7 de febrero de 2018

El problema de la prueba y cuantificación del daño moral en la indemnización por daños a animales.

Autora: Carmen Andrey Martín, abogada
Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla


El vínculo de afectividad que podemos llegar a tener con nuestra mascota puede ser tan intenso como el que tengamos con un familiar. Una afirmación innegable y creo que, a estas alturas, socialmente más que aceptada. De esta forma, a la hora de reclamar una indemnización por daños ocasionados a nuestras mascotas es precisamente el daño moral el que mayor relevancia adquiere para determinar el quantum indemnizatorio:

En cuanto a los gastos veterinarios o aquellos ocasionados por deshacerse del cuerpo del animal en caso de muerte la postura mayoritaria de los jueces pasa por no incluir gastos de alimentación y cuidados veterinarios, en cuanto son necesarios e indispensables para la propia tenencia del animal y no derivan del accidente o hecho en cuestión que haya motivado la petición de indemnización. En cuanto a los segundos sí que suelen incluirse, salvo los gastos de incineración, sobre los que hay mayor discusión, encontrando posiciones más dispares en los tribunales.

Si hablamos de una responsabilidad contractual es posible que en el contrato se haya especificado la cantidad a indemnizar en caso que el animal sufra daños o incluso la muerte. En este caso habrá que estar a lo acordado pero, en función de las circunstancias del caso concreto, en ocasiones será posible también añadir una indemnización por daño moral.

Si hablamos de una responsabilidad extracontractual habrá que ver si hemos pagado alguna cantidad para adquirir al animal: en caso afirmativo esta cuantía será fácilmente acreditable mediante ticket o factura de compra y concretará una cuantía específica. Ahora bien, ¿Y si no lo hemos comprado? ¿El no tener valor de adquisición implica que el animal no tenga valor ninguno? Obviamente esto no tendría sentido. Los jueces suelen tener en cuenta también otros parámetros como la edad, raza o, si ha recibido adiestramiento (pensemos en caballos de monta o halcones de cetrería), tiempo y materiales empleados en el mismo, etc...

Vamos incluso un paso más allá: si existe una propuesta de reforma legislativa que aboga por considerar a los animales como “seres vivos dotados de sensibilidad” no tiene mucho sentido tratarlos como “mercancías” a la hora de fijar su valor económico en base a facturas de compra o depreciaciones existentes en el mercado por el paso del tiempo. Esto nos lleva a la reflexión inicial: es el carácter moral del daño, y no el material, el imperante en este tipo de situaciones.

Su importancia, no obstante, es directamente proporcional a la dificultad de probar la existencia del daño y la cuantificación del mismo. ¿Cómo pueden resolverse ambas dificultades?

El baremo de accidentes de tráfico, que se usa como criterio orientador para otros supuestos fuera de los expresamente contemplados parece evidente que no tiene cabida en relación a este tema.

Una posibilidad es, en caso que exista una reclamación por daños materiales, unir la del daño moral a modo de porcentaje de la cantidad correspondiente a los materiales. No me parece personalmente una opción adecuada en este caso, dado el planteamiento del que parto: no solo es posible, sino que así ocurrirá en la mayoría de los casos, que el daño moral sea mayor que el material o incluso que este último no exista siquiera. En mi opinión son conceptos independientes.

La opción más razonable bajo mi punto de vista es cuantificar la petición en base a la jurisprudencia existente, aplicándola cuando sea posible, por analogía, a las circunstancias de nuestro caso concreto: por ejemplo, el extravío del animal por varios días o una larga enfermedad puede claramente causar sufrimiento y padecimiento psicológico a su dueño. Lo mismo digo si este último se ve obligado a presenciar la muerte violenta del animal, y esto como meros ejemplos. También parece claro que, cuanto más tiempo se haya convivido con el animal, mayor será el vínculo de afectividad con su dueño y, en definitiva, se irá incrementando la cantidad a reclamar. Otros criterios pueden ser también el tipo de animal del que hablemos: en principio no parece que podamos establecer la misma relación de afectividad con un perro que con el típico pez de colores. E incluso si hablamos del mismo tipo de animal cabe hacer distinciones: ¿Cuál es el daño moral del dueño por la pérdida de un perro guardián del ganado? No parece que pueda ser el mismo que aquel que convive con el animal (más aún si es por largo período de tiempo) y lo tiene perfectamente integrado en su núcleo familiar.

Otra opción: solicitar al juez que establezca una indemnización por daño moral en base a criterios de equidad, sin determinar una cantidad específica en nuestra demanda. Personalmente prefiero la opción anterior ya que, si bien es innegable que nuestra petición va a tener un marcado carácter subjetivo, ello no es obstáculo para que sea razonable; además, le podremos ofrecer al juez una relación más detallada de las circunstancias de nuestro caso que deben ser tenidas en cuenta para valorar económicamente ese daño moral.

En cualquier caso está claro que, dada la ausencia de un baremo que aporte seguridad jurídica a la hora de cuantificar este daño moral, serán los jueces los que analizarán el caso concreto y fijarán la indemnización en consecuencia.

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Imagen inicial: pexels

17 de enero de 2018

¿Obligación de pago de los alimentos desde la fecha de la demanda o desde la sentencia?

Autor: Juan José Reyes Gallur, abogado
Especialista en Derecho de Familia


The Dinner Horn (Blowing the Horn at Seaside) Winslow Homer

En los asuntos de derecho de familia la importancia de la rapidez del proceso es crucial, pero es obvio que, por mucho que sea rápido, los meses pasan aún más veloces tanto para el que precisa de alimentos como para el que paga unos alimentos indebidamente, pero el que no paga y espera la resolución puede encontrarse con la sorpresa de tener que pagar los atrasos.

Ante ello, el artículo 148 del Código civil establece la posibilidad de reclamarlos desde la interposición de la demanda, pero para evitar equívocos, hay que tener muy claro dos situaciones bien distintas y no confundir aquellos supuestos en los que los alimentos se fijan por primera vez ( en pleitos matrimoniales o reclamaciones puras de alimentos) de aquellos en los que lo que se discute es su extinción o modificación de la cuantía, tanto para reducir como para elevar los ya fijados previamente en una resolución judicial.

Pues bien, el Tribunal Supremo desde el año 2014, en sus sentencias de 26 de marzo y 19 de noviembre estableció una doctrina jurisprudencial según la cual:
En el primer caso debe estarse a la doctrina sentada en sentencias de 14 de junio 2011, 26 de octubre 2011 y 4 de diciembre 2013 , según la cual "debe aplicarse a la reclamación de alimentos por hijos menores de edad en situaciones de crisis del matrimonio o de la pareja no casada la regla contenida en el art. 148.1 CC , de modo que, en caso de reclamación judicial, dichos alimentos deben prestarse por el progenitor deudor desde el momento de la interposición de la demanda". Sin duda esta regla podría tener excepciones cuando se acredita que el obligado al pago ha hecho frente a las cargas que comporta el matrimonio, incluidos los alimentos, hasta un determinado momento, con lo que, sin alterar esta doctrina, los efectos habrían de retrotraerse a un tiempo distinto, puesto que de otra forma se estarían pagando dos veces. 
En el segundo caso, esto es, cuando lo que se cuestiona es la eficacia de una alteración de la cuantía de la pensión alimenticia ya declarada con anterioridad, bien por la estimación de un recurso o por un procedimiento de modificación, la respuesta se encuentra en la propia STS de 26 de marzo de 2014, Rec. n° 1088/2013 , que, tras analizar la jurisprudencia aplicable, fija como doctrina en interés casacional que "cada resolución desplegará su eficacia desde la fecha en que se dicte y será solo la primera resolución que fije la pensión de alimentos la que podrá imponer el pago desde la fecha de la interposición de la demanda, porque hasta esa fecha no estaba determinada la obligación, y las restantes resoluciones serán eficaces desde que se dicten, momento en que sustituyen a las citadas anteriormente" . Dicha doctrina se asienta en que, de una parte, el artículo 106 del Código Civil establece que los "los efectos y medidas previstas en este capítulo terminan en todo caso cuando sean sustituidos por los de la sentencia o se ponga fin al procedimiento de otro modo", y de otra, el artículo 774.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que "los recursos que conforme a la Ley se interpongan contra la sentencia no suspenderán la eficacia de las medidas que se hubieran adoptado en ésta", razones que llevan a la Sala a entender que cada resolución habrá de desplegar su eficacia desde la fecha en que se dicte, siendo solo la primera resolución que fije la pensión de alimentos la que podrá imponer el pago desde la fecha de interposición de demanda (porque hasta esa fecha no estaba determinada la obligación), no así las restantes resoluciones que modifiquen su cuantía (sea al alza o a la baja), las cuales solo serán eficaces desde que se dicten, momento en que sustituyen a las dictadas anteriormente.
Pues bien, siendo dicha doctrina no discutida, el Tribunal Supremo en la reciente sentencia de fecha 20 de diciembre de 2017 (Id Cendoj: 28079110012017100652) analiza un supuesto realmente “novedoso”, por cuanto que, sin modificar la doctrina antes expuesta y que cita literalmente en la sentencia, accede a mantener la retroactividad de los alimentos en un procedimiento de modificación de medidas y que los alimentos fijados se retrotraigan a la fecha de la interposición de la demanda.

La peculiaridad de este asunto no es otra que, el hijo, antes de presentarse la demanda pasa a convivir con el padre, el cual tenía la obligación por sentencia de pagar una pensión alimenticia a la madre.

Por tanto, el Tribunal Supremo entiende, con buen criterio, que en este supuesto no estamos en el caso de una alteración de la cuantía de una previa pensión, sino ante el establecimiento de una nueva pensión alimenticia, esta vez con cargo a la madre, por lo que entiende procede mantener la retroactividad de su pago desde la fecha de la interposición de la demanda.

Nada se dice en la sentencia que comentamos respecto de qué ha ocurrido con las mensualidades que se han devengado durante el proceso judicial y a las que estaba obligado el padre a pagar conforme al 240 de la LOPJ, pero entendemos que al retrotraer los efectos, hay una “compensación” al amparo del artículo 151 del CC, aunque en dicho artículo expresamente se prohíba. ¿Y si le hubieran ejecutado operaría la devolución?. Cuestiones jurídicas que quedan por resolver.

Curioso, pero coherente, y como siempre el Derecho de Familia sigue siendo el más cercano a la realidad social, aunque sigan quedando cuestiones pendientes, pero eso, como dijo Michael Ende: “esa es otra historia”.

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Imagen inicial: Winslow Homer [Public domain], via Wikimedia Commons

9 de enero de 2018

Concurso: diseña la imagen del 14º Congreso jurídico de la Abogacía Icamalaga

Ya tenemos las fechas para nuestro 14º Congreso jurídico de la Abogacía: los días 18 y 19 de octubre en el Palacio de Congresos de Málaga. Os iremos contando todas las novedades aquí, pero antes, nos gustaría recordar con vosotros cómo fue la edición de 2017, celebrada en Torremolinos. 

  

Y como véis, empezamos a ponernos en marcha para octubre de 2018, con el concurso para buscar la imagen de nuestro 14º Congreso jurídico Icamalaga.

¿Qué tenéis  que hacer para participar?
  • Podrá tomar parte en el concurso cualquier persona mayor de edad.
  • El plazo de admisión finaliza el 31 de enero.
  • Se tendrá en cuenta a efectos de fecha de envío, la que figure en el matasellos de correos o control de la agencia de transportes. No se admitirán aquellas que se recepcionen en el Colegio de Abogados de Málaga después del 5 de febrero de 2018 
  • Solo podréis presentar una obra, original e inédita, que cumpla los requisitos señalados expresamente en las bases.
  • Es importante que tengais en cuenta que el cartel debe incluir obligatoriamente los siguientes textos:
14º CONGRESO JURÍDICO DE LA ABOGACÍA
ICAMALAGA 
18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2014. 
PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA


  • Las obras serán entregadas personalmente o remitidas, debidamente embaladas, a la dirección:Colegio de Abogados de Málaga. Departamento de Formación y Cultura. Paseo de la Farola, 13. 29016 Málaga. Además, se leerá claro y resaltado en el exterior del embalaje la frase "Concurso Cartel Anunciador 14º Congreso Jurídico de la Abogacía Icamalaga" adjudicándoles un nº de orden a cada uno de los carteles recibidos 
  • ¿Quién formará el jurado?  El jurado estará presidido por nuestro decano, Javier Lara, y compuesto por personas de reconocido prestigio que designará la Junta de Gobierno.La obra ganadora recibirá un premio de 1.000€. 
  • Podéis acceder al texto completo de las bases aquí
Esperamos contar con vuestra participación y os contaremos más novedades sobre el 14º Congreso jurídico Icamalaga muy pronto. 

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29 de noviembre de 2017

Abuelos "responsables"

Autor: Juan José Reyes Gallur, abogado
Especialista en Derecho de Familia


Imagen de la serie  "Las chicas Gilmore"
Como todos sabemos y padecemos, la conciliación de la vida familiar con los hijos y el trabajo es cada día más complicada, de ahí que se pida la ayuda de los abuelos, los cuales suelen ocuparse de los nietos entre la baja de maternidad y guardería o cuando éstos están enfermos.
Esa ocupación obliga a que esos abuelos destinen su tiempo libre y de jubilación a cuidar de sus nietos, llegando en ocasiones a sentirse desbordados por el esfuerzo de atender tantas horas, y que ha llevado a los psicólogos a proclamar el llamado “síndrome del abuelo esclavo”.
Pues bien, en el ámbito del derecho de familia se ha discutido además la fijación de un régimen de visitas para los abuelos tanto en los casos de rupturas matrimoniales o cuando falta alguno de ellos por estar impedido para ejercer las visitas (viaje fuera del país o localidad, prisión, enfermedad, etc.), cuando ha fallecido el progenitor, o cuando la relación del progenitor con su propio padre está deteriorada.

Recordemos cómo la sentencia  del Tribunal Supremo de fecha 18 de marzo de 2015 recogía “la necesidad de que se produzca este tipo de contactos partiendo de la regla de que no es posible impedir el derecho de los nietos al contacto con sus abuelos, únicamente por la falta de entendimiento de éstos con los progenitores. Rige en la materia un criterio de evidente flexibilidad en orden a que el Juez pueda emitir un juicio prudente y ponderado, en atención a las particularidades del caso, el cual deberá tener siempre como guía fundamental el interés superior del menor. El artículo 160.2 CC , a contrario sensu, permite denegar las relaciones del nieto con sus abuelos cuando concurra justa causa, que no define y que debe examinarse en cada uno de los casos que se deban enjuiciar. Esta norma y la interpretación jurisprudencial derivan de lo establecido en el artículo 8.1 de la Convención de Nueva York sobre los Derechos del Niño, que establece que "Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos (...) las relaciones familiares de conformidad con la ley (...)". Esta es la línea que preside la resolución de los casos planteados en las SSTS 576/2009, de 27 julio , 632/2004, de 28 junio ; 904/2005, de 11 noviembre, y 858/2002 de 20 septiembre.,”, en definitiva se reconocía el derecho de los nietos a relacionarse con sus abuelos por el acervo cultural que éstos les aportan.

También hay multitud de resoluciones judiciales que condenan a los abuelos a pagar alimentos a sus nietos,  sobre la base jurídica de alimentos entre parientes (entre otras Sentencia de 27 Mayo. 2014 de Oviedo).
Pues bien, estos abuelos queridos y obligados con sus hijos y nietos siguen asumiendo responsabilidades, así recientemente la Audiencia Provincial de Asturias, Sección 6ª, en Sentencia de 6 Octubre de 2017, ha declarado la responsabilidad extracontractual de los abuelos cuando éstos cuidaban de su nieta en un accidente doméstico al caerle encima la televisión, calificando de “actuación negligente de los abuelos por dejar sola a la niña en el salón viendo una televisión que por sus particulares características, de gran tamaño y peso instalada en el suelo sobre un trípode, resultaba fácil de volcar”,  quizá lo más duro es que esa sentencia es consecuencia de una demanda instada por los padres de la menor contra los abuelos, bajo cuyo cuidado se encontraba la menor ese día al no haber podido asistir por encontrarse enferma a la guardería a que habitualmente acudía.
El derecho es así, “dura lex, sed lex”, pero a pesar de sentencias como la que hemos tratado en último lugar, debemos rendir homenaje a todos los abuelos que no solo ayudan a su hijos en el cuidado de sus nietos, sino que lo hacen de forma altruista y muy responsable.
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-Fijación de criterios por el TS respecto de las visitas: gastos y esfuerzos personales en los traslados.


Imagen inicial: imdb

25 de noviembre de 2017

Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer


Fco. Javier Lara Peláez, en la presentación de la campaña "No a la violencia machista"

4208 mujeres fueron atendidas por los abogados del Turno de Oficio especial de Violencia de género del Colegio durante el año 2016. 45 mujeres y 8 menores asesinados en lo que llevamos de año. Cifras terribles que esconden historias muy duras. En el Día internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer, compartimos el manifiesto de la Abogacía española para decir ¡Basta ya! a esta lacra.

Esta misma semana, nuestro decano, Francisco Javier Lara Peláez, participaba en el acto de presentación de la campaña "Contra la violencia machista", de la Diputación Provincial de Málaga. Durante su intervención, insistió en la necesidad de abordar el problema de la violencia de género desde una perspectiva transversal, y recordó la importancia de la prevención y la concienciación social.

Os dejamos la intervención de nuestro decano en vídeo y el audio completo.



Desde el Colegio se ha apostado por campañas de prevención y educación, especialmente dirigidas a los más jóvenes: "Por un buen rollo" (en colaboración con la Diputación de Málaga) o "No es no" (en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga).

Mientras el decano asistía al acto de presentación de la campaña contra la violencia de género, nuestra vicedecana, Inmaculada Atencia Robledo, representaba al Colegio en la presentación del Torneo de fútbol benéfico "Por ellos", que organiza el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla. Un dato quizá anecdótico, pero que nos sirve para reflexionar sobre la necesidad de insistir en que la lucha por la igualdad y contra la violencia machista es una cuestión de todos, mujeres y hombres, unidos.

Más información sobre la campaña  #SumayLate aquí
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-25-N contra la violencia de género. El trabajo de los abogados de oficio
-La mujer en la abogacía
-Violencia de género en entornos digitales
-Asistencia letrada a víctimas de trata

16 de octubre de 2017

Conversaciones en el 13º Congreso Jurídico de la Abogacía de Icamalaga.


La conciliación de la vida laboral y familiar en la abogacía, con una ponencia defendida por nuestra vicedecana, Inmaculada Atencia Robledo, ha sido uno de los temas destacados del 13º Congreso Jurídico de la Abogacía de Icamalaga, #AbogacíaMLG . En materia de conciliación es necesario sobre todo cambiar la mentalidad, ir más allá de la cultura del presentismo. "Conciliación  no implica siempre hablar de mujeres, hombres, horarios y embarazadas" señalaba Inmaculada Atencia. Durante su ponencia se anunciaron además varias medidas por parte del Colegio para potenciar la conciliación, como la creación de la Comisión de Igualdad y Conciliación.

El programa formativo del Congreso ha estado formado por un total de 70 ponencias, divididas en 31 secciones y cuatro comisiones, cuatro mesas redondas y una mesa institucional. Se han abordado otras cuestiones de actualidad, como los delitos de odio en las redes sociales, la futura reforma legal para aumentar la protección de los animales, las llegadas masivas de inmigrantes en pateras, los efectos del Brexit en el sector inmobiliario, las reclamaciones por el cobro indebido de impuestos como el IBI o la plusvalía, la mediación como herramienta para solucionar conflictos, la Justicia Penal y la corrupción o la triple condena (penitenciaria, social y personal) que supone para una mujer entrar en prisión, así como asuntos relacionados con violencia de género, menores, Derecho Laboral, Bancario, Familia o Penal. 

Gracias a la colaboración con Lefebvre · El Derecho, os presentamos una serie de entrevistas con magistrados, profesores, catedráticos, abogados y fiscales que han participado como ponentes en el congreso. Todos abordan cuestiones relacionadas con el ámbito jurídico, realizando recomendaciones para evitar la comisión de delitos, abordando cuestiones judiciales relacionadas con las nuevas tecnologías o facilitando un interesante análisis de la normativa vigente española.

Os dejamos aquí la lista de reproducción en nuestro canal de Youtube, en la que se incluyen también entrevistas con algunos de los coordinadores de las distintas secciones formativas del Congreso. Próximamente estará disponible la tertulia del Congreso, también realizada gracias a la colaboración con Lefebvre y la Sección de Gestión de Despachos.



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-Conciliación familiar y abogacía
-La mujer en la abogacía
-La transformación digital del sector jurídico: gestión de despachos en #CJAM16

4 de octubre de 2017

Plusvalía: cuándo procede su pago

Autor: Federico Nicolás Carrizo, abogado
Carrizo Abogados




Uno de los temas jurídicos más actuales, junto al de las cláusulas suelo y la devolución de los gastos notariales ha sido el propiciado por el pago del impuesto conocido como plusvalía. El mismo se regula en el Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba la Ley de Haciendas Locales, y su nombre técnico es el de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que interesa destacar puesto que ahí radica en buena parte su controversia a la hora de tributar o no el impuesto.

Antes, es preciso analizar dentro del mencionado Reglamento 2 artículos; a) artículo 104 que define la naturaleza del impuesto como un impuesto directo que grava el incremento que experimentan los terrenos urbanos a consecuencia de una transmisión…… Y b) artículo 107 que define su base imponible, la cual está constituida por el incremento del valor de los terrenos urbanos.

De ambos, se deducen varios requisitos fundamentales para que se pueda generar el impuesto, tal y como se estableció en la Stcia del TC de fecha 16/02/2017: se configura este impuesto cuando se dan 3 requisitos; a) que se transmita un suelo; b) que en el momento de la transmisión ese suelo sea urbano; y c) que se haya producido un incremento real del valor del suelo.


Pues bien, es evidente que el tercer requisito c) no se produce en algunos casos, y sin embargo, las haciendas locales han aplicado unas normas de valoración objetivas e irreales para devengar igualmente el impuesto.

Una razón por la cual en los últimos años no hay incremento de los valores del suelo es como consecuencia de la pasada crisis económica. Es evidente, que durante los años de “boom” inmobiliario los precios sufrieron unas subidas que no eran reales. Unos años más tarde, y durante la crisis, muchos propietarios se vieron en la obligación de desprenderse de tales inmuebles a un precio menor por el cual se adquirieron. A pesar de vender por un precio menor del que compraron, y no darse las circunstancias para que se devengara el impuesto, las haciendas locales seguían emitiendo el impuesto, y por lo tanto era obligatorio su pago.

A raíz de esta situación se interpusieron varias demandas a nivel autonómico (Sentencias del TSJ de Cataluña de 18 de Julio de 2013, número 805/2013, y 3.120/2012 de marzo de 2012). En todas ellas se declara dar primacía al artículo de la LHL 104 sobre el 107, lo que quiere decir, que para imponer el impuesto, habría que acreditar el incremento real del valor del inmueble, ya que si no existiera, no se generaría el tributo, no habría sujeción al impuesto simplemente como consecuencia de la no existencia del hecho imponible.


Posteriormente, y al hilo de lo anteriormente expuesto, se interpuso la cuestión de inconstitucionalidad n.º 1012-2015 por el Juzgado Contencioso nº 3 de Donostia en base a sus normas forales sobre los artículos 107 y 110.4 de la Ley de haciendas locales por posible infracción al principio de capacidad económica (art. 31 CE) y al derecho de defensa (art. 24 CE). Lo que interesa destacar de esta sentencia del TC de fecha 16/02/2017 es el análisis que hace de los artículos del Real Decreto en cuestión, ya que de la forma que lo habían venido aplicando los Ayuntamientos, se aplicaba la norma mediante un método objetivo de valoración (que no tenía porque ser real)

En otro orden de cosas, esta sentencia sienta las bases sobre las cuales se podrán no pagar las plusvalías cuando se venda a un valor inferior al que se compró, ya que la estimación objetiva que se venía haciendo del impuesto (tanto a nivel autonómico como estatal) no contemplaba una minusvalía, por lo que se gravaba un incremento ficticio del terreno.


Dicha sentencia no admite la cuestión de inconstitucionalidad, sin embargo en su fallo estima parcialmente la misma declarando inconstitucionales y nulos los artículos forales únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Finalmente, tenemos otra sentencia del TC de fecha 11 de Mayo de 2017 que argumenta análogamente. La misma, si estima la cuestión de inconstitucionalidad, declarando inconstitucionales y nulos los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, pero únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Podemos concluir diciendo que para que se devengue dicho impuesto, evidentemente se tienen que dar los 3 requisitos expuestos en la Sentencia de fecha 16/02/2017, y el que ha generado más controversia es especialmente el incremento real del valor del suelo, que puede ser fácilmente acreditado con las escrituras de compraventa.

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imagen inicial: pexels