14 de febrero de 2014

La reforma que se nos avecina (I)

Autor: Juan José Reyes Gallur, abogado
Coordinador de la Sección de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Málaga
Boy with baby carriage. Norman Rockwell 

Como sabemos, el pasado mes de junio el Gobierno aprobó y remitió a las Cortes el Anteproyecto de Ley sobre el Ejercicio de la corresponsabilidad parental en casos de nulidad, separación o divorcio, actualmente en el Parlamento para ser aprobado. Ya se ha emitido el informe del Consejo del Poder Judicial, por lo que en este año probablemente se apruebe definitivamente. Este proyecto de ley no se ciñe única y exclusivamente a reformar la custodia compartida, sino que contempla una reforma en profundidad del Derecho de Familia tal y como lo entendemos actualmente, tanto en los aspectos civiles como procesales.

Cierto es que el Tribunal Supremo lleva años creando doctrina y actualizando la reforma del año dos mil cinco y que las Comunidades Autonómicas con Derecho Civil Foral propio han actualizado la forma de actuar en estos procesos con los planes de parentalidad, las limitaciones del uso del domicilio y la custodia compartida como criterio general o prioritario, y que esta reforma por consiguiente parece que tiene como objetivo modernizar y ajustar el derecho civil general  y adaptarlo a la realidad social.
De aprobarse esta reforma, las partes no solo deberán contar con un abogado experto en Derecho de Familia, sino que además deberán llevar, como más adelante veremos,  en una mano a un psicólogo y en la otra a un economista.

La reforma en materia de custodia exige que se exponga al juzgador, tanto en la demanda como en el convenio regulador, un plan de ejercicio de la patria potestad, como de corresponsabilidad parental en relación con los hijos. El objetivo de dicho plan de parentalidad es exponer la concreción de la forma en que el progenitor solicita que se ejerzan las responsabilidades parentales, es decir, quién y cómo se asume la custodia, el cuidado y atención de los hijos. Se expondrán:

  • las estructuras de apoyo de ambos padres, 
  • la posibilidad de conciliación de la vida laboral y familiar, 
  • aptitudes e implicación en la educación de los hijos, etc. 

La reforma es profunda y hay que estudiarla con detenimiento, y además incluye una disposición adicional que permite revisar las medidas definitivas adoptadas conforme a la legislación anterior, es decir, permite revisar las custodias monoparentales o exclusivas que se hayan otorgado antes de la aprobación de esta reforma.

El proyecto además recoge la diferencia que estableció el Tribunal Supremo entre “cargas matrimoniales” y “cargas del régimen matrimonial”, y por ello el proyecto las denomina “cargas familiares” , estableciendo que para la fijación de las mismas y de los alimentos de los hijos el Juzgador, a falta de acuerdo, deberá tener presente los gastos ordinarios y “necesarios” extraordinarios, estableciendo qué se entiende por cada uno de ellos, lo cual es de agradecer ante la conflictividad judicial que estos conceptos han venido ocasionando.

Del mismo modo el anteproyecto recoge como elemento a tener presente en la fijación de los alimentos, la atribución del uso de la vivienda se tendrá en cuenta atendiendo a la titularidad de ésta, siendo precisamente la vivienda familiar  otro de los pilares de la reforma, acogiendo lo ya establecido en el Código Civil Catalán y en la Ley Valenciana.La nueva redacción del artículo 96 proyectado, obliga a la venta del  inmueble domicilio conyugal en un plazo máximo de dos años mientras se procede a la liquidación, prorrogable excepcionalmente, con tres meses de antelación, por un año más en caso de no haberse liquidado.

Es de destacar igualmente cómo se suprime en materia de modificación de medidas el adjetivo “sustancial”, de tal manera que la futura redacción del artículo 100 del código civil permitirá modificar las pensiones “por la alteraciones en la fortuna de uno y de otro cónyuge que así lo aconsejen”, lo que sin duda promete un aluvión de demandas de modificación de medidas.

Sin embargo, la reforma hay que estudiarla en profundidad y analizar hasta qué punto en algunos aspectos puede suponer extralimitaciones a los principios generales del derecho, tal y como los tenemos entendidos, o incluso, lo que podemos entender como intromisión en la esfera privada de la voluntad de las partes, como veremos en la próxima entrada en este blog.

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Imagen inicial: Norman Rockwell [Public domain], via Wikimedia Commons

4 comentarios:

  1. Cuando se indica que se obligará a la venta de la vivienda que fue conyugal en el plazo de dos años, entiendo que -para una mejor comprensión de la nueva redacción del artículo 96 del Código Civil y evitar la "alarma social" que esta aseveración supondría- hay que añadir que ello no operará cuando esté adjudicado el uso del inmueble a los hijos menores y mientras subsista la obligación de prestarles alimentos o, por acuerdo entre las partes, se proceda a la liquidación de la misma.
    José Enrique Bernal Menéndez. Col.- nº. 1803

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  2. Comparto la inquietud, pero la Redacción propuesta del artículo 96, párrafo tercero dice textualmente lo siguiente:
    "3. En el caso de atribuirse el uso de la vivienda familiar a uno de los progenitores por otorgarle la guarda y custodia de los hijos y ésta fuera privativa del otro progenitor o común de ambos, lo será hasta que tenga la obligación de prestarles alimentos o se liquide la vivienda. En los demás supuestos, lo será por un tiempo máximo de dos años, mientras se procede a la liquidación del inmueble en los términos indicados. De continuar teniendo dificultades para encontrar vivienda, o en el supuesto de no haber podido realizar su liquidación en este tiempo, con carácter excepcional, podrá solicitarse, con tres meses de antelación, una prórroga por un año, debiendo tramitarse por el procedimiento establecido para la modificación de medidas definitivas".
    Y la exposición de motivos insiste varias veces en lo que denomina "destino definitivo" de la vivienda, llegando a decir que:
    "En todo caso, la atribución de la vivienda familiar tendrá carácter temporal hasta que cese la obligación de prestar alimentos a los hijos, si se la hubiera atribuido por tener su guarda y custodia, o dos años prorrogables durante otro, si la atribución fue por razón de necesidad del cónyuge o, en todo caso, hasta que se le dé un destino definitivo".
    Yo tengo mis dudas a que se pueda mantener el uso o no impedir la venta, dada la expresión " o hasta que se liquide la vivienda" de ahí la afirmación que efectúo en el artículo.
    Un saludo.
    Juan José Reyes Gallur

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    1. Entiendo que la inteligencia del apartado 3 del artículo 96 de la reforma se debe interpretar en el sentido de que la atribución de uso coincidirá con el lapso temporal en el que los/as hijos/as (a cuyo favor se haya adjudicado la vivienda) sean acreedores a alimentos. La referencia a la conjunción O seguida de la expresión "o se liquide la vivienda" se está refiriendo al "acuerdo de las partes con dicha finalidad". De seguir el criterio interpretativo que mantiene el autor se estaría tratando más gravosamente las atribuciones de uso de la vivienda a favor de los/as hijos/as que cuando se concede éste, por ejemplo, al cónyuge no guardador, en cuyo caso, se le otorga un plazo de uso de hasta tres años, mientras que en el otro supuesto (hijos/as) no existe plazo mínimo de uso que puede cesar directamente tras la división de la vivienda.
      Además, creo que el texto de la Exposición de motivos así lo asevera.
      JOSE ENRIQUE BERNAL MENENDEZ

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  3. Es evidente que lo bonito del derecho es precisamente la posibilidad de ser interpretado y estudiado desde distintas ópticas.
    A mi humilde entender, si unimos la redacción del artículo 96 proyectado con la liquidación de bienes y la reiteración del destino final de la vivienda, con el hecho de que en el apartado segundo no establece, como en el actual, que el uso se atribuya a los hijos.
    Dice " se hará en función de lo que sea más conveniente para el interés de los hijos", y si los quedan con uno y con otro "resolverá lo procedente", es decir, concede un amplio margen de maniobra al juzgador. Recordemos que el actual art. 96 es imperativo y no concede al juez posibilidad alguna.
    No obstante en las próximas jornadas este tema dará para mucho.

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