17 de mayo de 2017

Aplicación de medidas de diligencia debida en materia de prevención de blanqueo de capitales


En la entrada de hoy os ofrecemos un resumen en tuits de la jornada sobre la aplicación por parte del abogado de medidas de diligencia debida en materia de prevención de blanqueo de capitales. Se trata de una nueva actividad de formación de la Sección de Prevención de blanqueo de capitales del Colegio, coordinada por nuestro compañero Rafael Cantero, y que contó con la participación de José María López Jiménez. ¡Esperamos que os sea útil!




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10 de mayo de 2017

Días de cine: IX Ciclo de Cine y Derecho en Málaga

Cartel de la IX edición, obra de Dionisio Gil Izquierdo

Mayo es el mes del cine jurídico en Málaga. Desde hace nueve años, y gracias al esfuerzo de nuestros compañeros Francisco Fernández Zurita y Carlos Font Feliú se realiza en nuestra ciudad el
Ciclo de Cine y Derecho del Colegio de Abogados. Este año, como siempre, en el Cine Albéniz, y con la colaboración de AndalBrok.


Uno, dos, tres (Billy Wilder, 1961) abre el ciclo el próximo jueves 11 de mayo. Billy Wilder en estado puro: un guión que no da tregua ambientado en el Berlín de la guerra fría. José María Davó, decano emérito de nuestro Colegio, será el encargado de presentar la película. El moderador del coloquio será Francisco Fernández Zurita.


La segunda sesión del ciclo será de nuevo una cita con el cine clásico: Matar un ruiseñor (Robert Mulligan, 1962) el jueves, 18 de mayo. Esta adaptación de la novela de Harper Lee figura en la lista de las mejores películas jurídicas de la historia de la Abogacía española y Atticus Finch, el abogado interpretado por Gregory Peck es uno de los referentes éticos de la profesión por excelencia.  El novelista Rafael Ábalos presentará la proyección, a la que seguirá el habitual coloquio, moderado por Carlos Font Feliú.


Para cerrar esta novena edición, contaremos con un excelente ejemplo  de cine europeo reciente: El capital humano (Paolo Virzì, 2013) que ofrece un retrato de la crisis económica y su impacto en la sociedad a través de una narración llena de suspense. La película obtuvo numerosos reconocimientos y premios.
La presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, Lourdes García Ortiz, presentará la película y la diputada de Cultura del Colegio de Abogados de Málaga, Elisa Jurado, moderará el último debate del ciclo, el jueves, 25 de mayo.

Esperamos contar con vuestra asistencia a este ciclo, abierto a todos los amantes del cine, juristas y no juristas. ¡Nos vemos en el cine!


Proyecciones: Cine Albéniz, 19:30h

Entrada gratuita hasta completar aforo. Aquellos que lo deséeis,podréis hacer un donativo de 1€ a beneficio de la obra social del Colegio.
Podréis recoger las invitaciones en la taquilla del cine.

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3 de mayo de 2017

Libertad del juez de instancia para cuantificar la compensación económica en separación de bienes

Autor: Juan José Reyes Gallur, abogado
Especialista en Derecho de Familia


Una historia de Brooklyn (Noah Baumbach, 2005)

En una entrada anterior,  publicada el 29 de junio de 2016, analizaba la diversidad de criterios que el Tribunal Supremo establecía a la hora de conceder la compensación económica que ha de señalarse en la sentencia de divorcio cuando los cónyuges están casados en régimen separación de bienes y uno de ellos ha trabajado “exclusivamente para el hogar familiar”. (Sentencias del Tribunal Supremo de 135/2015, de 26 de marzo, 136/2015, de 14 de abril y 614/2015, de 15 de noviembre)

No olvidemos tampoco, como recordaba la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 11 de diciembre de 2015, que la referida compensación “no es incompatible con la pensión compensatoria, aunque pueda tenerse en cuenta a la hora de fijar la compensación.”

En consecuencia, en estos casos, que cada día se incrementan, hay varias cantidades económicamente importantes que discutir, y en mi humilde opinión, las compensaciones del 1438 del Código civil, pueden superar económicamente a las pensiones compensatorias, entre otras cosas, porque estas cantidades hay que pagarlas sí o sí, pues no se extinguen, por ejemplo, por el nuevo matrimonio del beneficiario de la misma.

Recordemos algunas sentencias como botón de muestra y observemos que sus cuantías son importantes:
  • STS 14 de julio de 2011 concedió por 15 años de matrimonio 108.000€.
  • STS 25 de noviembre de 2015 concedió por 10,9 años de matrimonio 250.000€
  • STS de fecha 5 de mayo de 2016 confirma la pensión compensatoria vitalicia y la compensación de 50.000€
La sentencia del TS de 25 de noviembre 2015 recuerda que la forma de determinar cuantía de la compensación ofrece algunos problemas. Y en definitiva dejaba en manos del juez el criterio para su fijación, criterio que, de ser razonado, vincula al Tribunal Supremo. Así nos decía que hay que remitirse al pacto, y a falta de él
 “será el juez quien deba fijarla, para lo cual el Código no contiene ningún tipo de orientación que no sea la que resulta de una norma especial en el marco del régimen económico matrimonial de separación de bienes y no del de participación de los artículos 1411 y siguientes del Código Civil. Una de las opciones posibles es el equivalente al salario mínimo interprofesional o la equiparación del trabajo con el sueldo que cobraría por llevarlo a cabo una tercera persona, de modo que se contribuye con lo que se deja de desembolsar o se ahorra por la falta de necesidad de contratar este servicio ante la dedicación de uno de los cónyuges al cuidado del hogar. Sin duda es un criterio que ofrece unas razonables y objetivas pautas de valoración, aunque en la práctica pueda resultar insuficiente en cuanto se niega al acreedor alguno de los beneficios propios de los asalariados que revierten en el beneficio económico para el cónyuge deudor y se ignora la cualificación profesional de quien resulta beneficiado. Pero nada obsta a que el juez utilice otras opciones para fijar finalmente la cuantía de la compensación, teniendo en cuenta que uno de los cónyuges sacrifica su capacidad laboral o profesional a favor del otro, sin generar ingresos propios ni participar en los del otro".

Pues bien, recientemente, el Tribunal Supremo en su sentencia de 14 de marzo de 2017, Id Cendoj: 28079110012017100176, nuevamente reconoce esa libertad del juzgador de instancia, ratificando que la “cuantificación se efectuará, con libertad de criterio, en el trámite de ejecución de sentencia sin exceder de la solicitada, y sin tomar en consideración el posible incremento patrimonial de uno de los cónyuges del que pueda ser participe el otro”. Como vemos en ejecución de sentencia también podrá determinarse la cuantía.

Por tanto, cuidado, recordemos que esta compensación es compatible con la pensión compensatoria, que exige que el trabajo para la casa sea exclusivo, que el incremento patrimonial del otro cónyuge no justifica su concesión, pero que tenemos libertad de criterios a la hora de intentar cuantificar esa compensación, que no olvidemos no se extingue por las causas del artículo 97 del CC y que ) que devengará el interés legal del dinero incrementado en dos puntos hasta su completo pago, conforme al artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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Foto inicial: ecartelera

20 de abril de 2017

II Jornadas de Territorio y Urbanismo en Manilva

Autor: Organización de las Jornadas


Los próximos días 17 al 19 de mayo se celebrarán las II Jornadas de Territorio y Urbanismo organizadas por el Ayuntamiento de Manilva (Málaga), dándose así continuidad a las que tuvieron lugar hace ahora dos años en abril de 2015. Estas Jornadas son promovidas con el objetivo principal de procurar una reflexión sobre la planificación y gestión del territorio que ayude a mejorar el ejercicio de la función pública en esta materia, y dotar a la vez de un espacio de deliberación común entre la ciudadanía y los profesionales. Muy diversas fueron las temáticas que se ofrecieron en la primera y novedosa edición, ampliándose ahora con esta nueva convocatoria.

En esta segunda edición se abordará un tema tan crucial para el devenir futuro de la planificación como es la nulidad de los instrumentos de ordenación como disposiciones de carácter general, para ello se contará con la clarificadora perspectiva de D. Rafael Fernández Valverde, magistrado de la sección 5ª de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, ponente de la conocida sentencia que anuló el Plan General de Ordenación Urbanística de la ciudad de Marbella. A la mesa-coloquio que seguirá a la conferencia inaugural del miércoles 17 de mayo se sumará la valiosa aportación de nuestra compañera Dª Belén Villena Moraga, así como un representante del equipo redactor del PGOU de Marbella aún por confirmar. 

El día 18 de mayo, también en sesión vespertina, se expondrá otro asunto de indudable trascendencia para un territorio costero como el de nuestra provincia. D. José Juan Suay Rincón, magistrado del Tribunal Supremo en la sección 5ª de lo contencioso administrativo, nos acercará a la “nueva” definición del dominio público marítimo terrestre en la reformada Ley de Costas y a su régimen concesional, siendo de obligada referencia su sentencia por la que el Alto Tribunal vino a suprimir el derecho preferente en la adjudicación concesional de los popularmente denominados “chiringuitos”. 

Las II Jornadas de Territorio y Urbanismo tratan a su vez de aumentar la oferta formativa con un enfoque más transversal, de este modo se otorga principal atención a un factor tan esencial en la ordenación del territorio como es la gestión de los recursos hídricos, para lo cual se contará en la última sesión del viernes 19 de mayo con una introducción temática de la mano del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba, D. Mariano López Benítez, que expondrá el procedimiento para la remunicipalización del servicio público de abastecimiento de agua, para posteriormente participar en un coloquio con representantes del sector público y privado.

Otra cuestión que será objeto de análisis en la última sesión es el destino de los patrimonios públicos de suelo y la planificación de la vivienda pública como medios de regulación del mercado inmobiliario; la exposición del marco teórico correrá a cargo de la profesora de Derecho Administrativo de la UMA, Dª Elsa M. Álvarez González, y el jefe de los servicios jurídicos del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga, D. Jorge García de Herrero Fernández respectivamente. Posteriormente tendrá lugar una mesa coloquio en la que participará el concejal del Ayuntamiento de Madrid por Ahora Madrid, D. Pablo Carmona Pascual, y un representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que aportarán una visión singular y alternativa a las prácticas institucionales.

Con la voluntad de mantener vivo un debate tan necesario entre todos los operadores en los procesos de ocupación y uso del suelo, el Ayuntamiento de Manilva apuesta por consolidar este espacio de deliberación abierto, contando para ello con la imprescindible colaboración de la Fundación de la Universidad de Málaga y el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, cuyos colegiados disponen de una reducción en el precio de inscripción.

Deseando que estas Jornadas tengan una acogida similar o incluso mayor que su antecesora, esperamos que concurran tanto profesionales expertos en los temas que se han programado como cualquier ciudadano que se sienta interpelado, confirmándose así una decidida apuesta municipal por generar y consolidar espacios de formación y reflexión colectiva donde la protagonista principal ha de ser inexcusablemente la ciudadanía, y donde la percepción del espacio urbano como ágora sin la cual la democracia no es posible cobre sentido.

Podéis descargar el díptico informativo de las Jornadas aquí
Más información en el email: jornadas.urbanismo[@]fguma.es

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6 de abril de 2017

La internacionalización de despachos de abogados

Los representantes del ICEX y Víctor Manuel Bañares
Incluso en tiempos de incertidumbre económica, la Costa del Sol y la provincia de Málaga se han erigido en polos de atracción de inversiones extranjeras en materia inmobiliaria y de negocios. La Sección de Derecho Internacional del Colegio de Abogados de Málaga anima a los despachos de abogados de la provincia a buscar nuevas oportunidades de negocio fuera  de nuestras fronteras. Con este fin, hoy se ha celebrado una jornada sobre internacionalización de los despachos de abogados, con la participación de representantes del Instituto de Comercio Exterior (en lo sucesivo, ICEX) y de compañeros que han compartido su experiencia personal en este tipo de procesos.

En la primera mesa han participado Rafael Fuentes Candau, Director Provincial de Comercio e ICEX en Málaga y Fernando León Caicoya, Jefe del Departamento de Servicios Profesionales de ICEX, presentando los servicios que la institución ofrece a los despachos. En esta línea destaca el convenio que el ICEX tiene con el Consejo General de la Abogacía Española, gracias al que se realizan seminarios y jornadas técnicas de marketing e internacionalización.
¿Puedo saber dónde van mis clientes? Fernando León recomienda usar el Directorio ICEX, que  publica listado de empresas españolas por países, siempre que lo hayan autorizado.

En la segunda mesa hemos podido conocer dos experiencias diferentes de internacionalización,con Francisco Almansa y Adolfo Martos Gross. Ambos ponentes han señalado la importancia de tener paciencia al embarcarse en este tipo de proyectos.


Francisco Almansa y Adolfo Martos Gross
Francisco Almansa nos ha contado la trayectoria de implantación de Almansa y Asociados en Rusia, partiendo de una filosofía basada en la comprensión de la cultura del país. Almansa destacaba una serie de factores clave para un pequeño despacho que quiere establecerse en otro país:

  • Competencia: En su caso, tuvieron en cuenta que Rusia, a pesar de ser un mercado más complicado por factores como el idioma o el clima, tenía también una menor densidad de competencia, algo que pudieron convertir en una ventaja con el tiempo.
  • Barreras lingüísticas: Conocer el idioma es fundamental ya que la lengua es una manifestación de la mentalidad del país.
  • Barreras reputacionales: En muchos casos, hay que vencer la mitología negativa que existe en torno a cada país, normalmente por desconocimiento.
  • Barreras administrativas: En relación con el ejercicio de la abogacía, debemos conocer cuál es el nivel de regulación de la profesión. En Rusia está poco regulado y es relativamente sencillo poder realizar labores de consultoría.
  • Barreras económicas: Hay que considerar la inversión de los períodos iniciales: sobre todo con los gastos de viajes. En esta primera fase aún no hay clientes o hay muy pocos, por lo que, de nuevo es importante ser pacientes.
  • Barreras emocionales: Compromiso con el proyecto. No hay garantías, hay que tener paciencia y adaptarse al plan, también hay que tener paciencia con el país de acogida donde queremos implantarnos.

Adolfo Martos Gross, por su parte, nos ha contado la internacionalización desde otra perspectiva: a través de la pertenencia a una asociación internacional. Desde hace varios años, Adolfo preside TEN, The European Network , una asociación de ámbito europeo cuyos objetivos principales son  intercambiar conocimientos, conseguir referencias por parte de otros despachos y aportar de este modo valor añadido a tus clientes extranjeros. Sin embargo, no hay que olvidar el fin último: aumentar la cartera de clientes.

El ponente insistía en que, para obtener rendimientos de la pertenencia a estas asociaciones, es necesario cumplir ciertos requisitos: que el despacho esté implantado o que tenga una orientación hacia las áreas civil y mercantil. Hay que tener en cuenta los costes: cuotas anuales y asistencia a las reuniones anuales. Y tener claro que debemos participar y ser activos. Aunque también hay riesgos: el tiempo, la inversión económica. Para él, el balance es positivo. Pertenecer a una asociación de este tipo permite diversificar, por ejemplo, en tiempos de crisis.

Estas son algunas de las  asociaciones citadas por Adolfo Martos Gross en su intervención.

La jornada se completaba con la ponencia sobre marketing a cargo de Brendan Anglin, de la que esperamos poderos contar más muy pronto.

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29 de marzo de 2017

El transporte y las aplicaciones tecnológicas tras las últimas resoluciones judiciales españolas.

Autor: José Andrés Diez Herrera
Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
Bufete Diez, Gómez & asociados SLP
Especialista en transporte y economía colaborativa



Comentaba, en un artículo anterior, la evolución de ciertos sectores económicos, y en particular, el transporte, con la inmersión de la tecnología; y explicaba la primera resolución judicial dictada por el Juzgado Mercantil nº 2 de Madrid, que decidió suspender en toda España la aplicación Uber Pop, propiedad de la mercantil estadounidense Uber Technologies Inc, con carácter previo a la demanda, sin olvidar, que existía una cuestión prejudicial (1) al TJUE, cuyo fallo conoceremos, seguramente, a lo largo de esta primavera, y que decidirá cómo debe interpretarse la irrupción de las aplicaciones tecnológicas en el ámbito del transporte de viajeros urbano a los ojos de la normativa europea, y cuyo fallo determinará si su actividad se encuadra en los servicios de la sociedad de la información; si es un servicio de transporte, o por el contrario, si tiene una funcionabilidad de carácter mixto, y  que lo cierto es que afectará a la totalidad de aplicaciones de transporte que ejerzan la actividad en Europa.
Los órganos judiciales españoles, por su parte, al margen de la esperada sentencia europea, han creado su propia respuesta aunque dispar, dependiendo del modelo de negocio de las diferentes aplicaciones de transporte.

UBER POP
Así, resulta de especial importancia el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 28, de fecha 23 de enero de 2017 (2) ratificando la suspensión de la aplicación Uber pop previamente dictada por el Juzgado Mercantil nº 2 de Madrid, y cuyo estudio resulta muy interesante al ser pionero sobre esta materia, y totalmente dispar al creado por el Juzgado Mercantil de instancia, aun manteniendo el mismo fallo, al decir, en síntesis:

La prestación de servicios de transporte urbano discrecional sin la correspondiente autorización administrativa constituye una actividad infractora de normas que tienen por objeto la regulación de la actividad concurrencial y, por lo tanto, un acto de competencia desleal previsto en el artículo 15.2 LCD.
La actividad debe ser considerada como transporte y no un servicio de la sociedad de la información
El control de la actividad de transporte de la matriz americana a través de una filial en Holanda sirviéndose de una Plataforma debe ser considerado prestador de servicios con establecimiento en un Estado miembro. 
UBER no es un operador neutral ni un mero operador tecnológico. No puede acogerse a la exención de responsabilidad prevista para los PSSI.

BLABLACAR

Diferente cuestión ha sido la reciente sentencia 30/2017, 2 de febrero, del Juzgado Mercantil nº 2 de Madrid en el asunto Blablacar (3), quien apartándose de su propio criterio respecto a la sentencia que dictó sobre la aplicación UberPop, y sin entrar en valoración de la prueba de las partes admitida en el proceso, desestima la demanda de competencia desleal interpuesta por Confebus, al afirmar (textualmente):

Blablacar realiza una actividad ajena a la regulada en la legislación de transportes
Blablacar ha generado una plataforma no para organizar transporte, sino para poner en contacto a particulares que quieren realizar un viaje juntos, y compartir determinados gastos del trayecto, y para dar calidad al servicio de contacto ha puesto unos márgenes y unos límites, y un formato de actuación. Que en modo alguno es obligatorio para quienes lo usan.

Es cierto que la legislación va siempre por detrás de la realidad, pero desde luego, la falta de indefinición no puede ser objeto de demanda ni de auxilio judicial. Ni en la mejor escuela de derecho libre podría este juzgador crear un precepto que disciplinase esta nueva realidad socio económica.
En definitiva, deberá ser la propia sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, autora  de la resolución, anteriormente citada, que mantuvo la suspensión de Uber Pop en España, quien en los siguientes meses resuelva el recurso de apelación interpuesto bajo dos parámetros:

-Bien, si resulta de aplicación su propio criterio jurídico recientemente conocido sobre Uber para aplicarlo a Blablacar

-O si mientras tanto, el TJUE ha fijado sus propios parámetros para interpretar el derecho europeo sobre el transporte y la tecnología de los servicios de la sociedad de la información, y que obligarán a los Tribunales nacionales a aplicarlos a cada caso.

Notas:
(1) Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona (Asunto C-434/15)
(2) Rollo de apelación 494/2016
(3) Blablacar es la denominación bajo la cual particulares con sus propios vehículos realizan servicio de traslado compartido de viajeros en sus desplazamientos por un precio, y bajo las condiciones fijadas por la aplicación.

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22 de marzo de 2017

Reflexiones en torno al Impuesto sobre Sucesiones

Autor: Rubén Mayorga Martín, abogado
Responsable del Departamento de Sucesiones en Galatea Abogados



En este momento de debate abierto acerca del Impuesto sobre Sucesiones en España y la presión de la propaganda mediática a la que está siendo sometido, veo necesario comentar aquellos aspectos que representan una realidad y aquellos otros que proliferan desde hace un tiempo y que, a mi modo de
ver, son únicamente falacias usadas para hacer creer a quien no es rico que sí lo es, con el fin de alarmar a la sociedad en un intento de lograr la presión suficiente como para suprimir dicho impuesto, lo cual sólo beneficiaría básicamente a una élite determinada y no a la mayoría de la población.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que este impuesto tiene un papel redistribuidor de la
riqueza, de forma que estamos ante un impuesto progresivo al cual tendremos la obligación de hacer
frente en función de nuestra capacidad contributiva, o lo que es lo mismo, cuanto más heredemos más
vamos a pagar, paliando así el efecto transmisor de desigualdad social que provocan las herencias.

Resulta necesario comprender que este efecto debe ser sometido a unos límites fiscales, ya que de
contrario se estaría fomentando la desigualdad de oportunidades y la división en clases sociales cada
vez más distantes en cuanto a su nivel de riqueza. Una vez claro el fin del impuesto, hay que destacar
que actualmente en la aplicación del mismo se procura una especial protección a la transmisión familiar, estableciendo así reducciones en el tributo, en función del grado de parentesco, que facilitan la transmisión de la herencia a la familia más directa, quienes además son generalmente los beneficiarios en la mayoría de herencias, lo que lleva a que en la mayor parte de este tipo de transmisiones no se llegue a tener que pagar el impuesto.

Por otro lado, vivimos en un estado de autonomías, donde las distintas comunidades autónomas tienen la competencia cedida en materia de este impuesto, lo que provoca que su gestión sean distinta
según la comunidad en la que nos encontremos, resultando comprensible que en cada una existan
reducciones y tramos de aplicación distintos. No obstante, entendiendo que cada comunidad es libre de gestionar su impuesto, en algunas, como Madrid, parece que se han olvidado del fin redistribuidor del mismo, reduciendo su impacto fiscal tanto que prácticamente nunca se tributa o se hace a un nivel muy bajo, provocando el traslado de grandes patrimonios a estas comunidades para no tributar, lo que resulta cuanto menos cuestionable de cara a la estabilidad del Estado ya que contribuye a la competencia fiscal y a la desigualdad económica y laboral entre comunidades.

Para ir finalizando, quisiera profundizar un poco sobre el caso de Andalucía, tan criticado,
donde cabe destacar que recientemente se ha incrementado la reducción a 250.000€ para cónyuge o parientes directos en la base imponible del impuesto, es decir, que sólo se pagaría en caso de que cada uno de esos herederos recibiese por adjudicación de herencia una suma superior a ese valor, cosa que en la mayoría de herencias no se da, y ahí es cuando me surge la pregunta, ¿en serio todos los que protestan o están asustados van a recibir estas herencias?, creo que no, de hecho la mayoría ni se acercan a esas cifras, simplemente están mal informados. 

Esta falta de información lleva también a que mucha gente englobe todos los impuestos que va a afrontar en la sucesión, confundiendo el Impuesto sobre Sucesiones con el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como Plusvalía, que se paga por la transmisión de inmuebles. Por lo tanto, sabiendo que en la mayoría de herencias suele haber al menos un inmueble, creo que debe quedar claro esta diferencia entre ambos impuestos y es que en la mayoría de casos no se paga por el de sucesiones, en cambio, siempre se paga la plusvalía municipal por la transmisión de los inmuebles urbanos, lo que lleva a que, siendo este un país con una cultura bastante extendida de invertir en ladrillo, en ocasiones los herederos tengan que pagar altas cifras debido a la plusvalía, aunque no se llegue a tener que pagar por sucesiones.

En conclusión, no creo que la solución sea eliminar el impuesto, sino más bien centralizarlo o
equipararlo
de forma que no existiese esa competencia entre comunidades, procurando un sistema de aplicación que proteja aquellas transmisiones hacia cónyuges o parientes directos pero sin olvidar el fin  redistribuidor de la riqueza que tiene este tributo. 

Si eres un ciudadano medio, no tienes que temerle nada a este impuesto, eso sí, ojo con invertir todo en inmuebles, sé previsor y deja algo de liquidez para que tus herederos puedan afrontar el pago de las plusvalías, y sobre todo, infórmate y que no te engañen.

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