5 de diciembre de 2014

España y el espejismo de la justicia universal

Autor: Rubén García Béjar
Licenciado en Derecho y Máster en Derecho Penal y Política criminal.


justicia universal


La justicia universal está de actualidad. Sin embargo, no por los motivos que todos desearíamos: la justicia universal no es noticia por la investigación o enjuiciamiento de algún responsable de un crimen internacional sino por una nueva reforma del poder legislativo que limita aún más a esta institución.

Pero antes de abordar el análisis de estas reformas es necesario hacer una breve mención sobre qué es la justicia o jurisdicción universal. El principio de jurisdicción universal rige la vigencia espacial de la ley penal, permitiendo conocer a los tribunales de hechos cometidos fuera de sus fronteras debido a la gravedad o la naturaleza de delitos objeto de este principio y cuya represión es objetivo de la comunidad internacional.
Los delitos objeto de la justicia universal son aquellos considerados especialmente graves por la comunidad internacional (genocidio, lesa humanidad, tortura, desaparición forzosa, etc.). Y el fundamento de esta institución se encuentra en que estos delitos especialmente graves atacan intereses o valores de la comunidad internacional, la cual tiene interés en su persecución y castigo. Por tanto, para su ejercicio la justicia universal en su concepción pura no está sujeta a requisitos, será suficiente con que se trate de alguno de estos delitos sin la exigencia de ninguna otra condición como nacionalidad de autor o víctima.

Antes de las reformas España se había convertido en un referente mundial en el ejercicio de la jurisdicción universal y en la lucha contra la impunidad. El número de causas abiertas en función de este principio fue muy importante y de gran repercusión política y mediática, destacando entre todos ellos, el asunto Pinochet. Pero esta situación es un espejismo. Tras la reforma de 2009, que ya introducía una serie de requisitos que restringen el ejercicio de este principio, se aprueba la reforma de 2014 especialmente restrictiva. Es indiferente el partido político que se encuentre en el poder, ambos han demostrado una clara voluntad de restringir la justicia universal, respondiendo también a una corriente dentro de los países de nuestro entorno.

La reforma de 2014 se realizó sin el necesario debate social, ya que se introdujo mediante una proposición de ley del Grupo Popular en el congreso (no es habitual que el partido en el gobierno realice este tipo de proposiciones), evitando de esta forma el debate parlamentario, así como las diferentes fases del control del proyecto. Con todo, la reforma entraría en vigor en apenas dos meses desde su propuesta.

Y al igual que en 2009, esta nueva reforma obedeció a presiones políticas y diplomáticas, en particular, las ejercidas por el gobierno chino debido a los asuntos que afectan a los mismos en nuestros tribunales.

Profundizando en el análisis de las reformas, si bien por una parte la reforma amplía el catálogo de delitos de los que se conocerá en virtud del principio de justicia universal, este conocimiento queda condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos especialmente limitativos. Estos entre otros son
  • que el procedimiento se dirija contra un español o un extranjero que resida en España 
  • o que la víctima sea española, 

Estos requisitos son contrarios al fundamento de la justicia que, como hemos señalado, debe entenderse sin estas limitaciones pues se fundamenta en un interés de la comunidad internacional en perseguir y castigar estos hechos. Además esta ampliación del catálogo de delitos desvirtúa el contenido de esta institución separándose de ese núcleo duro de delitos que la comunidad internacional calificó como especialmente graves, incluso llega a ser más limitativa en dichos delitos.

Es decir, la reforma exige una serie de requisitos más restrictivos cuando se trata de delitos de genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, en estos casos solo se podrá ejercer la jurisdicción universal cuando el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. Supuestos de hecho que muy difícilmente se darán en la práctica.

La reforma también incluye como requisito la previa interposición de querella por el agraviado o ministerio fiscal, dejando fuera de la justicia universal a la acción popular. En muchas ocasiones respecto a los crímenes internacionales eran asociaciones, ONG o colectivos de víctimas las que presentaban las querellas, con la supresión de esta posibilidad será mucho más reducido en el futuro el número de asuntos que conocerán nuestros tribunales en virtud de la justicia universal.

El gran esfuerzo por parte del poder judicial para mantener abiertos los asuntos que conocen nuestros tribunales en virtud de la justicia universal es otro de los aspectos a destacar. Los jueces están reconduciendo los asuntos hacia aquellos ámbitos donde la reforma es menos restrictiva, haciendo en algunas ocasiones obras de ingeniería jurídica.

En muchas ocasiones los jueces acuden a tratados o convenios firmados por España, en los cuales se recoge la obligación por parte de nuestro estado de perseguir alguno de estos delitos especialmente graves. Así para continuar con algunas de las causas, nuestros tribunales han aplicado tratados tales como el III Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, la IV Convención de Ginebra relativa a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra o la Convención sobre la tortura.
Como aspecto positivo, nuestros tribunales han mantenido abiertos la mayoría de los asuntos que conocían en virtud del principio de justicia universal como por ejemplo, los casos de Guatemala, el Salvador, José Couso, Carmelo Soria, Guantánamo o Flotilla Libertad.

Y como consecuencia negativa de la reforma el fin de las causas del Tíbet y Falun Gong que afectan al gobierno chino y que motivaron la reforma. En este asunto nuestros tribunales no han podido continuar conociendo debido a la falta de los requisitos exigidos por la ley y a la escasa conexión del caso con nuestro país. Por desgracia estos asuntos son un claro ejemplo de cómo para el poder legislativo han primado antes las cuestiones diplomáticas, políticas o comerciales que el esclarecimiento de los hechos, reparación de las víctimas y la realización de la justicia.

En cuanto a las perspectivas de futuro no son del todo halagüeñas, el legislador deja claro con sus reformas su voluntad por limitar la justicia universal, además esta circunstancia es idéntica en los países de nuestro entorno. Las críticas por parte de la doctrina y la opinión pública no han sido suficientes para parar este afán reformista y solo el esfuerzo de una parte de nuestro sistema judicial hace posible que algunas causas de justicia universal aún sigan abiertas. A la vista del fracaso de las reformas desde el objetivo planteado por el legislador, las preguntas que podemos plantear para el futuro serian
  • ¿Habrá una nueva reforma aún más restrictiva?
  •  ¿Cederá el gobierno ante nuevas presiones diplomáticas y políticas cuando otro asunto afecte a alguno de los países con los que España tiene intereses comerciales?
  • ¿Es posible un cambio o un giro en la voluntad del legislador para volver a la situación anterior a las reformas?
Solo el tiempo podrá resolver estas cuestiones pero a la vista de los últimos acontecimientos no parecen que las soluciones a estas preguntas sean del todo positivas.

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