24 de febrero de 2015

Libertad de expresión y Ley de Seguridad Ciudadana

Autora: Inmaculada González Mena, abogada

La Ley de Seguridad Ciudadana fue la protagonista de la mesa redonda organizada por la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Málaga con la colaboración de Amnistía Internacional Málaga  el pasado 5 de febrero. El análisis se centró en cómo afecta la Ley a la libertad de expresión. El debate, moderado por Charo Alises (presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio) contó con las intervenciones de Inmaculada González, abogada; Endika Zulueta, abogado y miembro de la Asociación Libre de Abogados; Rubén García Béjar, licenciado en Derecho y miembro de Amnistía Internacional y Olmo Nieto, fotoperiodista.  

Podéis ver parte de sus intervenciones en nuestro canal de Youtube




La letrada de Icamalaga , Inmaculada González, abordó los aspectos de la Ley de Seguridad Ciudadana relacionados con los menores:
  • qué menores son responsables administrativamente y cuáles son las infracciones más frecuentes que pueden ser realizadas por los mismos, 
  • cuáles son las  sanciones económicas, que en las infracciones muy graves podían oscilar entre los 30.001€ a los 600.000 €. 
Asimismo, analizó la responsabilidad civil solidaria de los padres, haciendo hincapié en la posible incidencia de estas responsabilidades administrativas y civiles en el futuro de los jóvenes cuando accedieran a su primer empleo, en el supuesto de embargo de salarios, lo cual les estigmatizaría  laboral y socialmente.

También se llamó la atención sobre el valor probatorio de las actas policiales y la infracción que suponía la grabación de los policías, por lo que la principal prueba de la defensa  en las  denuncias policiales se convertían en pruebas ilícitas y en una infracción administrativa  en sí misma.

Se hizo especial referencia al deber de colaboración de las fuerzas de seguridad privada y de los funcionarios y empleados públicos en la persecución de estas infracciones administrativas y por último, se analizó  los distintos procedimientos administrativos existentes, uno ordinario y otro abreviado y los diferentes recursos contenciosos administrativos que cabía contra cada uno de ellos. 

A continuación, tomó la palabra Endika Zulueta, abogado y miembro de la Asociación Libre de Abogados, que hizo un análisis de política criminal respecto a la verdadera intención  de la ley de acallar la protesta social y reprimir las conductas que suponen el legítimo ejercicio de la libertad de expresión.

Rubén García Béjar, de Amnistía Internacional, citó, entre otros documentos el informe  "España: el derecho a protestar, amenazado" al que se puede acceder desde la web de la organización. 

Por último, el fotoperiodista Olmo Nieto denunció  la situación de  peligro y dificultad que viven los periodistas freelance en el desarrollo de su profesión, aportando testimonios videográficos.

Si te gustó esta entrada, tal vez te interesará leer:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Déjanos aquí tu comentario. ¡Gracias por participar en la conversación!