20 de septiembre de 2016

Cooperativas de vivienda ¿Una alternativa a la burbuja?

Autora:  Lucía Álvarez de Toledo Martínez, abogada
Asociada del área de Litigación y Arbitraje de Cuatrecasas, Gonçalves-Pereira, Olivencia Ballester


A raíz de la tan esperada recuperación económica y con las noticias sobre la progresiva reactivación de un mercado inmobiliario, afectado por la aun latente crisis, a nadie se le escapa que grúas y ladrillos vuelven a estar en movimiento. Y con ello la vuelta a un modelo mayoritariamente especulativo que hace prever un nuevo encarecimiento de la vivienda. Esta subida viene provocada, fundamentalmente, por la intervención de las grandes promotoras que, años atrás, se habían visto obligadas a replegar velas y en la mayoría de los casos habían mantenido apalancados miles de inmuebles vacíos a la espera de que recuperaran su valor tras la gran crisis.

En estos momentos en los que se nos promete una nueva época de bonanza y vemos cómo la burbuja inmobiliaria trata de volver a recuperar parte del aire que antaño perdió, resurgen también, aunque con menor protagonismo, modelos alternativos para la adquisición de vivienda, como es el caso de las cooperativas.

Una cooperativa de vivienda es una empresa constituida por personas que desean acceder a una residencia en propiedad a un precio más bajo que el ofertado en el mercado. La nota característica de la cooperativa es la ausencia de ánimo de lucro mercantil, que permite el acceso a la vivienda a precio de coste. En Andalucía, las cooperativas están reguladas por el Decreto 123/2014 de 2 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 14/2011 de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Es notorio que con la caída de precios en el mercado inmobiliario, el ahorro que suponía estar en una cooperativa era menor y, por ello, años atrás se redujo la incidencia de este modelo. Además, otra serie de dificultades añadidas derivadas de la retirada de la práctica totalidad de las ayudas públicas, la eliminación de la desgravación por la compra de vivienda habitual, la subida del IVA, la dudosa labor de las sociedades gestoras y la imposibilidad de acceso a la financiación bancaria – por la exigencia a las cooperativas de la venta anticipada del 70% de las viviendas para acceder a un préstamo - provocaron la práctica desaparición del modelo cooperativo en este ámbito.
Sin embargo, con el germen de la recuperación económica son muchas las voces que nuevamente defienden el papel de la cooperativa frente a otras formas de adquisición. Ahora bien, para que este modelo incremente realmente su popularidad, se hace necesaria una contribución activa por parte de las Administraciones Públicas que permita rebajar el riesgo calificado para las operaciones de crédito promotor y de suelo cuando se realicen con cooperativas de viviendas cubiertas al 100% con socios cooperativistas. El control de la Administración es fundamental, asimismo, para asegurar las buenas prácticas en este mercado y la depuración de responsabilidades en los proyectos ya iniciados.


Como hemos adelantado, la esencia de este modelo es permitir al futuro propietario el ahorro de los costes de la intermediación promotora. No obstante, antes de plantearse acudir a este régimen, existen una serie de precauciones que deben ser tenidas en cuenta para realizar una inversión coherente y sin riesgo.

En el caso de que nos planteemos seriamente optar por la cooperativa de vivienda como medio para convertirnos en propietarios de un inmueble, debemos tener en cuenta que al adherirnos a esta empresa, nos convertiremos automáticamente en auto-promotores, asumiendo múltiples responsabilidades frente a proveedores y trabajadores, para las que en la mayoría de los casos no estaremos preparados. Es por ello que, antes de embarcarte en esta aventura, deberás poner especial atención para evitar cualquier fraude de supuestas cooperativas que no se comportan como tales, sino que hacen al cliente asumir todos los riesgos económicos del proyecto sin posibilidad de tomar decisiones o revocar aquellas que ya se han tomado.

En todo caso, antes de incorporarte a una cooperativa puedes comprobar si existe alguna que sea de tu interés en la Federación de Cooperativas de Viviendas de España y, una vez encontrada la que se ajuste a tus necesidades, deberás verificar que esté inscrita en el Registro de Cooperativas y constituida ante notario, así como que se trate de una sociedad solvente, capaz de asumir el proyecto que emprende.

Una cuestión esencial antes de realizar una inversión de este tipo, es comprobar cuáles son las características del suelo donde se pretende construir y si se trata de una vivienda pública, de un contrato con opción de compra o de una compraventa o permuta. Además, es fundamental que las cantidades que aportan los cooperativistas estén garantizadas mediante aval bancario o a través de una compañía de seguros. En este punto, hay que tener en cuenta que la Ley de Ordenación de la Edificación obliga a las personas socias a devolver tales cantidades en el caso de incumplimiento en cuanto al plazo o la forma de ejecución.

Por último, antes de entregar cantidades a cuenta, es imprescindible verificar que existe un proyecto técnico o anteproyecto que garantice los plazos de ejecución de la obra, así como que esté disponible la suficiente información sobre los planes de pagos y financiación y sobre tus derechos como cooperativista o cliente.

Superados los anteriores filtros, la cooperativa puede convertirse en una alternativa más que razonable frente al sistema tradicional de compra de vivienda, pues además de suponer un ahorro en cuanto al coste, permite a los cooperativistas adoptar, por mayoría, mejoras en las calidades de sus viviendas y los planes de pagos suelen ser accesibles, para adaptarse a la capacidad económica de los socios, siempre que no se comprometa la viabilidad de la promoción.

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Imágenes: pexels

14 de septiembre de 2016

Una toga para los intérpretes

Autora: Victoria Moreno Leyva,
Traducción/interpretación judicial 

La semana pasada me invitaron a un cumpleaños. Si lo pienso detenidamente, me parece un rito maravilloso esto de celebrar el aniversario del nacimiento de una persona. Así como la liturgia que acompaña a la celebración del hecho de envejecer. A grandes rasgos, nos reunimos con la familia y los amigos, compartimos una tarta en la que soplamos las velas que representan los años vividos y nos regalan presentes para celebrar el pasado y el futuro.

Bueno, que yo lo que quería era hablaros del cumpleaños al que fui la semana pasada. Mi amiga cumplía los treinta – según mi abuela treinta y uno, porque lo que cuenta es el año que vas a vivir - y en esta ocasión, quería hacer algo especial. Nos envió un email con información de la fiesta. En el email también mencionaba una petición: los invitados debían ir de blanco. En mi caso, me centré en planificar el volumen de trabajo para cumplir con el plazo de entrega, no podía perderme el cumpleaños. El día de la fiesta me levanté muy temprano, revisé por última vez el texto y lo envié al cliente con satisfacción y alivio. Me di una ducha, me puse mis pantalones cortos, la camiseta más fresquita y conduje en dirección al cumpleaños. Por el camino me llegó el email de confirmación de recepción. Genial. Ahora tocaba disfrutar. Cuando llegué a mi destino, aparqué y llamé a la puerta de la casa. Al abrir ¡menuda sorpresa! Había olvidado por completo la petición. A mi alrededor todos iban de ibicencos y yo de grancanaria.

La situación era cómica y llamaba la atención porque sin pretenderlo, me había convertido en el elemento disonante de la fiesta. Rompía la armonía, si, pero al fin y al cabo era una fiesta, pasada la vergüenza inicial, y el ayqueverquecabezatienes, no influyó un ápice en la diversión general.

Entonces pensé en cómo esa sensación me era familiar.

Interpretación judicial Icamalagablog
Me acordé de las veces que interpretando en  sala lo había pensado. En los juicios, mientras miraba al estrado: los abogados, el juez, el fiscal...Todos llevaban aquellas togas negras, solemnes, rituales, litúrgicas y esenciales para celebrar el acto del juicio. Esas vestiduras que los preparan para una ceremonia casi teatral. Recordé uno de mis primeros juicios, cuando me llamaron para que fuera a sala, sin citación previa y sin saber de qué delito se trataba. Me visualicé con prisa por los pasillos, con unas cuñas marrones y un vestido largo azul claro de florecitas, si si, de estos hippies que se llevan ahora tanto. Se trataba de un juicio por tentativa de homicidio y hasta los GEO llevaban uniforme. Me acordé de lo que me habría gustado haber pedido prestada una toga. Me imaginé como sería la nuestra. De un azul añil brillante, con puñetas bordadas y el escudo del Cuerpo de Intérpretes Judiciales en un hilo amarillo y azul grancanario.

Obviamente, cada uno es libre de vestir como guste, aunque en determinadas situaciones, trabajos o fiestas de cumpleaños, conviene más no alterar la armonía del entorno y adaptarse al contexto en el que se va estar.


Y como por el momento, el Cuerpo de Intérpretes Judiciales carece de toga, bata, pijama o uniforme, intento entretanto ir lo más armónica posible en sala. Quizás el dónde fueres haz lo que vieres de mi abuela resuma esta percepción. Y es que el intérprete judicial es una parte tan esencial en la celebración del acto del juicio como el resto de invitados, digo, de las partes.  

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7 de septiembre de 2016

La Justicia francesa: breve presentación de sus tribunales


Autora: Lucie Davioud,
Jurista-lingüista y fundadora de Leglosa


Independientemente de que seamos juristas y de que nuestra profesión esté íntimamente relacionada con el Derecho, en ocasiones nos encontramos con que debemos trabajar con un sistema jurídico extranjero. En estos casos, es conveniente conocer al menos cuáles son sus principales características, así como sus similitudes y diferencias con relación al sistema jurídico español.

En concreto, este artículo trata sobre la organización de la Justicia en Francia. Sin embargo, como se trata de un tema muy vasto, empezaremos por presentar y describir someramente cuáles son los órganos jurisdiccionales del país vecino y sus respectivas competencias.

En Francia, la organización de la Justicia está regulada en el Code de l’organisation judiciaire y el Code de justice administrative, que ordenan el sistema judicial y determinados órganos jurisdiccionales administrativos, respectivamente.

La primera diferencia que observamos es que, mientras que en España la jurisdicción ordinaria está dividida en cuatro órdenes jurisdiccionales, Francia cuenta con dos: el ordre judiciaire, en el que se resuelven los conflictos entre particulares y las infracciones de naturaleza penal; y el ordre administratif, en el que se resuelven los conflictos entre particulares y el Estado o la Administración pública. Son dos órdenes completamente independientes el uno del otro, tal y como lo exige el principio de la separación de poderes, en virtud del cual un juez del ordre judiciaire no podrá conocer de asuntos relacionados con la Administración pública.

Asimismo, cada uno de esos órdenes está compuesto por órganos jurisdiccionales (juridictions) de primera instancia, de segunda instancia y de casación —que es el órgano más alto del orden en cuestión—, organizados piramidalmente.

Leglosa

Así, en la base del ordre judiciaire están los órganos jurisdiccionales de primera instancia (juridictions de première instance, también llamadas juridictions de premier degré), que conocen de los asuntos por primera vez. A su vez, estos están divididos en dos grandes categorías: las juridictions civiles (órganos jurisdiccionales civiles) y las juridictions pénales (órganos jurisdiccionales penales).

Las primeras, por su parte, están integradas por el tribunal de grande instance (órgano jurisdiccional común), tribunal d’instance, juridiction de proximité (hasta principios de 2017), tribunal de commerce (se encarga de dirimir los litigios entre comerciantes), conseil de prud’hommes (que resuelve, en el ámbito privado, los conflictos entre el empleador y el empleado nacidos del contrato del trabajo), tribunaux des affaires de sécurité sociale y tribunal paritaire des baux ruraux.

Por su parte, los órganos jurisdiccionales penales son competentes en función de la infracción cometida, dividida en tres tipos según la gravedad: contravention, délit y crime (de la menos grave a la más grave). Desde septiembre de 2003 y hasta 2017, tanto el Tribunal de police (contraventions de 5ème classe) como la juridiction de proximité (contraventions de las primeras cuatro categorías) son competentes para conocer de las contraventions. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2017, fecha en la que se suprimirán las juridictions de proximité, el tribunal de police recuperará la competencia total en materia de contraventions.
Puede suceder que las partes no estén satisfechas con la resolución dictada por el órgano jurisdiccional competente de primera instancia. En este caso, en principio podrán recurrirla ante la cour d’appel, tribunal de segunda instancia. Este está dividido en varias chambres (salas), especializadas en materias (p. ej., chambre des appels correctionnels, chambre commerciale, chambre sociale, etc.).

Si aún con todo éstas no obtuvieran satisfacción, podrán interponer un recurso de casación ante la Cour de cassation, el Alto Tribunal del ordre judiciaire: es único y se encuentra en París. No se sitúa en una tercera instancia, puesto que su labor consiste en pronunciarse sobre la legalidad de la resolución dictada en última instancia por los órganos jurisdiccionales civiles y penales, y no sobre el fondo del asunto, garantizando así la uniformidad de la jurisprudencia a escala nacional.

El ordre administratif, por su parte, está estructurado de la misma manera que el ordre judiciaire.


Así, en la base encontramos los tribunaux administratifs y cours administratives d’appel, que son los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia, respectivamente. El Conseil d’État culmina la configuración de este orden: es el Alto Tribunal del mismo.

Sin embargo, y a diferencia de la Cour de cassation, que solo tiene competencia para conocer de los pourvois en cassation (recursos de casación), el Conseil d’État también es competente, por motivos históricos, para conocer de los asuntos en primera y segunda instancia que la ley determine.

Finalmente, concluimos este artículo con el Tribunal des conflits, encargado de resolver los conflictos de competencias que necesariamente van a surgir entre los dos órdenes jurisdiccionales antedichos, determinando cuál de los dos es competente en cada caso. Se trata de un órgano jurisdiccional paritario, formado por miembros de la Cour de cassation y del Conseil d’État, completamente independiente de los dos órdenes jurisdiccionales.

A este respecto, la organización judicial francesa constituye una excepción: si bien los conflictos de competencias son inherentes a esta dualidad jurisdiccional, de entre todos los países que han adoptado este sistema judicial, tan solo Francia ha creado un órgano específico para su resolución.

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27 de julio de 2016

Testamento digital: el futuro de tu identidad digital

Autora: Carmen Andrey Martín, abogada
Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla


Nuestra identidad digital tiene cada vez mayor incidencia en nuestra vida cotidiana: la mayoría de nosotros tenemos cuentas de correo electrónico y somos usuarios de redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram. También es lo más usual tener guardadas nuestras fotografías, películas o música favoritas en algún soporte digital o volcadas en Internet. Todo esto configura un “patrimonio digital” que es susceptible de transmisión y puede ser legado tras el fallecimiento de una persona.
Parece necesario teniendo en cuenta lo anterior que en el momento en que una persona se plantea a quién va a dejar en herencia su casa o el dinero de sus cuentas bancarias también se pregunte qué hacer con su “identidad digital”. Tanto la sociedad como las nuevas tecnologías avanzan más rápidamente que la legislación (no sólo la española sino la internacional) por lo que las leyes sucesorias no están adaptadas a la realidad social que vivimos.

Por ahora la única opción existente para determinar qué destino queremos darle a nuestro patrimonio digital es introduciendo en el testamento una cláusula a modo de “testamento digital”, que contenga:

  • Identificación de las personas autorizadas para que se les facilite contraseñas necesarias a fin de acceder a nuestra información o documentos virtuales y, en general, para gestionar nuestro patrimonio digital.
  • Indicaciones sobre el destino que queremos dar a ese patrimonio digital: si queremos que sea eliminado o bien cualquier otra gestión concreta.
  •  Inventario de nuestro patrimonio digital: cuentas de correo electrónico, perfiles de redes sociales, archivos de música, películas, fotografías, eBooks etc…

A pesar de lo anterior, a causa del vacío legal existente, la persona que reciba las instrucciones de uso del patrimonio digital del fallecido puede encontrarse con problemas legales por la protección de datos personales o por los derechos de intimidad o propia imagen. De ahí que las propias webs estén comenzando a implementar sus políticas para estos casos: Google por ejemplo tiene el llamado “Administrador de cuentas inactivas” para que los herederos soliciten el cierre de las cuentas de Google+, Gmail y todos los productos del buscador. Deberán acreditar el grado de parentesco con el fallecido y una vez verificado se darán de baja las cuentas; Apple por el momento y a falta de una regulación legal del patrimonio digital entiende que todos derechos generados por los contenidos comprados en iTunes terminan con la muerte de una persona; Instagram o Facebook permiten que la cuenta del fallecido quede abierta a modo de homenaje.

Mientras llega o no esta actualización de la normativa sucesoria empezamos a encontrar sitios webs que ofertan como servicio gestionar las últimas voluntades de una persona en relación a su patrimonio digital, de forma totalmente compatible con un testamento notarial según publicitan en sus webs . Según mi opinión lo más conveniente sería, mientras la legislación se pone al día, introducir en el propio testamento una cláusula específica que resuelva la situación de ese patrimonio digital pero que en cualquier caso quede  constancia ante notario como de cualquier otra disposición relativa al patrimonio, a fin de garantizar la confidencialidad del usuario y evitar la posibilidad de dar un uso deficiente a los datos personales que configuran nuestra identidad digital. 

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20 de julio de 2016

Otoño en Torremolinos. #CJAM16


Este año os invitamos a disfrutar de Torremolinos, con una oferta única de formación y networking en el sector legal: el 12º Congreso Jurídico de Icamalaga #CJAM16. Los días 6 y 7 de octubre de 2016, Torremolinos se convertirá en el punto de referencia de la formación científico jurídica. Después del éxito de la anterior edición en Marbella, donde contamos con casi 1500 participantes, queremos seguir sumando y creciendo.

Seguimos apostando por abrir el Congreso también a estudiantes, que contarán de nuevo con una tarifa reducida de 60€. También otros colectivos como abogados del Turno de Oficio en Málaga, compañeros de otros Colegios y de los Colegios de Procuradores, Graduados Sociales y Administradores de Fincas de Málaga., disfrutarán de precios especiales. Podéis consultar todo lo relativo a las inscripciones en la web del Congreso.




La imagen del CJAM16 es obra del artista murciano Rubén Lucas, que resultó ganador del ya tradicional concurso que el Colegio organiza para elegir el cartel anunciador.

El programa  incluye 27 secciones formativas con 70 ponencias, mesas redondas y mesas de trabajo, con  de gran actualidad, como la crisis de los refugiados, con una mesa redonda organizada conjuntamente por la Sección de Extranjería y la Comisión de Derechos Humanos o la nueva casación contencioso-administrativa, que analizaremos con Luis Díez Picazo, presidente de la Sala III del Tribunal Supremo.

La evolución de la jurisprudencia sobre violencia de género será objeto de estudio de la mando de Ángeles Carmona Vergara, presidenta del Observatorio contra la Violencia de género. Otros asuntos candentes como el turismo sanitario, la aprobación del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos o la llegada de la inteligencia artificial a la abogacía (Proyecto Watson) estarán presentes en las Secciones de Internacional, Gestión de Despachos y Nuevas Tecnologías.

Este año presentábamos la Sección de Derecho y Bienestar Animal, la primera en toda Andalucía. En el CJAM16 se estrenan con tres ponencias. Como siempre, el Grupo de Abogados Jóvenes participa con una interesante propuesta. “Abogadas: una historia viva” con Francisca Sauquillo Pérez del Arco, abogada y Premio de Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía en 2015.

Las novedades referentes a las cláusulas bancarias abusivas, la refinanciación en el concurso de acreedores tras las últimas modificaciones legislativas, el ‘fair play' financiero de la UEFA (con Emilio García Silvero, Jefe del Departamento disciplinario y de integridad de la UEFA)  o el ‘derecho al olvido' en internet en el ámbito de la Unión Europea (con Javier De la Cueva) son algunos de los asuntos que se tratarán en estos dos intensos días de formación.

Este Congreso es además un gran punto de encuentro para intercambiar experiencias y conocimientos con compañeros de toda España (e incluso de otros países de Europa). Y también supone una oportunidad ideal para "desvirtualizar" a esos compañeros a los que seguimos en redes sociales. Por eso, os  invitamos a participar activamente en Twitter con la etiqueta del Congreso #CJAM16
¡Nos vemos en Torremolinos!

Para saber más:
-#CJAM16

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13 de julio de 2016

Tributación de no residentes

Autor: Federico Carrizo, abogado
Carrizo Abogados



La tributación de los no residentes podría dar para escribir un libro, pero lo cierto es que este artículo pretende ser práctico y lo voy a centrar en la demanda más frecuente que solemos tener los letrados por parte de los no residentes, ya que la tributación de la renta más común por parte de los mismos es la obtenida por  personas físicas sin establecimiento permanente y poseedores de uno o varios inmuebles urbanos, y no de personas jurídicas (las cuales abordaremos en otra entrada).

La regulación de dicha tributación se articula mediante dos Reales Decretos; Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

Pues bien, una vez vista su regulación, cabría hacer una distinción entre lo que es un residente y un no residente a efectos fiscales, ya que hay una idea generalizada en asociar no residentes a ciudadanos extranjeros, no siendo ciertamente así,  aunque cabe decir que en la mayoría de los casos si lo es. Un claro ejemplo es que hay ciudadanos extranjeros residentes fiscalmente en España y ciudadanos españoles no residentes a efectos fiscales.

Para determinar la residencia “a efectos fiscales” de una persona física se tienen en cuenta varias circunstancias, pero la fundamental es que el contribuyente permanezca en España más de 183 días durante el año natural. Por norma general, esta estancia en un país no debe ser probada a la Hacienda pública española (pensemos la estancia en cualquier otro país de la Unión Europea por parte de un ciudadano de un estado miembro, el cual le faculta para moverse y establecerse libremente por los países del territorio europeo), sin embargo, cuando dicha estancia suele ser en paraísos fiscales, si es posible que  se soliciten, y se deban aportar pruebas fehacientes de la estancia en dichos territorios, de todos es conocido la estancia de ciertos deportistas “españoles” de élite que sin embargo tributan fuera del fisco español.

La acreditación de la residencia fiscal de los no residentes se debe realizar en la Delegación de Hacienda más cercana con departamento de no residentes. La solicitud de la misma se realiza a través de un formulario de la Hacienda Pública (modelo 01) en la cual se solicita un certificado de residencia fiscal en España, y el cual nos han devolver negativamente; es decir, se solicita la solicitud de residencia fiscal en España del no residente y lo que se recibe es una contestación de la Agencia Tributaria denegando tal solicitud, por lo que se infiere que quién solicita dicho certificado es un no residente.

 Una vez marcadas las líneas de lo que es un no residente o no, hemos de determinar que la cuestión que más se aborda en términos generales a efectos fiscales, que es el de las personas físicas no residentes (en su mayoría extranjeras) que poseen uno o varios inmuebles urbanos en España. Pues bien, en gran parte de los casos, los clientes piensan que no tienen obligaciones tributarias en España por el mero hecho de ser no residentes, no siendo así, ya que además de los gastos que le genera la vivienda de por sí (agua, luz, comunidad de propietarios, IBI, etc..) los no residentes tienen la obligación de presentar la declaración de la renta de no residentes.

Este es un impuesto de carácter anual que grava directamente sobre los bienes inmuebles que sean utilizados para uso propio y ajenos a cualquier actividad económica.

Dicho impuesto se devenga el 31 de diciembre a través de un formulario electrónico o papel (modelo 210) de la Agencia Tributaria. La base para el calculo de dicho impuesto se encuentra en el valor catastral, por lo que estamos ante un impuesto proporcional, ya que cuanto mayor sea el precio del inmueble, mayor será el pago del impuesto.

Finalmente, el impago de dicho impuesto puede conllevar sanciones de todo tipo por parte de la agencia tributaria, por lo que es recomendable aconsejar a todos los clientes no residentes  la conveniencia de liquidar dicho impuesto, ya que el porcentaje a pagar suele ser mínimo en comparación con las sanciones.

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Foto inicial: pexels.

6 de julio de 2016

Claves para mejorar la inteligencia emocional del abogado

Autora: Berta Santos Rouco,
Abogado y Coach jurídico




El ejercicio de la abogacía está inmerso en una serie de cambios que están obligando al abogado a desarrollar nuevas competencias para la práctica de la profesión, además de las competencias técnicas tradicionales.

Estas nuevas competencias implican darle importancia a la dimensión humana de la profesión. El abogado no es una figura que actúa en solitario sino que desempeña su actividad e interactúa con diferentes personas, ya sea con colaboradores, abogados contrarios, clientes y personal del juzgado.

A este respecto, resulta cada vez más importante el manejo de este tipo de relaciones por parte del abogado, así como de las situaciones de estrés y de tensión que se producen en la práctica diaria.

Actualmente es fundamental para el abogado que, además de contar con unas excelentes competencias técnicas, sea capaz de adquirir otras competencias de management o de gestión de aplicación a su ejercicio profesional como la comunicación, el liderazgo y la inteligencia emocional.

La inteligencia emocional permite al abogado manejar sus propias emociones, además de ayudare a comprender las emociones de los demás. Dominar el lenguaje emocional y reconocer las emociones de los otros son aspectos fundamentales para construir relaciones auténticas, empáticas y generar vínculos de confianza con las personas.

La inteligencia emocional es una competencia que puede desarrollarse ya sea a través de formaciones específicas o a través de procesos de coaching. Cada vez son más los abogados que se ocupan de esa materia, como parte de su desarrollo profesional.

Los abogados comienzan a comprender la necesidad de los clientes de buscar abogados capaces de entender su caso, tomando en consideración también cómo les afecta a nivel emocional el asunto. Un abogado capaz de gestionar sus emociones adecuadamente, que muestra cercanía y confianza, sin que ello suponga, que el abogado se convierta en el psicólogo del cliente, son aspectos cada vez más valorados por los clientes. Una adecuada gestión emocional permitirá al abogado tener mayor conocimiento de su cliente, aumentar su satisfacción laboral, generar mejor ambiente de trabajo en el despacho y mejorar su capacidad para trabajar en equipo.

En este sentido, la práctica de la abogacía y las emociones no son incompatibles sino que el abogado ha de ser capaz de comprenderse y conocer sus propios comportamientos para poder entender a los demás. De lo contrario al abogado será percibido por el cliente con desconfianza, distancia e inseguridad, lo que impedirá lograr un mayor entendimiento del caso y lograr fidelizar al cliente.

A continuación enumeraremos los aspectos fundamentales que pueden ayudar al abogado a desarrollar su inteligencia emocional:

  1. Incrementar la consciencia de sus propias emociones
    Para ello es importante que el abogado sea capaz de parar la vorágine de su día a día, tomar la distancia necesaria aunque sea sólo por unos minutos y darse cuenta de cómo está reaccionando ante una determinada situación y por qué. Ese paréntesis es especialmente recomendable en situaciones intensas, de gran tensión o de estrés.
  2. Manejar sus propias emociones
    Una vez que el abogado ha reflexionado y es consciente de su reacción ante una determinada situación es fundamental que pueda encontrar la manera de expresar sus emociones. Para ello, en ocasiones será necesario replantear la relación con sus colaboradores o incluso también con los clientes cuando el abogado sienta que ésta se está deteriorando y que necesite clarificar ciertos aspectos. La expresión de las emociones ayuda a mejorar problemas de comunicación entre las personas y evitar la creación de emociones y comportamientos negativos o enrarecidos.
  3. Percibir las emociones de los otros
    Entender las emociones de los demás mediante la interpretación del lenguaje no verbal, aprender a interpretar los gestos, el silencio, la posición corporal. Todo ello puede dar una información valiosa al abogado ya sea respecto a sus clientes o respecto a los abogados contrarios, en las reuniones de negociación o en el juzgado.
  4. Influir en las emociones de los demás
    En la medida en que el abogado es capaz de comprender sus propias emociones y las emociones de los demás, puede elegir la respuesta más adecuada ante una determinada situación, minimizar conflictos y construir relaciones de confianza. Un abogado con inteligencia emocional podrá influir y tener mayor impacto en los demás, así como contar con una visión más global del asunto.
En consecuencia, son numerosos los beneficios que obtendrá el abogado en el desarrollo de su inteligencia emocional. La competitividad y la exigencia que existe hoy en día en la profesión implican la necesidad del abogado de convertirse en un profesional más completo, un abogado que sea gerente y líder de su despacho, que pueda acercarse a su cliente y conocerlo mejor. Sin duda, invertir en esta competencia redundará en aspectos positivos para el abogado, su despacho y, por supuesto, sus clientes.

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