25 de febrero de 2014

Aula de inglés jurídico (XII): At the police station

Seattle Police Department, Precinct 5, 1921
Retomamos la sección de legal English refiriéndonos a terminología esencial para la asistencia al detenido (detainee) en una comisaría de policía (police station). Una tendencia generalizada en Europa es el cierre de las pequeñas comisarías ya que las economías de escala (economies of scale) se aplican también al cumplimiento de la ley (enforcement of the law), siendo la norma la centralización de procedimientos (centralization of procedures).  Esto conlleva sus ventajas, como la estandarización y fiabilidad del servicio (stadardadization and accountability of the service), evitar duplicación de papeleo (duplication of paperwork) y minimizar la corrupción local (minimizing the possibility of local corruption). Pero también tiene sus desventajas, por ejemplo de cara a ingresar a detenidos en prisión preventiva (book suspects into custody), ya que las pequeñas comisarías ya no disponen de instalaciones para ello (custodial facilities).

En el Reino Unido, los detenidos tienen tres derechos fundamentales:
  • el derecho a hablar con un abogado (the right to speak to a solicitor)
  • el derecho a comunicar a alguien que ha sido arrestado (the right to tell someone that they have been arrested)
  • el derecho a leer una copia del código de buenas prácticas (the right to see a copy of the Code of Practice)
La policía puede retener a un sospechoso (can a hold a suspect at the station) hasta 24 horas sin cargos (up to 24 hours without charge). Este plazo puede prorrogarse hasta 12 horas más (can be extended a further 12 hours) en ciertas circunstancias. En la mayor parte de los delitos, la policía está autorizada a fotografiar al detenido, tomar huellas dactilares (take fingerprints) y una muestra de ADN (a DNA sample). Estas muestras pasan a la base de datos de la policía (they are added to the police database).

Una vez que el sospechoso ha sido interrogado (the suspect has been interviewed or questioned), puede pasar una de estas cosas:
  • que sea puesto en libertad sin cargos (the suspect is released without charge)
  • que reciba una amonestación (the suspect is issued with a caution) y sea puesto en libertad (and then released). Estas amonestaciones se dan en casos de delitos menores o faltas (minor offences). El detenido debe admitir la comisión del delito y aceptar la amonestación, la cual quedará registrada (will be kept in the police records)
  • que se le impute formalmente el delito y se decrete la prisión preventiva (the suspect is charged with the criminal offence and remanded)
  • que se le impute el delito y sea puesto en libertad (released on bail). En Reino Unido los sospechosos no tienen que prestar fianza para ser puestos en libertad (suspects don't have to leave a sum of money as security), a diferncia de Estados Unidos. Por tanto la palabra bail no significa fianza, como se cree generalizadamente. Es el compromiso del detenido de comparecer cuando sea requerido, ya sea para volver a la comisaría o para comparecer ante el juzgado.
Existen unos códigos de buenas prácticas llamados PACE Codes of Practice (PACE es el acrónimo de la ley Police and Criminal Evidence Act), que tanto los sospechosos como las víctimas de delitos (victims of crime) tienen derecho a conocer y que establecen el marco legal (the legal framework) de las facultades y salvaguardias relativas a detención (detention), registro/cacheo (search), investigación (investigation), identificación (identification), interrogatorio de detenidos (interviewing detainees), etc.
En cuanto a los procesos de identificación de sospechosos (identification procedures), además de la toma de huellas dactilares (fingerprinting), hay ruedas de reconocimiento (identification parades), que en algunos casos se llevan a cabo electrónicamente a través del sistema VIPER (Video identity parade electronic recordig system). Se crean ruedas de reconocimiento por medio de una base electrónica de vídeos de caras de ciudadanos de todo el país, seleccionando a personas de físico parecido (some look-alikes), que serán elegidas por la policía, el sospechoso y su abogado a partir de fotos. Si tenéis curiosidad por saber cómo funciona, podéis ver aquí una simulación de identity parade con el sistema VIPER.

Si te gustó este post quizás te interese leer:
-Aula de inglés jurídico (I): La profesión de abogado en Inglaterra
-Aula de inglés jurídico (III): El proceso penal 

Imagen superior de www.vintag.es

20 de febrero de 2014

10 pautas para escribir en un blog y que te lean

escribir en blogs

Siempre os insistimos en la importancia de hacer marketing de contenidos a través de vuestro propio blog profesional, si bien escribir no es precisamente fácil.  Este miércoles asistimos a una interesante jornada titulada "Escribir para ser leídos" impartida por María Godoy (@SrtaRed en Twitter) y organizada por Proyecto Lunar Málaga. De dicha jornada extrajimos pautas muy útiles que hoy  compartimos en este post.

Srta. Red comenzó recomendándonos la guía "Escribir en internet. Guía de los nuevos medios y redes sociales" de la Fundéu (la Fundación del Español Urgente), un compendio de directrices y consejos dirigidos tanto a los que comienzan como a los más experimentados en esto de escribir en internet.

Cuando tenemos un blog, nuestro amigo/enemigo es el lector de internet y la ponente nos contó cómo es ese lector, a fin de que lo tengamos en cuenta a la hora de redactar nuestras publicaciones. Por ejemplo, leemos un 25% más lento en la pantalla porque la vista se cansa más. Además, necesitamos interactuar constantemente y por ello hay que buscar la curiosidad de la persona. El lector recorre el 80% de la página sin detenerse. Es decir, el lector escanea, lee en forma de F. Si en la primera línea de tu post no estás diciendo algo relevante, el lector se va porque quiere contenidos que le aporten algo. Muy importante: huye de los mensajes estrictamente publicitarios. Por último, la visita a nuestro post ha de ser muy interactiva: que haya vínculos, que se note que hemos trabajado la información. 
Veamos algunas  pautas para lograr que el lector llegue a nuestro blog y se quede:

  • Organizar el post visualmente
  • Usar la mitad de palabras que en papel. Crear párrafos cortos y con doble espacio
  • Sintetizar con bullet points. Son un arma, no abusar de ellos o pierden su fuerza
  • Alinear el texto a la izquierda: aunque a todos nos guste el texto justificado, el texto en bloque no invita a leer
  • No abusar de las negritas. Hay que usarlas, porque la negrita es una de las armas más poderosas para SEO, pero hay que hacerlo de forma lógica. Cuando una persona lee en internet tiende a buscar la negrita. La idea es que la gente pueda leer el texto pasando de negrita a negrita
  • Usar con moderación las mayúsculas y las cursivas
  • Utilizar gráficos y tablas sólo cuando sea necesario (podemos servirnos en cambio de las infografías, muy visuales y explicativas)
  • Evitar que el texto supere el tamaño de la pantalla: en la medida de lo posible evitar que la gente haga scroll, es decir, que tenga que bajar con el cursor porque la entrada es larga
  • Elegir cuidadosamente las imágenes: son un oasis entre tanta letra
  • Hay que conseguir que cada página se lea por separado: no sabemos de dónde viene nuestro lector así que cuando aterriza en tu post, tiene que enterarse de qué estás hablando
             
La jornada dio para mucho más, si bien vamos a cerrar el post con otras recomendaciones fundamentales para aquellos que queráis tener un blog. Para redactar en internet necesitamos:
·        
  • Un plan, porque vamos en serio
  • Una línea de contenido: nuestro público nos va a buscar por esos contenidos y a considerarnos expertos
  • Periodicidad: coger la agenda y decir: "el día 24 voy a escribir un post y voy a dedicarle dos horas"
  • Constancia, ya que es fácil abandonar
  • Llevar siempre encima una libreta y buscar las fuentes de información. Copiar está mal pero sí hay que ver qué hacen los demás. Tú tienes tu propia visión o interpretación de los temas sobre los que los demás escriben. Una buena forma de informarse es leer blogs escritos en otros idiomas sobre nuestros temas de interés. Los posts no salen de la nada, no se hacen en 20 minutos y hay que dedicarles tiempo. 
Os animamos a poner en práctica estos consejos y esperamos ver cada vez más  blogs de calidad dentro de nuestro sector. 

Si te gustó esta entrada, tal vez te interese leer:

Imagen inicial: I love my new Typewriter, de Gerd Miller.Tomada de http://es.pinterest.com/grchez/illustrator-gerd-miller/

18 de febrero de 2014

La reforma que se nos avecina (II)

Autor: Juan José Reyes Gallur, abogado
Coordinador de la Sección de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Málaga
En la primera parte de este tema, analizada en la anterior entrada del blog, me refería a la necesidad de valorar si la reforma puede afectar a principios generales del derecho y a la libertad individual de las partes. Me refiero a los supuestos que afectan a la liquidación del régimen económico matrimonial, puesto que si bien es cierto que todos los operadores jurídicos criticábamos los problemas derivados de la no disolución de la sociedad de gananciales mientras se sustanciaba el proceso judicial, tampoco podemos pasar al polo opuesto.

La reforma establece que la admisión de la demanda de nulidad, divorcio o separación producirá el efecto de la “suspensión de los efectos de la sociedad de gananciales”, que no la disolución de la misma, como entiendo debería hacerse en aras de evitar situaciones judiciales conflictivas, manteniendo la necesidad de la sentencia para iniciar la fase de liquidación contenciosa si estamos en gananciales. Pero si esa parte de la reforma puede tener acierto práctico, el problema, a mi modo de ver, es que obligatoria e inexcusablemente ha de procederse a la liquidación del régimen matrimonial, ya sea el de gananciales o el de separación de bienes, o del  régimen de participación (que el propio texto olvida, como apunta el informe del Consejo del Poder Judicial sobre este anteproyecto). Es decir,  hemos suprimido las causas de separación para no hacer conflictivos los procesos matrimoniales y ahora los complicamos con las liquidaciones de patrimonio.

El Anteproyecto obliga a liquidar el régimen matrimonial, sea cual fuere, en el convenio regulador y a  que las partes en el proceso contencioso tengan que acreditar, o la previa liquidación del régimen económico o de los proindiviso que tengan en común, o la propuesta judicial para la formación de inventario y liquidación del régimen económico matrimonial, exigiendo además que en dicha solicitud se aporte un “plan  sobre el régimen de administración y disposición de los bienes gananciales o comunes que se incluyan en el inventario, y de los bienes privativos que estuvieran especialmente afectados a las cargas familiares, así como sobre la obligatoria rendición de cuentas que deba realizarse al finalizar el mismo hasta que se proceda a la liquidación efectiva del régimen económico matrimonial o a la división de la comunidad ordinaria.” ( art. 770 LEC cuya reforma también se pretende).

La obligación de liquidación de bienes comunes en gananciales o en proindiviso ordinario parece chocar con las normas generales del derecho civil, pues no olvidemos que el artículo 400 del código civil establece en primer lugar, la libertad que tiene todo comunero a solicitar “en cualquier tiempo la división de la cosa común”, y posteriormente en el párrafo 2º del citado artículo, nos expresa que  “será válido el pacto de conservar la cosa indivisa por tiempo determinado que no exceda de diez años. Este plazo podrá prorrogarse por nueva convención”.

Por consiguiente, tanto en los casos de atribución del uso de vivienda conyugal común, como en los supuestos de liquidaciones de gananciales o de comunidad ordinaria ( separación de bienes), la reforma a mi modo de ver, contraviene no solo  los artículos antes citados, sino que atenta a la libertad individual de las partes, puesto que, si bien es cierto que es aconsejable liquidar de forma rápida y eficaz, lo que no puede es obligarse si las partes no quieren o no desean en ese momento efectuar la liquidación patrimonial. 

No olvidemos que es un incremento de costes, (tanto de honorarios, peritos, como de tasas), como de procesos y por consiguiente de conflictividad en la crisis matrimonial. Bienvenida, con cautela la suspensión del régimen de gananciales, pero obligar en el mutuo acuerdo y en el contencioso a la liquidación, tanto desde el punto de vista de las partes como de la paz social, es, a mi modo de ver, una decisión equivocada.

La reforma tiene otros muchos aspectos importantes y decisivos para los abogados de familia, por tanto estemos atentos a la misma y en la medida de lo posible intentemos que se nos oiga a los prácticos del día a día por el legislador para no multiplicar más aún la conflictividad y la maltrecha economía de las familias.

Animo a los lectores a acudir a las próximas jornadas que la sección de derecho de familia del Colegio de Abogados va a celebrar el día 10 de marzo en la sede de Málaga, donde contaremos con ponentes de primera línea y elaboraremos unas conclusiones que esperamos remitir al Congreso de los Diputados. Que nos hagan caso será otra historia.
ACTUALIZACIÓN: Ya podéis consultar el programa completo de las Jornadas, así como inscribiros, en la web colegial, aquí
Para saber más:
  • Anteproyecto de reforma de Ley  Sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación y divorcio, aquí
  • Informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el Anteproyecto de ley, aquí
Si te gustó esta entrada, tal vez te interese leer:

Imagen inicial tomada de: http://www.best-norman-rockwell-art.com/

14 de febrero de 2014

La reforma que se nos avecina (I)

Autor: Juan José Reyes Gallur, abogado
Coordinador de la Sección de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Málaga
Boy with baby carriage. Norman Rockwell 

Como sabemos, el pasado mes de junio el Gobierno aprobó y remitió a las Cortes el Anteproyecto de Ley sobre el Ejercicio de la corresponsabilidad parental en casos de nulidad, separación o divorcio, actualmente en el Parlamento para ser aprobado. Ya se ha emitido el informe del Consejo del Poder Judicial, por lo que en este año probablemente se apruebe definitivamente. Este proyecto de ley no se ciñe única y exclusivamente a reformar la custodia compartida, sino que contempla una reforma en profundidad del Derecho de Familia tal y como lo entendemos actualmente, tanto en los aspectos civiles como procesales.

Cierto es que el Tribunal Supremo lleva años creando doctrina y actualizando la reforma del año dos mil cinco y que las Comunidades Autonómicas con Derecho Civil Foral propio han actualizado la forma de actuar en estos procesos con los planes de parentalidad, las limitaciones del uso del domicilio y la custodia compartida como criterio general o prioritario, y que esta reforma por consiguiente parece que tiene como objetivo modernizar y ajustar el derecho civil general  y adaptarlo a la realidad social.
De aprobarse esta reforma, las partes no solo deberán contar con un abogado experto en Derecho de Familia, sino que además deberán llevar, como más adelante veremos,  en una mano a un psicólogo y en la otra a un economista.

La reforma en materia de custodia exige que se exponga al juzgador, tanto en la demanda como en el convenio regulador, un plan de ejercicio de la patria potestad, como de corresponsabilidad parental en relación con los hijos. El objetivo de dicho plan de parentalidad es exponer la concreción de la forma en que el progenitor solicita que se ejerzan las responsabilidades parentales, es decir, quién y cómo se asume la custodia, el cuidado y atención de los hijos. Se expondrán:

  • las estructuras de apoyo de ambos padres, 
  • la posibilidad de conciliación de la vida laboral y familiar, 
  • aptitudes e implicación en la educación de los hijos, etc. 

La reforma es profunda y hay que estudiarla con detenimiento, y además incluye una disposición adicional que permite revisar las medidas definitivas adoptadas conforme a la legislación anterior, es decir, permite revisar las custodias monoparentales o exclusivas que se hayan otorgado antes de la aprobación de esta reforma.

El proyecto además recoge la diferencia que estableció el Tribunal Supremo entre “cargas matrimoniales” y “cargas del régimen matrimonial”, y por ello el proyecto las denomina “cargas familiares” , estableciendo que para la fijación de las mismas y de los alimentos de los hijos el Juzgador, a falta de acuerdo, deberá tener presente los gastos ordinarios y “necesarios” extraordinarios, estableciendo qué se entiende por cada uno de ellos, lo cual es de agradecer ante la conflictividad judicial que estos conceptos han venido ocasionando.

Del mismo modo el anteproyecto recoge como elemento a tener presente en la fijación de los alimentos, la atribución del uso de la vivienda se tendrá en cuenta atendiendo a la titularidad de ésta, siendo precisamente la vivienda familiar  otro de los pilares de la reforma, acogiendo lo ya establecido en el Código Civil Catalán y en la Ley Valenciana.La nueva redacción del artículo 96 proyectado, obliga a la venta del  inmueble domicilio conyugal en un plazo máximo de dos años mientras se procede a la liquidación, prorrogable excepcionalmente, con tres meses de antelación, por un año más en caso de no haberse liquidado.

Es de destacar igualmente cómo se suprime en materia de modificación de medidas el adjetivo “sustancial”, de tal manera que la futura redacción del artículo 100 del código civil permitirá modificar las pensiones “por la alteraciones en la fortuna de uno y de otro cónyuge que así lo aconsejen”, lo que sin duda promete un aluvión de demandas de modificación de medidas.

Sin embargo, la reforma hay que estudiarla en profundidad y analizar hasta qué punto en algunos aspectos puede suponer extralimitaciones a los principios generales del derecho, tal y como los tenemos entendidos, o incluso, lo que podemos entender como intromisión en la esfera privada de la voluntad de las partes, como veremos en la próxima entrada en este blog.

Si te gustó esta entrada, tal vez te interese leer:
- Cargas del matrimonio y cargas de la sociedad de gananciales
- Patria potestad y custodia: dos conceptos interrelacionados
- Bienes en proindiviso de los cónyuges: novedades legislativas

Imagen inicial: Norman Rockwell [Public domain], via Wikimedia Commons

11 de febrero de 2014

Defensa de los consumidores ante cláusulas abusivas

Autora: María Teresa Martín de la Hinojosa, abogada
Coordinadora de la Sección de Derecho de Consumo del Colegio de Abogados de Málaga
Secretaria General de la Asociación de  Consumidores Al-Andalus Málaga
Fernando Sánchez, Teresa M. Hinojosa y Rosana P. Gurrea
El pasado 23 de Enero organizamos desde la Sección de Consumo las Jornadas sobre las Cláusulas Abusivas más frecuentes en los Contratos de los Consumidores, participando como ponentes Rosana Pérez Gurrea, abogada en ejercicio en Logroño, profesora del Máster en Abogacía de la  Uned y Fernando Sánchez Pérez, abogado especialista en Derecho de Consumo.

Quedó patente que las cláusulas abusivas son cada vez más frecuentes cuando se adquiere un producto o servicio, ya que normalmente estamos ante contratos de adhesión en los que se “imponen” al usuario condiciones auténticamente leoninas, viéndose el consumidor compelido a admitirlas o rechazarlas.Tal y como expuso  Fernando Sánchez, el Artículo 82 del Real Decreto 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, define las cláusulas abusivas  como:
“aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y así como aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”.
Sin embargo son los artículos 85 a 90 del texto legal mencionado, los que hacen una enumeración pormenorizada de las distintas cláusulas abusivas que pueden concurrir en un contrato.

Por su reciente publicación, se destacó la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de enero de 2014, en la que el TJUE  valora el posible carácter abusivo de una cláusula contractual por la que se traslada al comprador de una vivienda la obligación de abono del Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como plusvalía.

El TJUE recalca que para apreciar el carácter abusivo de una cláusula contractual, no se exige que los costes exigidos al consumidor tengan una incidencia económica importante para éste en relación con el importe de la operación de que se trate, sino que habrá que atender a si se produce una lesión suficientemente grave de la situación jurídica en la que ese consumidor se encuentra, como parte contratante, en función de las disposiciones nacionales aplicables, ya sea en forma de una restricción del contenido de los derechos que, según esas disposiciones, le confiere ese contrato, o bien de un obstáculo a su ejercicio, o cuando se le imponga una obligación adicional no contemplada en las normas nacionales.

Entre las cláusulas abusivas más usuales, se incidió en aquellas que imponen obstáculos onerosos o desproporcionados para hacer valer derechos reconocidos como consumidor, por ejemplo, al cancelar la portabilidad, en base al Artículo 87.6 del Real Decreto 1/2007, de 16 de noviembre, o las cláusulas incluidas en los contratos de aparcamiento de vehículos. A título ilustrativo citamos la ST de la Audiencia Provincial de La Rioja, de 2 de noviembre de 2011, que desestima el recurso de apelación interpuesto por la empresa contra la Sentencia que estimaba la acción ejercitada por el cliente de devolución de la cantidad percibida como cláusula penal al perder el ticket de aparcamiento.

Otra materia en la que son frecuentes las cláusulas abusivas, son los contratos de adquisición de vivienda, siendo usual imponer la subrogación al comprador en el préstamo hipotecario suscrito por la promotora, cargar los gastos de cancelación de la hipoteca al comprador, o imputarle la totalidad de los gastos de tramitación y documentación derivados de la compraventa.

Con todo, tal y como nos expuso Fernando Sánchez, en los últimos tiempos las aerolíneas están dando que hablar, por la inclusión de cláusulas abusivas, tales como el no reembolso del billete a pesar de defunción de un familiar o de enfermedad, cancelación del billete de vuelta si no se utilizó el de ida. Citemos la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 21 de octubre de 2013, que resuelve sendos recursos de apelación interpuestos por la OCU y por VUELING, que viene la decir que cualquier aumento de las tasas, si implica un precio muy superior al inicialmente concertado, debe llevar aparejado el derecho a resolver el contrato, y tal derecho se excluye en la condición impugnada, que sólo contempla el derecho y la obligación del pasajero de asumir las modificaciones en las tasas, considerando abusivas las cláusulas que limiten o priven al consumidor y usuario de los derechos reconocidos por normas dispositivas o imperativas.
Para saber más:
Si te gustó esta entrada, tal vez te interese leer:

7 de febrero de 2014

La reforma del Código Penal, a debate


Javier Lara, decano, presentando a los ponentes
El Colegio de Abogados es el escenario ideal para analizar la reforma del Código Penal. Así comenzó Javier Lara, decano del Colegio de Abogados de Málaga la presentación de la mesa redonda que se celebró el pasado 23 de enero. La Sección de Derecho Penal del Colegio organizó esta actividad, cuyo objetivo era debatir sobre algunos de los aspectos más controvertidos de este proyecto de reforma, como la supresión de las faltas.
La visión general de los ponentes sobre la reforma fue muy crítica. Salvador Guerrero, coordinador de la Sección de  Derecho Penal, que  intervino en primer lugar, señalaba que “El riesgo de las reformas es que generan inseguridad jurídica”. También destacó la “expansión” del Derecho Penal, que se basa en la aplicación de penas muy duras, reducción de garantías procesales y ampliación de tipos a bienes jurídicos
El segundo ponente fue Gonzalo Quintero, catedrático de Derecho penal  de la Universidad de Tarragona, que mostró su preocupación por la regulación de la libertad condicional y la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Podéis ver estas dos intervenciones en el siguiente vídeo



Julio Villarrubia, portavoz de la Comisión de Justicia del  Congreso de los Diputados continuó en la línea crítica con esta reforma, señalando que “vamos a una justicia fuerte con el débil y débil con el fuerte”.
En la mesa participó además Ángel Juanes, vicepresidente del Tribunal Supremo, que se centró en el análisis del concepto de imputado. En el texto del proyecto de nuevo Código Penal  se sustituye el término imputado por el de encausado. Un encausado quedará suspendido cautelarmente de todo cargo público. Para Ángel Juanes,debería adoptarse la fórmula del testigo asistido del Derecho francés, que se aplicó por ejemplo en el caso de Christine Lagarde, presidenta del FMI. Esta figura es un paso intermedio entre el testigo y el imputado que según Juanes permitiría eliminar la carga peyorativa que conlleva el concepto de imputado.
El encargado de cerrar la mesa fue Emilio De Llera, Consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía quien lamentó la nueva regulación del aborto.
En resumen, el conjunto de la mesa realizó una valoración muy negativa de una Reforma del Código Penal caracterizada por el populismo punitivo.

Si te gustó esta entrada, tal vez te interese leer: