28 de noviembre de 2014

La peligrosa exigencia de Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales.

Autor: Elisardo Sánchez Peña, abogado


Quisiera hoy comentar la Ley de Sociedades Profesionales, ley con 7 años de vigencia, y que aún hoy en día esconde un peligro. ¿Pueden solicitar la disolución de mi sociedad por no estar adaptada a esta ley? La respuesta no puede ser otra que afirmativa. Con que cuidado compañeros.

Esta Ley nos define qué es una sociedad profesional en su artículo 1.1:
Las sociedades que tengan por objeto social el ejercicio en común de una actividad profesional deberán constituirse como sociedades profesionales en los términos de la presente Ley.
A los efectos de esta Ley, es actividad profesional aquélla para cuyo desempeño se requiere titulación universitaria oficial, o titulación profesional para cuyo ejercicio sea necesario acreditar una titulación universitaria oficial, e inscripción en el correspondiente Colegio Profesional. “
Parece que nuestra profesión cumple al dedillo este apartado si nuestra firma es la titular de la relación jurídica establecida con nuestros clientes. No obstante, cabría preguntarse qué es ejercicio en común, la Ley nos respondería:

“A los efectos de esta Ley se entiende que hay ejercicio en común de una actividad profesional cuando los actos propios de la misma sean ejecutados directamente bajo la razón o denominación social y le sean atribuidos a la sociedad los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional como titular de la relación jurídica establecida con el cliente.”
Es decir, si procedemos a contratar nuestros servicios a través de la sociedad, teniendo la misma los derechos y las obligaciones para con los clientes, se trataría de un ejercicio en común de servicios profesionales. En este caso, debemos estar adaptados a la Ley.

Parece que muchos de nosotros prestamos nuestros servicios en esta modalidad y, por tanto, esta Ley nos es aplicable.

Pues bien, ahora la parte peligrosa.

La  Disposición Transitoria Primera concede un plazo de un año para la adaptación a la Ley, bajo amenaza de cierre del Registro, y si tras dieciocho meses desde la entrada en vigor de la misma (16 de junio de 2.007) no se ha procedido a la adecuación de la sociedad profesional a la Ley, se establece una disolución de pleno derecho, realizada inmediatamente y de oficio por el Registrador Mercantil.

Es decir, toda aquella sociedad que cumpla los requisitos de esta Ley y no se haya adaptado, está “disuelta de pleno derecho desde el 16 de diciembre de 2.008”. Y lo pongo en cursiva, porque es evidente que de facto estas sociedades siguen operando y nuestros Registradores no se han puesto a disolver sociedades día y noche, pero cuidado, porque se puede solicitar su disolución a instancia de parte. Ya nuestros tribunales han aplicado esta Ley, y han llegado a considerar disuelta de pleno derecho a alguna sociedad por su falta de adaptación a la Ley 2/2007.

Aun hoy en día, encontramos algunas sociedades que a todas luces parecen encuadradas en esta Ley, y siguen con el distintivo S.L. Estas corren el riesgo de que les soliciten la disolución en los Juzgados.

Ante esto cabría preguntarse, ¿qué efectos jurídicos tendría sobre los actos y contratos realizados por la sociedad desde el 16 de diciembre de 2.008 hasta su disolución?

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