5 de febrero de 2013

Nueva obligación para residentes fiscales

Autor: Francisco Delgado Montilla
Abogado, socio en C&D Solicitors

El Gobierno de España aprobó el pasado 15 de noviembre de 2012, un Real Decreto por el  se fijan las obligaciones de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero.Se trata de una obligación sólo para los residentes, no teniendo obligación por tanto de presentar esta declaración los no residentes.

Deberán ser declarados, tanto las cuentas situadas en entidades financieras, como todo tipo de bienes inmuebles y derechos sobre inmuebles, así como valores, derechos, seguros y rentas depositadas, gestionadas u obtenidas en el extranjero.Los contribuyentes tendrán que informar sobre los bienes y derechos que tienen en el extranjero a 31 de diciembre de 2012.
 
Esta comunicación comprende todo tipo de bienes o derecho siempre que el valor de cada uno de ellos considerado de forma individual supere los 50.000 euros. Esto quiere decir que incluye:

  • Todo tipo de cuentas en entidades financieras  (saldos a 31 de diciembre y el saldo medio correspondiente al último trimestre del año). 
  • Bienes inmuebles, indicando fecha y valor de adquisición.
  • Derechos sobre inmuebles, indicando fecha de apertura o cancelación.
  • Valores, derechos, seguros y rentas depositadas, gestionadas u obtenidas en el extranjero, a fecha 31 de diciembre de cada año.
  • La presentación en años sucesivos de la declaración informativa sólo será obligatoria cuando el límite fijado hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 euros.

Esta obligación deberá cumplirse entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente a aquel al que se refiera la información a suministrar.Se trata de una obligación para personas físicas residentes como para personas jurídicas (que se encuentren obligadas por el I.S. de España) y el modelo a utilizar será el modelo 720 que deberá ser presentado por vía telemática, dicho modelo aún no ha sido publicado por la AEAT. 

La reciente aprobación de la obligación de informar sobre los bienes en el extranjero supone un nuevo medio de control hacia los obligados tributarios en un intento por descubrir la economía sumergida, el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.


Las sanciones son importantes y no tienen que ver con el hecho de que esos bienes se hayan obtenido o no irregularmente, sino por el hecho de no informar de su existencia. La no presentación de la declaración informativa será considerada una infracción muy grave y se aplicarán las correspondientes sanciones, que implican el pago de una multa fija de 5.000 euros por cada dato no declarado, con una sanción mínima de 10.000 euros. Para los particulares la sanción será de 100 euros por dato y el mínimo será de 1.500 euros, siempre que la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria.

Es de resaltar la dureza de las sanciones, incluso por la inclusión de datos inexactos. La Ley no da cabida a los equívocos, un simple error puede ser causa de una dura multa, llevado aparejadas las mismas sanciones la inclusión de información incompleta o inexacta. Nunca se aplicará como eximente para el pago de estas sanciones el hecho de que esos bienes estén correctamente declarados en su país de origen.

Se determina además que no cabe la prescripción de la obligación de informar, en lo que respecta a la fecha de origen de esos bienes y la aplicación de esta norma.

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Imagen inicial tomada de http://dollarsandcommoncents.net

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