enjuiciamiento tampoco exigía a ninguno de los cónyuges razonar o justificar la negativa a la inclusión de partidas, provocando, en términos jurídicos, una verdadera incertidumbre a aclarar en el juicio verbal.

Pues bien, esto cambia tras la ley 42/2015, de 5 de octubre de modificación de la Ley de Enjuiciamiento civil, dado que da una nueva redacción al artículo 809 de la Ley de Enjuiciamiento civil, al establecer que:” si se suscitare controversia sobre la inclusión o exclusión de algún concepto en el inventario o sobre el importe de cualquiera de las partidas, el secretario judicial hará constar en el acta las pretensiones de cada una de las partes sobre los referidos bienes y su fundamentación jurídica, y citará a los interesados a una vista, continuando la tramitación con arreglo a lo previsto para el juicio verbal”, es decir, exige a ambas partes que argumenten, al menos sucintamente cara a la posterior vista, cuáles son las razones jurídicas en que se fundamentan para incluir o excluir las partidas. Con ello sin duda se permite una mayor seguridad jurídica en la vista.

Para saber más: El próximo 17 de diciembre, la Sección de Familia organiza una jornada formativa sobre este tema.

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Imagen inicial: http://www.cinematheque.fr/

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