11 de febrero de 2014

Defensa de los consumidores ante cláusulas abusivas

Autora: María Teresa Martín de la Hinojosa, abogada
Coordinadora de la Sección de Derecho de Consumo del Colegio de Abogados de Málaga
Secretaria General de la Asociación de  Consumidores Al-Andalus Málaga
Fernando Sánchez, Teresa M. Hinojosa y Rosana P. Gurrea
El pasado 23 de Enero organizamos desde la Sección de Consumo las Jornadas sobre las Cláusulas Abusivas más frecuentes en los Contratos de los Consumidores, participando como ponentes Rosana Pérez Gurrea, abogada en ejercicio en Logroño, profesora del Máster en Abogacía de la  Uned y Fernando Sánchez Pérez, abogado especialista en Derecho de Consumo.

Quedó patente que las cláusulas abusivas son cada vez más frecuentes cuando se adquiere un producto o servicio, ya que normalmente estamos ante contratos de adhesión en los que se “imponen” al usuario condiciones auténticamente leoninas, viéndose el consumidor compelido a admitirlas o rechazarlas.Tal y como expuso  Fernando Sánchez, el Artículo 82 del Real Decreto 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, define las cláusulas abusivas  como:
“aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y así como aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”.
Sin embargo son los artículos 85 a 90 del texto legal mencionado, los que hacen una enumeración pormenorizada de las distintas cláusulas abusivas que pueden concurrir en un contrato.

Por su reciente publicación, se destacó la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de enero de 2014, en la que el TJUE  valora el posible carácter abusivo de una cláusula contractual por la que se traslada al comprador de una vivienda la obligación de abono del Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como plusvalía.

El TJUE recalca que para apreciar el carácter abusivo de una cláusula contractual, no se exige que los costes exigidos al consumidor tengan una incidencia económica importante para éste en relación con el importe de la operación de que se trate, sino que habrá que atender a si se produce una lesión suficientemente grave de la situación jurídica en la que ese consumidor se encuentra, como parte contratante, en función de las disposiciones nacionales aplicables, ya sea en forma de una restricción del contenido de los derechos que, según esas disposiciones, le confiere ese contrato, o bien de un obstáculo a su ejercicio, o cuando se le imponga una obligación adicional no contemplada en las normas nacionales.

Entre las cláusulas abusivas más usuales, se incidió en aquellas que imponen obstáculos onerosos o desproporcionados para hacer valer derechos reconocidos como consumidor, por ejemplo, al cancelar la portabilidad, en base al Artículo 87.6 del Real Decreto 1/2007, de 16 de noviembre, o las cláusulas incluidas en los contratos de aparcamiento de vehículos. A título ilustrativo citamos la ST de la Audiencia Provincial de La Rioja, de 2 de noviembre de 2011, que desestima el recurso de apelación interpuesto por la empresa contra la Sentencia que estimaba la acción ejercitada por el cliente de devolución de la cantidad percibida como cláusula penal al perder el ticket de aparcamiento.

Otra materia en la que son frecuentes las cláusulas abusivas, son los contratos de adquisición de vivienda, siendo usual imponer la subrogación al comprador en el préstamo hipotecario suscrito por la promotora, cargar los gastos de cancelación de la hipoteca al comprador, o imputarle la totalidad de los gastos de tramitación y documentación derivados de la compraventa.

Con todo, tal y como nos expuso Fernando Sánchez, en los últimos tiempos las aerolíneas están dando que hablar, por la inclusión de cláusulas abusivas, tales como el no reembolso del billete a pesar de defunción de un familiar o de enfermedad, cancelación del billete de vuelta si no se utilizó el de ida. Citemos la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 21 de octubre de 2013, que resuelve sendos recursos de apelación interpuestos por la OCU y por VUELING, que viene la decir que cualquier aumento de las tasas, si implica un precio muy superior al inicialmente concertado, debe llevar aparejado el derecho a resolver el contrato, y tal derecho se excluye en la condición impugnada, que sólo contempla el derecho y la obligación del pasajero de asumir las modificaciones en las tasas, considerando abusivas las cláusulas que limiten o priven al consumidor y usuario de los derechos reconocidos por normas dispositivas o imperativas.
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