10 de junio de 2014

No pienso callarme: derecho a la libertad de expresión

Autora: Ana Belén Luna Racero, abogada
Vocal de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Málaga.


Charo Alises, presidenta de la Comisión de DDHH, presenta a los ponentes.
La Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Málaga organizó el pasado miércoles 28 de Mayo de 2.014 una mesa redonda sobre Libertad de expresión y Leyes de seguridad, en la que se abordó sobre todo el alcance del Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana, más bien conocida como "Ley Mordaza".

José Luis Rueda
Abrió la mesa redonda el letrado y miembro de la Comisión de Derechos Humanos José Luis Rueda Peña, haciendo un esbozo del Derecho a la libertad de expresión, derecho humano reconocido tanto internacionalmente como en nuestro ordenamiento jurídico (art. 20 CE). Estamos ante un derecho fundamental, y como tal no acepta censura previa, si bien no puede considerarse un derecho absoluto, debiendo respetar derechos como los de la dignidad de las personas y el de la propia imagen. Estos límites están claramente recogidos en nuestro ordenamiento, específicamente en el articulado del Código Penal, en el que se castiga la intromisión al derecho a la dignidad sancionando los delitos contra la intimidad, imagen, inviolabilidad del domicilio, el delito de amenazas, de calumnias (menos en el caso de la exceptio veritatis) e injurias. 
José Luis Rueda  puso de manifiesto el problema de Internet y la creencia de que en este medio vale todo y advierte que no deben permitirse los cotos cerrados que escapen al respeto a la libertad de expresión y opinión de los ciudadanos. Como en internet también encontramos que, a veces, se traspasan los límites de la libertad de expresión con bastante impunidad desde numerosos canales de televisión e incluso en los púlpitos de determinadas confesiones religiosas. Recientemente nos hemos encontrado con este problema en las redes sociales, concretamente, en Twitter respecto los comentarios vertidos en internet tras el  asesinato de Isabel Carrasco. Estos comentarios son merecedores de reproche al igual que lo fueron otros comentarios vertidos por el mismo medio respecto a otras personas, que son igualmente reprochables. Respecto a esto, tampoco es solución  legislar a golpe de noticias y desde el sectarismo del poder.

Mara Monreal, letrada y  presidenta  del GAJ, pasó a analizar los rasgos fundamentales de la Ley de Seguridad Ciudadana, que define como una ley vaga, imprecisa y desproporcionada, y que, por ende, provoca indefensión jurídica. Considera que lo que realmente se pretende es  la protección de la libertad de las instituciones y no la seguridad de los ciudadanos. Todo ello debido al resurgir de movimientos y protestas sociales. Apunta que con esta reforma se produce una privatización del Derecho Penal. Se eliminan las faltas, las cuales tienen como característica fundamental la presunción de inocencia y su recurso es gratuito, y se pasan a sanciones administrativas, en las que prima la veracidad del atestado que se levante al efecto y cualquier recurso tendrá que interponer pagando la tasa correspondiente. Acaba su intervención reflexionando sobre el significado de democracia y el choque que esta reforma supone a ese poder que reside en el pueblo, base fundamental de ésta.
José María Barran López, activista de Amnistía Internacional, nos presenta el Informe realizado por esta ONG titulado “No Pienso Callarme” en el que se denuncia la vulneración que se está produciendo en España del derecho a la libertad de expresión, citando algunos casos entre los que se encuentran:
  • el de Juan Ramón Robles, periodista que grabó las cargas policiales en Atocha el 25 de septiembre de 2012 con motivo de las movilizaciones “Rodea el Congreso”, y que por el simple hecho de filmar lo que estaba sucediendo fue violentado por las fuerzas de seguridad. 
  • Otro de los ejemplos es el de Ester Quintana, participante de la huelga general de 2012 . A Ester, una pelota de goma disparada por los cuerpos de seguridad le provocó la pérdida de un ojo.  Tanto en estos casos como en otros muchos que recoge el informe mencionado las autoridades políticas y judiciales se muestran reacias a reconocer que se ha provocado una violación del derecho a la libertad de expresión.
    Imagen de la campaña "No pienso callarme"
  • Desde Amnistía Internacional se insta a las instituciones a que: 
  1. Garanticen el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. 
  2. Garanticen una  actuación policial conforme a los derechos y normas internacionales, esto es, actuación solo cuando haya conductas violentas. Es necesaria una ponderación de derechos. 
  3. Rendición de cuentas: aquellos  que realicen actuaciones que supongan un atentado a los derechos humanos deben responder. Todo ello acompañado de investigaciones independientes que eviten impunidad a las torturas y violaciones de derechos cada vez más comunes. Y en caso de darse estas violaciones, que se garantice un acceso a la reparación adecuada a las víctimas.

Desde Greenpeace, Juan de Dios Fernández Carmona, activista de esta organización, nos habló de cómo afecta la reforma a las movilizaciones que muchos grupos llevan a cabo y que  consisten en la desobediencia civil y en protestas pacíficas. Uno de los casos más recientes en los que sus protestas han sido fuertemente recriminadas consistió en el despliegue de una pancarta en el Congreso de los Diputados. Los activistas que llevaron a cabo esta acción fueron  detenidos y acusados de un delito contra las altas instituciones del Estado. Finalmente se decretó su puesta en libertad y el archivo de las actuaciones, motivándose en el Auto de libertad que dicho acto es una herramienta democrática. Apunta el representante de Greenpeace que si  la reforma de la ley se aprobase, un caso como el  anterior no tendría consecuencias penales, ya que sería una infracción  administrativa, castigada con una multa, que habría que pagar en primer lugar y, posteriormente, recurrirla previo el pago de la correspondiente tasa judicial. Esto limitaría el derecho a la tutela judicial efectiva y limitaría el  derecho a la libertad de expresión. Desde Greenpeace hacen un llamamiento para que se mantengan esos espacios de protesta pacífica y desobediencia civil por una cuestión de democracia y por el Estado de Derecho.

En último lugar, Isabel Torralba, integrante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, define esta reforma como una ley más entre otras que forman un conjunto represivo, un mecanismo de control y disuasión a las movilizaciones y protestas que se están dando en nuestra sociedad. Pasa a enumerar algunos de los casos en los que miembros de esta plataforma han protestado pacíficamente, sin represalias significativas ya que se consideran actuaciones lícitas dentro de las normas de convivencia (ocupación pacífica de un banco)  por las que no fueron sancionados ni administrativa ni penalmente, y contrapone este resultado al alcanzado de haber estado aprobada la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.

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