27 de junio de 2014

El ciudadano ante la "ciudad inteligente" o David versus Goliat

Autor: Rubén Fernández Vela, 
Consultor legal de tecnología y entornos digitales.

Fuente: City 2.0 Editorial TEDbooks
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, en el año 2050 más del 70% de la población vivirá en ciudades. A estas podemos entenderlas como plataformas donde las personas viven, trabajan y desarrollan su actividad en el marco de los numerosos servicios que prestan. Las ciudades son el centro de la mayor parte de los recursos energéticos de un país y tienen un gran impacto en el desarrollo de los mismos. Ante este nuevo escenario las administraciones públicas deben plantearse una evolución de los métodos de gestión de las mismas que implique el uso de las tecnologías electrónicas. De forma mayoritaria se acepta que las ciudades están tendiendo a convertirse en organismos inteligentes y esta tendencia, a medida que pasen los años, seirá incrementando. Pero, ¿qué entendemos por “ciudad inteligente”?

Existen diversas formas de definirla. Así, una ciudad adjetivada de “inteligente” (más usado su anglicismo "smart city”) es aquella que hace uso de las nuevas tecnologías para que tanto su infraestructura como sus componentes y los servicios públicos ofrecidos sean más interactivos y eficientes y, por medio de ellas, los ciudadanos puedan tener acceso a datos y servicios que la ciudad genera. El término también se refiere a aquellas inversiones en capital humano, social y en infraestructuras de la comunicación que son capaces de fomentar el desarrollo económico sostenible y una elevada calidad de vida, junto con una sabia gestión de los recursos naturales a través de los gobiernos participativos.

Una definición más común del concepto, es la que concibe a las "ciudades inteligentes" como aquellas comprometidas con su entorno, tanto desde el punto de vista medio-ambiental como en lo relativo a elementos culturales, históricos o de desarrollo de una arquitectura de vanguardia y donde las infraestructuras y elementos urbanos están dotados de soluciones tecnológicas que hacen la vida del ciudadano más sencilla. Al fin y al cabo se refiere a la comunicación entre máquinas (M2M). Esta interconexión permite la posibilidad de poder comunicar ingentes cantidades de datos permitiendo predecir los acontecimientos y, en consecuencia, contribuye a hacer más cómoda la vida de los ciudadanos.

Un enfoque cercano al planteamiento anterior es el que defiende el concepto de "ciudad inteligente" como un espacio urbano con infraestructuras, redes y plataformas, junto a millones de sensores entre los que hay que incluir las propias personas y sus diferentes dispositivos móviles. Un espacio que multiplica la capacidad de escuchar y comprender lo que pasa en la ciudad y, por tanto permite llevar a cabo un más completo análisis, tomar mejores decisiones y, a su vez, proporciona información y una mejor prestación de servicios a los habitantes, En todo caso es el uso de técnicas avanzadas en tiempo real lo que implica una mejora de los servicios.

Finalmente, desde otra concepción se define la "ciudad inteligente" como aquella que crea y mantiene una plataforma que permite maximizar la economía, la sociedad, el entorno y bienestar de las ciudades facilitando un cambio de comportamiento hacia un uso más sostenible entre todos los agentes ciudadanos, el gobierno y las empresas. En definitiva una nueva realidad que permite innovación y ahorro presupuestario.

En todo caso en una "ciudad inteligente" la información llega en el momento preciso e integra lo digital con lo físico, lo virtual con lo real, combinándolo todo. Parece que se trata de imponer una cuasi dictadura de las tecnologías al imponerse al ciudadano, entendiendo que esta gestión automática y eficiente de lo urbano reducirá los costes.
De entre los servicios que debe prestar una "ciudad inteligente" cabe destacar:

Fuente: elaboración propia 

  • la movilidad urbana,
  •  la eficiencia energética,
  •  la eficiencia medioambiental, 
  • la gestión de infraestructuras y edificios, 
  • la seguridad pública, 
  • la salud electrónica, 
  • el comercio electrónico, 
  • la educación, 
  • el capital humano,
  •  la cultura, 
  • el gobierno en relación con la ciudadanía y
  • el curso intensivo y automático de las tecnologías digitales.

Dentro de todo este conglomerado centrémonos en el binomio gobierno y ciudadanía. Es decir, aquella relación y participación por parte de la ciudadanía en la toma de decisiones y en las actuaciones del gobierno y de la administración en un marco de transparencia y siempre, entendiendo la apertura de los datos como
paso inexcusablemente previo a la implantación del modelo una ciudad inteligente.

El sustrato necesario para la adecuada implantación de este modelo de ciudad en cuanto a lo que gobierno y ciudadanía se refiere debe estar compuesto por la suma de:
  •  a) administración electrónica,
  •  b) participación real en el uso de los medios sociales de los
  • ayuntamientos,
  •  c) apertura de datos,
  •  d) existencia de canales de telecomunicaciones
  • propios tales como un canal de televisión y/o una emisora de radio y
  •  e) aplicación intensiva de análisis sobre los datos abiertos que nos faciliten entender el comportamiento de los ciudadanos.
Para ello debemos contar con una serie de “agentes clave” que se incorporen a una “ciudad inteligente”. El primero de ellos, sin lugar a dudas, debe de ser el Ayuntamiento como responsable de la gestión de todos los aspectos relacionados con la ciudad, debiendo impulsar la creación de la ciudad inteligente.
Por otro lado, se encuentran las diferentes consultoras y expertos en tecnologías digitales. Aquellas personas y empresas relacionadas con las tecnologías en las ciudades inteligentes que sean integradoras de dichas tecnologías y que puedan dotar del software (middleware) que asista a una aplicación para interactuar o comunicarse con otras aplicaciones, además de la implantación de software de redes, hardware y sistemas operativos capaces de procurar aplicaciones de fácil programación y manejo para que pueda distribuir y recolectar la información de manera instantánea, es decir aplicaciones que sean capaces de llevar a cabo un importante manejo y análisis de datos. Finalmente, no hay que olvidar, dentro de los “agentes clave” a los proveedores de aplicaciones, las empresas eléctricas, los proveedores de infraestructuras de telecomunicaciones, las constructoras y, en general, todos los proveedores que disponen y ofrecen sus capacidades para prestar servicios de sistemas operativos urbanos.

Desde mi punto de vista, no estoy en absoluto de acuerdo con el concepto de “ciudad inteligente” tal y como está siendo configurado. Por una parte, entiendo que el agente principal movilizador de estas ciudades es el Ayuntamiento; por otro lado, estimo una serie de pautas - como por ejemplo gobiernos participativos descentralizados- sobre cómo ha de ser el gobierno abierto para que una ciudad inteligente pueda alcanzar el éxito deseado. Entiendo que, por desgracia, tal y como están estructuradas hasta ahora las cosas, la "ciudad inteligente" y el papel de los ayuntamientos se reduce al de ser una simple marioneta de grandes multinacionales que trabajan sobre el terreno del municipio y que, actuando sutilmente, deciden por todos sus habitantes cómo quieren que sea la ciudad sin contar, en caso alguno, con aquellos que deberían ser los verdaderos y únicos protagonistas de este proceso, los ciudadanos. Por ello debemos reivindicar otro tipo de configuración urbana, el de la “ciudad resiliente”, el cual trataremos en posteriores artículos.

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24 de junio de 2014

Los abogados opinan: ¿Despacho propio o trabajar por cuenta ajena?

Ally McBeal
Es altamente probable que todo abogado se haga esta pregunta al menos una vez a lo largo de su carrera profesional. Y la respuesta mucho va a depender de factores como experiencia previa, personalidad, recursos económicos, apoyo familiar... . Indudablemente cada opción presenta sus ventajas y desventajas, quizás no exista verdaderamente el estado perfecto. Los que han tenido la oportunidad de estar en ambas situaciones saben mejor que nadie con qué se quedarían de cada opción.Cuestiones como independencia, seguridad, apoyo de una estructura, soledad, ausencia de jefes... son algunos de los elementos fundamentales a considerar para decantarse por una opción u otra.

Hemos preguntado su opinión a algunos abogados ejercientes en Málaga, de distintas edades y  con diferente bagaje profesional, y estas han sido sus respuestas:

Yo he pasado por las dos experiencias: 10 años por cuenta ajena y los últimos 15 por cuenta propia, y la vida me cambió por completo. Aunque lo primero te da una seguridad y unas ventajas laborales importantes, no lo cambio por la libertad y la independencia que te da el trabajar por cuenta propia en tu despacho, sin nadie que te dirija, te mande y te controle y organizándote tu tiempo y tu trabajo según tus necesidades de cada día. Profesionalmente es mucho más enriquecedor además de abrir la posibilidad de prosperar más económicamente.
Beatriz, abogada de empresa.

Pienso que para tomar la decisión de tener tu propio despacho o trabajar por cuenta ajena hay que decantarse por uno de dos elementos que considero enfrentados: asunción de riesgos y libertad. Cuantos menos riesgos quieras correr más deberás tender a un trabajo por cuenta ajena, pero menos libertad tendrás en tus escritos, en tus decisiones, y en tu modo de tratar los asuntos, porque, lógicamente, deberás hacerlo siguiendo las instrucciones de quien corre el verdadero riesgo en caso de que las cosas no vayan bien. Sin embargo otra cosa que tengo clarísima es que quien no arriesga no gana, pues veo más limitadas las expectativas de quien trabaja por cuenta ajena que las de quien tiene su propio despacho. Pero ya es cosa del momento en que te encuentres en tu vida profesional, de cómo quieras entender la abogacía, y por supuesto de tus circunstancias personales y del tiempo que quieras para tu vida. No olvidemos que, por muy dura o bonita que sea esta profesión, no es más que eso... Una profesión.
Manuel, laboralista
Yo estoy empezando en la profesión y no tengo mucha experiencia, pero desde que termine la carrera trabajo como autónoma en un despacho. Cuando empiezas necesitas trabajar para alguien para coger experiencia, lo malo es que muchos despachos te exigen hacerte autónomo para ello en lugar de un contrato laboral, por lo que tienes los inconvenientes de trabajar para alguien y ser a la vez autónomo, aunque yo tengo también la suerte de poder tener mis propios clientes y poder hacerme poco a poco hueco en este mundo, que no es nada fácil. Conclusión: creo que trabajar por cuenta ajena es mas cómodo pero si quieres mejorar laboral y economicamente tienes que trabajar por cuenta propia.
Laura, penal y civil

Yo he estado primero por mi cuenta y luego trabajando para la Administración, y me sirvió mucho el rodaje que llevaba para enfocar las cosas desde un punto de vista más practico,  mas ágil y por supuesto con soluciones más adecuadas a la realidad. Esta última experiencia me gustó, porque realmente tenia libertad para realizar mi trabajo y también compartía espacio y trabajo con otros compañeros, con lo cual también aprendí mucho. Pero no puede compararse al ejercicio de la profesión por cuenta propia, porque el trabajo diario y continuo donde todo depende de ti, termina dándote mucha agilidad mental,  capacidad de adaptación,  conocimiento de las personas... En definitiva,  te abre mucho la mente. La parte "mala" es la inseguridad económica, los días que te notifican una resolución que no te gusta nada, y no puedes pensar que no es culpa tuya, a veces incluso te gustaría que te dijeran directamente que hacer, etc... En fin, y aunque se me quedan cosas en el tintero,  como veis, soy totalmente favorable al ejercicio libre de una profesión.
Ana, civil y mercantil
Estar por cuenta ajena tiene muchos beneficios al comienzo de la andadura profesional, careces de la práctica del Derecho, hay que trasladar toda la teoría aprendida al ejercicio y el estar rodeada de compañeros con experiencia es de gran ayuda. A esto habría que añadir el ahorro de costes que supone encontrarte con un despacho ya funcionando frente a montar tu despacho propio. En mi caso particular, tras siete años de ejercicio, continúo por cuenta ajena, pero con la suerte de que no me ponen inconveniente a la hora de tener también mis clientes propios. Entiendo no obstante que transcurridos los años apetezca, o volar en solitario, o hacerlo al menos acompañado con otro compañero en calidad de socio. Mi despacho es pequeño, solamente somos tres compañeros, y quizás por haberme curtido en la profesión en compañía valoro mucho el hecho de no estar sola. Siempre ayuda poder comentar tus dudas o ideas con los compañeros o tenerlos a mano para que te sustituyan en un juicio o comparecencia. Así que por cuenta ajena o por cuenta propia, mejor en compañía. Aún así está profesión es larga y a veces incierta, así que lo importante es saber adaptarse al medio.
Elena

¿Cuál es tu opinión? ¡Esperamos comentarios!

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20 de junio de 2014

Liquidación de gananciales: práctica diaria e incertidumbres jurídicas.

La liquidación de gananciales fue la protagonista de la charla que ofreció Juan José Reyes Gallur, coordinador de la Sección de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Málaga el pasado 11 de junio.
Durante su intervención, el ponente repasó todas las fases del proceso de liquidación de gananciales, empezando por la solicitud de inventario, a la que, según dijo "muchos abogados no prestan atención, argumentando que "no es una demanda". Sin embargo, para Reyes Gallur, hay que dedicar tiempo a esta solicitud, y a la prueba de las partidas (activo y pasivo). Algunas de las cuestiones analizadas fueron:
  • el juicio verbal de inventario
  • la liquidación de gananciales de una persona fallecida
  • las normas de administración
  • la figura del contador-partidor
A lo largo de su exposición, Reyes Gallur hizo también referencia a las cuestiones relacionadas con las tasas judiciales, citando varias consultas vinculantes y la tabla consolidada con las respuestas de la Dirección General de Tributos a la que podéis acceder desde aquí
La ponencia en vídeo ya está disponible en nuestro canal de Youtube:



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17 de junio de 2014

Cómo publicar un e-book


Has leído bien, lo que hoy te proponemos es publicar tú mismo tu propio libro electrónico. Esto es algo absolutamente factible hoy en día gracias a las nuevas tecnologías, que lo han puesto al alcance de todo aquel que tenga algo que decir. Publicar un libro electrónico puede servir para varios propósitos, pero desde luego, en el aspecto profesional, puede contribuir a impulsar tu marca personal y la de tu despacho profesional.
En la actualidad, no necesitamos el apoyo de una editorial para poder difundir contenidos. Para eso, por ejemplo están los blogs. Pero los ebooks permiten ser leídos en cualquier lugar, con las comodidades propias de un libro. Si ya eres bloguero, tendrás ya mucho material escrito y un ebook puede ser el siguiente paso. Sólo tendrás que recopilar tus mejores posts, actualizarlos en caso de ser necesario y ordenarlos de tal manera que tengan una distribución lógica como libro. Lo siguiente es usar una de las herramientas (muchas de ellas gratuitas), para convertirlo al formato adecuado y empezar a darle difusión en los distintos medios, ya sea para venderlo o para su descarga gratuita (dependiendo de cuál sea tu objetivo con la publicación). Si no eres bloguero, pero igualmente tienes material profesional sobre el que escribir dentro de tu área de especialidad, un ebook es una opción muy interesante para autopublicarte.

Una vez tengas tu libro escrito, existen distintas opciones para publicar, distribuir y vender tu obra. Una opción fundamental es hacerlo con Amazon a través de su programa Kindle Direct Publishing. Este servicio ha dado lugar a la denominada Generación Kindle, expresión acuñada para designar a un grupo de autores (fundamentalmente literarios) que se autopublican a través de Amazon. Publicar a través de este servicio es bastante sencillo, basta con que tengas tu libro escrito en Word y seguir los pasos que te indican detalladamente en este post de Ciudadano 2.0 (uno de nuestros blogs de referencia y que recomendamos seguir).

Las ventajas de publicar en Amazon son innegables y se resumen en su web:


Otra opción muy interesante, para los que ya mantegáis un blog es Bloxp.com. Esta sencilla herramienta te permite extraer los posts de tu blog y convertirlos en un ebook, con los formatos MOBI (para Kindle) y ePUB. Lo único que hay que hacer es escribir la dirección del feed de tu blog y marcar si quieres que incluya un índice de contenidos y si quieres que los links aparezcan como notas a pie de página en el libro. Haces clic en Start y empieza a recopilar todas tus entradas. Podrás cambiar su orden, eliminar entradas que no quieras incluir e incluir alguna adicional.

Bloxp también es una herramienta últil si eres seguidor de algún blog y quieres tener sus artículos en formato ebook para leerlos tranquilamente, por ejemplo en la playa (en donde las pantallas de las tablets y smartphones no se pueden leer bien y sin embargo sí las de los ebooks). 

Hay otras múltiples e interesantes herramientas, pero por hoy os dejamos con estas y con la reflexión de que es posible publicar contenidos también por esta vía para posicionarnos como expertos en nuestra área de especialidad o por el simple placer de contribuir al conocimiento global. 

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13 de junio de 2014

La Privacidad por Diseño o cómo crear un entorno digital socialmente responsable con los usuarios.

Autor: Rubén Fernández Vela, 
Consultor legal de tecnología y entornos digitales.



Fuente: Facebook

Los proveedores de servicios de redes sociales online y o entornos digitales deben, para garantizar la protección de los datos personales de sus usuarios, optar por una estrategia de diseño basada en la privacidad, en inglés Privacy by Design, en adelante PbD. 

Aunque todavía existen voces que afirman que el uso de estos espacios digitales supone un “mal necesario” que implica, necesariamente, una pérdida parcial del derecho a la privacidad de los individuos la cual tiene, como única y débil arma, la legislación sobre protección de datos y otras normas de "hard Law", esta estructura de diseño basada en la privacidad deja claro que no es así. 

PbD es una estructura de diseño de sistemas de información, procesos de negocio y sistemas físicos desarrollados por el Comisionado de Información y Privacidad de Ontario (Canadá) y promovido por la Doctora Cavoukian. PbD,se fundamenta en que la privacidad no puede asegurarse únicamente por el cumplimiento de la legislación y de los distintos marcos reguladores, sino que la garantía de la privacidad debe convertirse en el modo que use por defecto la organización en sus distintas operaciones. Se pretende con esta estructura que todas las actuaciones relacionadas con el tratamiento de datos personales y privacidad se identifiquen, analicen e incorporen en los distintos sistemas. En estas líneas nos centraremos en los sistemas de los proveedores de servicios de las distintas redes sociales y los entornos digitales.

La incorporación de estructura PbD en ningún caso aparece refrendada como un imperativo legal, por tanto deberá formar parte del corolario de la Responsabilidad Social Corporativa del prestador de servicios de espacios digitales, entendiendo esta responsabilidad como aquella condición de una empresa que, partiendo de la base que cumple con la normativa, decide añadirle un "plus" integrando, en su estrategia, objetivos que se comprometan con la sociedad.

En el año 2010 la aplicación de la estructura de PbD en los espacios digitales fue reconocida como el estándar global de privacidad en la resolución de la Conferencia Internacional de Protección de Datos y Privacidad, celebrada en Jerusalén. 


Fuente: http://www.slaw.ca/
Los objetivos de PbD van encaminados a garantizar la privacidad y la obtención de control de su propia información por parte del usuario. Por otro lado, permite a las organizaciones obtener una ventaja competitiva sostenible. Para la puesta en práctica de esta estructura de privacidad se recomienda la asunción y desarrollo de una serie de principios que, brevemente, vamos a revisar en las siguientes líneas.
  • Se pretende prevenir y no remediar los problemas de privacidad gracias al diseño. PbD se caracteriza por diseñar medidas de carácter proactivo en lugar de medidas reactivas. Es decir, se anticipa y evita acontecimientos invasivos de privacidad antes de que sucedan. Esta estructura no espera a que nazcan o se produzcan los riesgos en la privacidad para materializarse, ni ofrece soluciones para resolver infracciones de privacidad una vez que éstas han ocurrido. Tiene por objeto evitar que se produzcan. En definitiva, esta estructura se sitúa antes de los hechos y no después. 
  • Contar con la privacidad por defecto. Es decir, que a los usuarios de espacios digitales diseñados bajo la estructura de PbD no se les requiere ninguna acción de configuración de su perfil por su parte para proteger sus datos, ya que esta protección queda integrada, por defecto, en el sistema.
  • Contar con una privacidad embebida en el diseño. La privacidad está "incrustada" en él y en la arquitectura de los sistemas informáticos. La privacidad, por tanto, es integral al sistema sin, por ello, disminuir su funcionalidad.
  • Contar con una funcionalidad completa. La pretensión es dar cabida a todos los intereses legítimos y al cumplimiento de los objetivos de forma que todos los actores implicados ganen. Esta estructura trata el asentamiento de falsas dicotomías, como la privacidad frente a la seguridad, demostrando que es posible disfrutar de ambas cosas.
  • Necesidad de proteger de "extremo a extremo" la privacidad digital del usuario. Esto significa que, tras haber sido "incrustada" en el sistema, antes del primer elemento de información que se recoja, se extiende a lo largo de todo el ciclo de vida de los datos que intervienen en el mismo, de principio a fin, asegurando que, al final del proceso, todos los datos son destruidos de forma segura y en el momento oportuno. Por ello se asegura "de extremo a extremo" la gestión del ciclo de vida de la información personal. 
  • Especial respeto hacia la privacidad del usuario. Desarrolladores y proveedores de espacios digitales deben de ver más allá de los intereses particulares de sus empresas ofreciendo medidas tales como fuertes valores predeterminados de privacidad, aviso apropiado y empoderamiento de opciones fáciles de usar,teniendo siempre como centro de sus acciones al usuario.
Esta estructura otorga visibilidad y transparencia, ya que permite que sus partes, componentes y operaciones permanezcan visibles y transparentes por igual, tanto para los usuarios como para los proveedores.

Distintas instituciones europeas, como la European Data Protection Supervisor, están totalmente de acuerdo con el uso de las fórmulas PbD para la creación de redes sociales y entornos digitales. Con ellas se pretende la protección del derecho de los usuarios a ser dueños de su propia información.

Por lo tanto se deberá asegurar, al usuario del servicio, la privacidad como elemento principal de la arquitectura del espacio digital utilizando la estructura de PbD. Gracias a este “plus” añadido podrá incrementar el usuario su capacidad de control y decisión sobre la cantidad y cualidad de la información con la que desea alimentar su perfil y, consecuentemente, disponer de un marco más adecuado para salvaguardar su derecho a la privacidad.

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10 de junio de 2014

No pienso callarme: derecho a la libertad de expresión

Autora: Ana Belén Luna Racero, abogada
Vocal de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Málaga.


Charo Alises, presidenta de la Comisión de DDHH, presenta a los ponentes.
La Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Málaga organizó el pasado miércoles 28 de Mayo de 2.014 una mesa redonda sobre Libertad de expresión y Leyes de seguridad, en la que se abordó sobre todo el alcance del Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana, más bien conocida como "Ley Mordaza".

José Luis Rueda
Abrió la mesa redonda el letrado y miembro de la Comisión de Derechos Humanos José Luis Rueda Peña, haciendo un esbozo del Derecho a la libertad de expresión, derecho humano reconocido tanto internacionalmente como en nuestro ordenamiento jurídico (art. 20 CE). Estamos ante un derecho fundamental, y como tal no acepta censura previa, si bien no puede considerarse un derecho absoluto, debiendo respetar derechos como los de la dignidad de las personas y el de la propia imagen. Estos límites están claramente recogidos en nuestro ordenamiento, específicamente en el articulado del Código Penal, en el que se castiga la intromisión al derecho a la dignidad sancionando los delitos contra la intimidad, imagen, inviolabilidad del domicilio, el delito de amenazas, de calumnias (menos en el caso de la exceptio veritatis) e injurias. 
José Luis Rueda  puso de manifiesto el problema de Internet y la creencia de que en este medio vale todo y advierte que no deben permitirse los cotos cerrados que escapen al respeto a la libertad de expresión y opinión de los ciudadanos. Como en internet también encontramos que, a veces, se traspasan los límites de la libertad de expresión con bastante impunidad desde numerosos canales de televisión e incluso en los púlpitos de determinadas confesiones religiosas. Recientemente nos hemos encontrado con este problema en las redes sociales, concretamente, en Twitter respecto los comentarios vertidos en internet tras el  asesinato de Isabel Carrasco. Estos comentarios son merecedores de reproche al igual que lo fueron otros comentarios vertidos por el mismo medio respecto a otras personas, que son igualmente reprochables. Respecto a esto, tampoco es solución  legislar a golpe de noticias y desde el sectarismo del poder.

Mara Monreal, letrada y  presidenta  del GAJ, pasó a analizar los rasgos fundamentales de la Ley de Seguridad Ciudadana, que define como una ley vaga, imprecisa y desproporcionada, y que, por ende, provoca indefensión jurídica. Considera que lo que realmente se pretende es  la protección de la libertad de las instituciones y no la seguridad de los ciudadanos. Todo ello debido al resurgir de movimientos y protestas sociales. Apunta que con esta reforma se produce una privatización del Derecho Penal. Se eliminan las faltas, las cuales tienen como característica fundamental la presunción de inocencia y su recurso es gratuito, y se pasan a sanciones administrativas, en las que prima la veracidad del atestado que se levante al efecto y cualquier recurso tendrá que interponer pagando la tasa correspondiente. Acaba su intervención reflexionando sobre el significado de democracia y el choque que esta reforma supone a ese poder que reside en el pueblo, base fundamental de ésta.
José María Barran López, activista de Amnistía Internacional, nos presenta el Informe realizado por esta ONG titulado “No Pienso Callarme” en el que se denuncia la vulneración que se está produciendo en España del derecho a la libertad de expresión, citando algunos casos entre los que se encuentran:
  • el de Juan Ramón Robles, periodista que grabó las cargas policiales en Atocha el 25 de septiembre de 2012 con motivo de las movilizaciones “Rodea el Congreso”, y que por el simple hecho de filmar lo que estaba sucediendo fue violentado por las fuerzas de seguridad. 
  • Otro de los ejemplos es el de Ester Quintana, participante de la huelga general de 2012 . A Ester, una pelota de goma disparada por los cuerpos de seguridad le provocó la pérdida de un ojo.  Tanto en estos casos como en otros muchos que recoge el informe mencionado las autoridades políticas y judiciales se muestran reacias a reconocer que se ha provocado una violación del derecho a la libertad de expresión.
    Imagen de la campaña "No pienso callarme"
  • Desde Amnistía Internacional se insta a las instituciones a que: 
  1. Garanticen el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica. 
  2. Garanticen una  actuación policial conforme a los derechos y normas internacionales, esto es, actuación solo cuando haya conductas violentas. Es necesaria una ponderación de derechos. 
  3. Rendición de cuentas: aquellos  que realicen actuaciones que supongan un atentado a los derechos humanos deben responder. Todo ello acompañado de investigaciones independientes que eviten impunidad a las torturas y violaciones de derechos cada vez más comunes. Y en caso de darse estas violaciones, que se garantice un acceso a la reparación adecuada a las víctimas.

Desde Greenpeace, Juan de Dios Fernández Carmona, activista de esta organización, nos habló de cómo afecta la reforma a las movilizaciones que muchos grupos llevan a cabo y que  consisten en la desobediencia civil y en protestas pacíficas. Uno de los casos más recientes en los que sus protestas han sido fuertemente recriminadas consistió en el despliegue de una pancarta en el Congreso de los Diputados. Los activistas que llevaron a cabo esta acción fueron  detenidos y acusados de un delito contra las altas instituciones del Estado. Finalmente se decretó su puesta en libertad y el archivo de las actuaciones, motivándose en el Auto de libertad que dicho acto es una herramienta democrática. Apunta el representante de Greenpeace que si  la reforma de la ley se aprobase, un caso como el  anterior no tendría consecuencias penales, ya que sería una infracción  administrativa, castigada con una multa, que habría que pagar en primer lugar y, posteriormente, recurrirla previo el pago de la correspondiente tasa judicial. Esto limitaría el derecho a la tutela judicial efectiva y limitaría el  derecho a la libertad de expresión. Desde Greenpeace hacen un llamamiento para que se mantengan esos espacios de protesta pacífica y desobediencia civil por una cuestión de democracia y por el Estado de Derecho.

En último lugar, Isabel Torralba, integrante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, define esta reforma como una ley más entre otras que forman un conjunto represivo, un mecanismo de control y disuasión a las movilizaciones y protestas que se están dando en nuestra sociedad. Pasa a enumerar algunos de los casos en los que miembros de esta plataforma han protestado pacíficamente, sin represalias significativas ya que se consideran actuaciones lícitas dentro de las normas de convivencia (ocupación pacífica de un banco)  por las que no fueron sancionados ni administrativa ni penalmente, y contrapone este resultado al alcanzado de haber estado aprobada la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.

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6 de junio de 2014

El negocio de los datos personales digitales y la Responsabilidad Social Corporativa

Autor: Rubén Fernández Vela, 
Consultor legal de tecnología y entornos digitales.


Fuente: Ceeds Project
Las empresas se han sumergido en el mundo de las redes sociales online y los entornos digitales, en algunas ocasiones, con fórmulas demasiado sutiles que pueden llegar a dañar los intereses de los usuarios de las mismas. Un ejemplo: la red social online creada por la marca de piezas de construcción a escala LEGO, la cual nace como una red social online monotemática para permitir, a fans de la construcción realizar distintas creaciones con sus piezas y la posibilidad de poder compartirla con sus contactos, tanto dentro como fuera del entorno. En realidad, tras este lanzamiento se esconde una engrasada y perfecta maquinaria de marketing. 

Las empresas, de este modo, interactúan con los demás individuos como un usuario más, consiguiendo algo que, hace años, era impensable: la realización, con un coste mínimo, de incalculables estudios de mercado, "testeo" de productos y servicios entre usuarios que conocen muy bien la marca, etcétera. Todo ello en un agradable entorno que se exporta a cualquier dispositivo sin la apariencia de la, siempre, incómoda publicidad.

No podemos negar la absoluta penetración de las empresas en estos espacios digitales, algo que es muy sencillo de entender, independientemente de las estrategias de marketing. Las empresas, entes únicos creados de manera ficticia por el Derecho, están compuestas, al fin y al cabo, por personas y se relacionan de igual modo que todos los demás individuos. Si éstos lo hacen a través de espacios digitales, ellas también lo harán, ya que, además, es allí donde están sus compradores. 

La cuestión está en que tanto las empresas como las distintas corporaciones han entendido, entienden y, muchas de ellas seguirán entendiendo, estos entornos como canales de difusión para sus campañas publicitarias mediante anuncios que se tornan, ahora, en noticias; en lugar de entenderlos como lo que realmente son: canales para la relación, en el caso de las empresas, para, con los clientes y por clientes.

Fuente: Marketing directo
Todo esto tiene importantes consecuencias en relación con el tratamiento de los datos personales porque no podemos olvidar que estos son, según el artículo 1.2 de la Directiva 98/48/CE, servicios de la sociedad de la información. Tampoco podemos olvidar que las redes sociales y entornos digitales son, a su vez y en valor absoluto desde el punto de vista económico/empresarial, modelos de negocio basados en el tratamiento masivo de datos personales y en el tratamiento, supuestamente, consentido por los usuarios. 
Según el artículo 22 de la LSSI y del CE,
  • (...) los prestadores de servicio podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios, a condición de que los mismos hayan dado su consentimiento después de que se les haya facilitado información clara y completa sobre su utilización, en particular, sobre los fines del tratamiento de datos
  • (...) Para entender este artículo debemos relacionarlo con la "Resolución sobre correo electrónico gratuito" realizada por la Agencia Española de Protección de Datos, que estima que
  •  (...) el consentimiento que presta el usuario es válido en el momento en que decide aceptar la política de privacidad y condiciones de uso de la plataforma que constan en el formulario de registro (...) result[a] exigible que las políticas de privacidad deban ser transparentes, accesibles y claras (...)
Finalmente, el Grupo de Trabajo del Artículo 29, en su Dictamen WP100 estima que 
  • (...) la información proporcionada a los interesados debería utilizar un lenguaje y una presentación fáciles de entender 
  • (...) la comprensión por parte de los interesados constituye un objetivo importante, de manera que puedan adaptar decisiones con conocimiento de causa y dispongan del conocimiento y la comprensión necesarios para influir en las prácticas de los responsables del tratamiento de los datos (...)
Pero la realidad es bien distinta; los textos legales de las plataformas digitales redes sociales online, (no podemos olvidar que se trata de contratos de adhesión) son largos, redactados en complejo y enrevesado lenguaje, sobrepasando la línea de la información y de la regulación de la relación empresa y consumidor. Esto es, van más allá del mero hecho del mantenimiento, desarrollo y control de los datos, dando lugar a una relación contractual difusa, opaca, que se pierde en un océano de hipervínculos que, con frecuencia, enlazan a páginas en otra lengua diferente a la del usuario y sin posibilidad de obtener una versión traducida. De esto concluimos que el deber de información no es suficiente para el consentimiento que se otorga, por tanto no cumple con la finalidad que, se entiende, pretenden, o deberían pretender alcanzar.

Nos encontramos, al fin y al cabo, con contenidos oscuros que según la teoría general de los contratos, en nuestro ordenamiento jurídico, se tendrán por no puestos. Pero existe un problema "anterior" a éste y es que el consumidor/ usuario, en la mayor parte de los casos, no es consciente de este tratamiento de datos. De este modo, el responsable del tratamiento de datos quebranta el artículo 15 del Real Decreto 1720/2007 de desarrollo de la LOPD.

A todo esto se une que la inmensa mayoría de estos espacios digitales tienen como configuración "por defecto” una, casi, completamente abierta al público, suponiendo un importantísimo peligro para la privacidad de los datos personales digitales de los usuarios del espacio digital.  La situación se vuelve muy compleja ya que estamos ante una cuestión de interpretación y traducción de una Directiva en el proceso de incorporación e inclusión en el ordenamiento jurídico español. La Directiva distingue entre la "información básica" y "otra información", mientras que la traducción de la misma y su incorporación mediante el RD LOPD no establecen ese matiz diferenciador.

Por tanto, lo que debería ser norma se convierte en recomendación. Sólo con una sólida y comprometida estructura de la Responsabilidad Social Corporativa del prestador de servicios de los distintos espacios digitales comprometiéndose en la búsqueda de fórmulas para la determinación de consentimientos reales, recabados de unos usuarios que sean realmente conscientes de lo que consienten, siendo el nivel de privacidad el máximo configurado "por defecto", podrán protegerles de una gestión dañina y dolosa de los datos digitales personales.

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3 de junio de 2014

Modificaciones en Derecho del Consumo: Ley 3/2014, de 27 de marzo

Autora: María Teresa Martín de la Hinojosa, abogada
Coordinadora de la Sección de Derecho de Consumo del Colegio de Abogados de Málaga
Secretaria General de la Asociación de  Consumidores Al-Andalus Málaga
Teresa Martín de la Hinojosa presentando a Blanca Sillero

El pasado jueves 29 de mayo tuvieron lugar en el Colegio de Abogados de Málaga las Jornadas sobre las reformas introducidas por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, organizadas por la Sección de Consumo .
Doña Blanca Sillero Crovetto, Doctora en Derecho y profesora titular de Derecho Civil intervino en primer lugar, abordando las principales novedades que introduce dicha norma, y centrándose en el concepto de consumidor del artículo 3 del R.Decreto 1/2007, de 16 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de los Consumidores y Usuarios,  recientemente reformado, realizando una comparativa entre la redacción antigua y la actual.
La ponente destacó la complejidad de delimitar el concepto de consumidor en contratos de doble finalidad, destacando que dependerá de la proporción de tiempo que destina a uno y otro fin.
Posteriormente incidió en la particularidad de que  en nuestro país  dentro del concepto de consumidor cabe englobar a las personas jurídicas siempre que actúen sin ánimo de lucro y con un propósito ajeno a su actividad comercial.
En cuanto al derecho a la información precontractual, se recalcó que es en el Artículo 97 el que reitera la información que el empresario ha de facilitar con carácter previo a la formalización de los contratos  cuando se suscriben a distancia y/o se trata de contratos fuera de establecimiento mercantil.
Por lo que respecta al derecho de desistimiento, primordial en este tipo de contratos, por parte de la ponente se puso de manifiesto que si bien con la normativa anterior se criticaba la dualidad de su tratamiento, esto ha cambiado, ya que en la regulación actual, se  unifica en los artículos 68 a 79 del R. Decreto 1/2007, tanto si se trata de contratos a distancia o contratos fuera de establecimiento mercantil.
Otra novedad que mereció la pena reseñar fue la introducción de un apartado 4 al artículo 74, que apunta que si el usuario incumpliera el compromiso de permanencia  la penalización por baja será proporcional al número de días no efectivos del compromiso de permanencia acordado.
Por lo que respecta a la devolución de las cantidades en caso de desistimiento, se refirió el artículo 76 que establece que se devolverán sin retención de gastos, sin demoras debidas, y antes de los 14 días naturales desde la fecha en que se haya informado de la decisión de desistimiento del contrato por el consumidor.
A continuación, D. Antonio Castillo, abogado experto en consumo, Presidente de  la Asociación de Consumidores Adecua, abordó las cuatro reformas procesales más importantes.
  • En primer lugar, destacó el artículo 11. LEC que atribuye legitimación activa al Ministerio Fiscal para ejercitar la acción de cesación, que hasta ahora era la única reconocida, y cualquier  acción en defensa de los intereses difusos y colectivos de los consumidores. La Ley 3/2014, de 27 de marzo al reconocer legitimación al Ministerio Fiscal  “para ejercitar cualquier acción en defensa de los intereses de los consumidores y usuarios” (nuevo apartado 5 del art. 11 LEC)  eleva los intereses sustanciales en juego al rango de interés público.
  • Otra novedad importante es la previsión expresa de la posibilidad de acumular a "cualquier acción de cesación", "la de nulidad y anulabilidad, la de incumplimiento de obligaciones, la de resolución o rescisión contractual y la de restitución de cantidades que se hubiesen cobrado en virtud de la realización de las conductas o estipulaciones o condiciones generales declaradas abusivas o no transparentes, así como la de indemnización de daños y perjuicios que hubiere causado la aplicación de tales cláusulas o prácticas". De esta forma se allanan las dificultades que presentaban en la práctica la acumulación de ambos tipos de acciones, en principio atribuidas a la competencia de órganos judiciales diferentes.
  • Seguidamente hizo alusión a la modificación del artículo 57.4 de la LGDCU, que otorgaba carácter vinculante a los convenios antes de que surgiera el conflicto, de sumisión a un arbitraje de consumo o a órganos de arbitraje institucionales  creados por normas legales o reglamentarias para un sector o un supuesto específico.
  • Por último se hizo referencia a la ampliación del plazo de desistimiento de siete días hábiles a 14 días naturales, computándose dicho plazo en el caso de prestación de servicio, desde su comienzo y en el supuesto de que lo adquirido sea un producto, desde su entrega. Esto supone, sin duda, una mayor garantía para el consumidor.
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