30 de abril de 2012

Café Criminis: El abogado en el proceso penal

En Café Criminis la semana pasada contamos con la presencia de Ignacio Gordillo Álvarez-Valdés, quien nos dio su visión personal sobre  el abogado en la fase de instrucción en el proceso penal, una visión sin duda marcada por su bagaje profesional como fiscal durante muchos años y por su actual ocupación como abogado. Él tiene así la ventaja de haber estado en los dos bandos: como fiscal y como abogado, y a veces también como imputado y como testigo en querellas presentadas contra fiscales.  Con humildad nos vino a explicar los problemas que se nos presentan a los abogados a diario y lo primero que hizo fue plantear la necesidad de establecer  una línea de colaboración entre jueces, fiscales y abogados, pues a fin de cuentas, todos estamos en el mismo barco.
Tras su reflexión inicial quiso insistir en tres primeras cuestiones:
1) La buena fe procesal. Nos contaba  cuando como fiscal se percataba de que un abogado le mentí a y cómo ello perjudicaba a su cliente. Desde su punto de vista, nunca podemos perder esa buena fe procesal,  bajo ningún concepto, rechazando el engaño, el fraude y la mentira.
2) El respeto a todos: a los compañeros, al fiscal, al juez, a las partes. Por mucho que critiquemos hay que saber ponerse en la situación de los demás. Cuando un fiscal tiene un número elevado de juicios tal día, no le puedes pedir más.
3) El impulso. Si un asunto está retrasado, hay que impulsarlo. Si llevamos dos años y medio sin saber nada de un asunto: mandemos un escrito al juzgado. Cuando ese juez tiene 400 asuntos encima de la mesa, nosotros tenemos mucho que hacer: ir, preguntar, etc. El juez tendrá sus motivos, el fiscal también, pero nosotros no tenemos excusa, podemos y debemos  impulsarlo.
A continuación, Ignacio abordó el análisis de diez cuestiones del proceso penal significativas:
  1. El inicio del proceso. Cuando redactemos una denuncia o una querella hay que tener en cuenta qué buscan encontrar juez y fiscal y evitar la paja. Insistir en lo que es la infracción penal. Nos contaba que él cogía el rotulador rojo y marcaba lo fundamental, a saber: la fecha (prescripción), el lugar (competencia), el delito (en qué consiste la acción, esté tipificada, es culpable, es punible: ver los elementos del delito). A veces a los abogados nos encanta escribir, pero en ocasiones es enormemente difícil ver qué es lo que se ha hecho desde el punto de vista penal. 
  2. La declaración del imputado. Ignacio abogó aquí por establecer un estatuto del imputado. Planteó que se pueda recurrir incluso la condición de imputado, pues cree que son muy graves las consecuencias: significa que hay indicios que ha cometido un hecho criminal y eso se queda para siempre. Otro punto en el que insistió enérgicamente es que el imputado tiene que declarar ante el juez y el secretario judicial. Nunca debemos permitir su declaración ante el oficial.
  3. El art. 505: la audiencia para decretar la prisión o libertad provisionales. Aquí nos insistió en lo esencial que es estar preparado pues  es el momento más determinante del proceso penal. Hay demasiados presos preventivos por falta de preparación. Él ha visto jueces que entran ya con los autos de prisión hechos. Hay que estar preparado: antes, durante y después.
  4. Intervenir en la fase de instrucción: La policía judicial y el fiscal están actuando y el abogado defensor no hace nada. Usemos todas las herramientas a nuestra disposición e intervenir en las diligencias que se practiquen. No debemos permitir un procedimiento en que intervengamos en la declaración del imputado y luego en el informe
  5. El sobreseimiento libre: Todos nos vamos al libre archivo, pero también está el sobreseimiento provisional. Se lo ponemos fácil al juez que nos va a decir que no.
  6. El artículo 779: el auto que da por terminada la instrucción y convierte el procedimiento ordinario o en archivo. Nadie lo recurre, cuando es el momento decisivo. Estamos perdiendo una ocasión estupenda. El auto de conversión  está muy poco motivado y esto es una indefensión, y debemos recurrirlo. Están obligados a señalar los indicios, los tipos penales y no lo hacen. Aunque al juez le moleste, nos darán a razón en el recurso.
  7. La calificación: No basta con negarlo todo, eso es una indefensión para el cliente. Los jueces están encantados con esa negación absurda de hechos y tipificación. Afirmaba que con unas conclusiones alternativas un 35% de los presos saldrían en libertad. Plantear atenuantes, eximentes incompletas, etc en vez de insistir en quedar bien con el cliente negándolo todo. Dar salidas al tribunal, ellos lo están deseando, están condenando con lo que propone el fiscal y es culpa de los abogados.
  8. Las cuestiones previas. Al abogado se le pasa el plantear cuestiones previas: suspensión, presentación de pruebas, etc.  Una vez más: no desaprovechemos oportunidades.
  9. El juicio oral: nos aconsejaba no permitir al fiscal ni acusaciones ni tribunal ampliar los hechos que son objeto del proceso y hacer causa general.
  10. Hay que “romper la sentencia”: un informe oral bien hecho por parte del abogado puede conseguir que una sentencia prejuzgada o prehecha se rompa.  El informe ha que ser muy concreto centrándonos en 3 aspectos importantes:1) el hecho que se está enjuiciando. El magistrado que tiene varios juicios quiere saberlo. 2) ¿Es constitutivo de infracción penal? 3) Pruebas: qué pruebas tenemos y citar de forma clara y esquemática las pruebas. El tribunal va a atendernos y va a tomar nota. Si vamos a jurisprudencia y doctrina, no nos hacen ni caso y hay el riesgo de que no le guste la sentencia citada según su cuerda política.
Ignacio cerró su intervención con una referencia también a la ejecución de la sentencia, insistiendo en la importancia de llevar a cabo la ejecución de la pena en el ámbito penal pero también el civil (pieza de responsabilidad civil) e instándonos a no animar a nuestros clientes a que se conviertan en insolventes para no satisfacer la responsabilidad civil.
Así fue Café Criminis, práctico, ameno y directo al grano. ¿Te animas al siguiente?

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25 de abril de 2012

Interpretación del Tribunal Supremo del artículo 96 del Código Civil: atribución del uso del domicilio conyugal. ¿Alguna propuesta de reforma?


Autor: Juan José Reyes Gallur, abogado.
Sección de Familia del Colegio de Abogados de Málaga

Como sabemos , entre otros, el artículo 96 del Código civil viene a regular a quién ha de serle atribuido el uso de la vivienda conyugal, sea propiedad de ambos cónyuges o de unos solo de ellos.
Dejando al margen las consideraciones de si ese derecho es o no de carácter real, lo cierto es que el Tribunal Supremo  está emanando una serie de sentencias que vienen a corregir  algunos criterios que estaban asentados por los juzgados de familia y por la jurisprudencia menor.
Recientemente el Tribunal supremo ha establecido, en contra de lo que hasta ahora se hacía en muchos juzgados que el uso domicilio familiar no se puede limitar en el tiempo siempre que existan hijos menores de edad hasta la liquidación de la sociedad de gananciales, pues se entiende la supremacía del interés del menor frente al derecho de propiedad del inmueble. Así se contiene en la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 14 de abril de 2011.
Igualmente, cuando no existen hijos menores, pero sí mayores de edad y la vivienda es propiedad del otro, ha unificado doctrina en  la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de septiembre de 2011 , estableciendo que se le otorga el uso de domicilio familiar a la esposa por ser el interés más necesitado de protección

Pues bien, por último, la Sentencia del Tribunal supremo de 30 de marzo de 2012, establece que los hijos mayores de edad quedan fuera de la protección del Art. 96 del Código Civil aunque carezcan de independencia económica.

Y al efecto nos recuerda esta última sentencia que los hijos mayores :
" no ostentan la titularidad del derecho de uso respecto a la vivienda que fue domicilio habitual, sobre la base de los siguientes argumentos:
La vivienda se ha atribuido a las hijas mayores de edad sin limitación de plazo, forzando el art. 96.3 en una especie de interpretación analógica con el 96.1 CC.
Si bien la vivienda que constituyó el domicilio conyugal podría haberse atribuido a la Sra. Begoña, las razones deberían haber estado fundadas en su propia necesidad e interés, debidamente probado, no en el de las hijas mayores que el art. 96 CC no tutela.
No constituye un interés digno de protección de acuerdo con el Art. 96.3 CC, la convivencia de la Sra. Begoña con sus hijas mayores, ya que como se ha dicho antes, éstas no tienen derecho a ocupar la vivienda que fue domicilio habitual durante el matrimonio de sus padres.
En el supuesto de que las hijas necesitaran alimentos, incluyendo la vivienda, el obligado a prestarlos puede efectuar la elección que le ofrece el Art. 149 CC y decidir proporcionarlos "manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a ellos".

Como podemos observar, la proliferación de sentencias en esta materia, están acotando sin duda las erróneas interpretaciones que hasta ahora se hacían por los juzgados a la  hora de atribuir el uso del domicilios conyugal. Ante los cambios doctrinales impuestos por el Tribunal Supremo surge la pregunta: ¿Es por consiguiente necesaria una reforma del artículo 96 del Código civil en los tiempos de crisis actuales?, ¿El legislador es consciente de que en la mayoría de las rupturas el patrimonio común es la vivienda y que ésta puede quedar hipotecada  cuando hay hijos menores?. Espero vuestras consideraciones.