29 de diciembre de 2015

Vuestros 5 artículos favoritos de 2015


Terminamos el año en el blog, y nos gustaría despedirnos con una selección de las cinco entradas más leídas durante este 2015. En el blog hemos seguido apostando por la colaboración, hemos tenido la suerte de contar con una elevadísima participación  y queremos dar las gracias a todos los que habéis contribuido con vuestros artículos. Estas han sido las cinco entradas que más os han gustado:
  • Pensión mínima de alimentos: unificación de doctrina. En la entrada más leída del año, Juan José Reyes Gallur, coordinador de la Sección de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Málaga, analizaba el impacto de la jurisprudencia del Tribunal Supremo  en los casos en los que  el progenitor que ha de pagar la pensión alimenticia carece de recursos económicos
  • La respuesta penal al acoso escolar. Isabel Fernández Olmo, Fiscal Delegada de Menores en Málaga, abordaba el drama del bullying o acoso escolar, deteniéndose a analizar su calificación jurídica y las novedades introducidas por la Reforma del Código Penal en materia de ciberacoso.
  • Contrato de reserva en la compraventa de inmueblesFederico Nicolás Carrizo estudiaba este contrato, que  a pesar de ser muy utilizado en la práctica, no encuentra una ubicación en la clasificación de los contratos ni regulación en nuestro Código Civil.
Terminamos con dos entradas más de Juan José Reyes Gallur:
  • La Ley de jurisdicción voluntaria y su influencia en el proceso de separación y divorcio de mutuo acuerdo. Este año se ha caracterizado por la cantidad de reformas legislativas producidas. Entre ellas, la Ley 1/2015 de Jurisdicción Voluntaria ha supuesto grandes modificaciones en distintas normas. Concretamente, en el ámbito del Derecho de Familia ha supuesto la inclusión en su Libro III de  los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de familia y dentro de ellos establece la posibilidad de hacerlo ante el Secretario judicial o ante el notario cuando existan hijos menores emancipados o éstos sean mayores de edad.
Este año además, hemos hablado de redes sociales, marketing y gestión de despachos y de cine, series, literatura o moda,  intentando siempre conectar estos temas con el mundo del Derecho. Esperamos seguir ampliando contenidos y puntos de vista en 2016.

¡Feliz Navidad y próspera lectura!

(Volvemos el miércoles 13 de enero)

Imagen inicial: pexels.

23 de diciembre de 2015

Comercio electrónico y resolución de disputas

Autor: Salvador Madrid Fernández, abogado
Miembro de Ad Cordis (1) 


Los tiempos cambian que son una barbaridad. Barbaridad sería que los tiempos no cambiasen. El mundo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se hace omnipresente en nuestras vidas cotidianas, y hay que subirse a ese carro tecnológico, o permanecer postrados en recuerdos románticos de viejas tradiciones; sin perjuicio todo ello de que ambas formas de tradiciones y modernidades se ensamblen y convivan en armonía.

El comercio electrónico o e-commerce se puede entender como la compra y venta de productos, servicios o información de cualquier tipo, a través de internet. Cualquier tipo de actividad comercial que se realiza a través de Internet.

La importancia e implantación en la economía nacional viene reflejada en las cifras estadísticas. El e-commerce creció un 24,8% en 2014, se habla de un volumen de negocio en transacciones nacionales hacia terceros países en más de 1880 millones de euros, y en paulatino aumento, y todo ello por las indudables y perceptibles ventajas que supone el comercio electrónico para las empresas y consumidores.

Toda esta creciente práctica necesita de un marco mínimo tecnológico y un soporte legal que ampare y garantice todas las operaciones transaccionales.

Debemos tener presentes las normativas nacionales y  la europea sobre toda la práctica del comercio electrónico y los medios alternativos a la vía judicial de resolución de conflictos motivados por transacciones por métodos electrónicos.

 En este sentido, cabe  reseñar la conocida Directiva del comercio electrónico, Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior.

La transposición al ordenamiento  español se llevó a cabo mediante la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información.

También quisiera referirme a la importante Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo). 

El objetivo de la misma es contribuir a la protección del consumidor, al buen funcionamiento del mercado interior, pudiendo presentar reclamaciones contra comerciantes, con la intervención de entidades que ofrezcan procedimientos de resolución alternativa de litigios  a los que se les exigen independencia, imparcialidad, transparencia, efectividad, rapidez y justicia.  

Como se dice en su exposición de Motivos, en su apartado III “La finalidad que se persigue con el establecimiento de requisitos de calidad armonizados es asegurar el acceso de consumidores y empresarios a entidades de resolución alternativa de alta calidad, en la Unión Europea, independientemente del lugar de residencia.”

Todo ello mediante un procedimiento que se tramita por medio de internet, es decir en modo on line, donde la entidad alternativa de resolución del litigo de consumo propone o impone a las partes, comerciante y consumidor, una solución , reuniendo a las partes en ese medio para facilitar una solución justa.

Destaco también  la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.  , que incluye importantes cambios referentes al comercio online., y por la que se incorpora  en el derecho  español lo establecido en la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los Derechos de los Consumidores, de 25 de octubre de 2011, y algunas referencias de la Directiva europea 2013/11, ( de la citada Ley, su Título III Contratos celebrados a distancia y contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil).

Las disposiciones de la Ley 3/2014 tienen aplicación  a los contratos con consumidores y usuarios celebrados  a partir del 13 de junio de 2014.

Igualmente  es preciso señalar el actual anteproyecto de Ley de resolución Alternativa de Conflictos de Consumo, que pretende  incorporar al Derecho español la mencionada  Directiva 2013/11UE del Parlamento y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, que como hemos señalado garantiza a los consumidores el acceso a los sistemas de resolución alternativa de conflictos de consumo, cuyo plazo de transposición finalizaba  el 9 de julio de 2015.

Para terminar, hay que tener presente que la actual Ley 5/12 de mediación en asuntos civiles y mercantiles excluye de manera concreta de su regulación las materias de consumo. El Anteproyecto que acabamos de mencionar  lo que regula, no es el procedimiento de mediación o arbitraje de consumo, sino  que las controversias de consumo, entre empresarios y consumidores puedan ser resueltas por entidades que ofrezcan un procedimiento de resolución  de conflictos de consumo, de alta calidad,  con la característica de que es un procedimiento voluntario y confidencial, y por ello la vía judicial queda abierta si así se decide. 

Se ponen al servicio del consumidor por medios electrónicos unas entidades de resolución de conflictos, alternativos a la vía judicial, que ofrecerán con rapidez, una solución a la controversia surgida de una transacción entre el comerciante y el consumidor, con imparcialidad, neutralidad, economía, eficacia y de modo justo.

(1) Ad Cordis : Es  el acrónimo de alternativas de cooperación online para la resolución de disputas.

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- Entrevistando a... Juan Ignacio Acuñas, abogado y mediador
- Víctimas sin mediación

Foto inicial: pexels.com

16 de diciembre de 2015

La modificación de medidas tras la reforma del Código Civil. Jurisdicción voluntaria y Derecho de Familia (III)

Autor: Juan José Reyes Gallur, abogado
Coordinador de la Sección de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Málaga

The Law student, Norman Rockwell (1927)
Las reformas llevadas a cabo de los artículo 90 y 100 del código civil por la Ley de Jurisdicción Voluntaria 15/2015 de 2 de julio, y la del artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento civil efectuada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, conllevan una transformación radical de estos procesos.

Los artículos 90 y 100 del Código civil no son más que una transcripción literal del Anteproyecto de ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación y divorcio.

En ellos se suprime el adjetivo “sustancial” suavizando la modificación a supuestos donde así lo aconsejen las nuevas necesidades de los hijos o la fortuna del otro cónyuge.

Hasta ahora la jurisprudencia requería como requisito sine qua non que la alteración tuviera enjundia suficiente, fuera permanente en el tiempo, toda esta jurisprudencia se destruye desde el momento en el que el Código civil suaviza en los términos indicados las modificaciones de medidas.

Ello va a conllevar no solo una avalancha de procesos judiciales, sino lo más peligroso, genera una arbitrariedad judicial, dado que cada juez, cada fiscal, puede interpretar a su antojo si las necesidades actuales “aconsejan” un cambio de las medidas acordadas.

Será la Audiencia provincial la que tendrá que establecer de algún modo las limitaciones o los parámetros. Pero la controversia está servida.

Otros expedientes de la Ley de Jurisdicción Voluntaria 15/2015, de 2 de Julio relacionados con el Derecho de Familia.

  • Autorización o aprobación judicial del reconocimiento de la filiación no matrimonial de menores o de personas con capacidad modificada judicialmente
  • Habilitación para comparecer en juicio y del nombramiento de defensor
  • Adopción
  • TUTELA, LA CURATELA Y LA GUARDA DE HECHO
  • Acogimiento de menores
  • CONCESIÓN JUDICIAL DE LA EMANCIPACIÓN Y DEL BENEFICIO DE LA MAYORÍA DE EDAD
  • Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen del menor o persona con capacidad modificada judicialmente
  • Autorización o aprobación judicial para la realización de actos de disposición, gravamen u otros que se refieran a los bienes y derechos de menores y personas con capacidad modificada judicialmente.
  • Y muchos más
Por tanto compañeros, a estudiar que seguro que vendrán más reformas.

Para saber más: Mañana, 17 de diciembre, la Sección de Derecho de Familia organiza una jornada formativa sobre este tema.

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9 de diciembre de 2015

La Ley de Jurisdicción Voluntaria y la reforma de la LEC en materia de familia ( II)

Autor: Juan José Reyes Gallur, abogado
Coordinador de la Sección de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Málaga


DISCREPANCIAS EN LAS DECISIONES DE PATRIA POTESTAD.
La Ley 15/2015 de 2 de julio regula los nuevos expedientes judiciales, y entre ellos viene a terminar con las interpretaciones que hasta ahora existían sobre dónde o por medio de qué procedimiento había que regular tanto los conflictos sobre decisiones de patria potestad como las medidas urgentes en interés del menor al amparo del 158 del código civil.

Este proceso, que no precisa de letrado ni de procurador se limita a oír a los padres y al menor y a dictar la oportuna resolución judicial por parte del juez.

EXPEDIENTE EN LOS CASOS DE DESACUERDO CONYUGAL Y EN LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES GANANCIALES. LEY DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA.

La novedad de la ley de jurisdicción Voluntaria es el establecimiento de un expediente judicial en materia de administración de bienes para los casos de desacuerdo conyugal en la administración de bienes gananciales o de actos de disposición entre otros aspectos.

De la lectura de los artículos 1.377 y 1.389, ambos del Código civil, desaparece la necesidad de previa información sumaria y dicho expediente, y regulándose el expediente en el Capítulo III del Título III (art. 90).

Este expediente resolverá los contenciosos entre los cónyuges que tengan por objeto:
  • a) Fijar el domicilio conyugal o disponer sobre la vivienda habitual y objetos de uso ordinario, si hubiere desacuerdo entre los cónyuges.
  • b) Fijar la contribución a las cargas del matrimonio, cuando uno de los cónyuges incumpliere tal deber.
  • c) Realizar un acto de administración respecto de bienes comunes por ser necesario el consentimiento de ambos cónyuges, o para la realización de un acto de disposición a título oneroso sobre los mismos, por hallarse el otro cónyuge impedido para prestarlo o se negare injustificadamente a ello.
  • d) Conferir la administración de los bienes comunes, cuando uno de los cónyuges se hallare impedido para prestar el consentimiento o hubiere abandonado la familia o existiere separación de hecho.
  • e) Realizar actos de disposición sobre inmuebles, establecimientos mercantiles, objetos preciosos o valores mobiliarios, salvo el derecho de suscripción preferente, si el cónyuge tuviera la administración y, en su caso, la disposición de los bienes comunes por ministerio de la ley o por resolución judicial
En los expedientes sobre atribución de la administración y disposición de los bienes comunes a uno sólo de los cónyuges, el Juez podrá acordar asimismo cautelas y limitaciones, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal cuando haya de intervenir en el expediente.

En los expedientes a que se refieren los dos apartados anteriores será competente el Juzgado de Primera Instancia del que sea o hubiera sido el último domicilio o residencia de los cónyuges.

No será preceptiva la intervención de abogado ni de procurador para promover y actuar en estos expedientes, salvo que la intervención judicial fuera para la realización de un acto de carácter patrimonial con un valor superior a 6.000 euros, en cuyo caso será necesario.

El Juez oirá en la comparecencia al solicitante, al cónyuge no solicitante, en su caso, y a los demás interesados, sin perjuicio de la práctica de las demás diligencias de prueba que estime pertinentes.

En estos expedientes se dará audiencia al Ministerio Fiscal cuando estén comprometidos los intereses de los menores o personas con capacidad modificada judicialmente.

NOVEDADES EN EL PROCESO DE GANANCIALES: ART. 809 LEC.
La ley de Enjuiciamiento civil no establece un principio de preclusión de prueba en el juicio verbal al que acudimos tras el inventario, y todos sabemos que además la ley de enjuiciamiento tampoco exigía a ninguno de los cónyuges razonar o justificar la negativa a la inclusión de partidas, provocando, en términos jurídicos, una verdadera incertidumbre a aclarar en el juicio verbal.

Pues bien, esto cambia tras la ley 42/2015, de 5 de octubre de modificación de la Ley de Enjuiciamiento civil, dado que da una nueva redacción al artículo 809 de la Ley de Enjuiciamiento civil, al establecer que:” si se suscitare controversia sobre la inclusión o exclusión de algún concepto en el inventario o sobre el importe de cualquiera de las partidas, el secretario judicial hará constar en el acta las pretensiones de cada una de las partes sobre los referidos bienes y su fundamentación jurídica, y citará a los interesados a una vista, continuando la tramitación con arreglo a lo previsto para el juicio verbal”, es decir, exige a ambas partes que argumenten, al menos sucintamente cara a la posterior vista, cuáles son las razones jurídicas en que se fundamentan para incluir o excluir las partidas. Con ello sin duda se permite una mayor seguridad jurídica en la vista.

Para saber más: El próximo 17 de diciembre, la Sección de Familia organiza una jornada formativa sobre este tema.

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Imagen inicial: http://www.cinematheque.fr/

2 de diciembre de 2015

Bienestar psicológico de los hijos ante la ruptura de pareja

Autora: Alicia Hombrados Elbal,
Psicóloga y CEO de TUTETI Contigo





El porcentaje de divorcios y separaciones en España es cada vez mayor. Durante el año 2014 se produjeron un total de 105.893 sentencias de nulidades, separaciones y divorcios. El número de divorcios se incrementó un 5,6%, el de separaciones un 2,7% y el de nulidades un un 2,7%. Detrás de estas cifras están miles de historias, hijos e hijas, en su mayoría menores, que sufren las repercusiones directas de las rupturas de pareja.

El divorcio o separación trae una serie de cambios económicos, sociales, personales y familiares, que no afectan solo a los adultos que deciden libremente romper su relación, sino también a sus hijos. Los niños se ven obligados a modificar todas sus rutinas diarias. Pasan de vivir en un hogar compartido con sus dos progenitores, a vivir de forma habitual solamente con uno de ellos y disfrutar de la presencia del otro de forma mucho más esporádica.

Es importante entender que el efecto potencialmente negativo que una ruptura de pareja tiene sobre los hijos no reside solamente en la separación o en el divorcio propiamente dichos, sino en la exposición del menor a ese proceso insidioso y prolongado de conflicto matrimonial que generalmente precede a la ruptura de pareja. De hecho, diversos autores subrayan que el conflicto entre los padres tiene efectos más perjudiciales que el propio divorcio o separación.

Algunas reacciones emocionales
  • Entre los efectos emocionales más frecuentes están:
  • Tristeza, abatimiento. 
  • Ansiedad y miedo a nuevas pérdidas. 
  • Culpa. 
  • Hiperresponsabilidad. 
  • Alteraciones del sueño. 
  • Ira y agresividad. 
  • Aislamiento social. 
  • Problemas escolares. 
  • Problemas de alimentación. 
Generalmente estos efectos negativos son transitorios. Diversas investigaciones muestran como los niños recuperan su funcionamiento habitual dentro del primer año después de que se produzca la ruptura. Aunque la gravedad y duración del impacto negativo depende del nivel de maduración de los hijos, los factores ambientales que amortiguan el proceso y la propia capacidad de adaptación del menor; los factores más importantes que determinan como afecta el divorcio o separación en los hijos es cómo los padres gestionan emocionalmente su ruptura, si mantienen o no una buena cooperación como padres y de qué forma ayudan (o dificultan) a sus hijos en el proceso de separación, tanto en el momento de comunicar su decisión como en todo el reajuste familiar posterior.

Algunas medidas preventivas para reducir los efectos negativos de la ruptura en los hijos

  • Para prevenir las consecuencias negativas del divorcio en los hijos es importante:
  • Explicarles qué cambiará en sus vidas y ofrecerles seguridad y afecto para afrontar la nueva situación.
  • Proporcionar al niño una imagen positiva de ambos padres.
  • Dar apoyo conjunto.
  • No utilizar a los hijos como instrumentos en la ruptura.
  • Apoyar un régimen de visitas amplio y flexible
  • Dar permiso psicológico explícito para que el menor disfrute del otro progenitor ( en caso de que no hay custodia compartida).
  • Respetar y fomentar la autoridad de ambos padres
El bienestar psicológico de los hijos ante la ruptura de pareja depende fundamentalmente de la colaboración entre ambos padres y de la creación de un ambiente seguro que ayude al reajuste familiar completo.

Recuerda que si mamá y papá son felices, los hijos serán felices.

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Imagen inicial: pexels.com