26 de julio de 2012

Montar un despacho en plena crisis: recursos

Espacio Coworking de Promálaga
En esta entrada del blog nos vamos a referir a algunos de los recursos y ayudas disponibles en Málaga para poner en marcha tu despacho, tu empresa en definitiva. Para los nuevos abogados y los no tan noveles que se estén planteando darle un giro a su carrera profesional estableciéndose por cuenta propia, existen recursos en nuestra provincia que facilitan la posibilidad real de poner en marcha una aventura empresarial propia.  En concreto disponemos de los siguientes:
  • El Co-working de Promálaga. Además de un diseño ultramoderno, las posibilidades que te ofrece son estupendas. Desde 100 euros/mes puedes tener tu puesto en un espacio increíble, en contacto con otros profesionales y empresas, con derecho a usar la sala de juntas y con unas posibilidades de neworking muy interesantes.  En este caso no es gratuito pero los precios son módicos y no tiene fecha de caducidad como el resto de las incubadoras. En la foto de arriba véis el módulo con los puestos citados. También hay oficinas individuales y aulas. 
  • La Unidad de Emprendedores del IMFE: las técnicos del IMFE os harán, previa cita, un repaso por los distintos recursos que ellos ofrecen, desde asesoramiento e información, a cursos para emprendedores y la incubadora o lanzadera empresarial. Merece la pena visitar la web del IMFE por la cantidad de recursos que tiene, es impresionante. Entre los cursos, ofertas muy interesantes con temas de actualidad como los gestores de comunidades online (community managers), un tema muy interesante para todo despacho de cara al marketing de sus servicios. Todo ello gratuito.
  • La incubadora y pre-incubadora del Centro Andaluz de Emprendedores en el Parque Tecnológico.  También previa cita, os atenderán con muchísima amabilidad. Entre los recursos que igualmente de forma gratuita ofrece el CADE, destaca la posibilidad de estar incubado mientras tu proyecto madura con coste cero, en las instalaciones que tienen en el PTA.
De abogado contratado por cuenta ajena a montar tu propio despacho, un camino sin duda emocionante con no pocos costes a tener en cuenta. Conocer directamente estos recursos que ofrece Málaga te enciende la chispa de querer estar ahí, de emprender. No dudes en solicitar una visita y valorar estas opciones.

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23 de julio de 2012

Litis expensas: Cuándo y cómo. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 2 abril de 2012




Autor: Juan José Reyes Gallur, abogado.
Sección de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Málaga

El matrimonio Izard, John Singleton Copley

Las litis expensas pueden ser definidas como la obligación que se impone a uno de los cónyuges cuando el otro carezca de bienes propios suficientes, para atender los gastos necesarios en litigios que sostenga contra el otro cónyuge sin mediar temeridad o mala fe, o contra tercero si redundan  en provecho de la familia, siempre que no haya bienes comunes y cuando se le haya denegado la justicia gratuita por la posición económica del otro cónyuge y que se solicitan tanto al amparo del 103 como medidas provisionales o como definitivas.

Como sabemos los que nos dedicamos a estas tareas del derecho de familia, existía jurisprudencia contradictoria de las audiencias provinciales respecto de los requisitos que había que cumplir para su concesión, así , algunas audiencias exigen que el cónyuge haya interesado previamente el beneficio de la justicia gratuita (SAP Málaga, Sec. 6.ª, Sentencia de 13 de septiembre de 2007, AP Málaga, Sec. 7.ª, Sentencia de 2 de marzo de 2005,  SAP de Murcia, sección 4ª de 8 enero 2010 y 3 junio 2010 ), mientras otras (SAP de Alicante, sección 4ª, de 14 diciembre 2005 y 31 enero 2008 ), consideran que no es obstáculo que el solicitante haya pedido o no el beneficio de la justicia gratuita.

Pues como no podía ser de otro modo, la reciente sentencia de 2 de abril de 2012, siendo ponente Dª Encarnación Roca ha resuelto la controversia existente y ha concretado la siguiente doctrina jurisprudencial:

"Las litis expensas aparecen reguladas en el Art. 1318.3 CC, dentro de la regulación de las cargas del matrimonio. El Art. 1318.3 establece que "cuando un cónyuge carezca de bienes propios suficientes, los gastos necesarios causados en litigios que sostenga contra el otro cónyuge, sin mediar mala fe o temeridad, o contra tercero, si redundan en provecho de la familia, serán a cargo del caudal común, y faltando éste, se sufragarán a costa de los bienes propios del otro cónyuge, cuando la posición económica de éste impida al primero, por imperativo de la ley de Enjuiciamiento civil, la obtención del beneficio de justicia gratuita". 

Las litis expensas tienen un origen jurisprudencial, derivadas del deber de alimentos entre cónyuges y justificadas en un régimen de comunidad de bienes para facilitar que la mujer pudiera litigar tanto en pleitos de separación o nulidad contra su propio marido, y también en pleitos contra terceros, siempre que redunden en beneficio de la propia comunidad. El Art. 1318.3 CC contiene una redacción poco clara que, además, debe complementarse con el Art. 3.3 de la Ley 1/1996, de 10 enero, de asistencia jurídica gratuita, que establece que los medios económicos del solicitante de justicia gratuita serán valorados individualmente, cuando dicho "solicitante acredite la existencia de intereses familiares contrapuestos en el litigio para el que se solicita la asistencia". 

De la interpretación conjunta de ambas disposiciones, es decir, los Arts. 1318.3 CC y el 3.3 de la Ley 1/1996, hay que llegar a las siguientes conclusiones en lo que se refiere a la aplicación del beneficio cuando un cónyuge litiga en contra del otro: 

  1. En primer lugar, los gastos que el cónyuge acredite para seguir un litigio que sostenga contra el otro cónyuge, deben ser costeados por el caudal común.
  2. A falta de caudal común, el cónyuge que no tenga bienes propios debe acudir al beneficio de la justicia gratuita, porque sólo hay derecho a litis expensas a costa del otro cónyuge cuando la posición de éste impida al litigante obtener el beneficio y a la vista de lo que dispone el Art. 3.3 Ley 1/1996, en este caso la existencia de intereses familiares contrapuestos permite la valoración individual de los medios económicos del litigante, por lo que la posición económica del cónyuge "rico" no va a impedir la obtención del beneficio de la justicia gratuita.
  3. Subsidiariamente, cuando ello no sea posible, deberá aplicarse la última parte del Art. 1318.3 CC, de modo que los gastos judiciales se "sufragarán a costa de los bienes del otro cónyuge". Es en este momento en que interviene la previsión del Art. 36.4 de la Ley 1/1996, que prevé la coexistencia de las litis expensas y del beneficio de justicia gratuita. "

....... En el caso de que no haya bienes comunes, de lo que debemos partir, solo debe pagar el marido si la computación de los recursos e ingresos "por unidad familiar" impidiera que la esposa pudiera obtener el beneficio de justicia gratuita, pero ello no ocurre aquí, porque a) de acuerdo con el Art. 3.3 de la Ley 1/1996, se computan individualmente los recursos del solicitante y por ello, solo deben tenerse en cuenta los medios económicos propios de la esposa, y b) partiendo de que no hay bienes comunes, debe aplicarse el segundo supuesto del Art. 1318.3 C y, como al objeto de obtener el beneficio de justicia gratuita solo se valoran sus bienes, debería haberlo solicitado, lo que no efectuó. Efectivamente, solo hay derecho a las litis expensas con cargo a los bienes privativos del otro cónyuge cuando la posición de éste impida al litigante solicitar el beneficio de justicia gratuita y como, de acuerdo con el tantas veces citado Art. 3.3 de la Ley 1/1996, se aprecian separadamente los valores y recursos de ambos cónyuges, no hay derecho a demandar las litis expensas en este caso y ello, sin perjuicio de la liquidación de los gananciales. No es que se condicione el derecho a las litis expensas, sino que solo hay derecho a obtenerlas cuando se dan las circunstancias previstas en el Art. 1318 CC, cosa que en este caso no ha ocurrido. "

Aprovechemos esta doctrina y por consiguiente valoremos adecuadamente cómo y cuándo hemos de pedirlas.

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Imagen inicial tomada del blog: http://leiter.wordpress.com

19 de julio de 2012

La situación de la interpretación judicial en España

Recientemente se han celebrado en la Universidad Jaume I de Castellón de la Plana las VIII Jornadas de Traducción Jurídica en las que se han puesto una vez más de manifiesto las carencias del servicio de traducción e interpretación en nuestros juzgados. Cualquier letrado que se vea en la tarea de tener que asistir a un ciudadano extranjero que no hable castellano ha podido sufrir las consecuencias de la deficiencia denunciada en dichas jornadas por representantes de la Universidad, asociaciones profesionales y juristas.

Actualmente la Administración de Justicia tiene externalizados los servicios de traducción e interpretación en los juzgados por medio de un sistema de licitación pública. La empresa adjudicataria del contrato en cada caso (por ejemplo Ofilingua o Seprotec), es la que se encarga de organizar la provisión de un intérprete cuando se hace necesario en un proceso y es igualmente la que retribuye dicho servicio directamente al intérprete. Los foros de intérpretes y traductores echan humo cuando se refieren a estas empresas, denunciando unas condiciones laborales ínfimas y la contratación de personal no cualificado. Hablan de remuneraciones de 12 € la hora efectiva de trabajo (que no incluye desplazamientos ni tiempos de espera).Y en definitiva, todo ello redunda en perjuicio del derecho de defensa, cuya garantía se ve mermada ante una provisión deficiente del servicio. Estos foros nos reclaman a los abogados que nos impliquemos en la exigencia de un servicio de calidad. Y es cierto que los propios operadores jurídicos solemos pecar de un desconocimiento de la labor que debe desempeñar un intérprete. La Magistrada Pilar de Luna, titular del Juzgado de lo Penal Nº 29 de Madrid, viene siendo en cambio un referente en la defensa de un servicio de calidad y ha denunciado en múltiples ocasiones la situación actual de la interpretación judicial. En su ponencia para el Congreso de Jueces para la Democracia en Bilbao, Pilar de Luna, al referirse a este sistema de licitación y externalización del servicio de traducción e interpretación judicial, afirmaba: Ante la gravedad de la situación planteada decidí convertir mi propio órgano jurisdiccional en un observatorio durante el segundo trimestre del año 2.009, y durante esos meses me dediqué concienzudamente a analizar qué tipo de personas me enviaba la empresa adjudicataria al juzgado de lo penal para actuar como intérprete judicial. Pude comprobar que se trataba de personas no cualificadas, con empleo precario, explotadas laboralmente, que venían a hacer las funciones de intérpretes judiciales a los tribunales de justicia.

Esta es la situación actual en nuestros juzgados y ello pese a la existencia de una España cada vez más plural en la que cada día es más frecuente encontrarnos con litigios que involucran a personas de nacionalidades extranjeras que no dominan nuestro idioma. Como describe profusamente el abogado e intérprete Fernando Gascón en este artículo, ya no se trata de situaciones aisladas. Como consecuencia de estas Jornadas, el mundo de la traducción y la interpretación ha decidido comenzar a movilizarse para pedir otro sistema. Como muestra tenemos el llamamiento a la movilización desde las asociaciones profesionales APTIJ y Vértice así como del ámbito académico a través de la Red Comunica y la carta abierta de la Conferencia de Centros y Departamentos Universitarios de Traducción e Interpretación de España (CCDUTI). Como respald a este llamamiento se encuentra EULITA, la Asociación europea de intérpretes y traductores legales, patricinada por la UE.  Y es que existen experiencias, como la de Canarias, que demuestran que sin duda existen otras maneras más eficaces de organizar el servicio sin merma de la calidad del mismo y, por ende, del derecho de defensa. No debemos olvidarnos de la Directiva de la UE relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales (Directiva 2010/64/ EU de 20 de Octubre) que deberá ser incorporada a la legislación española antes de octubre de 2013. La norma comunitaria habla ya de la calidad en la interpretación y traducción y de la obligación de los Estados miembros de establecer uno o varios registros de traductores e intérpretes independientes debidamente cualificados. Otras novedades que introduce dicha Directiva con respecto a lo que existe actualmente según la ley española son:
- Posibilidad de reclamación si la calidad de la interpretación no garantiza la equidad en el proceso
- Derecho a intérprete en la entrevista abogado-acusado
A dicha directiva hay que añadir la Directiva 2012/13/UE sobre el derecho a la información en los procesos penales, y la propuesta de directiva sobre protección a las víctimas de delitos; todas ellas recogen los aspectos ya señalados en la directiva sobre el derecho a la calidad en la interpretación y traducción en los procesos penales.
La concienciación debe empezar por los propios operadores jurídicos, sin duda. Un juez no debe admitir ciertas situaciones y desde luego menos debe hacerlo un letrado que defienda los intereseses de una persona extranjera a la que un servicio precario pueda generar una manifiesta indefensión y merma de sus derechos. Así, por ejemplo, no son pocos los casos en los que al acusado sólo se le interpreta cuando se le formulan preguntas directamente y permanece el resto del juicio sin saber qué es lo que ocurre. Existe una técnica de interpretación que se conoce como susurrada (chuchotage) en la que el intérprete susurra al acusado cuanto se dice en la vista, algo que pocos jueces admiten por resultarles "molesta" pero que es fundamental y debemos exigir que se practique. 

Mejorar el panorama actual es labor de todos y necesariamente algo que va a tener que producirse de cara a la inmediata implementación de la Directiva antes citada. Como letrados es también labor nuestra, y como ciudadanos, quizás nos baste pensar que en uno de nuestros viajes de placer, podamos vernos incursos en una causa y encontrarnos nosotros mismos en una situación similar a la que permitimos que se de en nuestro pais.



Imagen superior de Sarah Quijano, intérprete judicial en Málaga

16 de julio de 2012

Crónica del I Congreso de Derecho Digital (II): Hacia la abogacía 2.0

Javier Ribas, el pasado 28 de junio en Barcelona
En esta segunda crónica del Congreso de Derecho Digital celebrado el pasado 29 de junio en el Colegio de Abogados de Barcelona nos vamos a centrar en la mesa titulada “Hacia la Abogacía 2.0”, en la que se intentó definir qué es el abogado 2.0, el abogado de la sociedad digital el abogado de la sociedad de internet.  En la presentación de la mesa, Jordi Ferrer recordó la importancia  para el abogado de tener una estrategia. La abogacía se ve como una profesión antigua, clásica, decimonónica; pero también ha de entrar en la era digital. Esta labor es la que intentan realizar en el Icab desde la sección de Derecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
El primer ponente de esta mesa y a quien dedicamos esta entrada, fue Javier Ribas, abogado especialista en Derecho Digital, bloguero y sin duda un referente en la disciplina, a la que lleva dedicado 25 años. Una muestra del reconocimiento hacia el trabajo de Javier Ribas en este sector es el premio al mejor abogado en Derecho Digital en los I Premios Lawyer & Digital, organizados por la Sección de Derecho de la Información y la Comunicación del Icab en colaboración con Inkietos
Javier comenzó señalando tres líneas fundamentales para el abogado hoy en día: especialización, marketing y 2.0. Con 2.0 se refiere a la posibilidad de un despacho, sea grande o pequeño de posicionarse en internet. Un despacho pequeño tiene hoy las mismas oportunidades que uno grande. Ahí es donde reside la llamada fuerza de la prescripción en internet.  Estamos en una economía de la atención, una economía en la que lo más difícil de conseguir es un minuto de atención y se hace fundamental tener una red de prescriptores y  generar un contenido que tenga un efecto viral de alto interés para los clientes. Aquí Twitter juega un papel fundamental al posibilitar que tus seguidores retwitteen tus mensajes y ello multiplique las visitas a tu blog o tu web.
Javier nos habló también de la posibilidad de crear entornos colaborativos como las wikis, para trabajar conjuntamente, por ejemplo en la elaboración de contratos. Como referente de trabajo en colaboración está el caso de la redacción de la demanda contra el canon digital, para la cual se creó una wiki desde la cual la demanda tuvo 1900 descargas y 400 aportaciones.
Las redes sociales pueden ser explotadas de una forma profesional muy relevante.  Javier prefiere crear una comunidad propia que emplear Facebook para temas profesionales, pero admitió que cada uno tiene sus gustos y tiene que ver el retorno de la inversión del tiempo y el dinero  que dedica. En cambio abogó por Twitter por haberle demostrado una gran eficacia y ser un perfecto sustituto de las circulares clásicas. Siendo importante separar el grano de la paja, no puede negarse el efecto viral fundamental de esta red social.  En cuanto a Linkedin, señaló que es muy importante para networking y para selección de personal  y buscar aportaciones nuevas para tu equipo.  Youtube tendría un enfoque más de divulgación, de formación.  Y por supuesto nos habló de los blogs como un elemento muy importante de comunicación, siempre que haya continuidad. Hay un porcentaje muy alto de fracaso debido a la disciplina que requiere un blog.  Aquí cobra importancia conseguir la vanguardia de la información y la investigación para que los contenidos tengan atractivo y sin duda la falta de tiempo es un enemigo muy importante. Un secreto es dedicar una hora al día, escoger la franja horaria que mejor te venga y tener esa rutina de escribir en tu blog.
Terminó refiriéndose a las amenazas y oportunidades de especializase en de Derecho digital. Una amenaza serían las nuevas hornadas de abogados, ya nativos digitales, que incrementan el nivel de competencia dentro de este sector y que se atreven con demandas muy especializadas.  Antes los abogados generalistas te prescribían como especialista.  Ahora un abogado generalista que sepa de tecnología ya se atreve a llevar temas tecnológicos.  Y con la crisis te prescriben menos porque si puedes llevarlo tú ya no se lo das a un especialista. 
Habló también de la amenaza 2.0 y es que puede darse la situación de que tengas más competidores como seguidores que clientes y cada vez que publicas algo estás haciendo una labor de divulgación que a ellos también beneficia.
Habló de la oportunidad estratégica de la super especialización y de la oportunidad táctica de aliarse a consultores, auditores, expertos en seguridad y prescribirse mutuamente o trabajar conjuntamente.  Cree que el futuro de la especialidad pasa por un equipo multidisciplinar. Se refirió también a una oportunidad tecnológica: las nuevas tecnologías nos permiten apostar por el volumen, es decir, conseguir una mayor eficiencia en la explotación de tus recursos yofrecer tus servicios a múltiples clientes, más volumen y menos coste.
Terminó recordando algo fundamental para todo abogado: que la oportunidad que sigue teniendo más fuerza, más que la tecnología y cualquier efecto viral, sigue siendo la relación personal, el enlace con las personas, el desarrollar una inteligencia emocional  para conseguir que un cliente pueda estar contigo toda la vida. Este es el mérito que no va a conseguir sustituir ninguna tecnología.
Para completar esta entrada, os dejamos el enlace al vídeo de la intervención de Javier Ribas en el Congreso de Derecho Digital, en la página de Lawyer Press TV

Imagen inicial tomada de  http://www.expansion.com/2012/07/02/juridico/1341223373.html

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12 de julio de 2012

Bienes en proindiviso de los cónyuges:novedades legislativas


Autor: Juan José Reyes Gallur, abogado
Sección de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Málaga



Parece que el legislador ha intentado regular los problemas que se nos plantean en las liquidaciones de bienes que los cónyuges tuvieren en comunidad ordinaria, y como siempre, en una disposición final ha acordado un nuevo proceso y una nueva forma de liquidarlos, pero sólo respecto de los de comunidad ordinaria o romana, no los de comunidad germánica (por ejemplo gananciales o régimen foral navarro).

La  Ley 5/2012,de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, publicada en el BOE  núm. 162 de 7 de julio 2012, en la Disposición final tercera establece la Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, estableciendo que

Doce. Se añade una excepción 4ª al apartado 3 del artículo 438, con la siguiente redacción:
            «4ª En los procedimientos de separación, divorcio o nulidad y en los que tengan por objeto obtener la eficacia civil de las resoluciones o decisiones eclesiásticas, cualquiera de los cónyuges podrá ejercer simultáneamente la acción de división de la cosa común respecto de los bienes que tengan en comunidad ordinaria indivisa. Si hubiere diversos bienes en régimen de comunidad ordinaria indivisa y uno de los cónyuges lo solicitare, el tribunal puede considerarlos en conjunto a los efectos de formar lotes o adjudicarlos.».

Ahora los procesos de divorcio podrán acumular acciones de liquidaciones de proindiviso puras previas al matrimonio, en los régimen de separación de bienes o mixtas, como puede ocurrir con las compras del inmueble que constituya el domicilio conyugal y que se pague con precio aplazado (artículos 1.347 en relación con el 1345 del Código civil).

Hasta ahí me parece acertado concentrar la litis en un mismo proceso y juzgado.

Del mismo modo, el legislador parece que da un paso más, y sin modificar el Código civil (artículos 404 y 1062, párrafo 2º del Código Civil), parece que intenta evitar que estas acciones de liquidaciones de proindiviso termine en una absurda subasta, de forma que cuando “Si hubiere diversos bienes en régimen de comunidad ordinaria indivisa y uno de los cónyuges lo solicitare, el tribunal puede considerarlos en conjunto a los efectos de formar lotes o adjudicarlos”, es decir, abre la posibilidad de hacer lotes y compensar.

Pero lo que no dice la reforma, que entra en vigor el 27 de julio, es si el Juez se convierte en contador partidor, designa los peritos y hace los lotes a su libre albedrío, o si conforme a los artículos 404 y 1062,2 del Código civil, la oposición de uno de ellos a adjudicarlos y compensar la diferencia al otro ha de ser respetada.

En este punto, entiendo que la reforma va en la línea marcada tanto por el Tribunal Constitucional en la sentencia comentada en este blog, de fecha 21 de noviembre de 2011 (BOE nº 306,de 21 de diciembre), como  por la ya por marcada  por el Tribunal Supremo y algunas Audiencias  que entendían que ha de evitarse tanto la adjudicación en proindiviso como la subasta de los bienes cuando estaban liquidándose los gananciales, pues como el propio texto legal indica el juez hará lotes y los adjudicará. (TS Sala 1ª, S 104/1998 de 16 Febrero 1998,Pte.: Francisco Morales Morales; AP Madrid, Sec. 24.ª Sentencia de 4 de junio de 2010;Ponente: Ilma. Sra. D.ª Maria del Rosario Hernández Hernández; AP Alicante, Sec. 4.ª, Sentencia de 4 de junio de 2009.Ponente: Ilmo. Sr. D. Manuel Benigno Flores Menéndez; AP Lugo, Sec. 1.ª, Sentencia de 13 de diciembre de 2007.Ponente: Ilmo. Sr. D. José Rafael Pedrosa López; AP Málaga, Sec. 6.ª, Sentencia de 17 de mayo de 2007.Ponente: Ilmo. Sr. D. Antonio Alcalá Navarro.).
             
Bienvenida la reforma.

Imagen inicial tomada del blog: www.cienladrillos.com


9 de julio de 2012

Mi primo Vinny: la formación de los abogados




Hoy recuperamos la segunda sesión del IV Ciclo Cine y Derecho, organizado por el Colegio de Abogados de Málaga y celebrado el pasado mes de mayo en el Cine Albéniz. La película elegida fue Mi primo Vinny (My cousin Vinny , Jonathan Lynn, 1992) y la presentación de la misma corrió a cargo de Luis Sánchez Parody, abogado y experto cinéfilo, como demostró a lo largo de su intervención. En la mesa estuvieron también presentes Francisco Jiménez-Villarejo, Fiscal Anticorrupción de la Audiencia de Málaga  y Francisco Fernández Zurita, director del comité organizador  del ciclo. 

La inclusión de Mi primo Vinny en este ciclo puede sorprender  ya que a priori se trata de lo que podríamos llamar “una típica comedia americana” (nortemericana) alejada de la imagen más seria de las clásicas películas del género judicial.  Las claves de su éxito en tanto que comedia recaen en la gran complicidad de la pareja protagonista: Joe Pesci y Marisa Tomei (esta última ganó- no sin polémica- el Óscar a la mejor actriz secundaria por su trabajo en la película)  y en el  excelente guión de  Dale Luner. Como curiosidad, en el reparto aparecen también Fred Gwynne (recordado por su papel de Herman Monster en la famosa serie La familia Monster) y el  antiguo ídolo adolescente Ralph Macchio (protagonista ,entre otras, de  Karate Kid).

A continuación expondremos  algunas de las razones que hacen de Mi primo Vinny no sólo una excelente comedia, sino una  amena y muy recomendable muestra de cine judicial . De hecho, esta cinta ocupa el tercer puesto en la lista de las mejores 25 películas del género judicial de todos los tiempos, elaborada por la American Bar Association. 

Para Sánchez Parody, llama la atención en primer lugar la vocación docente de la película: ofrece un acercamiento muy práctico al proceso y es una estupenda lección de práctica forense, por ejemplo en lo que se refiere a la preparación de un interrogatorio. En este sentido, Sánchez Parody  resaltó como, por lo general, al salir de la facultad  no hemos estado nunca en una sala (prácticamente como le ocurre al protagonista) por lo que no medimos los tiempos ni controlamos la puesta en escena, dos aspectos fundamentales en la labor del abogado. Jiménez-Villarejo añadía, por su parte, que  hay personas que tienen cualidades innatas para interrogar, pero esto no es lo habitual, por lo que debe potenciarse también la formación en estas habilidades. La regla de oro de la abogacía es ganarse  la confianza del cliente, otro aspecto de suma relevancia que queda expuesto a lo largo de la cinta.

En segundo lugar  nos detenemos en la prueba pericial. El desmontaje de la prueba pericial juega un papel de gran importancia en el argumento, lo que sirvió al ponente para reflexionar sobre este elemento al que en su opinión no se presta la atención suficiente. En los delitos económicos, por ejemplo, existe una gran dificultad para aprender y aún más para transmitir al Tribunal y a las partes las cuestiones que no son específicamente jurídicas. Por eso, Sánchez Parody afirmó que falta formación sobre estos aspectos del ejercicio de la abogacía. 

Un tercer elemento sería la ética: la  deontología profesional encarnada en la película por el Juez, que intenta establecer el origen profesional del peculiar abogado Vinny Gambini. Esta trama de la película nos instruye sobre la importancia de la existencia de los Colegios profesionales 
 
Más aspectos interesantes: el papel del Fiscal, aquí más bien reducido a una caricatura, al contrario de lo que ocurría en Fracture (película que fue objeto de análisis en una entrada anterior) y con muchos menos matices que el personaje del juez. Jiménez-Villarejo destacó además otros aspectos que aparecen en la película de una forma más secundaria: la crítica a la pena de muerte y a un sistema en el que los medios económicos determinan el acceso a una defensa efectiva (que se plasma en la figura ridiculizada del abogado de oficio) y que, como se ve en la película, puede suponer que  una persona se vea privada de asistencia legal en su toma de declaración inicial.

No podríamos seguir comentando sin desvelar el contenido de la trama, así que os animamos a ver esta película y a reflexionar sobre la importancia de una formación práctica y de calidad para los futuros abogados.

Imagen inicial: presentación de la película en el Cine Albéniz. Área de Comunicación del Colegio, coordinada por Jesús Periago.

5 de julio de 2012

Crónica del I Congreso de Derecho Digital (I): Ciberdelincuencia

Nuestro Colegio estuvo presente el el I Congreso Internacional de Derecho Digital, organizado por nuestros compañeros del Colegio de Barcelona el día 29 de junio. Con  un intensivo programa, congregó a expertos y profesionales de las nuevas tecnologías para ofrecer un panorama general de la actualidad en distintos ámbitos. Iniciamos hoy una serie de crónicas de lo que allí se contó, debatió y compartió.

Empezamos dedicando nuestra primera crónica a la mesa sobre Ciberdelincuencia, integrada por un juez, una fiscal y un letrado, y en concreto empezamos con la  ponencia del Magistrado-Juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. El magistrado agradeció la iniciativa del ICAB y aplaudió el interés de la abogacía por vivir en el presente y al día con las nuevas tecnologías.

Ya en su introducción nos hizo una advertencia revolucionaria: Velasco nos indicó que ha decidido crear su propia jurisprudencia respecto a "la nube": el juez español va a entrar en la nube sin comisión rogatoria. Señaló que la tutela de los Derechos Fundamentales no puede quedar a la decisión de un gestor de un servicio informático sobre el lugar  que elija para ubicar los medios técnicos que prestan el servicio. "Se acabó el colonialismo tecnológico de Sillycon Valley", afirmó.

Autor de una tesis doctoral sobre la investigación de los delitos informáticos, Velasco centró su intervención en las características principales de la prueba electrónica, que resumió en 4 puntos fundamentales por contraste con las pruebas tradicionales:
  • 1) Masividad: esto es, la posibilidad de afectar a miles de personas con un sólo clic, por ejemplo a través de delitos como el phishing. Antes de las nuevas tecnologías no era posible realizar miles de tentativas de estafa en un segundo, como ocurre ahora.
  • 2) Perdurabilidad: Si pensamos en un homicidio de una persona concreta, éste sólo puede ocurrir una vez. Sin embargo, tomemos el caso de la pornografía infantil, que perdura en el tiempo y sigue circulando, incluso en muchos casos con menores que ya han fallecido. Esto no podía ocurrir con las pruebas tradicionales.
  • 3) Mutabilidad. Dadas las características de la prueba tecnológica, nadie nos puede garantizar que una CPU que se incauta hoy sea la CPU que se analice posteriormente, ya que han podido magnetizarse los campos, por ejemplo. Cuando se incauta un kilo de droga, esa es la droga que se va a analizar. Recalcó la importancia de blindar la inmutabilidad de las pruebas tecnológicas.
  • 4) La prueba tecnológica no es interpretable directamente por ninguno de los 5 sentidos, siempre es preciso traducir la información de ceros y unos y convertirla en información inteligible.

El magistrado insistió en algo fundamental para la validez de la prueba electrónica en nuestros juzgados y tribunales: hace falta conseguirla sin vulnerar los Derechos Fundamentales. Es en esto en lo que nos diferenciamos de otros paises, donde ciertamente se consiguen las pruebas más rápidamente pero a costa de violar libertades fundamentales. Así, se pueden vulnerar los derechos del artículo 18 de nuestro Constitución, a saber: el derecho a la privacidad, a la propia imagen, a la inviolabilidad domiciliaria, al secreto de nuestras telecomunicaciones o a la intimidad informática. Así, el reto de cualquier investigador es conseguir esta prueba sin vulnerar estos derechos.
A continuación analizó 5 problemas jurídicos que se han ido planteando en los últimos años en cuanto al valor jurídico de la prueba tecnológica en la jurisdicción penal:
  • 1) El rastreo o trazabilidad: esto es, llegar desde el resultado a donde está el origen del ataque. Algunos abogados ya plantean ante los tribunales si hacerlo no vulneraría el derecho al secreto telecomunicativo (art. 18.3 CE). El TS ya se ha pronunciado indicando que el rastro que dejamos en internet con nuestras comunicaciones es dato público, no privado, y por tanto no se daría tal conculcación del derecho.
  • 2) ¿Cuál es la frontera entre lo público y lo privado? Queda claro que lo público se puede llevar como prueba ante los juzgados, pero para entrar a husmear en los ficheros de un equipo informático (esfera privada) necesitas el permiso del titular o bien una orden judicial.
  • 3) Dado que los ordenadores se encuentran en las casas de las personas, para poder acceder sin permiso necesitamos o bien la flagrancia delictiva o la autorización judicial, y se plantean así múltiples problemas jurídicos: ¿necesita el juez poner un auto para autorizar la entrada y registro del domicilio y otro para ocupar el ordenador? ¿y otro posterior para abrirlo y analizarlo? Desde sentencia de 2008 se entiende que el auto de entrada y registro autoriza también la apertura de los dispositivos informáticos y su posterior análisis. Pueden y deben estar presentes el interesado y el secretario judicial.
  • 4) El clonado (clonación) o volcado de los datos: es la técnica que se emplea para evitar la mutabilidad de la prueba. El problema es cuando el clonado no puede hacerse in situ y hay que realizar el precintado.
  • 5) Problema de la cadena de custodia. Nos señaló que con las pruebas electrónicas no existe tal problema que sí se da con las pruebas corpóreas. Los forenses trabajan sobre la copia, y la copia madre se custodia en el juzgado. En caso de haber realizado un precintado de la prueba por no poder clonarse in situ, para el desprecintado el juez no tiene que dictar otro auto, pues se considera una prolongación del de entrada y registro.
Terminó no obstante señalando que la mayor parte de la prueba tecnológica ya no se ocupa en domicilios sino en la calle, ya que hoy se incautan pendrives, portátiles u otros dispositivos móviles.Fue sin duda una intervención muy interesante y un análisis fundamental de la problemática con la que nos podemos encontrar en el ejercicio si cae en nuestras manos un asunto de estas características.

Imagen inicial tomada de http://www.digitallawworldcongress.com/

2 de julio de 2012

Escolarización del alumnado: cuestiones prácticas


La Sección de Diversidad Funcional del Colegio de Abogados de Málaga organizó el pasado día 27 de junio una sesión formativa sobre “Actuaciones administrativas en la Escolarización del Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo educativo”. En dicha sesión contamos con la presencia de Concha Niño, Coordinadora del Equipo Técnico provincial de Orientación Educativa y profesional  de la Delegación de Educación, y Yolanda Bermúdez, Orientadora y Coordinadora del Equipo de Orientación de Málaga Oeste.
Este es un tema en el que confluyen nuestro interés profesional y el interés personal como padres o familiares de menores en edad de escolarización. Vamos a empezar destacando dos conceptos  cuya comprensión estimamos muy útil para la lectura de esta entrada:
-alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (conocido con el acrónimo NEAE)
Es el alumnado que presenta alguna de las situaciones que podemos ver en este cuadro:


-adaptaciones curriculares: con este nombre se engloban las principales actuaciones que se ponen en marcha para atender a este alumnado y que se refieren a modificaciones en el currículo (entendido como programa de estudios y prácticas) de distinta profundidad.

Tras establecer el principal marco legal de la escolarización del alumnado (Ley Orgánica de Educación y Ley de Educación de Andalucía) Concha Niño nos recomendó, para cualquier consulta sobre normativa en este ámbito la página de la Asociación de Inspectores de Educación en Andalucía (ADIDE-A)
La sesión se centró en  explicar cómo se lleva a cabo la escolarización del alumnado con NEAE y cuáles son los principales problemas que surgen en la práctica, desde el punto de vista de las familias y desde el punto de vista de los abogados a los que dichas familias acuden en determinados  casos. Para determinar la escolarización, se parte de una evaluación psicopedagógica, llevada a cabo por los Equipos de Orientación Educativa (EOE), un equipo multidisciplinar que plasma su valoración en el llamado dictamen de escolarización. Este dictamen determina las capacidades y las necesidades del alumnado. Como abogados debemos tener en cuenta que este dictamen  es el fruto de un proceso largo y detallado que puede durar un año. El resultado será la recomendación de escolarizar al menor en una de estas modalidades, según el grado de atención específica que necesita:
  •  a)   en un grupo ordinario a tiempo completo
  •  b)  en un grupo ordinario con apoyos en períodos variables
  •  c)  en un aula de Educación Especial
  •  d)   en un centro especializado
Esta última es la que suele causar problemas en la práctica, ya que supone la escolarización fuera de un centro educativo ordinario. Los padres tienen la opción de señalar en el dictamen si están o no de acuerdo con la modalidad seleccionada. Concha Niño destacó que el porcentaje de reclamaciones es reducido. En este campo, como en el Derecho de familia, lo que prevalece es el interés del menor, por encima de las consideraciones de los padres.
En el caso de altas capacidades intelectuales (popularmente conocido como “superdotados”) es importante distinguir lo que las ponentes denominaron “talentos”, es decir, un niño o una niña que destacan en ámbitos concretos del currículo (por ejemplo en Lengua o Matemáticas) de los que verdaderamente  tienen sobredotación intelectual. En estos casos  destacan de forma global y sobre todo por su creatividad a la hora de resolver los problemas. La Junta de Andalucía ha puesto en marcha un Plan de Altas Capacidades Intelectuales, actualmente en vigor que contempla las distintas medidas para atender a este tipo de alumnado. 
Es también interesante consultar el completo Manual que la Junta ha publicado sobre los  servicios, prestaciones y recursos  educativos para el alumnado con  NEAE.
Durante la sesión se hizo hincapié en que el tratamiento administrativo no es igual en los centros públicos que en los concertados. La administración (en este caso, la Junta de Andalucía) destina una partida presupuestaria a cubrir las necesidades de los centros en esta materia, pero en los centros concertados, serán las empresas o fundaciones las que en última instancia decidan sobre la utilización de esos recursos. Por eso, las ponentes animaron a los asistentes a recurrir a la inspección educativa (cada centro, ya sea público o concertado,  tiene asignado un inspector) en el caso de observar anomalías o deficiencias en  los centros concertados.
Asimismo, Concha Niño y Yolanda Bermúdez destacaron la necesidad de realizar las distintas peticiones o reclamaciones a los centros por escrito para que, al igual que en el ámbito jurídico, tengan un mayor valor. Además, recordaron los efectos beneficiosos del aprendizaje entre iguales y nos presentaron el Proyecto de Comunidades de Aprendizaje, actualmente en fase de borrador. Este proyecto  es un paso más en las experiencias piloto que ya se han llevado a cabo en algunos centros andaluces y que supone hacer del centro educativo un centro abierto a todos los miembros de la comunidad, en el que se contempla e integra dentro de la jornada escolar la participación consensuada y activa de las familias, asociaciones y voluntariado.

La tendencia es pues, hacia la inclusión y la participación de todos los miembros de la comunidad. 

Cuadro: Manual de servicios, prestaciones y recursos  educativos para el alumnado con  Necesidades Educativas de Apoyo específico (accesible desde www.juntadeandalucia.es)