27 de julio de 2017

Equipaje de verano: una película, un libro y un destino




Esta semana el blog se despide hasta septiembre y nos gustaría hacerlo con una entrada más ligera y veraniega: tres recomendaciones para juristas de vacaciones, o con algún rato libre.

Empezamos por una película: Pasaporte para Pimlico (Henry Cornelius,1949) una sorprendente comedia británica, un buen ejemplo de las producciones de la época dorada de los estudios Ealing. Un viejo tratado descubierto por azar abre la posibilidad de que un barrio londinense se declare independiente del resto del país. Este es el punto de partida de un ingenioso guión repleto de elementos jurídicos, que nos hará disfrutar y desear ser un ciudadano más de Pimlico.


Arthur y George (Ed. Anagrama, 2007) es una magnífica novela de Julian Barnes, inspirada en la historia real de George Edalji, un abogado de origen hindú, que influyó en la creación del primer tribunal de apelación en Inglaterra. Si a ello añadimos que el Arthur del título es nada más y nada menos que Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, ya tenemos motivos suficientes para incluir este libro en nuestro equipaje.


Por último, un destino ideal para juristas: La Haya, en Holanda. Conocida como la «capital de la justicia mundial», encierra múltiples atractivos, aunque, evidentemente, comenzaremos por la visita a dos instituciones fundamentales:
Palacio de la Paz, La Haya

  • La Corte Internacional de Justicia. Hay visitas guiadas (en holandés y en inglés) a su sede en el Palacio de la Paz. El Centro de visitantes proyecta además un documental de aproximadamente 35-40 minutos (que podremos ver también en español) sobre la historia del Palacio.
  • El Tribunal Penal Internacional. Puede visitarse a diario y el acceso es gratuito (en su página web podéis consultar toda la información). El pasado 17 de julio se celebró el Día de la Justicia Penal Internacional, coincidiendo además con el decimoquinto aniversario de la creación del tribunal.

Como todo no van a ser tribunales, os dejamos algunas pistas más para recorrer esta preciosa ciudad holandesa, en El viajero y Traveler, respectivamente. ¡Buen viaje y feliz verano!

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- Literatura y Derecho: Un reguero de pólvora
- Doce personas con piedad
- Basado en hechos reales: O.J. Made in America

Imágenes:
Cartel de la película Pasaporte para Pimlico. Fuente: wikipedia
Palacio de la Paz, sede de la Corte Internacional de Justicia. Fuente: wikicommons

13 de julio de 2017

Turno de oficio: un trabajo en equipo

El Departamento del Turno de Oficio con Francisco Javier Lara Peláez, decano de Icamalaga
Hoy, 12 de julio, celebramos el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio. Este año, el Colegio de Abogados de Málaga ha querido otorgar un reconocimiento al personal del Departamento del Turno de Oficio. Las premiadas han sido María José Santiago, Inés María Rando, Malena Sondermejer y Vanesa Álvarez. Nuestro decano, Francisco Javier Lara Peláez, ha destacado su ejemplar trabajo en pos del buen funcionamiento del servicio, mencionando especialmente la labor desempeñada en los últimos meses con la atención prestada a las personas migrantes que llegan de forma masiva a nuestras costas.

En esta entrada compartimos algunas impresiones sobre su experiencia en el Turno de Oficio.

¿En qué consiste vuestra labor? ¿Cuál es la principal motivación para  desempeñar vuestro trabajo en el Turno de Oficio cada día?


Las premiadas, con diputadas de la Junta de Gobierno y trabajadores del Colegio
Nuestra labor es la organización del servicio principalmente en Málaga capital, pero atendemos toda la provincia. Somos muchos los empleados que trabajamos en el Turno de Oficio, y todos merecen este reconocimiento, pero además otros compañeros de otros departamentos  que son nuestro soporte, sin ellos no podríamos realizar muchas labores.
Se trata de un servicio muy complicado que requiere de tareas muy heterogéneas, por lo que nuestro principal objetivo es que todo encaje y se pueda ofrecer un buen servicio a los ciudadanos por parte de los letrados adscritos al turno.

Ahora que recibís este premio, quizá sea el momento para echar la vista atrás. ¿Hay alguna anécdota que recordéis con especial cariño?

A diario tenemos muchas anécdotas, sobre todo en fechas como las actuales en las que la luna está llena (estamos convencidas de ello).


Entre las anécdotas más divertidas destaca la de la señora que pidió letrado de  oficio porque cuando le entregaron los huesos de su marido, detectó que no eran los suyos porque su marido tenía una prótesis en el fémur. O la señora que denunciaba que los extraterrestes le habían puesto un chip en la cabeza. O cuando piden letrado para “desapartarme porque mi marido es disolvente” (quiero separarme porque mi marido es insolvente). O la señora que vino a pedir letrado porque “estaba muerta” .La realidad era que en el Registro Civil figuraba así porque su hermana había tramitado su declaración de fallecimiento para poder heredar una casa, y nuestro compañero le contestó que la veía “muy viva”.

Por último, nos gustaría destacar que se trata de un servicio que ha evolucionado muy bien a lo largo de estos años, pero hace falta una mayor implicación de la administración para que nuestro trabajo y el de los letrados sea más fácil, y disfrute del beneficio un mayor número de usuarios que lo necesitan.

Muchas gracias a María José, Inés, Malena y Vanesa por su amabilidad y enhorabuena por este merecido reconocimiento.


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28 de junio de 2017

El delito de acoso y su interpretación


El nuevo delito de acoso recogido en el art. 172 ter del Código Penal fue el objeto de análisis en la última edición de Café criminis. Se trata de una actividad clásica en la programación de formación de la Sección de Derecho Penal, sin duda una de las más populares entre los colegiados por su enfoque dinámico y práctico.

Julia Soria Montañez, abogada y miembro de la Sección de Derecho Penal, fue la encargada de exponer y analizar los aspectos más interesantes del delito de acoso, conocido también por su denominación en inglés, stalking. Junto a ella, Francisco Álvarez Benítez, abogado y coordinador de la Sección, presentó y moderó este #cafécriminis. 

Antes de la reforma del Código Penal de 2015, no existía en España ninguna regulación al respecto. Julia destacó algunos de los aspectos más llamativos del art. 172 ter. En primer lugar, la expresión «sin estar legítimamente autorizado». ¿Qué quiere decir esto? ¿Existe un acoso legítimo?  Parece que el origen está en la necesidad de justificar ciertas actividades de vigilancia y persecución llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Para nuestra ponente, no habría hecho falta esa mención, ya que su actividad se entiende perfectamente regulada por la legislación vigente. 

En esta línea se planteó qué ocurriría en el caso de los detectives privados y su labor de vigilancia. Tanto Julia Soler como Francisco Álvarez concluyeron que no podría incluirse en la legitimación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La conducta de acoso debe ser insistente y reiterada. No hay jurisprudencia sobre qué se entiende por reiterada, como veremos un poco más adelante. Se exige la concurrencia de alguna de estas cuatro conductas:

  1. Vigilar, perseguir o buscar su cercanía física
  2. Establecer o intentar establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación o por medio de terceras personas. En este tipo, la tentativa se castiga igual que el delito consumado. Para Julia Soler, esto vulnera el principio de proporcionalidad. Además, la referencia a terceras personas podría causar problemas de autoría (autoría mediata)
  3. El uso indebido de sus datos personales para la adquisición de productos o mercancías, el contrato de servicios o hacer que terceras personas se pongan en contacto con ella
  4. Atentar contra su libertad o el patrimonio o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella
En estos dos últimos supuestos, nos encontramos ante conductas que podrían encuadrarse en otros tipos ya existentes en el Código Penal, lo que iría en contra del principio de intervención mínima del Derecho Penal, según señaló Julia Soler.

Hay muy poca jurisprudencia sobre el delito de acoso o acecho. La primera sentencia en la que encontramos una condena por este nuevo tipo es la Sentencia de 23 de marzo de 2016, del Juzgado de Instrucción de Tudela (ROJ: SJI 3/2016) El texto de la sentencia resalta la importancia de que la conducta altere la vida de la víctima, así como la necesidad de que la conducta sea insistente y reiterada.

Otro ejemplo de sentencia condenatoria lo tenemos en la Sentencia 80/2017 de 27 de marzo  de la Audiencia Provincial de Madrid. (ROJ:SAP M3438/2017) En este caso, además, el acusado intentó alegar « enamoramiento» hacia la víctima para pedir una reducción de la pena; petición que le fue denegada. 

El Tribunal Supremo parece inclinarse, al menos de momento, por una interpretación más restrictiva que la de las Audiencias Provinciales. Así se observa en la Sentencia 3274/2017, de 8 de mayo. (ROJ: STS 1647/2017)

Para empezar, declina determinar cuándo se considera que una conducta es insistente o reiterada:
No estamos en condiciones -ni se nos pide- de especificar hasta el detalle cuándo se cubren las exigencias con que el legislador nacional ha querido definir la conducta punible (cuándo hay insistencia o reiteración o cuándo adquiere el estatuto de grave la necesidad de modificar rutinas o hábitos), pero sí de decir cuándo no se cubren esas exigencias. En este caso, no se cubren.
Y estima que los cuatro episodios que constituyen el supuesto de posible acoso en este asunto, reúnen la idoneidad para que pueda obligar a la víctima a modificar su vida

No se desprende del hecho probado una vocación de persistencia o una intencionalidad, latente o explícita, de sistematizar o enraizar una conducta intrusiva sistemática (persecución, reiteración de llamadas...) capaz de perturbar los hábitos, costumbres, rutinas o forma de vida de la víctima.

Habrá que esperar, por tanto, nuevos pronunciamientos para comprobar qué dirección toma nuestra jurisprudencia, ya que de momento parece que podría optar por limitar mucho la interpretación del delito.

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Imagen inicial: pexels

15 de junio de 2017

Pasar a la acción: III Encuentro Redes sociales y sector legal en Málaga


La semana pasada tuvimos la suerte de acoger en el Colegio el III Encuentro de Redes sociales y Community management en el sector legal (#EncuentroCMlegal), una iniciativa del Instituto de Innovación Legal, cuyo objetivo es ser un punto de encuentro entre el Derecho y la Tecnología.

Esta tercera edición formaba parte del Málaga Innovation Festival, que entre el 5 y el 11 de junio ha traído a nuestra ciudad más de 600 start ups de todo el mundo y más de 500 inversores.

En esta entrada queremos repasar algunas de las ideas más interesantes de la primera mesa, dedicada al Impacto de las redes sociales en la comunicación y marketing de los despachos de abogados.

Amanda Guglieri y Eduardo Fernández-Fígares

Amanda Guglieri, socia del Instituto de Innovación Legal, basó su intervención en desmontar mitos en torno al argumentario clásico sobre “por qué estar en redes sociales”, destacamos especialmente dos:

-El marketing de contenidos se está convirtiendo en una commodity más.
-Las redes sociales no son gratis: una estrategia en redes cuesta, el trabajo de un community manager cuesta ¡hay que tenerlo en cuenta!

Respecto a la gran cuestión de  quién debe llevar las redes sociales del despacho, si un community manager interno o externo, Amanda Guglieri señalaba que lo fundamental es que se alinee con los objetivos y la filosofía del despachos, y que tenga conocimientos jurídicos.
Amanda también compartió algunos consejos para la gestión de las redes sociales del despacho:
reservar los nombres en todos los perfiles y personalizar las urls, apostar por las relaciones significativas, potenciando el offline.

Javier Martín Fernández y Fernando Anaya 

En cuánto a qué redes es mejor utilizar, Javier Martín Fernández, socio  director de F&J Martín Abogados y Catedrático de Derecho Financiero y Tributario destacó la utilidad e importancia de Linkedin para los abogados. Las páginas personales funcionan mejor que las de empresa en esta red social, por lo que se hace más difícil conseguir una comunidad con la página del despacho. En las páginas personales es importante mantener la coherencia

Por su parte, Eduardo Fernández-Fígares ha basado su estrategia y su negocio en el vídeo: su canal de Youtube En los tribunales (vinculado al blog Abogado para todos), es un ejemplo de éxito en el sector. En este sentido, Eduardo nos explicaba que con Youtube sobre todo consigue empatía virtual, mientras que con el blog posiciona bien en Google.

La página web es el punto débil de la mayoría de los despachos, apuntaba Javier Martín. Sin una web actualizada a la que dirigir la atención y el tráfico captado en redes, no tiene ningún sentido tener presencia online. El punto fuerte de su estrategia, nos explicaban Javier y Fernando Anaya, community manager del despacho, es una newsletter personalizada y una base de datos muy bien segmentada.

Para terminar, nos gustaría dar las gracias al equipo del Instituto de Innovación Legal (Mª Jesús González-Espejo, Laura Fauqeur y Amanda Guglieri) y recordar el mensaje de Mª Jesús González-Espejo: en cuestiones de tecnología y redes sociales, no basta con la formación, hay que perder el miedo y pasar a la acción.

Más sobre el III Encuentro CM Legal aquí

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7 de junio de 2017

Regulación de las viviendas turísticas en Andalucía

Autor: Rafael J. Cantero Castillo, abogado
Coordinador de la Sección de Prevención de Blanqueo de Capitales del Colegio de Abogados de Málaga



El arrendamiento de viviendas no sólo tiene como fin cubrir las necesidades de vivienda permanente de los ocupantes, sino que también puede cubrir necesidades temporales como el uso de viviendas con fines turísticos y vacacionales. De acuerdo con la distribución competencial que establece nuestra Constitución, la regulación de los arrendamientos urbanos corresponde al Estado, mientras que la competencia sobre viviendas turísticas es exclusiva de las Comunidades Autónomas.

En Andalucía es el Decreto 28/2016, de 2 de febrero, el que regula el arrendamiento de las viviendas que se realicen por un período inferior a dos meses y cuyo uso se realice con motivos vacacionales, actividad muy frecuente en nuestra provincia. Se considera a las viviendas turísticas como un tipo de alojamiento turístico, junto a los hoteles, los apartamentos turísticos y las viviendas rurales. Por esta razón, se justifica su ordenación con el objetivo de proteger los derechos de los usuarios y evitar la competencia desleal y los perjuicios que se pueda ocasionar a los demás operadores turísticos. Es decir, el alojamiento turístico tiene una naturaleza administrativa, más regulada y con menor cabida para la autonomía de la voluntad, mientras que el sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos es de naturaleza civil.

La nota característica de una vivienda para que se considere turística en Andalucía es que se comercialice o promocione a través de canales turísticos, como las agencias de viaje, las empresas que medien u organicen servicios turísticos y las páginas web en las que se incluya la posibilidad de reserva de alojamiento. En estos casos, quien explote la vivienda con fines turísticos, que podrá ser el propietario u otra persona con la que se haya establecido una relación fehaciente (por ejemplo, el usufructuario de la vivienda), deberá realizar una declaración responsable ante la Consejería competente, que deberá incluir la identificación de la vivienda, los datos del propietario y domicilio a efectos de notificaciones y los de la persona que explote la vivienda y el título de su relación con el propietario, en caso de que sea un tercero. Tras la comunicación, la vivienda será inscrita de oficio en el Registro de Turismo de Andalucía. Se presume que el propietario de la vivienda es el responsable de su explotación.
El servicio de alojamiento en vivienda turística se puede prestar mediante la cesión de viviendas completas o por habitaciones, dependiendo la capacidad de los dispuesto por la licencia de primera ocupación. En todo caso, el límite máximo se fija en quince plazas para el caso de viviendas completas, y de seis plazas para uso por habitaciones; en ambos casos se fija un máximo de cuatro plazas por habitación.
La vivienda turística para poder ser ofertada deberá cumplir los requisitos, detallados en el art. 6 del mencionado Decreto 28/2016, de 2 de febrero

La relación entre operador y ocupante se formalizará en un documento por duplicado que, al menos, deberá contener el nombre de la persona o entidad explotadora de la vivienda, el código de inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía, el número de personas que la van a ocupar, las fechas de entrada y salida, el precio total de la estancia, así como un número de teléfono para el caso de incidencias. El operador deberá conservar el documento al menos un año y tiene valor probatorio a efectos administrativos.

El servicio deberá incluir los suministros (agua, electricidad, refrigeración y calefacción), la limpieza a la entrada de los nuevos usuarios y el uso del menaje y la ropa de baño y cama.

La duración, así como los momentos de inicio y fin de la ocupación será el que determinen las partes. Subsidiariamente comenzará a las 16,00 horas del día de entrada y terminará a las 12,00 horas del día de salida, debiendo el responsable encontrarse disponible, o concertar previamente la entrega de las llaves. También se deja al arbitrio de las partes las condiciones de precios, reservas, anticipos y cancelación, aunque el Decreto 28/2016 establece un régimen supletorio.

Respecto a los derechos y obligaciones de las partes, son los que la Ley establece con carácter general en materia de turismo. Se hace especial hincapié en el respeto de las normas de convivencia, cuyo incumplimiento puede dar lugar a requerir por parte del prestador del servicio a requerir el abandono de la vivienda en veinticuatro horas. También se limita el “derecho de admisión”, ya que no se podrá restringir el acceso a las viviendas con fines turísticos por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión u otra circunstancia personal o social.

Sobre el régimen de infracciones y sanciones, es de aplicación el recogido por la regulación sectorial, aunque el Decreto 28/2016 incide especialmente sobre la actividad clandestina. Se considera actividad clandestina la publicidad por cualquier medio de difusión o la efectiva prestación de servicios turísticos, sin haber cumplido el deber de presentación de la declaración responsable. Esta infracción es considerada grave y puede ser sancionada con multa de 2.001 a 18.000 euros y accesoria de suspensión del ejercicio de la actividad o clausura del establecimiento por un periodo inferior a seis meses.

Por último, conviene señalar que, si el servicio se ofrece según los requisitos recogidos en el Decreto 28/2016, la actividad de alojamiento en vivienda turística en Andalucía se considerará exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido. Sin embargo, sí tendrá que tributar por IVA si se incorporan servicios complementarios del sector hotelero como recepción y atención permanente y continuada al cliente, limpieza periódica del inmueble y el alojamiento, cambio periódico de ropa de cama y baño, lavandería, custodia de maletas, prensa, reservas, etc.

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- Cooperativas de vivienda, ¿una alternativa a la burbuja?
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31 de mayo de 2017

¿Qué es el sexting?

Autora: Carmen Andrey Martín, abogada
Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla





El uso de internet y las redes sociales se consolida a pasos agigantados, sobre todo entre los adolescentes. Muchas voces alertan a los padres sobre la necesidad de educar a los hijos en un uso responsable de las nuevas tecnologías, a fin de evitar peligros y situaciones desagradables o que entrañen riesgos para su intimidad, imagen o dignidad como personas. 

Con los smartphones es muy fácil y rápido tanto hacer fotos y vídeos como compartirlos al momento en redes sociales. Es una práctica más que habitual, no sólo entre adolescentes sino también entre adultos. Enviar fotos y compartirlas con nuestros contactos no es una conducta reprobable jurídicamente hablando, siempre que se haga voluntariamente y no se vean afectados derechos de terceros. Lo que sí está tipificado como delito es la difusión sin el consentimiento del afectado. Es más, es posible que las imágenes se hayan tomado con su consentimiento, pero aun así hablaremos de delito si ese consentimiento no está presente a la hora de difundir la imagen en cuestión. 

Precisamente en relación a lo anterior, la reforma del Código Penal de 2015 trajo consigo la regulación de una nueva figura: el sexting. Consiste en la difusión o cesión a terceros de imágenes de contenido erótico o pornográfico, que se hubieran obtenido con el consentimiento del interesado, pero no haya dado su autorización para difundirlas, siempre que las mismas menoscaben gravemente la imagen o intimidad de esa persona. 

Las penas previstas para este delito en el Código Penal son las siguientes:
  • Prisión de 3 meses a 1 año o 
  • Multa de 6 a 12 meses. 

Suponen una agravación de la pena y, como tal, se impondrá en su mitad superior, los siguientes casos:
  • Cuando la víctima sea menor de edad 
  • Cuando la difusión tenga una finalidad lucrativa 
  • Cuando la persona que difunde las imágenes sea o haya sido cónyuge o pareja sentimental del afectado 

A pesar de que estas conductas están reguladas y se castigan penalmente dando respuesta a la realidad social actual, lo más importante sigue siendo la educación y la prevención: hacer entender a los adolescentes los riesgos que conlleva el hacerse fotos de tipo “comprometidas” para nuestra imagen o intimidad; lo fácil que es “perder el rastro” al destino o uso indebido que puede hacerse de las imágenes, con el consecuente daño a nuestra autoestima o reputación y las repercusiones negativas en el desarrollo de la personalidad, problemas psicológicos o de exclusión social. 

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24 de mayo de 2017

Los e-sports: Retos jurídicos de esta nueva modalidad deportiva

Autor: Raúl Pérez de Arévalo Ramos
Asociado del área de Litigación y Derecho Público de Cuatrecasas

Durante esta semana he comentado con varios compañeros que tenía intención de escribir un artículo sobre la regulación (o, más correctamente, sobre la falta de regulación) de los eSports en España. La sorpresa ha sido encontrarme con que la gran mayoría de compañeros paraban mi incesante verborrea sobre la cuestión con la pregunta “¿y qué son los eSports?”.

La respuesta, si bien sencilla, abre al jurista una gran cantidad de dudas en materia regulatoria: y es que los eSports o deportes electrónicos se refieren a competiciones entre varios jugadores profesionales respecto de un concreto videojuego.

Su origen se remonta al momento en que los videojuegos empezaron a permitir jugar con otros jugadores online (primero en PC y luego en consolas) y comenzaron las primeras competiciones privadas, organizadas en los foros de internet, permitiendo competir con cientos y cientos de nuevos jugadores y con una cantidad de normas reguladoras de la competición elaboradas por los propios jugadores propia de la mejor liga de futbol. Lo que al principio era una forma de llevar un paso más allá el juego online por medio de la adición del componente de la competición, acabó evolucionando hacia las primeras competiciones patrocinadas y eventos que podían seguirse por el resto de jugadores interesados de forma presencial (como si de un partido de baloncesto se tratase) o vía online. Tal es así, que actualmente encontramos varios videojuegos diseñados específicamente como juegos multijugador competitivos (frente a los tradicionales juegos para un único jugador que, en ocasiones, ofrecían un componente multijugador adicional).

Y esas competiciones, hoy plenamente asentadas en países como Corea del Sur o Estados Unidos como auténticos eventos deportivos, parecen casi elementos desconocidos en el entorno de la abogacía, lo que no debería ser así en vista del futuro que se anticipa a esta nueva modalidad deportiva.

Anuncio de la final de la Liga Nacional de Videojuegos
Más aún, no tenemos que ir muy lejos para tener un primer contacto con los eSports. La ciudad de Málaga hospeda la “Survival League, en la que 16 equipos profesionales compiten en el videojuego “League of Legends”(2) , uno de los juegos más populares en materia de competición profesional. A nivel nacional, contamos ya con la “Liga Nacional de Videojuegos”, que aglutina competiciones de distintos videojuegos y que está reconocida como la liga oficial de nuestro país por la International eSports Federation. Además, contamos con importantes eventos de videojuegos en España que celebran competiciones y que cuentan con miles de asistentes entusiasmados con estas competiciones (incluyéndose el redactor del presente artículo en este grupo de entusiastas).

Así, en España los eSports cuentan ya con 4 millones de jugadores, esperándose un volumen de negocio vinculado a dicha actividad de 24 millones de euros anuales para el año 2020 (1). Mientras que a nivel mundial durante el año 2016 se estima que ha generado un volumen de negocio de 452 millones de euros.

Nos encontramos, pues, con una nueva modalidad deportiva en auge y crecimiento que, sin embargo, tiene difícil encuadre en la regulación que nuestro ordenamiento jurídico ofrece respecto de los deportes más tradicionales, y ello por varias razones:

(i) los videojuegos tienen una duración útil finita, por cuanto que se van desarrollando nuevas versiones (generalmente, secuelas o versiones actualizadas) que conllevan nuevas formas de jugar y competir (por tanto, se presenta una constante evolución en la forma de competición);

(ii) Dichas competiciones tiene su base y fundamento en un software cuyo desarrollo, mantenimiento, actualización y derechos corresponden en exclusiva a un tercero, el “Publisher” del videojuego (esto es, el desarrollador, distribuidor o propietario último del software, que lo distribuye para su venta a fin de obtener beneficios de dicha venta). Sería el equivalente a jugar un partido de fútbol con la pelota de un tercero que impone las reglas del juego y que en cualquier momento puede cambiarlas o llevarse el balón e impedirnos jugar.

A esta complejidad de origen, que podrá tener distintas soluciones (que pasarían, por ejemplo, por no depender del Publisher o llegar a un acuerdo para que el código fuente del videojuego esté disponible para la liga a efectos de mantenimiento y actualización), se suman la falta de encaje de los equipos profesionales como clubes deportivos tradicionales (con las ventajas que se obtendrían frente a las figuras societarias tradicionales que se están adoptando tradicionalmente como solución “temporal”), la necesaria regulación de la relación profesional o laboral entre jugadores y clubes, o los derechos de propiedad audiovisual sobre la retransmisión del evento (volviendo a la idea del Publisher, nótese que los que se retransmite es, en esencia, el propio videojuego, con el conflicto de derechos que ello supone entre Publisher, el emisor del evento e, incluso y por complicar la cuestión, con el compositor de la música incluida en el juego distinto del propio Publisher).

Dada la extensión de los temas a tratar, intentaremos dedicar los siguientes artículos a cada una de las vertientes jurídicas de esta nueva modalidad deportiva, a fin de ahondar e intentar arrojar luz sobre la situación actual y la deseable situación futura.

Sirva, pues, este artículo para animar al sector jurídico a acercarse al mundo de los eSports y a disfrutar del hobby de los videojuegos, sea por diversión, sea por afrontar los retos legales que esta nueva modalidad presenta al sector jurídico.


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Imágenes tomadas de: wikicommons y http://www.lvp.es/