3 de febrero de 2015

Cómo se aplica la sentencia del TJUE sobre el derecho al olvido

Autora: Raquel Attard, abogada
Especialista en Derecho Fiscal



Las Autoridades europeas de protección de datos (Grupo de Trabajo 29) han establecido unos criterios para aplicar en los países de la Unión Europea la sentencia sobre derecho al olvido dictada por el TJUE el 13 de mayo de 2014. Se trata de que las personas que quieran eliminar sus datos de los motores de búsqueda puedan solicitarlo y vean atendida su petición por el buscador.


Los motores de búsqueda tratan los datos de personales gestionados por las webs que indexan, además de los que ellos mismos recopilan cuando los usuarios acceden a las cuentas que tengan abiertas, como por ejemplo en Google, Bing o Yahoo! Estos buscadores deben tener la misma responsabilidad que quien recopila datos, como, por ejemplo, que los ciudadanos puedan acceder a sus derechos de cancelación u oposición. En cuanto al acceso y rectificación, estos derechos solo podrán ejercitarse solicitándolo a la página web, ahí no pueden entrar los motores de búsqueda.


Quien vea que sus datos aparecen en el motor de búsqueda puede solicitar a éste que elimine los resultados de las consultas que tengan su nombre, pero esto no quiere decir que se eliminan por completo. Los datos siguen apareciendo en la web original, por lo que quien quiera ejercitar su derecho a cancelar sus datos personales para que no aparezcan ni en el buscador ni en la web, tendrá que hacerlo directamente en el sitio. En caso contrario, puede que sus datos aparezcan si se busca otra palabra clave o frase que coincida con algún otro criterio de búsqueda que se encuentre en el sitio donde están sus datos.


La sentencia podrá aplicarse a todas las páginas webs, incluidos los dominios nacionales o territoriales (como el .es en España) y los comunitarios (el .com). No obstante, aunque el derecho a la privacidad suele prevalecer sobre otros, habrá que ver caso por caso. Esto es así porque hay personas u hechos que son de interés público y ahí es donde el derecho a la intimidad colisiona con el derecho a la información, siendo muy delgada la línea que los separa.


A las páginas webs, en principio, no se les informará sobre la desindexación de su contenido del motor de búsqueda, puesto que tal obligación no se ha establecido por el Tribunal. El buscador se pondrá en contacto con los editores únicamente cuando el mismo ejercicio del derecho al olvido lo requiera. Esto dependerá de los criterios esgrimidos en la sentencia, pero también de los criterios de exclusión que emitan los motores de búsqueda. En todo caso, el ciudadano que no vea reconocido su derecho o al que se le niegue injustificadamente la cancelación, podrá ponerlo en conocimiento de la autoridad competente en la materia para que sean evaluados, pues se han confeccionado unos criterios comunes al respecto para los ciudadanos de todos los países de la Unión Europea.


De hecho, Google informa en la web  https://www.google.com/transparencyreport/removals/europeprivacy/ que hasta el día de hoy ha recibido 201.076 solicitudes para la retirada de datos personales, aunque no todas se han llevado a cabo En España, 18.452 personas han solicitado el derecho al olvido desde el formulario que Google ha puesto a disposición de los usuarios y, sin embargo, sólo el 34% de las urls estudiadas han sido retiradas. En septiembre, el buscador recibió una sentencia francesa en la que le conminaban a aplicar el derecho al olvido a todas las extensiones de webs que pudieran contener la información que el afectado quiere suprimir, y no solo a la de un país concreto, como es el .fr en Francia o el .es en España porque, en definitiva, Google puede ser consultado desde cualquier parte del mundo y, según los criterios de búsqueda, puede devolver la información indexada aunque no sea del país concreto.


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Foto inicial: pexels.com

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