29 de noviembre de 2013

¿Cómo hacer que el inglés deje de ser mi asignatura pendiente?

Los españoles en general consideramos el inglés como la asignatura pendiente. "Llevo toda la vida estudiando inglés, y nada". En realidad no llevamos toda la vida estudiando inglés, llevamos toda la vida yendo a clase. No podemos esperar que por el hecho de asistir a un curso, el proceso va a producirse solo. Si no vivimos en un país angloparlante, es preciso el estudio y potenciar la práctica, o la cosa no funcionará. Una buena estrategia para forzarnos a estudiar es prepararse para un examen reconocido internacionalmente, como los exámenes de Cambridge.  Tener como objetivo pasar uno de estos exámenes realmente funciona para conseguir una progresión en nuestro nivel.

Actualmente en el Colegio estamos preparando a dos grupos para sendos exámenes de diferente nivel. Un grupo prepara el KEY Exam, correspondiente al nivel básico A2. Otro grupo de nivel más avanzado está optando al International Legal English Certificate, el ILEC, que se corresponde con los niveles B2-C1 del Marco Común de Europeo de Referencia para las Lenguas. El citado marco ha hecho posible homogeneizar los estudios de lenguas en los distintos países de la UE, de tal manera que todos entendamos qué nivel tiene alguien que acredite tener un B1 por ejemplo. Y no olvidemos que  hoy en día un estudiante universitario no puede concluir su grado si no acredita tener mínimo un nivel B1 en una segunda lengua.

En el caso del inglés son varios los exámenes internacionales reconocidos. Para, por ejemplo, presentarse a uno de los de Cambridge (KEY, PET, First Certificate, Advanced o Proficiency) es importante conocer tu punto de partida con el fin de saber a qué examen puedes optar. Lo normal es que no lo tengamos claro: ¿parto de un A2, un B1 o un B2...? En este enlace de Cambridge tienes una pequeña prueba de tan sólo 25 preguntas que te ayudará a hacerte una idea. Si ya conoces tu nivel porque has realizado algún examen con anterioridad, puedes plantearte subir el siguiente peldaño y prepararte para el nivel superior.

Si tu punto de partida es un B1-B2, como abogado puedes además plantearte prepararte para el mencionado ILEC. El ILEC es el examen de inglés jurídico de Cambridge. Estudiar para este examen te permitirá cumplir un doble objetivo:

  • acreditar un nivel que puede ser el B2, el C1 o incluso el C1 with merit (ya próximo a C2, al Proficiency)
  • y además aprender inglés jurídico. 
Indudablemente es un título que será apreciado en despachos internacionales si pretendes trabajar fuera de España o con clientes extranjeros.Si quieres conocer las fechas de exámenes en Málaga, puedes visitar la web de la Fundación General de la UMA y buscar los exámenes de Cambridge para conocer las convocatorias.

Se acerca el 31 de diciembre y empezaremos a pensar en los propósitos para el 2014, ¿qué tal ponerte esta meta para por fin sentarte a estudiar inglés?

26 de noviembre de 2013

Entrevistando a... Mariló Davó: el abogado artesano

Iniciamos una nueva sección dedicada a hablar con compañeros abogados y otros operadores jurídicos con el fin de aproximarnos a su día a día y conocer de primera mano su trabajo, su manera de vivir la abogacía. Queremos reflexionar con ellos sobre el papel de los abogados en la sociedad.
Nuestra primera entrevistada ha sido Mariló Davó, una abogada con más de 28 años de experiencia

Mariló Davó
P¿Cómo te definirías profesionalmente?
R. Creo que la mejor definición para mi trabajo es que soy una abogada artesanal,  apasionada por la labor diaria que desempeño.

P. ¿Cómo fueron tus inicios?
R. Empecé como pasante con mis tíos, y después tuve  mi primer despacho, que monté con una compañera. Eran los tiempos de las máquinas de escribir Olivetti y los papeles de calco. Incluso en los períodos en los que estaba dedicada a la crianza de mis hijos, siempre he seguido vinculada al turno de oficio.

P. ¿Cómo vives tu práctica diaria?
R. Tengo mi despacho profesional en Teatinos y siempre he ejercido en solitario. Cuando hablo de abogacía artesanal, me  sitúo en un contexto en el que  que cada asunto que llega hay que estudiarlo con detenimiento. La experiencia  te la da el estudio independientemente de la praxis y que sepas cómo moverte en los juzgados. Cuando gano un juicio me digo a mí misma "casualmente he ganado el juicio". Nunca sabes cuál va a ser el resultado. A veces te preguntas por qué qué un juez no acuerda una medida de alejamiento cuando en  otras situaciones análogas sí lo hace. Las leyes no tienen sentimientos; están escritas y  seremos abogados y jueces quienes aportemos  nuestra interpretación. 

P.¿Cuáles son tus áreas de trabajo?
R.Como abogada generalista,  me dedico a todos los ámbitos del Derecho en mayor o menor grado, si bien una parte importante de mi actividad  está centrada en la mujer. En lo penal, pertenezco al turno de oficio. Me parece muy importante para estar al día ya que asistimos a constantes modificaciones legales.

Esta semana se celebra el del Día Mundial contra el maltrato de género (25 de noviembre). Por eso, nos parecía especialmente relevante la experiencia de nuestra compañera en este ámbito y aprovechamos la oportunidad para saber un poco más.

P. Mariló, cuéntanos en qué consiste tu labor en el área de la mujer.
R. Soy asesora jurídica del centro de información a la mujer de la Sierra de las Nieves. 
Mi labor también incluye dar charlas en el instituto de Alozaina a los adolescentes. Es una actividad que se llama  "Rompe con la desigualdad" y que tiene como objetivo la sensibilización, enseñándoles a identificar los indicadores de abuso. 

Estos son algunos de los servicios y recursos a disposición de las mujeres en Andalucía y la provincia de Málaga
  • El Instituto Andaluz de la Mujer cuenta con distintos centros de información que funcionan en concierto con los ayuntamientos, administraciones  públicas o mancomunidades. El equipo técnico que trabaja en estos centros está integrado fundamentalmente por una dinamizadora y una asesora jurídica, y también por una psicóloga o una técnica en empleo.
  • Estos centros suelen estar en poblaciones donde hay un determinado número de habitantes,  y en municipios de menos de 20.000 habitantes opera el Servicio de Políticas de Igualdad de la Diputación con el programa Concierta y la organización de talleres ocupacionales como talleres de informática, de vidriera, etc en los que se intenta impulsar a la mujer de hoy.
  • Es importante destacar además el Servicio S.U.A.M.M. del Ayuntamiento de Málaga, desde el que se acompaña a las mujeres a interponer la pertinente denuncia para que no se encuentres solas y se les indican las pautas para la formulación de dicha denuncia. A veces la abogada de este servicio acompaña a la mujer a los diferentes centros de acogida.
  • El Instituto de la Mujer tiene también concertado con los centros el cauce para incorporar a estas mujeres a casas de acogida cuando estén en un cierto riesgo objetivo.
  • El teléfono de Diputación, el 900 771177, donde existe un asesoramiento jurídico las 24 horas del día.Te pueden llamar desde cualquier población de la provincia de Málaga y se hace una intervención inmediata. El asesor jurídico dispone de un listado de pensiones que están concertadas con Diputación donde de inmediato, ante esa urgencia, se aloja a la mujer en situación de riesgo. Existe igualmente un listado de taxistas de la provincia de Málaga que asistirán a la mujer en el desplazamiento a la pensión habilitada. De estas casas de emergencia pasarán posteriormente a una casa de acogida y de ésta a un piso tutelado.
P. ¿Y el Turno de oficio especializado en violencia doméstica de nuestro Colegio?
R. Aproximadamente 50 abogados están adscritos al turno especializado en Violencia doméstica de nuestro Colegio.Formo parte de este turno y mañana mismo me toca guardia desde las 9:30 am hasta las 9:30 del día siguiente. 

P.  Para terminar, Mariló, ¿cuál es tu visión general de la profesión en este momento?
R. En mi opinión, es difícil hablar de abogados especialistas en una coyuntura como la presente. Por ejemplo, en mi caso, soy Experta en Mediación, Experta en Igualdad de Oportunidades y además soy administradora de fincas.
Una de las ramas que más me gusta es el Derecho de  familia pero, al igual que el ámbito de la atención a mujeres víctimas de maltrato requiere mucha dedicación personal. El abogado de familia ha de hacer también de psicólogo, hay que ser empático. El cliente necesita sentir que captas ese mensaje. Cada convenio regulador es distinto, no puedo copiar y pegar. Recientemente he tenido un caso muy especial: una reproducción asistida post mortem que ejemplifica la necesidad del abogado de estudiar cada asunto porque nunca sabe lo suficiente.Me ha encantado porque ha sido una auténtica labor de investigación profesional.

Así terminamos nuestra conversación con Mariló Davó, una abogada preocupada por su constante desarrollo y formación que afronta la vida con una contagiosa risa que es sin duda, su mejor defensa.

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22 de noviembre de 2013

La prueba en el proceso penal con víctimas con discapacidad.

Luis Ángel Baeza Díaz-Portales
La Sección de Diversidad Funcional propuso una interesante sesión formativa dedicada al testimonio de las personas con discapacidad en el proceso penal, con Luis Ángel Baeza Díaz-Portales como ponente. Luis Ángel Baeza, Fiscal de la Audiencia Provincial de Málaga, centró su intervención del   pasado 7 de noviembre en los discapacitados intelectuales, partiendo de una serie de preguntas:
  • ¿Los discapacitados son más propensos a ser víctimas de delitos por su mera discapacidad?
  •  ¿Existe un problema para obtener el testimonio de una persona con discapacidad intelectual en el proceso penal?
  • ¿Existe una solución?
Para responder a la primera pregunta, el ponente citó estadísticas que demuestran que los discapacitados intelectuales están más expuestos a delitos (el doble del porcentaje que las personas sin discapacidad) y que además son víctimas de los delitos más graves. Analizar las causas es muy complejo, depende de los tipos y de los niveles de discapacidad intelectual.

Si una víctima con discapacidad no puede prestar su testimonio ¿cómo se soluciona? El problema no es de legalidad procesal penal, sino para la propia persona con discapacidad intelectual. Uno de los problemas más frecuentes es la revictimización: la persona vuelve a sentirse víctima por el trato que recibe durante el proceso penal. El ordenamiento procesal penal español no cumple los requisitos para que una persona discapacitada pueda entrar en el proceso penal en condiciones de igualdad. 

Otro problema muy grave es la menor credibilidad del testimonio de una persona con discapacidad intelectual. ¿Qué necesitamos obtener de nuestro testigo con discapacidad intelectual? 
  1. Identificación del autor. Los discapacitados intelectuales se confunden en mayor porcentaje que los no discapaces en las ruedas de reconocimiento. El ponente mencionó en este punto estudios llevados a cabo por grupos de investigación de psicología del testimonio. Este mayor índice de error puede deberse a falta de comprensión de la tarea, a la falta de motivación o de instrucciones específicas. Corrigiendo estos tres aspectos, el porcentaje de identificación mejoraba notablemente 
  2. Relato de los hechos. El segundo objetivo es conseguir del discapacitado intelectualmente un relato sólido para el testimonio. Se han probado técnicas que se usan con menores víctimas de abusos, pero no se mostraron eficaces. Por ejemplo, la CBCA, técnica que se utiliza para discriminar si el relato del menor es veraz. Se trata de valorar si puede proporcionar más detalles, la incardinación del contexto y la reproducción de conversaciones de lo que ha ocurrido en el hecho. Los discapacitados intelectuales tienen muchas dificultades en este terreno. 
En este entorno cobra sentido la figura del facilitador. Generalmente, el facilitador es un psicólogo que además es experto en discapacidad intelectual y en psicología del testimonio. El facilitador realiza su labor con la víctima en varias fases: 
  • De forma previa al proceso penal su primera función es explicarle y hacerle entender el proceso penal y ayudarle a decidir si quiere o no denunciar, además, el facilitador valora sus condiciones para poder prestar testimonio en el procedimiento penal 
  • Ya en el procedimiento penal, el facilitador presta asesoramiento pericial al juez, y hace de "intérprete" de la persona con discapacidad. 
El facilitador intervendrá en ocasiones como intermediario/ mediador y en otras como perito. Su actuación como como perito no ofrece problemas. Se trata de una actuación forense: valora su capacidad de comunicación. La labor de intermediación, en cambio, genera más controversia. Para Luis Ángel Baeza equivaldría a la figura del traductor o del intérprete judicial. 

En otros países se contempla esta figura de forma detallada. Por ejemplo, en el Reino Unido, donde el facilitador funciona en la práctica desde el 2000 y desde el año 2011 es objeto de regulación legal. Al respecto, pueden consultarse varios enlaces de interés (en inglés) sobre la Unidad de protección de testigos, con especial atención a las víctimas con discapacidad intelectual. También es de interés la guía dedicada a este tipo de testigos. 

¿Cómo articulamos la introducción de la figura del facilitador en nuestro procedimiento penal? Luis Ángel Baeza propone articularlo a través de la prueba preconstituida, recurriendo al artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por su parte, la legislación comunitaria se ha ocupado de esta cuestión en la Directiva 29/2012 que regula el estatuto de la víctima en el procedimiento penal. Los artículos 22 y 23 contemplan, respectivamente, la evaluación individual de las víctimas para determinar sus necesidades especiales de protección y las medidas que se pondrán en marcha para garantizar esa protección durante el proceso penal.

El Fiscal de la Audiencia Provincial de Málaga lamentó la ausencia de una sección de la Fiscalía especializada en atención a víctimas con discapacidad intelectual. En estos momentos en España, sólo existe una Unidad de atención a las víctimas con discapacidad intelectual (UAVDI) integrada en la Fundación Carmen Pardo Valorase. Se trata de una iniciativa que surgió en el año 2010 con la colaboración de la Guardia Civil y su equipo de psicólogos especializados. Cuenta con la financiación de la Fundación Mapfre.

Conclusiones: 
  • A pesar de la dificultad que existe, se puede conseguir el testimonio de las personas con discapacidad intelectual. 
  • El objetivo es que el discapacitado acceda en condiciones de igualdad a la justicia, y no sólo eso, sino que no se le dañe en su paso por el proceso penal.

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19 de noviembre de 2013

Extinción del contrato de arrendamiento de un local de negocio

Autora: Raquel Attard, abogada
Attard Abogados


Cuándo se extinguen los contratos de arrendamiento, celebrados antes de la entrada en vigor de la actual Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, es una cuestión que suscita muchas dudas para los particulares arrendadores de estos locales.
La Ley de Arrendamientos Urbanos, en su Disposición Transitoria 3ª, habla sobre los contratos celebrados antes del 9 de mayo de 1985 y dice que seguirán aplicándose por la anterior Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, salvo las especialidades que se contemplan en la Ley de 1994.
Lo que hace la Ley de 1994 es establecer un régimen transitorio para la extinción de los contratos de arrendamiento suscritos antes de su entrada en vigor. Este régimen transitorio dura 20 años desde la entrada en vigor de la Ley de 1994, el 1 de enero de 1995, hasta el 1 de enero de 2015.
Así, nos podemos encontrar con varias situaciones:

1. Si cuando entra en vigor la Ley en 1994 el contrato de arrendamiento estaba en situación de prórroga legal, el contrato se extinguirá y quedará a libre disposición de los propietarios:
  • Cuando el arrendatario fuera una persona física, se extinguirá el contrato por su jubilación o fallecimiento, salvo que se subrogue su cónyuge o un descendiente y continúen la misma actividad desarrollada en el local, hasta el 1 de enero de 2015.
  • Cuando el arrendatario sea una persona jurídica o sociedad, el contrato de arrendamiento se extinguirá en 20 años (el 1 de enero de 2015) si se realizan en él actividades comerciales de las previstas en el índice de actividades económicas, o debió extinguirse en el año 2000 si la superficie del local es superior a 2500 metros cuadrados.
  • Cuando el arrendatario sea una persona jurídica o sociedad que no encaje en el supuesto que he citado en el párrafo anterior, la extinción del contrato dependerá de la cuota en la tarifa del índice de actividades económicas, siendo el tiempo máximo para extinguir el arrendamiento de 20 años (el 1 de enero de 2015).
  • Para los contratos en los que, en 1995, no haya transcurrido aún el plazo determinado pactado en el contrato por las partes, durarán el tiempo que reste para que dicho plazo se cumpla.
2. Pero la Ley establece un supuesto especial, cuando en los 10 años anteriores a la entrada en vigor de la Ley de 1994 se hubiera producido el traspaso del local de negocio, los plazos de extinción de los contratos se incrementarán en 5 años. Lo que quiere decir que el contrato durará hasta el 1 de enero de 2020.

3. En cambio, si se celebró el contrato después de 1985, pero antes de 1994, la prórroga legal sólo es aplicable si las partes la acordaron. A falta de pacto de prórroga forzosa la duración del contrato será la fijada por las partes. Si se pactó la prórroga forzosa, se aplicarán a estos contratos la duración que estipulada para los contratos previstos antes de 1985 en situación de prórroga legal, por lo que terminará el contrato el 1 de enero de 2015.

Se da así un gran paso para extinguir los contratos de renta antigua, sujetos a leyes ya derogadas por la nueva normativa y con una renta muy por debajo de los actuales precios del mercado, además de darle la posibilidad a los propietarios de suscribir nuevos contratos de alquiler de estos locales, incluso con las mismas personas o empresas que ya tenían arrendado el local, a precios más actuales.

Eso sí, cuando el local se quede libre por extinción del arrendamiento, los propietarios deben tener en cuenta que no pueden utilizar el local para la misma actividad que venía ejerciendo el arrendatario, cuando aún no haya transcurrido un año desde la extinción, o hacerlo indemnizándole con 18 mensualidades. Y, si quieren celebrar un nuevo arrendamiento con otra persona, el arrendatario tendrá derecho preferente a continuar, pero con las nuevas condiciones que pongan los propietarios y que deberá aceptar el arrendatario mediante un nuevo contrato.

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Imagen inicial tomada de: www.bloguismo.com

15 de noviembre de 2013

Qué es economía colaborativa. Cuestiones legales


A principios de año El Mundo nos hablaba del "boom del consumo colaborativo", de la explosión y afianzamiento de una nueva forma de comprar y consumir, fenómeno en el que la crisis, la tecnología y las redes sociales han tenido mucho que ver. Con la actual coyuntura económica, muchos estamos valorando qué es lo realmente importante y necesario, en contraposición con el hiperconsumismo imperante hasta la fecha. Se está pasando de la cultura de la propiedad a la cultura del acceso. Se trata de una tendencia en auge, pese al arraigado sentido de la propiedad que existe en nuestro país. Lo importante ya no es ser dueño de algo, sino tener acceso a ese algo. Internet lo hace posible, y a gran escala. Plataformas como Airbnb te ofrecen disfrutar de un coqueto apartamento en Paris o de un loft maravilloso en Londres a precios muy asequibles. La idea es alquilar tu casa cuando no la estés ocupando. Otras plataformas, como Socialcar, articulan el alquiler de coche entre particulares. Con Chicfy puedes vender la ropa que no usas, con Grownies, intercambiar ropa de bebés y con Truequebook, cambiar los libros de texto de tus hijos cuando ya nos los necesitan. Son nuevos modelos de negocio que ponen en contacto a quienes tienen  los recursos con aquellos que los buscan.

En Málaga somos  testigos de la expansión de esta economía colaborativa que permite a las personas no sólo ahorrar, sino buscar alternativas para poder ganarse la vida. Lo vemos en el fenómeno coworkingespacios compartidos de trabajo que permiten tener oficina propia por un coste inferior y con todos los servicios incluidos. Existen iniciativas como Más libros libres, una librería donde los libros son gratuitos, mediante un sencillo sistema:  léelos, disfrútalos y devuélvelos para que puedan seguir circulando. 


Imagen del Cerrado Food Market (blogsdiariosur.es)
También podemos encontrar distintos tipos de mercadillos: 

Además, en Málaga se está creando la primera plataforma de financiación colectiva o crowdfunding andaluza, Micro InversoresTodas estas iniciativas locales apuestan por la colaboración, el trueque y el aprovechamiento de recursos ya existentes.

Este movimiento plantea algunas cuestiones críticas, como la falta de regulación jurídica o la presión de los negocios tradicionales que se ven afectados por esta nueva forma de consumir.

La reciente modificación de nuestra Ley de Arrendamientos Urbanos  ha dejado fuera de juego a quienes alquilaban sus viviendas por días a través de plataformas como la ya mencionada Airbnb. un revés para los alquileres de viviendas por días (caso de la mencionada Airbnb).La presión del sector hostelero y la situación de irregularidad en la declaración de la actividad económica existente se perfilan como posibles causas de estos cambios legales.

Y es que detrás del consumo colaborativo y el intercambio surgen cuestiones como el riesgo, responsabilidad civil, declaración de la actividad económica, etc. Frente a este movimiento global e imparable. ¿Cuál será la postura del legislador? ¿Regular o prohibir?

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12 de noviembre de 2013

¿Qué es Google adwords y para qué me sirve?




Hoy os vamos a hablar de SEM y lo haremos de la forma más sencilla posible. Empezamos con una pregunta: ¿Qué asociamos a Google Adwords? Quizás hayas oído hablar de ello pero no tengas muy claro qué es. Tal vez asocies a este nombre ideas como: marketing, PPC (pago por clic), SEM, posicionamiento, anuncios, ingresos, publicidad, herramienta, vender, tráfico, leads, conversión… .

Vayamos aclarando conceptos: Google Adwords es una de las herramientas publicitarias de Google, herramientas a través de las cuales percibe el 100% de sus ingresos. Hay una realidad y es que todos los medios publicitarios están cayendo en picado y el único medio que no para de crecer es internet. En internet hay muchos soportes en los que podemos hacer publicidad de nuestros servicios profesionales. Y sólo uno de esos soportes se lleva casi el 60% de la tarta publicitaria: Google Adwords. A la lista inicial de ideas podemos añadir “crecimiento”,“innovación” y “oportunidades de negocio”.


Lo primero que debemos aprender es que Google Adwords tiene dos redes de publicidad: search ads (pull) y display ads (push). 
  • La primera está formada por  los enlaces patrocinados o anuncios que  aparecen cuando hacemos una búsqueda (search en inglés) en Google y es en general más efectivo. Podéis ver un ejemplo en la imagen inicial. 
  • La segunda la componen los display ads son lo mismo, anuncios, pero los encontramos cuando visitamos un blog o cuando estamos leyendo correo en nuestra cuenta de Gmail. Son anuncios que aparecen en la red de contenidos de Google (Google Display Network). El display interesa si queremos dar a conocer un servicio o producto nuevo. 
Ambos sistemas funcionan con el pago por clic (PPC o pay per click en inglés). Es decir, si nos anunciamos con Adwords, sólo  pagamos a Google cuando alguien hace clic en nuestro anuncio. Y no debemos temer que la competencia haga clic en nuestros anuncios con el único fin de fastidiar: Google tiene un sistema de clics fraudulentos que funciona muy bien. Por lo tanto, es un tipo de publicidad en la que no se paga por tu audiencia. Se paga por resultados, por tráfico. Pagas por visitas cualificadas. Se llega a un target muy específico y puedes ajustar tus resultados. Y todo en tiempo real. Desde luego parece más efectivo que anunciarse en un periódico o revista, que no nos ofrecen ninguna garantía de que nos vean o lean.

¿Nos interesa como abogados o despacho profesional usar esta forma de publicidad que Google nos ofrece? Tenemos que partir de una premisa básica: Google Adwords sirve para vender pero no vende por sí mismo. Lo que hace es conectar, generar visitas que pueden resultar en conversiones. Es una herramienta para generar leads. Y los que se dedican a esto afirman que es una máquina de hacer dinero. No en vano hay empresas que se dejan un millón de euros/mes en los clics. Facebook ads y LinkedIn están creciendo también mucho en todo lo que es pago por clic, pero Google Adwords sigue siendo el rey. Y aún así las estadísticas son que menos del 10% de las empresas en el mundo han probado esta herramienta. Anunciarse con Google Adwords puede ser sin duda una buena estrategia de marketing para tu despacho. Esta herramienta te permite segmentar, te permite llegar muy bien a tu cliente potencial. Es una publicidad que impacta en el momento preciso:cuando alguien está haciendo una búsqueda, por ejemplo: “abogados matrimonialistas Málaga”.  

Google Adwords es un sistema autogestionable. Además, el presupuesto lo elijes tú, no hay inversión mínima. Puedes decidir empezar con 100€ y ver qué ocurre. Sin embargo, es cierto que muchas empresas pierden su dinero o no maximizan su inversión por falta de conocimiento. Y es que esto no es magia, hay que seguir un proceso de marketing. Cuando no nos funciona una campaña hay que ver por qué. Y lo más importante, saber escoger bien las palabras claves (keywords) por las que vas a pujar. Tu puja de Coste por Clic es el valor máximo que estás dispuesto a pagar por un clic.

Eso sí, hoy en día la mejor opción es el mix de medios. Si optas por hacer SEM, no debes olvidar tampoco el SEO. Y para el SEO la mejor estrategia es el content marketing, el marketing de contenidos, tener tu propio blog en el que compartir contenidos de calidad y posicionarte como experto en tu área concreta. 
En próximas entradas seguiremos profundizando en estas herramientas y estrategias para el marketing de tu despacho.
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8 de noviembre de 2013

Conflicto sobre autonomía local: la protección del litoral andaluz (II)

Autor: Manuel Castillo Ruiz,
Letrado de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto de Málaga
Miembro de la Sección de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Málaga

Las diputaciones Provinciales de Málaga, Cádiz, Granada y Almería han planteado ante el Tribunal Constitucional, un conflicto en defensa de la autonomía local frente al Decreto Ley 5/2012 de Medidas Urgentes en Materia Urbanística y para la protección del Litoral de Andalucía.
Las citadas Diputaciones Provinciales argumentan esencialmente:
  • a) Inexistencia de la extraordinaria y urgente necesidad que se exige a un Decreto LeyLas Diputaciones mantienen que la creación y regulación de un Plan de Protección del Corredor Litoral que hace el artículo 1.Uno, del Decreto Ley 5/2912, no responde a una extraordinaria y urgente necesidad, ni se justifica la misma, lo que obligaría a que se hubiese aprobado siguiendo el procedimiento legislativo, ya fuera ordinario o urgente. De esta forma, las Diputaciones entienden que la creación y regulación del Plan del Corredor Litoral es manifiestamente inconstitucional.
  • b) Vulneración del principio de autonomía local. Al devenir inconstitucional, el artículo 1 del Decreto Ley, la medida cautelar de suspensión de los procedimientos de aprobación de los planes de sectorización y planes parciales contemplados en el artículo 2 deviene inane, al declararse nula la creación del Plan. 
Alegan las Diputaciones que estamos ante una norma con rango de Ley que viene a paralizar de forma indiscriminada el procedimiento de tramitación de cualquier plan de sectorización o plan parcial de suelo urbanizable que afecte a la franja de terreno litoral. Se trataría de una medida suspensiva que afecta de manera directa, y sin posible participación ni procedimiento alguno, a las competencias municipales en materia de planeamiento. Ni siquiera hay procedimiento administrativo, ni audiencia a los municipios afectados que hubiera permitido analizar motivadamente los supuestos concretos en los que se encuentran los distintos suelos urbanizables sectorizados y no sectorizados de todos los municipios afectados. Se trata de una ley Decreto que ya nuestro Tribunal Constitucional ha considerado en ocasiones contraria a las garantías constitucionales, no dándose la necesaria intervención del ente local afectado ni de los particulares. 
De esa forma se eleva a la categoría de norma con rango de ley lo que en todo caso debía ser un procedimiento administrativo en el que se analizaran los intereses supramunicipales, municipales y privados en presencia para tomar decisiones motivadas y justificadas con datos concretos y no genéricas y arbitrarias. Esta medida incluso impide a los Ayuntamientos afectados que puedan, en base al derecho a una tutela judicial efectiva, impugnarla ante la jurisdicción contencioso-administrativa, quedándole solo la vía abierta de la defensa constitucional de su autonomía local. Lo mismo mantienen las Diputaciones recurrentes respecto de la medida que contiene el art. 3 del Decreto-Ley referida a los plazos de adecuación de los planeamientos generales al POTA y la sustitución de la inactividad por parte de la Junta de Andalucía, pues supone no respetar la autonomía local impedir que el Ayuntamiento en cuestión tenga la posibilidad de demostrar en el seno de un específico procedimiento administrativo que el desarrollo propuesto es acorde a los criterios del POTA.
Otro tanto ocurre para las Diputaciones con la medida prevista en el Art. 1.Dos del Decreto Ley pues plantea ahora que el POTA sea vinculante para el planeamiento urbanístico general municipal, no encontrando ninguna medida que justifique tal cambio legislativo mediante un decreto ley.

El Consejo Consultivo de Andalucía, con fecha 20 de marzo actual, ha emitido el dictamen preceptivo relativo al conflicto en defensa de la autonomía local planteado por las Diputaciones, efectuando las siguientes consideraciones:
  1. Que no concurre la legitimación ad causam exigida por la LOTC, ya que las provincias de Almería, Cádiz, Granada y Málaga no pueden sustituir procesalmente a los municipios integrados en su territorio, que son los titulares de las competencias supuestamente lesionadas.
  2. Que no forma parte del conflicto en defensa de la autonomía local, la discusión sobre la concurrencia o no del presupuesto de extraordinaria o urgente necesidad para dictar el Decreto-Ley.
  3. Que la suspensión por un plazo de dos años del procedimiento para la aprobación de los planes de sectorización y de los planes parciales en suelo urbanizable, incluidos en la franja de 500 metros, no lesionan la autonomía local porque se trata de una medida cautelar que tiene una clara vigencia transitoria y despliega sus efectos, exclusivamente, sobre determinados municipios y posee un reducido alcance material, para evitar una ilegalidad sobrevenida del planeamiento, no afectando al resto de competencias urbanísticas de los municipios. Medidas que vienen previstas en el art. 35.4 de la LOUA y en la Disposición Adicional Quinta de la misma.
  4. Que tampoco lesiona la autonomía local establecer un plazo de 8 años para que los municipios se adapten al POTA y que, en caso contrario, la Consejería Autonómica competente pueda actuar por sustitución lo cual viene amparado en el art. 31.2.A.b de la LOUA.
El referido dictamen cuenta con un voto particular, formulado por dos Consejeros, en el que se manifiesta que las Diputaciones están legitimadas a tenor del art. 3.3 de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía que dispone: “La provincia es una entidad local determinada por la agrupación de municipios, cuya principal función, de conformidad con los mismos, es garantizar el ejercicio de las competencias municipales y facilitar la articulación de las relaciones de los municipios entre sí y con la comunidad autónoma de Andalucía.”
Los Consejeros discrepantes señalan que el Consejo Consultivo no ha delimitado adecuadamente el objeto del conflicto pues se ha centrado en los artículos 2 y 3 del Decreto-Ley 5/2012 sobre las medidas cautelares y urgentes adoptadas, que podrían ser procedentes sino partieran de una premisa errónea, y es que el conflicto en defensa de la autonomía local se dirige en primer lugar contra la inconstitucionalidad de la creación y regulación de un Plan de Protección del Corredor Litoral mediante lafigura del Decreto Ley, lo cual puede dar lugar a una vulneración directa de la autonomía local.

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Imagen inicial tomada de: http://www.andalucia.org/es/playas/

5 de noviembre de 2013

La protección del corredor litoral andaluz (I)

Autor: Manuel Castillo Ruiz,
Letrado de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayto de Málaga
Miembro de la Sección de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Málaga

El Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía fue objeto de análisis en unas jornadas organizadas por la Gerencia de Urbanismo de Málaga en colaboración con  la Fundación FyDU, que tuvieron lugar el pasado 28 de octubre. En esta entrada analizaremos el marco habilitante y en una segunda entrega, que se publicará esta misma semana, nos centraremos en el conflicto que se plantea en defensa de la autonomía local.

I. Normativa habilitante.
Con objeto de posibilitar la intervención inmediata en la protección del ámbito litoral e incentivar el cumplimiento de las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, la Junta de Andalucía dictó el Decreto Ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía.
La motivación del Decreto Ley se basó, en cuanto al objeto de estas notas, en la necesidad de detener el progresivo proceso de ocupación de los casi mil kilómetros de costas con que cuenta Andalucía, que, según se manifiesta, ha conllevado a la perdida de ecosistemas, deterioro del paisaje e incremento de la carga contaminante vertida al litoral.
  • El Art.1. Uno del Decreto Ley modifica el art. 5.1 de la ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, introduciendo un nuevo instrumento de planificación territorial con carácter vinculante para los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional y para el planeamiento urbanístico, el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, que incluirá al menos los primeros 500 m. de la zona de influencia del litoral.
  • El Art. 1.Dos modifica el precitado texto legal introduciendo el carácter vinculante del POTA para el planeamiento urbanístico general.
  • El Art. 1.Tres incluye un nuevo Título de la Ley de Ordenación del Territorio definiendo el objeto, efectos, ámbito y contenido del nuevo Plan de Protección del Corredor Litoral.
- El Art.2 del Decreto Ley, para los terrenos situados a una distancia inferior a 500 metros, medidos tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar, adopta unas medidas cautelares que denomina urgentes, consistentes en suspender el procedimiento para la aprobación de los planes parciales de sectorización y de los planes parciales en suelo urbanizable, siempre que se trate de municipios que no hayan adaptado su Plan General al POTA. Esta suspensión duraría hasta la aprobación del Plan de Protección del Corredor Litoral o cuando se cumpla un plazo de dos años desde la entrada en vigor del Decreto-ley, es decir, hasta el 29 de noviembre de 2014.
- El Art. 3 del Decreto Ley adopta otras medidas que denomina urgentes para adecuar el planeamiento urbanístico general a los límites de crecimiento establecidos en el art. 45 del POTA. Se adopta un plazo máximo de revisión de todos los P.G.O.U que no estén adaptados al POTA que será el que esté establecido en los propios planes, o subsidiariamente el plazo de 8 años desde que se aprobaron definitivamente por la Consejería. En el caso de que haya transcurrido el plazo se pondrá en marcha el sistema de subrogación en las competencias municipales, previsto en el artículo 36.3 de la LOUA, y ya no se podrán tramitar instrumentos de desarrollo, que supongan para el municipio un crecimiento superior a los límites establecidos en la norma 45 del POTA.

El Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía ha sido formulado y sometido a información pública mediante acuerdos del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 29 de enero y 29 de julio de 2.013 respectivamente.

En  la siguiente entrada, analizaremos el conflicto que las diputaciones Provinciales de Málaga, Cádiz, Granada y Almería han planteado ante el Tribunal Constitucional, un conflicto en defensa de la autonomía local frente al Decreto Ley 5/2012 de Medidas Urgentes en Materia Urbanística y para la protección del Litoral de Andalucía.

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