22 de noviembre de 2013

La prueba en el proceso penal con víctimas con discapacidad.

Luis Ángel Baeza Díaz-Portales
La Sección de Diversidad Funcional propuso una interesante sesión formativa dedicada al testimonio de las personas con discapacidad en el proceso penal, con Luis Ángel Baeza Díaz-Portales como ponente. Luis Ángel Baeza, Fiscal de la Audiencia Provincial de Málaga, centró su intervención del   pasado 7 de noviembre en los discapacitados intelectuales, partiendo de una serie de preguntas:
  • ¿Los discapacitados son más propensos a ser víctimas de delitos por su mera discapacidad?
  •  ¿Existe un problema para obtener el testimonio de una persona con discapacidad intelectual en el proceso penal?
  • ¿Existe una solución?
Para responder a la primera pregunta, el ponente citó estadísticas que demuestran que los discapacitados intelectuales están más expuestos a delitos (el doble del porcentaje que las personas sin discapacidad) y que además son víctimas de los delitos más graves. Analizar las causas es muy complejo, depende de los tipos y de los niveles de discapacidad intelectual.

Si una víctima con discapacidad no puede prestar su testimonio ¿cómo se soluciona? El problema no es de legalidad procesal penal, sino para la propia persona con discapacidad intelectual. Uno de los problemas más frecuentes es la revictimización: la persona vuelve a sentirse víctima por el trato que recibe durante el proceso penal. El ordenamiento procesal penal español no cumple los requisitos para que una persona discapacitada pueda entrar en el proceso penal en condiciones de igualdad. 

Otro problema muy grave es la menor credibilidad del testimonio de una persona con discapacidad intelectual. ¿Qué necesitamos obtener de nuestro testigo con discapacidad intelectual? 
  1. Identificación del autor. Los discapacitados intelectuales se confunden en mayor porcentaje que los no discapaces en las ruedas de reconocimiento. El ponente mencionó en este punto estudios llevados a cabo por grupos de investigación de psicología del testimonio. Este mayor índice de error puede deberse a falta de comprensión de la tarea, a la falta de motivación o de instrucciones específicas. Corrigiendo estos tres aspectos, el porcentaje de identificación mejoraba notablemente 
  2. Relato de los hechos. El segundo objetivo es conseguir del discapacitado intelectualmente un relato sólido para el testimonio. Se han probado técnicas que se usan con menores víctimas de abusos, pero no se mostraron eficaces. Por ejemplo, la CBCA, técnica que se utiliza para discriminar si el relato del menor es veraz. Se trata de valorar si puede proporcionar más detalles, la incardinación del contexto y la reproducción de conversaciones de lo que ha ocurrido en el hecho. Los discapacitados intelectuales tienen muchas dificultades en este terreno. 
En este entorno cobra sentido la figura del facilitador. Generalmente, el facilitador es un psicólogo que además es experto en discapacidad intelectual y en psicología del testimonio. El facilitador realiza su labor con la víctima en varias fases: 
  • De forma previa al proceso penal su primera función es explicarle y hacerle entender el proceso penal y ayudarle a decidir si quiere o no denunciar, además, el facilitador valora sus condiciones para poder prestar testimonio en el procedimiento penal 
  • Ya en el procedimiento penal, el facilitador presta asesoramiento pericial al juez, y hace de "intérprete" de la persona con discapacidad. 
El facilitador intervendrá en ocasiones como intermediario/ mediador y en otras como perito. Su actuación como como perito no ofrece problemas. Se trata de una actuación forense: valora su capacidad de comunicación. La labor de intermediación, en cambio, genera más controversia. Para Luis Ángel Baeza equivaldría a la figura del traductor o del intérprete judicial. 

En otros países se contempla esta figura de forma detallada. Por ejemplo, en el Reino Unido, donde el facilitador funciona en la práctica desde el 2000 y desde el año 2011 es objeto de regulación legal. Al respecto, pueden consultarse varios enlaces de interés (en inglés) sobre la Unidad de protección de testigos, con especial atención a las víctimas con discapacidad intelectual. También es de interés la guía dedicada a este tipo de testigos. 

¿Cómo articulamos la introducción de la figura del facilitador en nuestro procedimiento penal? Luis Ángel Baeza propone articularlo a través de la prueba preconstituida, recurriendo al artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por su parte, la legislación comunitaria se ha ocupado de esta cuestión en la Directiva 29/2012 que regula el estatuto de la víctima en el procedimiento penal. Los artículos 22 y 23 contemplan, respectivamente, la evaluación individual de las víctimas para determinar sus necesidades especiales de protección y las medidas que se pondrán en marcha para garantizar esa protección durante el proceso penal.

El Fiscal de la Audiencia Provincial de Málaga lamentó la ausencia de una sección de la Fiscalía especializada en atención a víctimas con discapacidad intelectual. En estos momentos en España, sólo existe una Unidad de atención a las víctimas con discapacidad intelectual (UAVDI) integrada en la Fundación Carmen Pardo Valorase. Se trata de una iniciativa que surgió en el año 2010 con la colaboración de la Guardia Civil y su equipo de psicólogos especializados. Cuenta con la financiación de la Fundación Mapfre.

Conclusiones: 
  • A pesar de la dificultad que existe, se puede conseguir el testimonio de las personas con discapacidad intelectual. 
  • El objetivo es que el discapacitado acceda en condiciones de igualdad a la justicia, y no sólo eso, sino que no se le dañe en su paso por el proceso penal.

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