3 de junio de 2014

Modificaciones en Derecho del Consumo: Ley 3/2014, de 27 de marzo

Autora: María Teresa Martín de la Hinojosa, abogada
Coordinadora de la Sección de Derecho de Consumo del Colegio de Abogados de Málaga
Secretaria General de la Asociación de  Consumidores Al-Andalus Málaga
Teresa Martín de la Hinojosa presentando a Blanca Sillero

El pasado jueves 29 de mayo tuvieron lugar en el Colegio de Abogados de Málaga las Jornadas sobre las reformas introducidas por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, organizadas por la Sección de Consumo .
Doña Blanca Sillero Crovetto, Doctora en Derecho y profesora titular de Derecho Civil intervino en primer lugar, abordando las principales novedades que introduce dicha norma, y centrándose en el concepto de consumidor del artículo 3 del R.Decreto 1/2007, de 16 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de los Consumidores y Usuarios,  recientemente reformado, realizando una comparativa entre la redacción antigua y la actual.
La ponente destacó la complejidad de delimitar el concepto de consumidor en contratos de doble finalidad, destacando que dependerá de la proporción de tiempo que destina a uno y otro fin.
Posteriormente incidió en la particularidad de que  en nuestro país  dentro del concepto de consumidor cabe englobar a las personas jurídicas siempre que actúen sin ánimo de lucro y con un propósito ajeno a su actividad comercial.
En cuanto al derecho a la información precontractual, se recalcó que es en el Artículo 97 el que reitera la información que el empresario ha de facilitar con carácter previo a la formalización de los contratos  cuando se suscriben a distancia y/o se trata de contratos fuera de establecimiento mercantil.
Por lo que respecta al derecho de desistimiento, primordial en este tipo de contratos, por parte de la ponente se puso de manifiesto que si bien con la normativa anterior se criticaba la dualidad de su tratamiento, esto ha cambiado, ya que en la regulación actual, se  unifica en los artículos 68 a 79 del R. Decreto 1/2007, tanto si se trata de contratos a distancia o contratos fuera de establecimiento mercantil.
Otra novedad que mereció la pena reseñar fue la introducción de un apartado 4 al artículo 74, que apunta que si el usuario incumpliera el compromiso de permanencia  la penalización por baja será proporcional al número de días no efectivos del compromiso de permanencia acordado.
Por lo que respecta a la devolución de las cantidades en caso de desistimiento, se refirió el artículo 76 que establece que se devolverán sin retención de gastos, sin demoras debidas, y antes de los 14 días naturales desde la fecha en que se haya informado de la decisión de desistimiento del contrato por el consumidor.
A continuación, D. Antonio Castillo, abogado experto en consumo, Presidente de  la Asociación de Consumidores Adecua, abordó las cuatro reformas procesales más importantes.
  • En primer lugar, destacó el artículo 11. LEC que atribuye legitimación activa al Ministerio Fiscal para ejercitar la acción de cesación, que hasta ahora era la única reconocida, y cualquier  acción en defensa de los intereses difusos y colectivos de los consumidores. La Ley 3/2014, de 27 de marzo al reconocer legitimación al Ministerio Fiscal  “para ejercitar cualquier acción en defensa de los intereses de los consumidores y usuarios” (nuevo apartado 5 del art. 11 LEC)  eleva los intereses sustanciales en juego al rango de interés público.
  • Otra novedad importante es la previsión expresa de la posibilidad de acumular a "cualquier acción de cesación", "la de nulidad y anulabilidad, la de incumplimiento de obligaciones, la de resolución o rescisión contractual y la de restitución de cantidades que se hubiesen cobrado en virtud de la realización de las conductas o estipulaciones o condiciones generales declaradas abusivas o no transparentes, así como la de indemnización de daños y perjuicios que hubiere causado la aplicación de tales cláusulas o prácticas". De esta forma se allanan las dificultades que presentaban en la práctica la acumulación de ambos tipos de acciones, en principio atribuidas a la competencia de órganos judiciales diferentes.
  • Seguidamente hizo alusión a la modificación del artículo 57.4 de la LGDCU, que otorgaba carácter vinculante a los convenios antes de que surgiera el conflicto, de sumisión a un arbitraje de consumo o a órganos de arbitraje institucionales  creados por normas legales o reglamentarias para un sector o un supuesto específico.
  • Por último se hizo referencia a la ampliación del plazo de desistimiento de siete días hábiles a 14 días naturales, computándose dicho plazo en el caso de prestación de servicio, desde su comienzo y en el supuesto de que lo adquirido sea un producto, desde su entrega. Esto supone, sin duda, una mayor garantía para el consumidor.
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