10 de mayo de 2012

Patrimonios Protegidos



Autor: Ricardo Fernández-Palacios Martínez
Abogado
Sección de  Diversidad Funcional  del Colegio de Abogados de Málaga

Reconocidos y regulados en la Ley 41/2003 de protección patrimonial de las personas con discapacidad siguen resultando a día de hoy mal conocidos  y poco constituidos.

Su nombre abreviado de “patrimonio protegido” lleva a equívocos y a pensar en opciones que no se corresponden con la realidad. Por tanto, la primera cuestión a aclarar es saber a qué llamamos patrimonio protegido, y con este nombre denominamos a aquel conjunto de bienes destinados a satisfacer las necesidades vitales de una persona con discapacidad y bajo una administración independiente de las vicisitudes personales del beneficiario del patrimonio.

Por tanto, tenemos:

a)   Un conjunto de bienes destinados a un fin concreto, pero sin que esto suponga que dichos bienes quedan sustraídos del tráfico jurídico en el sentido de que ya no podrán ser, por ejemplo, embargados, pues los bienes no dejan de pertenecer a su propietario (pues puede aportar al patrimonio protegido tan sólo un derecho de uso).

b)    Su administración, y esto sí que es la nota fundamental, corresponde a un administrador que se convierte en representante del beneficiario en todo lo que concierne a dicho patrimonio y no precisa del concurso de padres o tutores para la validez de los actos que realice. Se “protege” así al patrimonio al no hacer depender a su administrador de las vicisitudes de la persona discapacitada.

La aportación de bienes a este patrimonio protegido el legislador ha querido favorecerla mediante la aplicación de beneficios fiscales, fundamentalmente, mediante la reducción en la base imponible o deducción de la cuota del sujeto pasivo (según sea persona física o jurídica), de las aportaciones que a dichos patrimonios se realicen. Por esta vía se ha conseguido que, realmente, las familias con algún miembro discapacitado puedan fiscalmente desgravarse la práctica totalidad de las cantidades destinadas a sufragar los gastos de los apoyos que recibe el  beneficiario del patrimonio. Es más, solamente mediante la constitución de un patrimonio protegido se puede conseguir, hoy día, dicha ventaja fiscal.

Ahora bien, también el patrimonio protegido puede favorecer la inclusión jurídica de las personas con discapacidad. En efecto, la Ley del patrimonio protegido establece que en aquellos casos en los que el beneficiario tenga capacidad de obrar suficiente no será necesaria la autorización judicial para determinados negocios jurídicos que, a falta de dicha capacidad de obrar suficiente, sí precisan de esa previa autorización. Pues bien, tras la incorporación a nuestro derecho de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad se ha impuesto el criterio de que los procesos de capacidad concluyan atribuyendo el complemento de la capacidad mediante la curatela, institución que presupone la capacidad de obrar suficiente. 

Lo anterior, además, permite superar la tradicional “desvalorización” que sufrían los bienes inmuebles de titularidad de personas discapacitadas, pues la necesidad de autorización o subasta judicial para la enajenación de dichas propiedades terminaba por suponer su venta en un precio inferior al de mercado.

En definitiva, el patrimonio protegido de las personas con discapacidad se presenta como un medio apto y eficaz para favorecer, de una parte, la aportación de bienes a dichas personas y, de otra, la inclusión jurídica de las mismas reconociendo y respetando su autonomía personal.

Imagen tomada de: www.regmurcia.com

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