15 de junio de 2017

Pasar a la acción: III Encuentro Redes sociales y sector legal en Málaga


La semana pasada tuvimos la suerte de acoger en el Colegio el III Encuentro de Redes sociales y Community management en el sector legal (#EncuentroCMlegal), una iniciativa del Instituto de Innovación Legal, cuyo objetivo es ser un punto de encuentro entre el Derecho y la Tecnología.

Esta tercera edición formaba parte del Málaga Innovation Festival, que entre el 5 y el 11 de junio ha traído a nuestra ciudad más de 600 start ups de todo el mundo y más de 500 inversores.

En esta entrada queremos repasar algunas de las ideas más interesantes de la primera mesa, dedicada al Impacto de las redes sociales en la comunicación y marketing de los despachos de abogados.

Amanda Guglieri y Eduardo Fernández-Fígares

Amanda Guglieri, socia del Instituto de Innovación Legal, basó su intervención en desmontar mitos en torno al argumentario clásico sobre “por qué estar en redes sociales”, destacamos especialmente dos:

-El marketing de contenidos se está convirtiendo en una commodity más.
-Las redes sociales no son gratis: una estrategia en redes cuesta, el trabajo de un community manager cuesta ¡hay que tenerlo en cuenta!

Respecto a la gran cuestión de  quién debe llevar las redes sociales del despacho, si un community manager interno o externo, Amanda Guglieri señalaba que lo fundamental es que se alinee con los objetivos y la filosofía del despachos, y que tenga conocimientos jurídicos.
Amanda también compartió algunos consejos para la gestión de las redes sociales del despacho:
reservar los nombres en todos los perfiles y personalizar las urls, apostar por las relaciones significativas, potenciando el offline.

Javier Martín Fernández y Fernando Anaya 

En cuánto a qué redes es mejor utilizar, Javier Martín Fernández, socio  director de F&J Martín Abogados y Catedrático de Derecho Financiero y Tributario destacó la utilidad e importancia de Linkedin para los abogados. Las páginas personales funcionan mejor que las de empresa en esta red social, por lo que se hace más difícil conseguir una comunidad con la página del despacho. En las páginas personales es importante mantener la coherencia

Por su parte, Eduardo Fernández-Fígares ha basado su estrategia y su negocio en el vídeo: su canal de Youtube En los tribunales (vinculado al blog Abogado para todos), es un ejemplo de éxito en el sector. En este sentido, Eduardo nos explicaba que con Youtube sobre todo consigue empatía virtual, mientras que con el blog posiciona bien en Google.

La página web es el punto débil de la mayoría de los despachos, apuntaba Javier Martín. Sin una web actualizada a la que dirigir la atención y el tráfico captado en redes, no tiene ningún sentido tener presencia online. El punto fuerte de su estrategia, nos explicaban Javier y Fernando Anaya, community manager del despacho, es una newsletter personalizada y una base de datos muy bien segmentada.

Para terminar, nos gustaría dar las gracias al equipo del Instituto de Innovación Legal (Mª Jesús González-Espejo, Laura Fauqeur y Amanda Guglieri) y recordar el mensaje de Mª Jesús González-Espejo: en cuestiones de tecnología y redes sociales, no basta con la formación, hay que perder el miedo y pasar a la acción.

Más sobre el III Encuentro CM Legal aquí

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7 de junio de 2017

Regulación de las viviendas turísticas en Andalucía

Autor: Rafael J. Cantero Castillo, abogado
Coordinador de la Sección de Prevención de Blanqueo de Capitales del Colegio de Abogados de Málaga



El arrendamiento de viviendas no sólo tiene como fin cubrir las necesidades de vivienda permanente de los ocupantes, sino que también puede cubrir necesidades temporales como el uso de viviendas con fines turísticos y vacacionales. De acuerdo con la distribución competencial que establece nuestra Constitución, la regulación de los arrendamientos urbanos corresponde al Estado, mientras que la competencia sobre viviendas turísticas es exclusiva de las Comunidades Autónomas.

En Andalucía es el Decreto 28/2016, de 2 de febrero, el que regula el arrendamiento de las viviendas que se realicen por un período inferior a dos meses y cuyo uso se realice con motivos vacacionales, actividad muy frecuente en nuestra provincia. Se considera a las viviendas turísticas como un tipo de alojamiento turístico, junto a los hoteles, los apartamentos turísticos y las viviendas rurales. Por esta razón, se justifica su ordenación con el objetivo de proteger los derechos de los usuarios y evitar la competencia desleal y los perjuicios que se pueda ocasionar a los demás operadores turísticos. Es decir, el alojamiento turístico tiene una naturaleza administrativa, más regulada y con menor cabida para la autonomía de la voluntad, mientras que el sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos es de naturaleza civil.

La nota característica de una vivienda para que se considere turística en Andalucía es que se comercialice o promocione a través de canales turísticos, como las agencias de viaje, las empresas que medien u organicen servicios turísticos y las páginas web en las que se incluya la posibilidad de reserva de alojamiento. En estos casos, quien explote la vivienda con fines turísticos, que podrá ser el propietario u otra persona con la que se haya establecido una relación fehaciente (por ejemplo, el usufructuario de la vivienda), deberá realizar una declaración responsable ante la Consejería competente, que deberá incluir la identificación de la vivienda, los datos del propietario y domicilio a efectos de notificaciones y los de la persona que explote la vivienda y el título de su relación con el propietario, en caso de que sea un tercero. Tras la comunicación, la vivienda será inscrita de oficio en el Registro de Turismo de Andalucía. Se presume que el propietario de la vivienda es el responsable de su explotación.
El servicio de alojamiento en vivienda turística se puede prestar mediante la cesión de viviendas completas o por habitaciones, dependiendo la capacidad de los dispuesto por la licencia de primera ocupación. En todo caso, el límite máximo se fija en quince plazas para el caso de viviendas completas, y de seis plazas para uso por habitaciones; en ambos casos se fija un máximo de cuatro plazas por habitación.
La vivienda turística para poder ser ofertada deberá cumplir los requisitos, detallados en el art. 6 del mencionado Decreto 28/2016, de 2 de febrero

La relación entre operador y ocupante se formalizará en un documento por duplicado que, al menos, deberá contener el nombre de la persona o entidad explotadora de la vivienda, el código de inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía, el número de personas que la van a ocupar, las fechas de entrada y salida, el precio total de la estancia, así como un número de teléfono para el caso de incidencias. El operador deberá conservar el documento al menos un año y tiene valor probatorio a efectos administrativos.

El servicio deberá incluir los suministros (agua, electricidad, refrigeración y calefacción), la limpieza a la entrada de los nuevos usuarios y el uso del menaje y la ropa de baño y cama.

La duración, así como los momentos de inicio y fin de la ocupación será el que determinen las partes. Subsidiariamente comenzará a las 16,00 horas del día de entrada y terminará a las 12,00 horas del día de salida, debiendo el responsable encontrarse disponible, o concertar previamente la entrega de las llaves. También se deja al arbitrio de las partes las condiciones de precios, reservas, anticipos y cancelación, aunque el Decreto 28/2016 establece un régimen supletorio.

Respecto a los derechos y obligaciones de las partes, son los que la Ley establece con carácter general en materia de turismo. Se hace especial hincapié en el respeto de las normas de convivencia, cuyo incumplimiento puede dar lugar a requerir por parte del prestador del servicio a requerir el abandono de la vivienda en veinticuatro horas. También se limita el “derecho de admisión”, ya que no se podrá restringir el acceso a las viviendas con fines turísticos por razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión u otra circunstancia personal o social.

Sobre el régimen de infracciones y sanciones, es de aplicación el recogido por la regulación sectorial, aunque el Decreto 28/2016 incide especialmente sobre la actividad clandestina. Se considera actividad clandestina la publicidad por cualquier medio de difusión o la efectiva prestación de servicios turísticos, sin haber cumplido el deber de presentación de la declaración responsable. Esta infracción es considerada grave y puede ser sancionada con multa de 2.001 a 18.000 euros y accesoria de suspensión del ejercicio de la actividad o clausura del establecimiento por un periodo inferior a seis meses.

Por último, conviene señalar que, si el servicio se ofrece según los requisitos recogidos en el Decreto 28/2016, la actividad de alojamiento en vivienda turística en Andalucía se considerará exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido. Sin embargo, sí tendrá que tributar por IVA si se incorporan servicios complementarios del sector hotelero como recepción y atención permanente y continuada al cliente, limpieza periódica del inmueble y el alojamiento, cambio periódico de ropa de cama y baño, lavandería, custodia de maletas, prensa, reservas, etc.

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- Cooperativas de vivienda, ¿una alternativa a la burbuja?
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31 de mayo de 2017

¿Qué es el sexting?

Autora: Carmen Andrey Martín, abogada
Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla





El uso de internet y las redes sociales se consolida a pasos agigantados, sobre todo entre los adolescentes. Muchas voces alertan a los padres sobre la necesidad de educar a los hijos en un uso responsable de las nuevas tecnologías, a fin de evitar peligros y situaciones desagradables o que entrañen riesgos para su intimidad, imagen o dignidad como personas. 

Con los smartphones es muy fácil y rápido tanto hacer fotos y vídeos como compartirlos al momento en redes sociales. Es una práctica más que habitual, no sólo entre adolescentes sino también entre adultos. Enviar fotos y compartirlas con nuestros contactos no es una conducta reprobable jurídicamente hablando, siempre que se haga voluntariamente y no se vean afectados derechos de terceros. Lo que sí está tipificado como delito es la difusión sin el consentimiento del afectado. Es más, es posible que las imágenes se hayan tomado con su consentimiento, pero aun así hablaremos de delito si ese consentimiento no está presente a la hora de difundir la imagen en cuestión. 

Precisamente en relación a lo anterior, la reforma del Código Penal de 2015 trajo consigo la regulación de una nueva figura: el sexting. Consiste en la difusión o cesión a terceros de imágenes de contenido erótico o pornográfico, que se hubieran obtenido con el consentimiento del interesado, pero no haya dado su autorización para difundirlas, siempre que las mismas menoscaben gravemente la imagen o intimidad de esa persona. 

Las penas previstas para este delito en el Código Penal son las siguientes:
  • Prisión de 3 meses a 1 año o 
  • Multa de 6 a 12 meses. 

Suponen una agravación de la pena y, como tal, se impondrá en su mitad superior, los siguientes casos:
  • Cuando la víctima sea menor de edad 
  • Cuando la difusión tenga una finalidad lucrativa 
  • Cuando la persona que difunde las imágenes sea o haya sido cónyuge o pareja sentimental del afectado 

A pesar de que estas conductas están reguladas y se castigan penalmente dando respuesta a la realidad social actual, lo más importante sigue siendo la educación y la prevención: hacer entender a los adolescentes los riesgos que conlleva el hacerse fotos de tipo “comprometidas” para nuestra imagen o intimidad; lo fácil que es “perder el rastro” al destino o uso indebido que puede hacerse de las imágenes, con el consecuente daño a nuestra autoestima o reputación y las repercusiones negativas en el desarrollo de la personalidad, problemas psicológicos o de exclusión social. 

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24 de mayo de 2017

Los e-sports: Retos jurídicos de esta nueva modalidad deportiva

Autor: Raúl Pérez de Arévalo Ramos
Asociado del área de Litigación y Derecho Público de Cuatrecasas

Durante esta semana he comentado con varios compañeros que tenía intención de escribir un artículo sobre la regulación (o, más correctamente, sobre la falta de regulación) de los eSports en España. La sorpresa ha sido encontrarme con que la gran mayoría de compañeros paraban mi incesante verborrea sobre la cuestión con la pregunta “¿y qué son los eSports?”.

La respuesta, si bien sencilla, abre al jurista una gran cantidad de dudas en materia regulatoria: y es que los eSports o deportes electrónicos se refieren a competiciones entre varios jugadores profesionales respecto de un concreto videojuego.

Su origen se remonta al momento en que los videojuegos empezaron a permitir jugar con otros jugadores online (primero en PC y luego en consolas) y comenzaron las primeras competiciones privadas, organizadas en los foros de internet, permitiendo competir con cientos y cientos de nuevos jugadores y con una cantidad de normas reguladoras de la competición elaboradas por los propios jugadores propia de la mejor liga de futbol. Lo que al principio era una forma de llevar un paso más allá el juego online por medio de la adición del componente de la competición, acabó evolucionando hacia las primeras competiciones patrocinadas y eventos que podían seguirse por el resto de jugadores interesados de forma presencial (como si de un partido de baloncesto se tratase) o vía online. Tal es así, que actualmente encontramos varios videojuegos diseñados específicamente como juegos multijugador competitivos (frente a los tradicionales juegos para un único jugador que, en ocasiones, ofrecían un componente multijugador adicional).

Y esas competiciones, hoy plenamente asentadas en países como Corea del Sur o Estados Unidos como auténticos eventos deportivos, parecen casi elementos desconocidos en el entorno de la abogacía, lo que no debería ser así en vista del futuro que se anticipa a esta nueva modalidad deportiva.

Anuncio de la final de la Liga Nacional de Videojuegos
Más aún, no tenemos que ir muy lejos para tener un primer contacto con los eSports. La ciudad de Málaga hospeda la “Survival League, en la que 16 equipos profesionales compiten en el videojuego “League of Legends”(2) , uno de los juegos más populares en materia de competición profesional. A nivel nacional, contamos ya con la “Liga Nacional de Videojuegos”, que aglutina competiciones de distintos videojuegos y que está reconocida como la liga oficial de nuestro país por la International eSports Federation. Además, contamos con importantes eventos de videojuegos en España que celebran competiciones y que cuentan con miles de asistentes entusiasmados con estas competiciones (incluyéndose el redactor del presente artículo en este grupo de entusiastas).

Así, en España los eSports cuentan ya con 4 millones de jugadores, esperándose un volumen de negocio vinculado a dicha actividad de 24 millones de euros anuales para el año 2020 (1). Mientras que a nivel mundial durante el año 2016 se estima que ha generado un volumen de negocio de 452 millones de euros.

Nos encontramos, pues, con una nueva modalidad deportiva en auge y crecimiento que, sin embargo, tiene difícil encuadre en la regulación que nuestro ordenamiento jurídico ofrece respecto de los deportes más tradicionales, y ello por varias razones:

(i) los videojuegos tienen una duración útil finita, por cuanto que se van desarrollando nuevas versiones (generalmente, secuelas o versiones actualizadas) que conllevan nuevas formas de jugar y competir (por tanto, se presenta una constante evolución en la forma de competición);

(ii) Dichas competiciones tiene su base y fundamento en un software cuyo desarrollo, mantenimiento, actualización y derechos corresponden en exclusiva a un tercero, el “Publisher” del videojuego (esto es, el desarrollador, distribuidor o propietario último del software, que lo distribuye para su venta a fin de obtener beneficios de dicha venta). Sería el equivalente a jugar un partido de fútbol con la pelota de un tercero que impone las reglas del juego y que en cualquier momento puede cambiarlas o llevarse el balón e impedirnos jugar.

A esta complejidad de origen, que podrá tener distintas soluciones (que pasarían, por ejemplo, por no depender del Publisher o llegar a un acuerdo para que el código fuente del videojuego esté disponible para la liga a efectos de mantenimiento y actualización), se suman la falta de encaje de los equipos profesionales como clubes deportivos tradicionales (con las ventajas que se obtendrían frente a las figuras societarias tradicionales que se están adoptando tradicionalmente como solución “temporal”), la necesaria regulación de la relación profesional o laboral entre jugadores y clubes, o los derechos de propiedad audiovisual sobre la retransmisión del evento (volviendo a la idea del Publisher, nótese que los que se retransmite es, en esencia, el propio videojuego, con el conflicto de derechos que ello supone entre Publisher, el emisor del evento e, incluso y por complicar la cuestión, con el compositor de la música incluida en el juego distinto del propio Publisher).

Dada la extensión de los temas a tratar, intentaremos dedicar los siguientes artículos a cada una de las vertientes jurídicas de esta nueva modalidad deportiva, a fin de ahondar e intentar arrojar luz sobre la situación actual y la deseable situación futura.

Sirva, pues, este artículo para animar al sector jurídico a acercarse al mundo de los eSports y a disfrutar del hobby de los videojuegos, sea por diversión, sea por afrontar los retos legales que esta nueva modalidad presenta al sector jurídico.


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Imágenes tomadas de: wikicommons y http://www.lvp.es/
                 

17 de mayo de 2017

Aplicación de medidas de diligencia debida en materia de prevención de blanqueo de capitales


En la entrada de hoy os ofrecemos un resumen en tuits de la jornada sobre la aplicación por parte del abogado de medidas de diligencia debida en materia de prevención de blanqueo de capitales. Se trata de una nueva actividad de formación de la Sección de Prevención de blanqueo de capitales del Colegio, coordinada por nuestro compañero Rafael Cantero, y que contó con la participación de José María López Jiménez. ¡Esperamos que os sea útil!




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10 de mayo de 2017

Días de cine: IX Ciclo de Cine y Derecho en Málaga

Cartel de la IX edición, obra de Dionisio Gil Izquierdo

Mayo es el mes del cine jurídico en Málaga. Desde hace nueve años, y gracias al esfuerzo de nuestros compañeros Francisco Fernández Zurita y Carlos Font Feliú se realiza en nuestra ciudad el
Ciclo de Cine y Derecho del Colegio de Abogados. Este año, como siempre, en el Cine Albéniz, y con la colaboración de AndalBrok.


Uno, dos, tres (Billy Wilder, 1961) abre el ciclo el próximo jueves 11 de mayo. Billy Wilder en estado puro: un guión que no da tregua ambientado en el Berlín de la guerra fría. José María Davó, decano emérito de nuestro Colegio, será el encargado de presentar la película. El moderador del coloquio será Francisco Fernández Zurita.


La segunda sesión del ciclo será de nuevo una cita con el cine clásico: Matar un ruiseñor (Robert Mulligan, 1962) el jueves, 18 de mayo. Esta adaptación de la novela de Harper Lee figura en la lista de las mejores películas jurídicas de la historia de la Abogacía española y Atticus Finch, el abogado interpretado por Gregory Peck es uno de los referentes éticos de la profesión por excelencia.  El novelista Rafael Ábalos presentará la proyección, a la que seguirá el habitual coloquio, moderado por Carlos Font Feliú.


Para cerrar esta novena edición, contaremos con un excelente ejemplo  de cine europeo reciente: El capital humano (Paolo Virzì, 2013) que ofrece un retrato de la crisis económica y su impacto en la sociedad a través de una narración llena de suspense. La película obtuvo numerosos reconocimientos y premios.
La presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, Lourdes García Ortiz, presentará la película y la diputada de Cultura del Colegio de Abogados de Málaga, Elisa Jurado, moderará el último debate del ciclo, el jueves, 25 de mayo.

Esperamos contar con vuestra asistencia a este ciclo, abierto a todos los amantes del cine, juristas y no juristas. ¡Nos vemos en el cine!


Proyecciones: Cine Albéniz, 19:30h

Entrada gratuita hasta completar aforo. Aquellos que lo deséeis,podréis hacer un donativo de 1€ a beneficio de la obra social del Colegio.
Podréis recoger las invitaciones en la taquilla del cine.

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3 de mayo de 2017

Libertad del juez de instancia para cuantificar la compensación económica en separación de bienes

Autor: Juan José Reyes Gallur, abogado
Especialista en Derecho de Familia


Una historia de Brooklyn (Noah Baumbach, 2005)

En una entrada anterior,  publicada el 29 de junio de 2016, analizaba la diversidad de criterios que el Tribunal Supremo establecía a la hora de conceder la compensación económica que ha de señalarse en la sentencia de divorcio cuando los cónyuges están casados en régimen separación de bienes y uno de ellos ha trabajado “exclusivamente para el hogar familiar”. (Sentencias del Tribunal Supremo de 135/2015, de 26 de marzo, 136/2015, de 14 de abril y 614/2015, de 15 de noviembre)

No olvidemos tampoco, como recordaba la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 11 de diciembre de 2015, que la referida compensación “no es incompatible con la pensión compensatoria, aunque pueda tenerse en cuenta a la hora de fijar la compensación.”

En consecuencia, en estos casos, que cada día se incrementan, hay varias cantidades económicamente importantes que discutir, y en mi humilde opinión, las compensaciones del 1438 del Código civil, pueden superar económicamente a las pensiones compensatorias, entre otras cosas, porque estas cantidades hay que pagarlas sí o sí, pues no se extinguen, por ejemplo, por el nuevo matrimonio del beneficiario de la misma.

Recordemos algunas sentencias como botón de muestra y observemos que sus cuantías son importantes:
  • STS 14 de julio de 2011 concedió por 15 años de matrimonio 108.000€.
  • STS 25 de noviembre de 2015 concedió por 10,9 años de matrimonio 250.000€
  • STS de fecha 5 de mayo de 2016 confirma la pensión compensatoria vitalicia y la compensación de 50.000€
La sentencia del TS de 25 de noviembre 2015 recuerda que la forma de determinar cuantía de la compensación ofrece algunos problemas. Y en definitiva dejaba en manos del juez el criterio para su fijación, criterio que, de ser razonado, vincula al Tribunal Supremo. Así nos decía que hay que remitirse al pacto, y a falta de él
 “será el juez quien deba fijarla, para lo cual el Código no contiene ningún tipo de orientación que no sea la que resulta de una norma especial en el marco del régimen económico matrimonial de separación de bienes y no del de participación de los artículos 1411 y siguientes del Código Civil. Una de las opciones posibles es el equivalente al salario mínimo interprofesional o la equiparación del trabajo con el sueldo que cobraría por llevarlo a cabo una tercera persona, de modo que se contribuye con lo que se deja de desembolsar o se ahorra por la falta de necesidad de contratar este servicio ante la dedicación de uno de los cónyuges al cuidado del hogar. Sin duda es un criterio que ofrece unas razonables y objetivas pautas de valoración, aunque en la práctica pueda resultar insuficiente en cuanto se niega al acreedor alguno de los beneficios propios de los asalariados que revierten en el beneficio económico para el cónyuge deudor y se ignora la cualificación profesional de quien resulta beneficiado. Pero nada obsta a que el juez utilice otras opciones para fijar finalmente la cuantía de la compensación, teniendo en cuenta que uno de los cónyuges sacrifica su capacidad laboral o profesional a favor del otro, sin generar ingresos propios ni participar en los del otro".

Pues bien, recientemente, el Tribunal Supremo en su sentencia de 14 de marzo de 2017, Id Cendoj: 28079110012017100176, nuevamente reconoce esa libertad del juzgador de instancia, ratificando que la “cuantificación se efectuará, con libertad de criterio, en el trámite de ejecución de sentencia sin exceder de la solicitada, y sin tomar en consideración el posible incremento patrimonial de uno de los cónyuges del que pueda ser participe el otro”. Como vemos en ejecución de sentencia también podrá determinarse la cuantía.

Por tanto, cuidado, recordemos que esta compensación es compatible con la pensión compensatoria, que exige que el trabajo para la casa sea exclusivo, que el incremento patrimonial del otro cónyuge no justifica su concesión, pero que tenemos libertad de criterios a la hora de intentar cuantificar esa compensación, que no olvidemos no se extingue por las causas del artículo 97 del CC y que ) que devengará el interés legal del dinero incrementado en dos puntos hasta su completo pago, conforme al artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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Foto inicial: ecartelera