20 de septiembre de 2012

Reintegro de gastos sanitarios (II): reclamaciones


Autor: Francisco Damián Vázquez Jiménez, abogado
Sección de Consumo del Colegio de Abogados de  Málaga




Habitualmente el orden jurisdiccional social (al amparo del Art. 2 b LPL) sería el competente para atender este tipo de reclamaciones de reintegro de gastos sanitarios, por lo que sería necesario interponer la correspondiente demanda ante el Juzgado de lo Social, que en su momento dictará la correspondiente sentencia, frente a la cual cualquiera de las partes podrá presentar recurso de suplicación, en caso de que no sea favorable a sus intereses, y en su caso posterior recurso de casación por unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo

Sin embargo, a veces nos encontramos con resoluciones, en las que se indica que el orden jurisdiccional contencioso-administrativo es el competente, por lo que en esos casos se debe interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 meses desde la resolución desestimatoria. Por lo tanto, pueden existir conflictos o cuestiones de competencia entre el orden social y contencioso administrativo. En virtud del Art. 139 y s.s. Ley 30/92, de 26 de noviembre existirá un expediente de reclamación patrimonial administrativa y con base en el art. 2 e. LJCA, sería competente el orden contencioso administrativo para el conocimiento de los litigios de reintegro o reembolso de gastos sanitarios de medicina privada cuyo título no sea el derecho a la asistencia sanitaria en una urgencia vital en el sentido estricto de la expresión, sino la compensación o indemnización por funcionamiento anormal del servicio público sanitario.

Merece la pena detenerse en aquellos casos en los que además de la solicitud de reintegro de gastos sanitarios, existe un error o mala praxis médica que también se reclama por el paciente (lo que desgraciadamente es muy habitual). Por ejemplo, citando un caso real: ciudadano al que el correspondiente Hospital Público le realiza una serie de pruebas, le detecta un cáncer incurable, y por consiguiente lo desahucia ya que no es posible la intervención quirúrgica, viéndose el paciente obligado a acudir a la sanidad privada, para solicitar una segunda opinión médica, teniendo que sufragar de su bolsillo las nuevas pruebas diagnosticas, quimioterapia, gastos de desplazamiento y de estancia, etc, y sorpresivamente el Hospital privado le informa que existe un error de diagnóstico por parte del Hospital público y que no padece dicho cáncer.

En estos casos es aconsejable interponer dos reclamaciones: una de reintegro de gastos sanitarios, exigiendo la devolución de todos los gastos médicos ocasionados, y otra reclamación patrimonial administrativa requiriendo la correspondiente indemnización de daños y perjuicios causados por el error de diagnóstico y también los gastos médicos ocasionados. La reclamación patrimonial administrativa quizás sería más lenta, ya que habitualmente los servicios encargados de resolver las reclamaciones sanitarias en toda España presentan bastante dilación, siendo más rápidos los que resuelven los reintegros de gastos sanitarios, ya que son más ágiles y sencillos. No obstante, como consejo práctico, y como hemos realizado en ocasiones,  se podría interponer una reclamación de gastos sanitarios y a la vez una reclamación patrimonial administrativa (en esta última no solo se pide indemnización por la mala praxis médica, sino que también se solicitan los gastos sanitarios privados en los que ha incurrido el paciente).

De esa forma se tienen dos oportunidades de que se reconozca el pago de dichos reintegros sanitarios (social o  administrativo). Obviamente en el momento que sea abonado los gastos en uno de los expedientes, se deberá comunicar en el otro, para evitar un enriquecimiento injusto.

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Imagen superior tomada de: http://www.zurich.com.mx

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